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En Ecuador se observa, entre sorpresas e indignación, la enorme corrupción y el despilfarro que caracterizaron la década correísta. El caso Odebrecht, donde se halla implicado, entre otros altos funcionarios, el Vicepresidente Glas, es solo una pequeña muestra de la putrefac­ción que se halla diseminada en todas las esferas del sector público, pero que involucra también a diferentes empresas del sector privado.

Por: MAS – Ecuador

La herencia del correísmo es nefasta en todos los aspectos. En lo económico, se ha estimado que para cubrir el déficit fiscal y el pago de la deuda en 2018 se necesi­tarán 10.000 millones de dólares, una cifra parecida a la que se registra en 2017 y representa cerca de 30 por ciento del presu­puesto general del Estado. El gobiemo anterior entregó los sectores estratégicos de la econo­mía como pétroleo, minería, puertos, telefonía celular, entre otros, a empresas transnaciona­les, especialmente chinas. Los contratos de muchas de las obras públicas de las que se jacta el régimen anterior, tales como carreteras, centrales hidroeléctricas, hospitales, escuelas, univer­sidades, refinerías, poliductos, empresas de aviación, farmacéuti­cas, medios de comunicación, tienen sobreprecios muy superiores­ a su valor inicial y muchos de ellos presentan fallas estructurales que demandarán cuantiosas inversiones adicionales para su conclusión o mantenimiento.

En el frente social han ocurrido retrocesos muy graves como la extracción de recursos al lESS, que lo mantienen al borde del colapso. La situación de desempleo y sobre­ todo del subesempleo, o lo que ahora se conoce con el concepto de empleo inadecuado, es muy preocu­pante porque afecta a cerca de 60 por ciento de la PEA [población económicamente activa]. Los planes educativos como el bachillerato unificado y las reformas introducidas en las universidades han provocado consecuencias muy negativas: así, el deterioro del nivel académico de los bachilleres, la disminución de los cupos para ingresar a las universida­des, la burocratización de las actividades académicas, la imposi­ción de modelos educativos externos que no corresponden a nuestra realidad.

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La vida política del país se ha vista afectada por la imposición de un modelo autoritario y represivo que ha concentrado todos los poderes del Estado: el legislativo, el judicial, electoral y la llamada “función de transparencia y control social” que resulta clave porque es la encargada de designar a las autoridades como el Fiscal, el Contralor, el Procurador, y varias más. Su control ha permitido el nombramiento de autoridades afines al oficialismo, el ocultamiento de la corrupción y a la impunidad más descarada. Por otro lado, se han limitado las libertades fundamentales como la libre expresión, el derecho a la organización y se ha criminalizado la protesta social.

Bronca y división en Alianza País

Aunque Lenín Moreno llego a la Presidencia auspiciado por el partido oficialista Alianza País, durante los seis primeros meses de gobierno fue tomando distancia de su antecesor en dos temas importantes: la lucha contra la corrupción y el diálogo con diversos sectores políticos y sociales de la oposición, especialmente con sectores empresariales. Esta situación provocó la ira de Correa y sus más cercanos colaboradores, lo que ha conduci­do a una pugna abierta al interior de AP y al fraccionamiento entre los dos sectores. Moreno aprovechó su titularidad en el poder para mantenerse en la dirección de AP y desplazar al grupo correísta que se ha quedado en minoría. Esta bronca intestina obedece a luchas por el control del poder y por el acceso al botín de las instituciones que lo representan. Pero debemos tener claro que el modelo de modernización capitalista, funcional a los intere­ses de la burguesía, se mantiene incólume, lo que se refleja en la política económica del régimen. Aun no se han aplicado medidas económicas de ajuste debido a la necesidad de mantener la popularidad antes de la consulta popular, pero ya existe un acercamiento al FMI.

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En este contexto se explica la consulta popular convocada por el gobierno. La misma, que se efectuará a comienzos de febrero, en la cual, de las siete preguntas planteadas por el Ejecutivo, dos resultan las fundamentales: la segunda es una propuesta para eliminar la reelección indefinida y la tercera plantea la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y da por terminado el período constitucional de sus actuales miembros. El objetivo político de Moreno, a más de legitimarse en el poder, está muy clara: impedir que Rafael Correa retorne a la presidencia y tomar el control del CPCCS, que es el que designa a las principales autoridades de control.

Las demás preguntas tienen la función de enganchar al electora­do con temas a los que es difícil oponerse, como la que sanciona con la muerte civil a los condenados por la corrupción (pregunta 1), y la no prescripción de los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes (p. 4). Respecto a las preguntas 5 y 7, referidas a los temas de la minería y la explotación petrolera en el Yasuní, aunque en apariencia recogen la necesidad de proteger el medio ambiente, no cambian la esencia del problema: la explotación minera industrial que ya existe en territorios indígenas-campesi­nos y zonas ecológicamente muy sensibles y la explotación petrolera del Yasuní, que está en pleno desarrollo y resulta irrever­sible.

La clase trabajadora y los demás sectores oprimidos de la sociedad capitalista no pueden caer en la trampa de colocarse tras una u otra fracción de la burguesía. La tarea fundamental sigue siendo luchar por sus derechos fundamentales y organizarse políticamente para transformar el sistema capitalista y reemplazarlo por un sistema auténticamente socialista, que responda a los intereses del proletariado y demás sectores explotados.

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Artículo publicado en el periódico Tribuna Socialista – Nueva Época n.° 1, enero de 2018.-