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Los organismos financieros, los grandes bancos y las calificadoras de riesgo internacionales aumentan la presión sobre Costa Rica para que mantenga la política agresiva de endeudamiento que solo beneficia al gran capital.

Por Pabel Bolívar

Con la aprobación de $1.500 millones de dólares en el proyecto de Eurobonos, el gobierno se apunta una derrota con la intención inicial de aprobar el proyecto que pretendía colocar $6 mil millones para los próximos 5 años.

Pero el gobierno no tira la toalla, ya que la ministra de Hacienda Rocío Aguilar ya anunció que pedirá $4.500 millones más de Eurobonos en 2020.

En la actualidad se discuten dos proyectos de préstamos: uno de la Confederación Andina de Fomento (CAF) por $500 millones y otro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de $350 millones.

Todo esto se da como parte de una vigilancia permanente de las calificadoras de riesgo, que ven con preocupación cómo la Fuerza Pública, universidades públicas, municipalidades y otras instituciones públicas se manifestaron en contra de la Regla Fiscal que limitaría el crecimiento de su presupuesto a un 4,67% para 2020.

“Yo estoy seguro de que las calificadoras de deuda están siguiendo con mucho celo lo que está ocurriendo con la situación de las finanzas públicas, porque es un determinante fundamental de sus calificaciones de deuda  (…) verán con preocupación algunas noticias que propenden a una implementación parcial de la Reforma Fiscal porque algunas instituciones no la estarían aplicando plenamente y eso podría generar una reacción negativa de las calificadoras de la deuda”, expresó Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central.

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Los préstamos, la deuda y las mentiras del gobierno

¿En qué se utilizará todo este dineral? ¿Acaso en fortalecer la infraestructura de los hospitales o construir colegios en lugares donde los estudiantes estudian en ranchos improvisados o al aire libre?

Resulta que estos millones de dólares se utilizarán para pagar intereses de la deuda que actualmente absorbe casi la mitad del presupuesto del país.

El gobierno se empeña en hacerle creer a la población que con estos préstamos mejorará la economía.

Según ellos, si se aceptan los recortes que se exigen en el Plan Fiscal y se sigue pidiendo prestado para pagar deuda, las calificadoras de riesgo les dirán a las empresas imperialistas que somos un país seguro para invertir y así se generarán miles de empleos que solucionarán la situación.

Estas son puras mentiras. Primero que todo porque incluso los más optimistas prevén un panorama económico negativo. La misma Contraloría manifestó que el déficit fiscal llegue a un 6,3% del PIB para fin de 2019. Se demuestra así que el plan fiscal no resolvió en nada la crisis de las finanzas.

En segundo lugar, ya el país es el paraíso de los privilegios a las grandes empresas transnacionales que siguen obteniendo jugosas ganancias bajo el régimen de Zonas Francas donde no pagan impuestos.

Suspender los pagos de la deuda: la salida de fondo para reducir el déficit fiscal

Hay que llamar las cosas por su nombre: las dos principales causas de la crisis económica que vive el país es el elevado endeudamiento para pagar los intereses de la deuda y la evasión fiscal. Está claro que, desde el minuto uno de su mandato, este gobierno ha estado comprometido totalmente con el pago puntual de los intereses de la deuda y con mantener a toda costa los privilegios a los grandes empresarios.

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A las calificadoras de riesgo o a los organismos financieros internacionales no les interesa el bienestar del pueblo; pretenden que el gobierno defienda sus intereses y que sea la clase trabajadora la que pague por la crisis. De ahí que se aumenten los impuestos, los recortes al presupuesto público que debilitan la salud, la educación, los programas sociales y el ataque a los salarios mediante las reformas al empleo público.

Por eso vemos que, por más que insistan en echarle la culpa a los mal llamados “privilegios” del sector público, si el país sigue siendo servil a los mandatos del imperialismo y su política del pago puntual de los intereses de la deuda, la situación económica se hará cada vez más insostenible.

Ante esta situación que amenaza los bolsillos de los sectores populares planteamos atacar la raíz del problema: suspender inmediatamente el pago de la deuda. Para mejorar la calidad de la educación, tener vivienda digna o mejorar la atención en los hospitales y EBAIS, necesitamos recursos económicos que hoy el gobierno entrega a los acreedores de la deuda. De ahí que se vuelve urgente el NO pago de la deuda.