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Desde la declaración de la Emergencia Económica, Social y Ambiental decretada por el gobierno nacional, el presidente Iván Duque ha proferido un arsenal de decretos que estaban preparados de antemano, que son continuidad del paquetazo que desde el año pasado anunciaba Duque, para seguir beneficiando a los empresarios a costa del bienestar de la clase trabajadora.

Por Daniel Polo de Sintrabiofilm 

Desde la promulgación del decreto 417 del 17 de marzo de 2020 hasta el Decreto 558 del 31 de marzo, el gobierno colombiano ya ha emitido 106 Decretos invocando la emergencia por el Covid-19, es decir, 42 decretos, 3 diarios. Y en los primeros 16 días de abril, ha promulgado 64 decretos, lo que equivale a emitir 4 decretos diarios.

La mayoría de estos decretos son de una complejidad importante por referirse a cambios, modificaciones y ajustes al sistema tributario, financiero, sanitario, laboral y pensional, siendo este último el punto al que nos referiremos. Esta descarga de decretos no son producto del azar, pues todos vienen ataviados con innumerables ganchos para beneficiar directamente al sector financiero, las grandes empresas y a los dueños de los bienes de capital, por lo que podemos inferir que eran medidas que ya estaban listas, pero que no habían podido introducir en tiempos normales por el malestar social que generan, aprovechado la pandemia como excusa para aplicar un paquetazo tomando como excusa el Covid-19.

Un atentado contra el régimen de prima media

En Colombia existen dos regímenes pensionales: Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) que corresponde a las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones (AFP) y el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) que corresponde a Colpensiones.

Estos dos regímenes tienen diametrales diferencias, pero la más importante radica en las reglas de manejo del capital en las AFP, que funcionan como unas máquinas de apuestas, donde especuladores compulsivos juegan con el dinero de los afiliados. Si ganan en las apuestas, ellos se quedan con las utilidades, si pierden entonces reparten la pérdida entre todos los ahorradores. Mientras, el RPM asegura al pensionado un ingreso equivalente a su promedio salarial en los últimos años de cotización.

Solo en 2019, las utilidades del sector financiero estuvieron por el orden de los 21,5 billones de pesos, encabezadas por los bancos que ganaron más de 11 billones de pesos. Al mismo tiempo sus fondos administrados alcanzaron ganancias por 72 billones de pesos, encabezados por las AFP1.

Desde hace mucho tiempo, el sector financiero ha impuesto en las agendas de gobierno la eliminación del RPM, representado en Colpensiones, y para ello han emprendido innumerables intentos que van desde propuestas para “marchitar” esta entidad, hasta su eliminación de la misma. Sin embargo, recientemente en medio del río revuelto, el gobierno uribista ha emitido el Decreto 558 con el que se condena al colapso al régimen público de pensiones.

¿Qué dice el Decreto 558?

Entre otras medidas, este decreto prevé que durante los meses de mayo y junio las empresas o trabajadores que así lo decidan (es opcional), hagan solo un aporte parcial del 3% a las cotizaciones de pensiones. Sin embargo, este aporte corresponde al valor de las comisiones por administración, prima de reaseguros y seguros de invalidez y sobreviviente. Al pasar a Colpensiones, se releva también a las aseguradoras con las cuales se tienen tomados los seguros, del cumplimiento de su obligación de asumir las contingencias propias de la invalidez y sobrevivientes, tal como está establecido en el artículo 1.1 de la Circular Básica Jurídica CE-029 de 2014 (Parte II, mercado Intermediado).

Todo esto bajo el pretexto de aliviar la carga a las empresas, conservando el número de semanas cotizadas solo a quienes estén en el rango de pensiones de un salario mínimo, porque los afiliados con cotizaciones superiores, no se incluyen en el artículo 5 del decreto. Lo que tampoco dicen es que dicha medida afecta a los trabajadores en el Ingreso Base de Liquidación, que es el promedio para el cálculo de su pensión, especialmente si están dentro de los 10 años previos a la edad legal para pensionarse, lo que en términos generales impacta a futuro la mesada de quienes son candidatos a adquirir este derecho, tal como está definido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

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Ahora bien, el Decreto 558 del 15 de abril de 2020 es efectivamente la concreción de una de las medidas medulares propuestas en la reforma pensional que ya estaba cocinando el gobierno por solicitud del sector financiero: El traslado del sector de menor rentabilidad al régimen público, mientras los afiliados con mayores aportes siguen atados al régimen privado, donde tienen acumulados más de 281,4 billones2. Esta serie de medidas ya habían sido recomendadas por la OCDE y la misión de expertos del FMI en 20193.

Estas decisiones que buscan alivianar la carga que representan los afiliados cuyos ahorros pensionales no alcanzan los montos mínimos para adquirir el llamado retiro programado, que es la modalidad que mediante el citado decreto trasladan con déficit y todo a Colpensiones, son solo el comienzo de la aplicación de toda una reforma regresiva. Ya dieron el primer paso: trasladaron a los que ya están pensionados y a los que están a punto de pensionarse con un salario mínimo al régimen público y esto no tiene reversa.

Para recibir una mesada en la modalidad de ahorro programado de 1 salario mínimo en el RAIS se necesita un ahorro que supere los 150 millones de pesos. Con base en aportes de 1 salario mínimo legal vigente, las 1.150 semanas exigidas en el RAIS equivalen alrededor de $80.000.000, lo que está muy por debajo de las proyecciones del fondo, con esta población van a iniciar.

Un salvamento ilegal a las AFP

Las pérdidas que trasladan las AFP al Estado, están concentradas en las personas que van a pensionarse pero que sus cuentas no alcanzan a tener el monto mínimo exigido por la AFP para aplicar al retiro programado, pero que no tengan derecho a retroactivo pensional. Al mismo tiempo aplica a aquellas personas que aunque hayan tenido el monto mínimo para acceder, al repartir las pérdidas del ejercicio, hayan visto disminuido su ahorro y por tanto tampoco puedan aplicar.

Así, la salida que ha dado el gobierno es relevar a las AFP y a las aseguradoras, que son el mismo sector financiero, de la obligación de responder por las pensiones de la modalidad de retiro programado, trasladándole la carga al sector público, lo que es legalmente incorrecto tal como lo sentencia el artículo 12 del Decreto 832 de 1996, que dice: “Si el saldo final de la cuenta individual fuese inferior a la suma necesaria para adquirir una Renta Vitalicia y la AFP no tomó en su oportunidad las medidas necesarias para evitar esta situación, la suma que haga falta será a cargo de la AFP, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar por el incumplimiento a un deber legal”.

Las consecuencias de la aplicación de este decreto son nefastas para el Régimen de Prima Media, ya que traslada la ineficiencia y el fracaso del régimen privado para que lo asuma el erario, es decir nosotros, mientras los banqueros cobran sus utilidades, utilizando la pandemia como el caballo de Troya para regentar sus intereses y sacar provecho en medio de la tragedia.

Una estafa a Colpensiones

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En la práctica las cotizaciones que van a trasladar a Colpensiones no alcanzarán para cubrir las pensiones de la población que pasa de las AFP al régimen público y el Estado tendría que asumir el pago del faltante lo que llevaría a una crisis completa y al colapso de Colpensiones, lo que significa que como no pudieron acabar con el régimen público desde afuera, ahora lo van a hacer estallar desde adentro y ya dieron el primer paso.

Según lo anunciado oficialmente, los fondos privados tendrían que trasladar 5 billones de pesos para atender una demanda pensional que para algunos expertos cuesta unos 15 billones, sin tener en cuenta las actualizaciones anuales.

Para algunos economistas consultados, otro negocio consiste en que la rentabilidad que tuvieron los fondos con los ahorros pensionales que las AFP usufructuaron durante muchos años, no va a ser trasladada a Colpensiones, sino que solo trasladaran las sumas brutas, ya que los giros que tendrían que hacer a las cuentas de los usuarios ya no las van a realizar, sea porque se embolsillaron los rendimientos o porque socializaron las pérdidas.

Los fondos privados, al librarse de la responsabilidad de asumir esas pensiones, le están enviando un mensaje al país, al inducir el colapso del régimen público, para al final terminar diciendo que las entidades públicas son ineficientes y por tanto debe existir un solo régimen de pensiones: el privado.

La maniobra no solo es tramposa, sino ilícita pues están encubriendo el fracaso del modelo privado por su caída en la bolsa de valores, con lo que van a desaparecer los aportes pensionales de muchos trabajadores, y por eso terminan timando a trabajadores que ahorraron por muchos años y sumaron cantidades considerables, entregando pensiones de un salario mínimo a quienes por derecho deberían recibir una mejor mesada pensional en el sector público.

Los beneficios adicionales a las AFP

Otro factor al que sin duda le sacaran provecho las AFP es a la tasa de cambio. Los fondos privados de pensiones tienen portafolios de inversión en diferentes niveles de riesgo, tanto en pesos, como en dólares. En la franja de inversiones en el exterior en dólares, van a estar favorecidos por la tasa de cambio que a casi $4.000 les deja un rendimiento importante, que no será trasladado a los afiliados, sino que se quedará en el fondo.

Asimismo, el decreto no ordena el traslado inmediato de los recursos a Colpensiones, sino que establece un término de 4 meses, donde sin duda las AFP buscaran renegociar los saldos. Es más, este decreto modifica los plazos de intervención por desvalorización de las inversiones, procedimiento donde interviene la Superintendencia Financiera quien es la encargada de avalar el plan de ajuste a los limites vigentes, el cual debe presentarse dentro un plazo de 45 días, tal como lo indica el decreto 2555 de 2010.

Con el nuevo decreto, se alarga este plazo a 24 meses, tiempo suficiente para que los fondos privados jueguen con el régimen público, a quien le trasladaran títulos de deuda pública y, como existe sustitución pensional, los faltantes que resulten de los cálculos actuariales también deben ser asumidos por el Estado. Además, el artículo 8 de este nefasto decreto señala que “Los títulos que se encuentren en el portafolio de Retiro Programado que se trasladen a Colpensiones se entregarán valorados a precios de mercado”, por lo que el efecto inflacionario terminará golpeando los saldos cuando estos se quieran hacer efectivos para Colpensiones.

Están adelantando uno de los puntos críticos de la reforma pensional que estaban preparando, con pandemia o sin pandemia, el gobierno ya tenía estas medidas listas, solo que la coyuntura de la epidemia les cayó como anillo al dedo para aplicarlas sin anestesia, aprovechando las facultades otorgadas a Iván Duque por la emergencia y el estado de inmovilidad de las masas a causa del temor de contagio.

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Los bancos: los ganadores de la pandemia

Tampoco hay que olvidar que el gobierno le entregó al sector financiero 13.5 billones del Fonpet, que son los recursos de las pensiones de las entidades territoriales y del Fondo de Ahorro y Estabilización, FAE, con la expedición del Decreto 444 de 2020, recursos al 0% de interés para que los presten con intereses de mercado (28%). Además, el emisor bajó las tasas de interés para los banqueros, quienes siguen beneficiándose al tener un gobierno de bolsillo y un presidente que está aprovechando las facultades del estado de Emergencia para hacer más ricos a los ricos y sumir en la miseria a largo plazo a los trabajadores y a los pobres.

Sin lugar a dudas, el Decreto 558 asesta un golpe mortal al régimen público de pensiones, un sueño hecho realidad para el sector financiero, lo que abre las puertas a la implementación de un solo régimen privado universal de ahorro, al mejor estilo del fracasado modelo chileno, en donde las AFP conviertan el derecho a la pensión en un jugoso negocio donde ellos ganan y los trabajadores siempre pierden.

Pero eso no es todo, la inducción al colapso de Colpensiones mediante el decreto 558 de 2020 también anuncia que las medidas que tomará este gobierno contra los trabajadores será brutal. Ya se empieza a anunciar otra reforma tributaria, la cual va a tener dos objetivos fundamentales: Gravar directamente los salarios y aplicar IVA a los productos de la canasta familiar.
Lo primero, lo acaban de hacer con los empleados del sector público mediante la expedición del decreto 568 del 15 de abril de 2020, que denominaron Impuesto solidario por el COVID 19, que consiste en la imposición de un impuesto directo al salario de todos los funcionarios o pensionados del sector público que devenguen más de 10 millones de pesos.

#NoMásAPF

En conclusión, tenemos un gobierno trabajando a toda máquina para hacer de esta pandemia la excusa perfecta para implementar todas las medidas regresivas contra la clase trabajadora, la eliminación de derechos y reivindicaciones históricas en medio de la corrupción rampante. Para cuando hayan implementado todas estas asquerosas medidas, lo que menos nos habrá afectado será el Covid-19.

El sistema de fondos privados ha mostrado su fracaso al no poder garantizarle la pensión a sus afiliados, la solución definitiva es que se estaticen de inmediato y que todos los afiliados, su dinero, y sus rentabilidades pasen de inmediato a fortalecer el régimen de prima media. Ningún trabajador debe confiar su dinero a estos estafadores.