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Este 25 de mayo miles de trabajadores, estudiantes, mujeres y desempleados de todo el país se movilizaron en contra de las medidas antipopulares del gobierno de Lenin Moreno. La movilización nacional tuvo como precedente una serie de plantones que iniciaron a partir de la heroica lucha de los estudiantes universitarios en contra del recorte presupuestario, y que luego se extendieron a los empleados públicos y a los maestros que se plantaron en contra de los despidos y la reducción de salarios.

Por MAS-Ecuador

También la población ha mostrado su indignación a través de cacerolazos y críticas en redes sociales en medio de la cuarentena. El hambre, el desempleo y la reducción de derechos económicos y sociales, ocasionadas por las políticas del gobierno a favor de los empresarios, han sido la motivación para que buena parte de la población pierda el miedo y se vea en la necesidad de protestar en las calles pese al inminente peligro de la pandemia. Sin duda, pensamos que esta reacción popular es la continuación del levantamiento victorioso de Octubre del año pasado.

Desde el Movimiento al Socialismo (MAS) del Ecuador expresamos nuestra indignación y rechazo a las políticas, leyes y medidas adoptadas por el gobierno de Lenín Moreno en estas últimas semanas, aprovechándose de la trágica situación que vive el pueblo ecuatoriano ante la pandemia del COVID-19.

Es inaudito, inmoral e inaceptable que el gobierno utilice el confinamiento, el dolor y el miedo que aflige a las grandes mayorías de la población, para aplicar a rajatabla las políticas neoliberales, propias de un capitalismo salvaje. Estas responden a los intereses del imperialismo, especialmente norteamericano, y de los grupos monopólicos que controlan la economía nacional, descargando todo el peso de la crisis en las espaldas de los trabajadores y los sectores más desvalidos de la población.

Es indigno y repudiable que el gobierno, en pleno desarrollo de la pandemia, haya pagado cerca de 800 millones de bonos de la deuda (según otras fuentes fueron 1200 millones) mintiendo al decir que había pagado solamente 324 millones, mientras los hospitales no se dan abasto, hay gente que muere en las calles y los médicos se contagian por no contar con los insumos básicos de bioseguridad. Es decir, se privilegió el pago de la deuda antes que la vida.

Expresamos nuestro total rechazo a la mal llamada Ley Humanitaria, aprobada por la Asamblea el 15 de mayo, luego de que las pequeñas contribuciones que intentaban gravar con un 5% las ganancias líquidas de las grandes empresas, fueron retiradas por el gobierno, ante la presión de las cámaras y los banqueros. En su parte medular esta ley es una carta de esclavitud en contra de la clase trabajadora. Entre sus disposiciones, se crea un nuevo “Contrato de Trabajo Especial Emergente” que pone fin a la estabilidad después de un período de prueba de tres meses, como establecía anteriormente el Código del Trabajo y a la indemnización que debía percibir el trabajador al término de su relación laboral. Además, en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, por la voluntad unilateral del empleador, puede reducir hasta en un 50% las jornadas de trabajo y en un 45% el salario mensual, no únicamente durante el período de crisis sanitaria, sino por un período de cuatro años (dos años, renovables por dos más). También se distorsiona el sentido de las vacaciones del obrero, las cuales quedan sujetas al arbitrio y las necesidades del empleador.

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También denunciamos y nos oponemos a la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, la misma que responde a las imposiciones políticas de FMI y su concepto de “sostenibilidad fiscal” que busca la reducción del Estado como ente regulador de la economía, disminuye el gasto público y la inversión social. Además, le otorga al Ministerio de Finanzas, presidido en la actualidad por un dirigente de los empresarios, la potestad de cambiar el presupuesto general del Estado y reducir o aumentar, según su criterio, los niveles de ingresos y gastos hasta en un 5% de lo que decida la Asamblea. También establece que todas las operaciones financieras como emisión de bonos y moneda se negociará mediante las bolsas de valores. De esta manera se obliga a que el Estado opere a través de plataformas privadas y se anule su rol en la regulación de las transacciones.

Nuestro rechazo total al recorte realizado por el gobierno al presupuesto de las 32 universidades públicas en 98 millones de dólares, hecho que no constituye una novedad, ya que el presupuesto de las mismas ha sufrido recortes desde el año 2018. Esta medida inhumana e inconstitucional se ha aplicado también a la educación básica y media y en su conjunto asciende a la enorme suma de 1.237 millones de dólares. Los más afectados son los miles de maestros que han sido despedidos y los niños y jóvenes cuyas condiciones para el estudio se han venido deteriorando día tras día.

Condenamos enérgicamente el golpe bajo y brutal del gobierno contra el pueblo y la clase trabajadora al haber decretado siete medidas (19 de mayo), con el supuesto objetivo de obtener 4 mil millones de dólares para disminuir el abultado déficit fiscal y crear un fondo de reactivación productiva. Las más nocivas son la rebaja de dos horas de la jornada de los trabajadores del sector público y por consiguiente de sus sueldos en un 25%, con la excepción de médicos, policías y militares. A los maestros se les disminuye una hora en su jornada y su salario se reducirá en un 12,5%. También el cierre de ocho empresas públicas donde laboraban 3.695 trabajadores, algunas emblemáticas como Correos del Ecuador, Ferrocarriles del Estado, Tame. Se continúa de esta manera con la política de privatización de las empresas estratégicas del Estado en las áreas de energía, petróleo, telecomunicaciones etc. que no sólo son rentables, sino que proporcionan servicios básicos a la población y en caso de ser privatizadas aumentarán sus precios a los usuarios.

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Otra decisión muy grave es la flotación de los precios de los combustibles, tomando como referencia los precios del mercado internacional. Esto en la práctica significa la eliminación de los subsidios a la gasolina y el diésel que fue el principal motivo de lucha de la insurrección popular de octubre y una manera engañosa de conducir a la privatización del área petrolera.  Es engañosa porque según un estudio realizado por la Asociación de Graduados de la EPN el precio promedio de la gasolina extra y del diésel en los próximos dos años será de 2,30 dólares y de 1,30 dólares respectivamente, aunque en este momento hayan bajado 10 centavos.

Consideramos que la ampliación del estado de excepción constituye un mecanismo para impedir la protesta social y los justos reclamos de los sectores sociales perjudicados por las medidas antipopulares del régimen y agobiados por el acelerado incremento del desempleo y el hambre. Por lo tanto, exigimos su derogatoria y el respeto a los derechos democráticos establecidos en la Constitución y las leyes del país.

Nos indigna la corrupción desatada en todos los niveles, especialmente en el sector de la salud, el más sensible frente a la crisis que atravesamos; todos los días salen a la luz los negociados perpetrados en las compras de los equipos e insumos necesarios para enfrentar la pandemia, el manejo de los hospitales se convirtió en cuota política entregada a mafias conocidas, desnudando la falsedad e hipocresía del discurso del Presidente que ofreció  emprender una cirugía mayor contra la corrupción.

El tema del IESS, la institución social más importante del país, encargada de dar el servicio de la salud a los trabajadores y de la jubilación de los adultos mayores, es muy grave porque ha sufrido un atraco sistemático de sus fondos que no le pertenecen al gobierno sino a los afiliados y pensionistas. Su descapitalización progresiva denunciada desde hace varios años por parte de diversas organizaciones gremiales y expertos en el tema, se ha tornado crítica debido la crisis sanitaria y económica, así como el no pago de las deudas y la asignación del 40 % que por ley debe realizar el Estado.

Frente a esta crítica situación en todas los aspectos de la vida social y a la desastrosa gestión gubernamental orientada casi exclusivamente en beneficio de las élites económicas y los grupos de poder, apoyamos las luchas, protestas y movilizaciones de los trabajadores, los campesinos e indígenas, los desempleados, los pequeños comerciantes, las mujeres de sectores populares, los estudiantes, los maestros, los jubilados y todos los sectores que sufren el embate de las políticas neoliberales del gobierno de Moreno.

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Además, responsabilizamos al gobierno de Lenin Moreno por un posible brote y expansión de la pandemia, puesto que sus políticas de reapertura económica y apoyo a las grandes empresas están provocando que el pueblo se levante, y al no cumplirse, de parte del Estado, el financiamiento necesario para una real cuarentena, se podría producir un verdadero genocidio a nivel nacional como lo ya ocurrido en Guayaquil.

El sistema capitalista mundial ha evidenciado su irracionalidad y su fracaso no solo para enfrentar la pandemia del coronavirus, sino para satisfacer las necesidades económicas y sociales básicas de las grandes mayorías. La única salida ante una crisis tan brutal como la que atravesamos es una revolución social que cambie de raíz este sistema injusto y podrido que nos está devorando y tengamos el coraje para construir una nueva sociedad justa, solidaria e igualitaria.

¡Luchemos con bioseguridad! ¡Unámonos para resistir! ¡Todo el apoyo a las marchas contra los ataques del gobierno!

¡No a los ataques neoliberales que someten al país a los dictados del FMI y del Imperialismo!

¡Abajo la Ley Humanitaria! ¡Abajo la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas! ¡Ni un despido más durante la pandemia! ¡No a la precarización laboral!

¡No a los recortes en la educación!

¡No a la privatización de las empresas estatales!

¡Por el derecho a una cuarentena sin hambre! ¡Bonos de $400 para los desempleados!

¡Trabajo presencial sólo con garantía de bioseguridad!

¡Por el mantenimiento del subsidio de la gasolina y el diesel!

¡No a la represión!

¡No a la corrupción y el nepotismo!

¡Nacionalización del sistema de salud privado! ¡Por un sistema único, público y universal de salud!

¡No al pago de la deuda externa!

¡A organizarnos en Asambleas Populares para enfrentar la pandemia y la represión!