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El próximo 8 de octubre, Álvaro Uribe Vélez deberá rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia por el caso de manipulación de testigos contra el senador Iván Cepeda. Esta es la primera vez que un caso contra Uribe llega a estas instancias, a pesar de que tiene más de 200 procesos entre la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República, lo que muestra la complicidad de estas instituciones con los crímenes del ex presidente.

Por: Comité ejecutivo PST, 28 de agosto de 2019

Las bancadas del Polo Democrático, la Alianza Verde y Colombia Humana han hecho un llamado a respaldar las instituciones judiciales, pero no será rodeando a la Corte Suprema que lograremos que Uribe Vélez pague por sus crímenes, al contrario, debemos llamar a una movilización para presionar a este organismo a que capture a quién ha sido acusado por graves delitos contra la humanidad.

Uribe Vélez ha sido llamado a indagatoria por manipular testigos, pero este es un delito menor si lo comparamos con las otras investigaciones que duermen el sueño de los justos en los anaqueles de la Corte.

Los principales procesos de Uribe Vélez se iniciaron en el Tribunal Superior de Medellín y pasaron a la Corte Suprema de Justicia, donde no han tenido avances: las masacres de El Aro en 1996 y La Granja en 1997, el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle en 1998, que hasta ahora han sido declarados delitos de lesa humanidad y por tanto no tendrán prescripción. El otro caso que está en la Corte Suprema es la investigación por las chuzadas del DAS a esta misma institución cuando era presidente y en total son 16 casos en este organismo que se encuentran en etapa preliminar.

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Sin embargo, es el primer llamado después de casi cuatro décadas de cuestionamientos a Uribe Vélez, desde que en 1982 como director de la Aeronáutica Civil aprobó las pistas clandestinas a Pablo Escobar, pasando por la creación de las Convivir y sus vínculos con grupos paramilitares, además de los casos de corrupción durante su gobierno que tienen a varios de sus seguidores cercanos detenidos o huyendo de la justicia.

Y mientras el uribismo ha amenazado con incendiar el país si capturan a Uribe Vélez, el reformismo hace un llamado a respaldar a unas instituciones que lo que ha mostrado es permisividad con el uribismo y, en general, con los crímenes que se cometen contra el campesinado, la clase trabajadora y los pobres.

Por eso, debemos hacer un llamado a la movilización para que Uribe Vélez sea capturado y para que los demás procesos en su contra muestren avances y resultados, sabiendo que las instituciones judiciales están al servicio de régimen político y que una captura de Uribe Vélez pone en riesgo su estabilidad, pues él representa a un sector que se ha lucrado a través del despojo de tierras y el desplazamiento de comunidades.