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El Juzgado Penal de Puntarenas, mediante la resolución de las 10 horas del 23 de mayo del 2019, resolvió un sobreseimiento definitivo en favor de un grupo de 8 personas detenidas por la Fuerza Pública el pasado 03 de Octubre en las inmediaciones del puerto de Caldera, en medio de las manifestaciones contra el Plan Fiscal.

Por PT-Costa Rica

Entre las personas detenidas y procesadas, se encontraban una trabajadora de la CCSS, dos trabajadores de la Municipalidad de Puntarenas, tres trabajadores de la empresa privada que opera el puerto de Caldera, y los dos dirigentes del Partido de los Trabajadores, Greivis González y Jouseth Chaves, quienes además son dirigentes sindicales en APSE y SITRASEP respectivamente.

La causa se desarrolló en el expediente 18-001643-0431-PE, bajo el delito de resistencia agravada, basada en informes policiales que señalaban agresiones por parte de los detenidos a oficiales antimotines, quienes ejecutaron las acciones de represión contra la manifestación realizada en las inmediaciones del puente sobre el río Caldera en Esparza de Puntarenas.

Una sentencia de sobreseimiento definitivo pone fin al proceso, cuando se determina que no hay elementos suficientes para que se pueda formular una acusación penal, ya que la prueba que da la investigación y la indagatoria no permiten a la fiscalía tener un caso sólido y sostenible.

El Ministerio Público por medio de la Fiscalía Adjunta de Puntarenas, solicitó el sobreseimiento definitivo basado en tres elementos principales.

Por un lado, la fiscalía ubicó que en el caso no se cumplían los elementos que configuran el delito de Resistencia Agravada a la Autoridad, ya que según expuso en la solitud de sobreseimiento: “Nótese que en el día de los hechos los ciudadanos se encontraban ejerciendo su derecho constitucional a la Huelga, razón por la cual no se podía limitar dicho ejercicio por parte de un órgano preventivo como lo es la Policía Administrativa a violentar el derecho consagrado constitucionalmente”

Además la Fiscalía hizo referencia a la situación de enfrentamiento que se dio ese día, donde tanto la autoridad pública como los manifestantes  tuvieron una participación activa, en ese sentido señaló que: “existió un enfrentamiento entre ambas partes, no solamente una de las partes, ambas partes se agredieron mutuamente como se desprende de la versión de los hechos, incluso existió el lanzamiento de gases lacrimógenos en contra de los participantes, toda vez que no realizaban el acatamiento de despejar las vías públicas del lugar

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Por último, la fiscalía afirmó que no es posible individualizar de forma concreta cual fue la acción que la Fuerza Pública quiso adjudicar a cada uno de los detenidos: “Según se desprende de los hechos, pareciera que las detenciones ocurridas fueron al azar de civiles que ni siquiera existe certeza si lanzaron piedras u otros objetos contra los oficiales de la Policía Administrativa”.

El proceso de movilizaciones contra el Plan Fiscal dejó decenas de detenidos en todo el país, producto de varias acciones policiales, ya para el 12 de setiembre, tercer día de manifestaciones, cuando se dio la detención de estudiantes en la UCR el Ministerio de Seguridad Pública reportaba más de 40 personas detenidas en Limón, represión que se extendió a varias provincias, incluyendo los detenidos en Caldera , varios trabajadores procesados en las manifestaciones sobre el puente del Río Térraba en la zona sur, y el caso del trabajador de RECOPE Carlos A. Pérez quien fue encarcelado, juzgado y sentenciado en un polémico juicio , que posteriormente fue anulado por el Tribunal Penal de Goicoechea.

Jhon Vega: “El sobreseimiento definitivo de nuestros compañeros, demuestra la forma autoritaria en que actúa el gobierno”

Para Jhon Vega, presidente del Partido de los Trabajadores, y participante en las manifestaciones del 03 de octubre en Caldera, la actuación de la policía fue completamente ilegítima: “Los que estuvimos ese día presentes, supimos que la actuación contra la manifestación no solo fue desproporcionada, si no que significaba un intento del gobierno de reventar por medio del garrote, los gases y las perreras, un proceso de lucha que estaba creciendo en todo el país”

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Para Vega las actuaciones ilegítimas de la policía contra la protesta social, han venido quedando en evidencia en los tribunales: “Ya son varios los casos en que la policía actúa contra las protestas, el gobierno sale a respaldar esas acciones, pero luego queda demostrado en los procesos judiciales que las actuaciones fueron ilegales y autoritarias, no podemos olvidar casos como el del 8N en 2012, que tuvo una actuación policial brutal en el centro de la capital, y en el juicio quedó demostrado que fue completamente ilegal y desproporcionada”

Además, recordó el caso de Carlos Andrés Pérez afirmando que “el obrero de RECOPE estuvo varios meses en la cárcel, el presidente lo condenó en Cadena Nacional, y luego resultó que no había pruebas para condenarlo, pero hicieron todo lo posible para ponerlo de ejemplo para todos los que estábamos en la huelga, lo mismo pasa con este caso de Caldera, todo un montaje de la policía para sacar de la lucha a compañeros que estaban jugando papeles importantes desde sus sindicatos”.

Aún quedan en curso diversos procesos judiciales contra personas detenidas en las semanas de huelga contra el Plan Fiscal, pero además existe una gran cantidad  de procesos administrativos a lo interno de las instituciones, como los que buscan los despidos de varios dirigentes sindicales de RECOPE, así como cientos de expedientes administrativos que se abrieron a lo interno del MEP, el AyA, entre otras.