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¿Quiénes saben mejor que los que estamos sufriendo las consecuencias del terremoto, qué nos hace falta para salir de esta situación? No será el mal gobierno, ni el ejército ni la marina, ni los magnates que nos miran desde sus mansiones en Miami. Sólo el pueblo voluntario ha ayudado con todas sus fuerzas y generosidad a sus hermanos en desgracia. A la tarea urgente de rescate de sobrevivientes y víctimas, de brindar alimentos y medicinas a los miles de afectados, le sigue la etapa de dar techo y cobijo a los que lo perdieron todo o casi todo. Cientos de miles de trabajadores, estudiantes y padres de alumnos reclaman checar todas las instalaciones antes de reanudar tareas y clases. Hay 1 millón y 400 mil viviendas destruidas o dañadas. Calculando a un valor de 600 mil pesos cada una representa una suma de 840 mil millones de pesos.

Por GSO de México

Para albergar a todas familias damnificadas, disponer de los miles de inmuebles vacíos que se encuentran a la venta. No hacinar a esas familias en campamentos carentes de las mínimas condiciones de higiene y espacio. Que se instalen provisoriamente hasta que se reconstruyan sus viviendas o se construyan nuevas. Que se de transporte gratuito para trasladar las pertenencias de los afectados a los nuevo domicilios. Que se prioricen las urgentes necesidades del pueblo ante la catástrofe y no el negocio inmobiliario de los especuladores. Qué se haga público y amplíe el monto del FONDEN.

Que el estado garantice el pago de todos los salarios caídos por fuentes de trabajo y empresas cerradas por el colapso o daño de sus instalaciones. Es inaceptable que una masa creciente de obreros y trabajadores de diversas ramas se queden sin sustento porque sus empresas han cesado el trabajo a consecuencia del terremoto. Los patrones dicen “no es nuestra responsabilidad” y no pagan los salarios, el gobierno los ampara y los charros miran para otro lado. ¡Los empleadores deben asumir su responsabilidad! ¡Ni un solo despido ni salarios caídos por terremoto! Este gobierno y los patrones deben hacerse cargo de esos salarios caídos de todos los trabajadores afectados. Exigir a los sindicatos que defiendan el pago del salario de sus trabajadores.

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El Estado debe garantizar recursos para la reconstrucción total en todas las regiones, financiado con:

  1. Impuestos a los grandes capitalistas y dejando de subsidiar a sus partidos con el dinero del pueblo.
  2. Suspensión inmediata de la sangría de los pagos de la deuda externa a los usureros imperialistas.
  3. Plan de obras públicas para la reconstrucción y plan de atención de salud gratuita a los miles de lesionados.

Denunciamos y repudiamos el juego del 5×1 anunciando por Carlos Slim, que promete que Telmex donará 5 pesos por cada peso que se done. ¡Es una burla! El dueño de 61 mil millones de dólares propone una competencia a pueblo mexicano. ¡Con sólo una parte de esa fortuna se podría financiar toda la reconstrucción de México! Qué se imponga a Telcell, Telmex y a todas las compañías de servicio celular y domiciliario un impuesto de emergencia para la reconstrucción. Y que se mantenga por un año servicio gratuito.

También denunciamos la farsa del ofrecimiento de atención gratuita por parte de los sanatorios privados como ABC y Ángeles y otros para promoverse con una imagen filantrópica aprovechando las condiciones vulnerables que la población está sufriendo. Los hospitales privados están obligados por ley a garantizar atención médica gratuita a toda la población en casos de urgencias y emergencias sociales como ésta.

¿Quién controla los fondos de ayuda y los planes de reconstrucción?

¡No confiar nada en manos del gobierno federal y los estados!

Qué se constituyan comisiones de CONTROL para fiscalizar los recursos y su distribución, integradas por damnificados, sindicatos y organizaciones sociales por lugar. Para coordinar y centralizar los esfuerzos solidarios locales y exigir al gobierno en forma unificada las soluciones a las urgentes necesidades de todos, es necesaria la coordinación de acciones, de información y para eso es urgente la Convocatoria de una Asamblea nacional para fundar una Coordinadora de damnificados de todo el país.

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