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Álvaro Uribe Vélez debe rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia por el caso de manipulación de testigos contra el senador Iván Cepeda. Pero, mientras el uribismo convoca a marchas de apoyo a su caudillo, la izquierda reformista convoca plantones de apoyo a las Cortes, pero la clase trabajadora – que ha sido víctima de los crímenes del ex presidente – debe exigir a estas instituciones, que hasta el momento han sido cómplices de Uribe Vélez, que paren la impunidad y dicten orden de captura inmediata.

Por PST-Colombia

Las bancadas del Polo Democrático, los Verdes y Colombia Humana – UP han llamado a respaldar las instituciones judiciales, creyendo en la supuesta independencia de poderes del Estado burgués. Obvian que las Cortes han garantizado la impunidad de Uribe Vélez desde los años 80, cuando fue director de la Aeronáutica Civil y aprobó varias pistas al Cartel de Medellín.

El prontuario de Uribe Vélez es variopinto y contiene denuncias por agresión sexual, manipulación de testigos, desaparición de archivos, falso testimonio, calumnia e injuria, cohecho para obtener votos parlamentarios, promoción de grupos paramilitares, masacres de campesinos, favorecimiento a empresarios desde cargos públicos, colaboración con narcotraficantes como director de Aerocivil, homicidio de su socio y luego contradictor Pedro Juan Moreno, falsos positivos y un largo etcétera.

Su padre, estuvo pedido en extradición por ser sospechoso de compartir negocios con el clan mafiosos de los Ochoa, con quienes tuvo negocios. Su hermano Santiago es investigado por la conformación de una banda paramilitar llamada los Doce Apóstoles. Sus hijos son socios de un negociante en chatarra acusado de lavado de activos. Su cuñada y su sobrina están condenadas en los Estados Unidos por narcotráfico de drogas. Su primo Mario está condenado por nexos con el paramilitarismo.

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Y no solo Uribe Vélez, también hay acusaciones a personas de su entorno: ministros, viceministros, secretarios de la Presidencia, jefes del DAS, jefes de seguridad y altos comisionados. Todas estas investigaciones han dormido el sueño de los justos en los tribunales, las altas cortes y la Comisión de Acusaciones del Congreso.

Los principales procesos de Uribe Vélez se iniciaron en el Tribunal Superior de Medellín y pasaron a la Corte Suprema de Justicia, donde no han tenido avances: las masacres de El Aro en 1996, La Granja en 1997 y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle en 1998. El otro caso que está en la Corte Suprema es la investigación por las chuzadas del DAS y en total son 16 casos en este organismo que se encuentran en etapa preliminar. Sin embargo, es el primer llamado después de cuatro décadas de cuestionamientos, como la creación de las Convivir y sus vínculos con grupos paramilitares, además de los casos de corrupción durante su gobierno que tienen a varios de sus seguidores cercanos detenidos o huyendo de la justicia.

Y mientras el uribismo amenaza con incendiar el país si capturan a Uribe Vélez, el reformismo hace un llamado a respaldar a unas instituciones que han mostrado permisividad con el uribismo y, en general, con los crímenes que se cometen contra la clase trabajadora y los pobres. Por eso, debemos hacer un llamado a la movilización para que Uribe Vélez sea capturado y para que los demás procesos en su contra muestren avances y resultados, sabiendo que las instituciones judiciales están al servicio de régimen político y que una captura de Uribe Vélez pone en riesgo su estabilidad, pues él representa a un sector que se ha lucrado a través del despojo de tierras y el desplazamiento de comunidades.

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