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El gobierno de Lenín Moreno se ha despojado de todo ropaje y maquillaje ¨progresista¨,  para ubicarse plenamente en la cancha de los gobiernos neoliberales de la derecha tradicional. Así lo confirman medidas económicas como el alza de los combustibles, el anuncio de ¨concesionar¨ las 21 empresas estatales al sector privado, los despidos masivos de los trabajadores del sector público y el acuerdo con el FMI para obtener créditos junto a otros organismos multilaterales.

Por MAS-Ecuador

El antecedente fue la Ley de Fomento Productivo, aprobada en junio del 2018, con un énfasis en medidas de orden fiscal orientadas principalmente en beneficio de los grandes grupos empresariales y financieros que adeudaban grandes sumas a diversas entidades públicas y al IESS.

La justificación del gobierno para la adopción de tales medidas, es la crítica situación económica del país, caracterizada por un fuerte déficit fiscal, calculado en alrededor de 9.000 millones de dólares en el presente año, junto a un elevado endeudamiento público tanto interno como externo, problemas heredados del período correísta. Sin embargo,   Moreno continuó en la misma línea de su antecesor: sortear el déficit del sector público mediante un agresivo y oneroso endeudamiento especialmente con bancos chinos.

El aguinaldo navideño del gobierno al pueblo ecuatoriano fue el aumento en los precios de la gasolina extra y la ecopaís; ya antes había elevado la súper. Aunque la gran mayoría de la población ecuatoriana no estuvo de acuerdo con dichos incrementos porque su principal consecuencia es el aumento en el costo de la vida, no hubo una respuesta ni la protesta masiva de las organizaciones sociales, con algunas excepciones como la movilización del FUT a fines de enero, pero sin continuidad.

Entrega de las empresas públicas al sector privado y despidos masivos

A inicios del 2019 el gobierno anunció que se aprestaba a concesionar la administración de varios proyectos estratégicos del Estado al sector privado. En febrero se remitió un oficio a 21 empresas públicas donde se dispone que deben despedir al 10% de su personal con el objetivo de reducir el gasto público. Esta medida afecta a empresas estratégicas como Petroamazonas, CNT, CNEL EP, Petroecuador, TAME, Correos del Ecuador, empresas de comunicación, Yachay, FLOPEC, Ferrocarriles del Ecuador, Empresa Nacional del Agua, entre otras.

Desde marzo se calcula que habrían sido despedidos 11.000 trabajadores del sector público con contrato ocasional. Solamente en el sector de la salud, la organización sindical que los representa denunció que entre 2500 y 3000 trabajadores fueron cesados.

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Las empresas públicas que el gobierno pretende concesionar registraron un superávit de USD 1.092 millones el año pasado y según información del Banco Central todas reportaron ingresos, tomando en cuenta que su función fundamental no es el lucro sino la prestación de servicios básicos. Pese a ello el régimen actual se halla empeñado entregarlas al sector privado para allanar el acuerdo con el FMI y satisfacer los apetitos de los grandes consorcios extranjeros y nacionales que buscan lucrar con ellas.

Gobierno suscribe acuerdo con el FMI

El 21 de febrero el gobierno anunció un acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) con el Fondo Monetario Internacional, con la finalidad de obtener un financiamiento de 10.000 millones en los próximos años. De dicho monto total el FMI aportará con 4.200 millones y 6.000 millones provendrán de otros organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) y la Agencia Francesa de Desarrollo.

El país ya recibió un primer desembolso y obtendrá los siguientes siempre que cumpla con las metas económicas establecidas en una Carta de Intención que es evaluada periódicamente por el FMI. Esto implica una condicionalidad que se refiere a tres aspectos fundamentales: tributario, laboral y fortalecimiento de las reservas (ver recuadro). En el aspecto tributario el objetivo principal es aumentar la recaudación para que el gobierno pueda pagar la deuda externa. Eso significa que más personas deben pagar impuestos y que impuestos ya existentes como el IVA deberán incrementarse.

En el aspecto laboral se profundizará la llamada ¨flexibilización laboral¨, es decir que se busca implementar nuevas formas de contratación y modalidades laborales que favorecen las ganancias de los empresarios, incrementan la explotación de la fuerza de trabajo y restan derechos a los trabajadores. Para fortalecer las reservas lo más probable es que sigan aplicándose nuevas medidas de ajuste como el aumento en el precio de los combustibles, (diésel para el transporte y las industrias) y se eleven las tarifas de los servicios básicos como luz, agua, teléfonos, transporte.

¿Quienes pagan la crisis?

La crítica situación económica del país no la pagan todos por igual. De hecho, los grupos empresariales más poderosos no han disminuido sus utilidades, todo lo contrario, las han incrementado. Por ejemplo, las ganancias de los bancos al cierre del 2018 llegaron a 554 millones, lo que representa un crecimiento de casi el 40% frente a diciembre del 2017. Además, no olvidemos que las empresas y grupos más poderosos acostumbran evadir impuestos, como lo muestran las cifras del SRI (en el 2018 se detectó 500 personas naturales o jurídicas cuyas deudas ascendían a 1,460 millones de dólares). Además, por evasión del IVA se ha calculado una suma de 2.800 millones de dólares cuando son las que más se han beneficiado con las remisiones otorgadas por la Ley de Fomento Productivo. Además, colocan sus capitales en los paraísos fiscales con el fin de evadir impuestos. de manera que no generan inversión ni empleo en el país, argumento que se utiliza como pretexto para condonar sus deudas.

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Mientras tanto, las estadísticas nos muestran un incremento del desempleo, la pobreza y la violencia social. Para diciembre del 2018 solamente cuatro de cada 10 ecuatorianos contaban con un empleo adecuado (40,6%). El desempleo afecta sobre todo a los jóvenes: según el INEC apenas el 50% de las personas comprendidas entre los 25 y 34 años cuentan con un empleo adecuado. La pobreza a escala nacional creció en el 2018 en 1,7% respecto al 2017 y la pobreza urbana aumentó en 2,1%. La violencia social es un fenómeno correlacionado con el desempleo y la pobreza y preocupa especialmente la violencia contra las mujeres que se expresa en el aumento de los casos de feminicidio, maltrato, violaciones y desapariciones.

Inestabilidad política y disputa del poder

El régimen actual logró quebrar la hegemonía correista mediante la consulta popular del 4 de febrero del 2017, en la cual se prohibió la reelección indefinida y se creó un nuevo Consejo de Participación (CPPCCS) que reemplazó a una serie de autoridades claves en los organismos de control del Estado. También puso al descubierto la enorme corrupción del período anterior, aunque sin mayores resultados en la recuperación de lo robado y la sanción a los culpables.

Sin embargo, las políticas neoliberales descritas anteriormente y la falta de cumplimento de sus ofertas de campaña han ido minando la credibilidad del gobierno, situación que se reflejó en las últimas elecciones de autoridades locales, donde el movimiento oficialista Alianza País logró muy pocos resultados. Las cifras electorales nos muestran una gran fragmentación política, ambigüedad ideológica y una eclosión de partidos, movimientos políticos y candidatos (278 partidos y movimientos y más de 8.000 candidatos se inscribieron en las últimas elecciones), la mayoría de los cuales tienen representación local y no nacional.

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La derecha representada principalmente por el Partido Social Cristiano, y el correismo por otra parte, aprovecharon el descrédito del gobierno para alcanzar algunos bastiones del poder local en las provincias más importantes como son en Guayas el primero y en Pichincha el segundo. La derecha se ha fortalecido no solo por su alta cuota de triunfos electorales sino porque el discurso neoliberal se ha convertido en el sentido común que plantean la mayoría de los candidatos como salida a la crisis socioeconómico del país (ej. Las alianzas público privadas).

No faltaron las sorpresas con el aparecimiento de nuevos líderes locales que no expresan ideologías claras sino más bien populismos y caciquismos de corte personalista y de grupo. Por su parte la izquierda se ha debilitado con la excepción quizá de Pachakutik, brazo político del movimiento indígena agrupado en la CONAIE que alcanzó varias alcaldías y prefecturas en las zonas de mayor población indígena; también la UP logró algunas representaciones locales.

La clase trabajadora y los movimientos sociales continúan divididos y debilitados desde el período correista. De ahí que la tarea fundamental para enfrentar al régimen burgués y neoliberal de Moreno sea la unidad de todas las organizaciones y fuerzas políticas identificadas con los intereses de los trabajadores y clases populares, para detener la política proimperialista, neoliberal y antipopular del régimen gobernante.