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Cada año miles de mujeres abortan de manera clandestina, a pesar de que en América Latina la interrupción del embarazo está penalizada en la mayoría de las legislaciones nacionales.

Por Rebeca Chaves

Entre los años 2007 y 2008, la Asociación Demográfica Costarricense (ADC) reveló que en el país se practicaban unos 27.000 abortos inducidos por año. Es decir, que el aborto es una realidad que se vive en el país y afecta especialmente las mujeres más pobres.

¿Por qué las mujeres deciden abortar?

Son muchas las razones que llevan a mujeres a tomar esta difícil decisión. Algunas deciden hacerlo porque fueron víctimas de violación, porque ponen su salud o su vida en riesgo si continúan su embarazo, porque viven en condiciones de violencia en las que no desean tener hijos o porque su embarazo no ha sido deseado.

Pero también el incumplimiento de derechos laborales relacionados con la maternidad, la falta de centros de cuido y la carencia de servicios para la atención de la niñez en general, colocan a muchas mujeres ante difíciles situaciones económicas y personales que las llevan a interrumpir sus embarazos. En las zonas rurales y fronterizas, conocidas por el incumplimiento de derechos laborales, cuando las mujeres comunican el embarazo a sus patronos, muchos de estos les ofrecen dinero para que se practiquen abortos clandestinos y continúen trabajando para que no interferir con la producción.

La maternidad impuesta y la doble moral de la Iglesia

Constantemente líderes políticos y religiosos se refieren al tema de la maternidad como un destino para las mujeres, promoviendo la idea de que esta debe ser aceptada sin importar las condiciones.

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La Iglesia que hoy aboga por el derecho a la vida y “la protección del no nacido” es a su vez cuestionada por casos de pederastia y sus oficinas han sido allanadas ante las acusaciones de violaciones de niños. Esta misma institución que expulsó a un sacerdote (luego de años de acusaciones de pederastia y que se encontraba prófugo de la justicia hasta hace poco) y que tiene a un arzobispo acusado de encubrirlo, es la misma institución que ahora pretende castigar a las mujeres que salimos a la calle a luchar con nuestros pañuelos verdes por exigir el derecho al aborto, para que las mujeres no pongan en riesgo su vida por tener que aplicarlos en la clandestinidad.

El Gobierno del PAC y Patricia Mora como presidenta del INAMU

En Costa Rica, el estado ha sido demandado en múltiples ocasiones ante organismos internacionales por incumplir el derecho de las mujeres al aborto terapéutico, esto aunque el Código Penal establece que se puede practicar el aborto terapéutico cuando esté en riesgo la vida de la mujer.

El gobierno del PAC ha sido tan inútil como los anteriores en el otorgamiento de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y nos siguen debiendo la aprobación de la norma técnica para el aborto terapéutico. Todo esto se da con el apoyo y silencio cómplice del Frente Amplio y Patricia Mora que como Ministra de la Condición de la Mujer sigue sin avanzar en el tema.

Las mujeres pobres y trabajadoras son las más afectadas con la prohibición del aborto

Es un hecho que las leyes represivas para la prohibición del aborto no van a evitar que las mujeres lo practiquen, solo han creado condiciones más inseguras para las mujeres pobres. Creemos que la salud y la vida de las mujeres no pueden ser un asunto exclusivo de quienes cuentan con recursos económicos y que pueden pagar estos servicios médicos privados en el exterior.

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Por eso defendemos el acceso a condiciones seguras de interrupción del embarazo para todas las mujeres. El acceso a anticonceptivos, educación sexual y aborto no debe ser un privilegio de las mujeres ricas.

Desde el Partido de los Trabajadores y Lucha Mujer defendemos el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, y para eso es necesario garantizar:

  • El acceso de todas las personas a la educación sexual laica y científica para que puedan tomar decisiones sobre el control y manejo de su sexualidad.
  • El acceso gratuito a anticonceptivos de calidad, incluida la anticoncepción de emergencia.
  • La interrupción voluntaria del embarazo, que debe ser garantizada de manera gratuita por el sistema de salud.

Para llevar a cabo estas propuestas es necesaria la movilización de la clase trabajadora y para ello es fundamental que mujeres y hombres nos organicemos y exijamos también la participación de las organizaciones sindicales, políticas y barriales en la defensa de este programa.