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Estudiantes de 4 universidades públicas marcharon hacia Casa Presidencial el pasado jueves 16 de junio para exigir el crecimiento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Por PT-Costa Rica

El FEES es el presupuesto que el gobierno asigna a 4 de las 5 universidades públicas para su funcionamiento. Cada 5 años lo negocian representantes del gobierno y los rectores de las universidades públicas, en la denominada Comisión de Enlace.

En la marcha participaron estudiantes en su mayoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) incluyendo a las Sedes y Recintos Regionales, también participó la Universidad Nacional (UNA) y en menor cantidad de asistentes, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y de la Universidad Estatal a Distancia (UNED)

Según declaraciones de Miguel Motta, dirigente del partido universitario Convergencia y miembro de la Juventud del Partido de los Trabajadores, a pesar de la poca organización que ha tenido el Movimiento Estudiantil (ME) en los últimos años, la participación de los estudiantes en esta marcha evidencia que se está recuperando su fuerza y combatividad..

El Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) también se sumó a la marcha. Flor Artiaga, miembro de la junta directiva del sindicato y del Partido de los Trabajadores, comentó que el SINDEU se manifestó para exigir “el FEES que la universidad pública necesita. No solamente para continuar creciendo desde el punto de vista académico y responder a las necesidades de sus estudiantes, sino para garantizar mejores condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras de la universidad”.

¿Cuáles son las exigencias?

Los estudiantes y trabajadores salieron a las calles para defender que se alcance el presupuesto establecido constitucionalmente de 8% del PIB como piso, para el financiamiento de la educación en el cual se incluye un FEES de 1,5% de PIB. En la negociación del anterior quinquenio del FEES se había acordado que este monto se lograría en el 2015 sin embargo ese y otros acuerdos no se cumplieron. De hecho, el quinquenio se rompió y para esta nueva negociación se separó el 2016 y el resto hasta 2020. Hoy se le otorga a la educación tan sólo el 7.38% del PIB (unos 65 mil millones de colones menos de lo que le corresponde).

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Para los representantes estudiantiles de la UCR, el mínimo de ley debe ser alcanzado en el 2017. Los representantes de la UNA, por su parte plantean que se alcance ese monto “de aquí al 2020”, como lo mencionó la presidenta de su federación en conferencia de prensa el pasado 15 de junio.

Estas posiciones emanan de un importante proceso de organización, en el caso de la Universidad de Costa Rica se realizaron asambleas estudiantiles por sector en el mes de mayo y primeros días de junio, que plantearon varias propuestas.Finalmente, en la Asamblea Estudiantil Ampliada del 6 de junio (en la UCR), los estudiantes acordaron defender un crecimiento real sostenido de 8% por el resto del quinquenio, para así alcanzar en 2020 un 10% del PIB para la educación en general y 2% para la educación superior, además de la necesidad de un espacio para -al menos- un representante estudiantil en las discusiones de negociación.

Otro de los acuerdos gira en torno a cómo financiar el crecimiento del presupuesto, para los estudiantes no es aceptable que se le cobre la crisis ni a ellos ni a la clase trabajadora, por lo que acordaron posicionarse en contra de crear nuevos impuestos o de que se apruebe el proyecto fiscal del IVA. En cambio, sostienen que se deben cobrar impuestos a todos los empresarios evasores y a aquellos que hoy gozan de exenciones fiscales.

Algunas diferencias

Motta señaló que la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR) defiende en el discurso estos acuerdos, pero no en las acciones. Según el dirigente, un claro ejemplo de esto es que en la marcha la FEUCR no agitó los acuerdos tomados por cerca de 200 estudiantes en la Asamblea Ampliada.

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La Juventud del Partido de los Trabajadores hace énfasis en que la postura adoptada por las Federaciones de Estudiantes de las 5 universidades no logra solventar los problemas que hoy enfrenta la educación pública, y que en este momento, en el que el gobierno, la Asamblea Legislativa y otros actores atacan la Universidad Pública y la inversión social, la confianza en el gobierno y en los rectores no debe existir en lo mínimo, pues ambos ya han demostrado no se ser aliados de los estudiantes ni de los trabajadores.

Las negociaciones del presupuesto no han concluido, según lo comunicado por la Comisión de Enlace, será a inicios del mes de julio (momento de cierre de medio período de las universidades) en que se firme el acuerdo final, por lo que para el movimiento la lucha continua.