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El siete de agosto se cumplió el primer año de gobierno de Duque, y el balance es positivo para las transnacionales y los empresarios colombianos. Por el contrario, es muy negativo para los trabajadores y la población pobre en general.

Por: Alejandro Pereira

Aumenta el desempleo, la desigualdad y la represión

El 20 de julio en la instalación de las sesiones ordinarias del congreso para el próximo periodo, el presidente Duque presentó su balance alrededor de los tres ejes de su programa: emprendimiento, equidad y legalidad. Tres conceptos que pueden sonar muy atractivos, pero a los que hay que dar la interpretación que se corresponde con la realidad, y ubicar quienes son los que se benefician.
Ante el aumento del desempleo se incentiva el emprendimiento para que los desempleados se conviertan en empresarios, en medio de la competencia con el contrabando y el dominio del mercado de las multinacionales, lo que es solo una ilusión. El emprendimiento y la llamada economía naranja no son más que distractores para que los desempleados acepten el rebusque y la informalidad y no exijan empleo, sobre todo porque con el Plan Nacional de Desarrollo aumentará la precarización del trabajo y el desempleo.

La equidad significa que se les da más a los ricos quitándole a los pobres, mientras que la legalidad se traduce en que se reprimen las protestas, se asesina a los líderes sociales reclamantes de tierras y defensores del medio ambiente, para entregar, legalmente, la tierra a los terratenientes y el territorio a las multinacionales para la explotación minera y petrolera.

Por eso Duque afirmó en su discurso que con la Ley de Financiamiento se redujo “la carga de impuestos que estaba asfixiando a las empresas”, mientras se aumentó el recaudo en 11 billones. Desde luego, con dinero de los que menos tenemos ingresos. Además, afirmó que uno de sus logros fue el crecimiento de la Inversión Extranjera Directa en un 68 por ciento durante el primer trimestre de 2019. Esto es debido a que la mano de obra es muy barata y los impuestos a los empresarios son muy bajos. Con el resto del balance, relacionado con educación, salud, vivienda, etc., Duque también lo hizo con doble sentido, diciendo medias verdades. Una media verdad es que habrá mejoras, la otra medía verdad, que no dijo, es que esas mejoras favorecen a los empresarios y no a la población.

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Masacre sin fin

La burguesía colombiana ha aceptado la división internacional del trabajo, en la que a países semicoloniales como Colombia les corresponde aportar petróleo y minería. Por eso el gobierno y la burguesía han trazado un plan para garantizar que las comunidades de los territorios, donde está la riqueza, no sean obstáculo para el saqueo de los recursos por parte de las multinacionales. La guerrilla también ha sido un obstáculo, y por eso desde el gobierno de Santos se buscó la desmovilización, logrando la de un sector mayoritario de las Farc. Por su parte los terratenientes también quieren el camino despejado para consolidar el despojo de la tierra. Esas son las razones por las cuales la masacre en curso contra los líderes sociales no tiene freno y el gobierno no hace nada por evitarla, porque es desde el mismo régimen que se está implementando e incluye la masacre a la base de la Farc. Esa es también la razón por la cual la respuesta de los ministros y del mismo presidente, a la exigencia de que se frene esa masacre, es desconocer que existe o argumentar que es imposible frenarla. Siempre que es asesinado un líder social señalan que es debido a problemas personales, producto de un robo de la delincuencia común o a “problemas de faldas”. El propio Duque salió con el argumento de que es “difícil” proteger a los “más de siete millones de líderes sociales”, como forma de diluir la responsabilidad y justificar la masacre.

El plan nacional de desarrollo contra los trabajadores y los pobres

Uno de los avances más importantes del gobierno de Duque, en favor de los empresarios internacionales y nacionales, es el Plan Nacional de Desarrollo. Con este plan quedan trazados los ejes que configuran las contrarreformas pensional y laboral, que serán aplazadas hasta el año entrante, porque ahora que vienen las elecciones no serían bien vistas y necesitan los votos de las víctimas. Ese plan no tuvo opositores en el congreso, aparte de los congresistas de la izquierda que dejaron constancia en contra, pero sin que las direcciones llamaran a la movilización para evitar que fuera aprobado.

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Con el Plan Nacional de Desarrollo y las contrarreformas anunciadas se acaban prácticamente las pensiones, pero no los descuentos a los trabajadores que seguirán siendo fuente de enriquecimiento de los fondos privados de pensiones. La estabilidad laboral irá desapareciendo en la medida en que los contratos sean por horas, por obra, o al destajo. Eso dificultará aún más la organización de los trabajadores en sindicatos y se consolidará la eliminación del salario mínimo, que ha sido uno de los objetivos de la burguesía desde hace tiempo.
En conclusión, el balance del gobierno es positivo para los ricos porque van a tener más garantías para la explotación y el saqueo, negativo para los pobres porque los trabajadores vamos a perder el derecho a la pensión, el empleo y las pocas conquistas que quedan, los campesinos pobres y las comunidades indígenas y negras perderán la tierra y el territorio, y todos perderemos los recursos naturales.

Ante este balance, y el panorama que se nos presenta a la vista, no queda más alternativa que insistir en la lucha buscando unificarla desde las bases y cuidando que las direcciones no la controlen y la dispersen, como hasta ahora lo han logrado hacer.