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La pandemia ha puesto de presente la profunda fragilidad de dos derechos fundamentales que la mayoría de los colombianos hemos venido exigiendo en los años recientes con masivas protestas sociales: la salud y la educación. En la Universidad Nacional de Colombia están en crisis desde hace décadas. Ahora se le pide que contribuya a la contención y a la cura del coronavirus, pero sin recursos.

Por PST-Colombia

Hacer más con lo mismo… o con menos

Desde hace treinta años el presupuesto de las universidades públicas se ha congelado, pero se les exigió incrementar la cobertura, hacer investigación y garantizar formación de posgrado con recursos deficitarios. La Ministra de Educación del gobierno de Uribe, Cecilia María Vélez, sintetizó esta política en la orden que le dio a uno de los peores rectores que ha tenido la Universidad Nacional, Marco Palacios. Cuando este le planteó convertir a la UN en un gran centro de investigación, pidiendo un mayor presupuesto, ella respondió: “Haga más con lo mismo… o con menos”.

Hoy la Nacional arrastra un déficit creciente que precariza todas sus actividades, en particular la vinculación laboral de los docentes ocasionales y el personal administrativo, el bienestar estudiantil y el mantenimiento de su infraestructura física. En medio de eso, paulatina pero inexorablemente, los intereses individuales y de grupos de poder al interior de la UN presionan por un desarrollo ficticio incrementando el déficit presupuestal. Lo anterior se ve, en la reciente inauguración de la Sede La Paz (Cesar), la accidentada construcción, dotación y funcionamiento del Hospital Universitario o la sospechosa morosidad para concretar el nuevo edificio de la Facultad de Artes, cuya comunidad de estudiantes, docentes y administrativos son un grupo de refugiados diseminados en el campus de Bogotá. Es en esas condiciones que se abatió la cuarentena sobre la UN.

Solución virtual vs emergencia real

Hoy todas las actividades cotidianas de la Universidad se encuentran afectadas gravemente por la imposibilidad de reunión física de sus integrantes. Si bien la administración continúa funcionando de manera irregular y realizando los trámites burocráticos convencionales, la principal razón de ser de la universidad, impartir docencia a sus cincuenta mil estudiantes, se ha trasladado de manera improvisada a la llamada “virtualidad”. Miles de docentes tratan de mantener el desarrollo de sus programas a través de medios digitales: correo electrónico, WhatsApp, Zoom, Hangouts, Moodle, Google Meet o Classroom, etc.

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Este intempestivo caos ha provocado que se realice una intensa discusión, también virtual, en grupos de opinión de los estamentos estudiantil y profesoral sobre la conveniencia o no de continuar con ese tipo actividades académicas, su eficacia en la formación integral de los estudiantes y el acompañamiento que requieren en medio de la emergencia. El retardo en la suspensión de las actividades presenciales llevó a muchos de los estudiantes que viven en arriendo, o que dependen del apoyo de los servicios de bienestar para alimentarse, a quedarse confinados sin garantías para su sustento. Otros viajaron a sus lugares de origen y han quedado “desconectados”. A ello se agrega la tensión sicológica de tratar de atender sus responsabilidades académicas “virtuales”, tensión que también viven los docentes.

Esta situación ha llevado a pronunciamientos de Representantes Estudiantiles y Profesorales exigiendo la suspensión del semestre y plenas garantías para cursarlo cuando se supere la crisis. Varias asambleas virtuales de estudiantes han llamado a suspender este tipo de actividades académicas como mecanismo de presión, aunque son solidarias con los docentes ocasionales que podrían quedar cesantes.

La hora de la democracia directa

Resulta evidente que la situación de emergencia ha desbordado la capacidad de las autoridades universitarias. Se esperaría que el centro académico y científico más importante del país exigiera del gobierno nacional una política coherente para enfrentarla y no los palos de ciego que ha venido dando. Las directivas tampoco se han colocado al frente de la exigencia de dotación y financiamiento adecuados del Hospital Universitario. Se ha tenido que recurrir a las contribuciones voluntarias del bolsillo de los docentes para crear unas mínimas condiciones de funcionamiento, cuando esta es una responsabilidad que le compete al gobierno nacional.

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Es la hora de que los estamentos fundamentales de la comunidad (estudiantes, profesores, administrativos) luchen por la conducción responsable de la Universidad. Se empiezan a realizar reuniones representativas, con participación activa a través de las redes, de estudiantes y profesores. Es fundamental que a estas deliberaciones se sume el personal administrativo sobre cuyos hombros se ha descargado el anómalo funcionamiento de la universidad.

La pandemia ha evidenciado las precarias condiciones en que se encuentran las universidades públicas, entre ellas la UN, después de tres décadas de desfinanciación. Este es el momento de concentrar todos los esfuerzos de los universitarios para contribuir a superar los efectos catastróficos de la pandemia sobre la sociedad colombiana, con sus capacidades de investigación y experiencia directa en diversos terrenos (salud, administración, ingeniería, etc). Pero esta tarea debe empezar por reconocer que las normas vigentes para tiempos de “normalidad” no son aplicables frente a la emergencia. Hay que exigir al Consejo Superior Universitario que dicte todas las disposiciones excepcionales que exige un momento excepcional. Es el momento de hacer efectiva la verdadera autonomía universitaria y que se convoque una Constituyente Universitaria que imponga al CSU un plan de emergencia frente a la crisis, garantizada por asambleas virtuales triestamentarias u otras iniciativas democráticas. Este plan debe incluir de inmediato medidas como las siguientes:

  • Plenas garantías académicas para los estudiantes, cancelación sin pérdida de créditos, aplazamiento del cobro de matrículas, atención de casos de vulnerabilidad con un programa de bienestar robusto y financiado.
  • Autorización a todos los docentes y estudiantes que decidan autónomamente continuar con actividades académicas virtuales a que lo hagan como parte de las medidas de bienestar universitario frente a la reclusión y con el fin de mantener y fortalecer los lazos de nuestras comunidades durante la crisis.
  • Mantenimiento y pago regular de todos los contratos por prestación de servicios, de docentes ocasionales, y demás tipos de contratación bajo las cuáles están vinculados laboralmente muchos miembros de la comunidad.
  • Suspensión de todas las actividades administrativas que no sean absolutamente indispensables para que los empleados de la Universidad puedan atender la emergencia en sus hogares y comunidad.
  • Exigir al gobierno de Duque el cumplimiento de los acuerdos firmados con el movimiento universitario en diciembre de 2018, entregando de inmediato los recursos financieros que requiere la Universidad para su funcionamiento y en particular para atender a estudiantes, profesores y trabajadores en condiciones de vulnerabilidad laboral.
  • Poner todos los recursos físicos y humanos útiles de la Universidad al servicio de la contención y tratamiento de la pandemia, exigiendo el respaldo financiero del gobierno para tal fin, en primer lugar la adecuación inmediata del Hospital Universitario.
  • El financiamiento de este plan de emergencia pasa por exigir al gobierno la suspensión del pago de la deuda externa, y rechazando las medidas que centralizan los recursos locales y las regalías o se apropian del ahorro de los trabajadores en fondos de pensiones y cesantías.
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Contacto: pstcolombia@yahoo.com