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La crisis sanitaria mundial provocada por el COVID-19 se ha agravado a un extremo que los gobiernos capitalistas no consiguen controlar. Y no lo controlan, aunque disponen de los recursos financieros, técnicos y científicos para hacerlo. Porque para ellos lo prioritario no es el resguardo de la vida y la salud de la población pobre y trabajadora sino la defensa de los intereses económicos de los dueños de las grandes empresas y bancos nacionales y extranjeros.

Por PST-Colombia

La profundidad de la crisis -que en gran medida es responsabilidad de los propios capitalistas que han explotado la naturaleza y el trabajo sin medida alguna, y de sus gobiernos que no tomaron a tiempo las medidas para controlarla- ha puesto en riesgo inminente la vida de centenares de millones en todas las regiones del Planeta. La irresponsabilidad y la lentitud con la que han respondido los gobiernos de las grandes potencias imperialistas y de los países semicoloniales por igual, ponen nuevamente de presente que el régimen capitalista de producción ha dejado de ser un sistema capaz de garantizarle a la mayoría de la población los mínimos derechos a la vida y al trabajo. Para ellos, defender la vida es defender la vida de los más privilegiados, y defender el derecho al trabajo es defender la estabilidad de las empresas con las que se han enriquecido a expensas de la explotación de los más pobres. Por eso no toman las medidas que realmente pueden reducir el riesgo de muerte y el empobrecimiento generalizado de los trabajadores. Un gobierno realmente comprometido con la mayoría de la población debería profundizar, como mínimo, las siguientes medidas:

No pagar la deuda externa.
Plan de salud pública de choque controlado por los gremios de trabajadores, derogar la ley 100.
Ni un solo despido de trabajadores. La magnitud de la crisis es responsabilidad del capitalismo.
Nacionalización de todos los servicios públicos esenciales.
Solidaridad de clase y gobierno de los trabajadores para enfrentar la crisis sanitaria.

No pagar la deuda externa

Los recursos existen. Solo hay que disponer de ellos. Pero no se trata simplemente, como proponen el gobierno de Duque y su Ministro de hacienda, de echar mano de las reservas internacionales o del ahorro que los trabajadores tienen en los fondos de pensiones. Esos son recursos que se deben reservar, previendo una agudización de la crisis.

La deuda del gobierno y los capitalistas con la banca imperialista llegó, en diciembre de 2019 a $138.175 millones de dólares, de los cuales el 53% son deuda pública, que nos costó a todos los colombianos $8.969 millones de dólares el año anterior, sumados los intereses y el pago de capital. Esta equivale, con un dólar a $4.150 pesos, a los 38 billones de pesos que el gobierno ha dicho que destinará a la atención de la emergencia, de los cuales solo 15 billones están destinados a financiar las medidas adoptadas por la declaratoria de emergencia económica, los 23 billones restantes corresponden a aumentos en los cupos del Banco de la República para “asegurar la liquidez de la economía”, esto es: para salvar los bancos, las empresas, las aseguradoras, los fondos de pensiones y los fondos administrados por intermediarios. Es decir, más del 60% del dinero está destinado a proteger las inversiones de los más ricos.

Desconocer y suspender el pago de la deuda externa, es la primera medida que debe tomar el gobierno para garantizar los recursos que exige la gravedad de la situación. Esa deuda ya la hemos pagado de sobra los trabajadores y los pobres, por cuenta de los pésimos servicios de salud, educación y calidad de vida que hemos recibido por años, para que los funcionarios corruptos y los capitalistas insaciables se llenen los bolsillos con los préstamos externos.

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Plan de salud pública de choque controlado por los gremios de trabajadores

El grueso de los recursos liberados por el desconocimiento de la deuda externa debe dirigirse a financiar un plan de salud de choque, que controle efectivamente la expansión del contagio del COVID-19 y garantice atención eficaz a los enfermos. Todo el sistema de salud pública debe ser nacionalizado sin indemnización. La Ley 100 de 1993 del Sistema de Seguridad Social debe ser derogada y las EPS tomadas bajo control estatal para poner freno a los abusos a que son sometidos los usuarios más necesitados. Los hospitales y entidades de salud privados deben ser integrados al sistema nacionalizado de salud. Los grandes hoteles se han desocupado por la crisis, por tanto deben ser intervenidos por las autoridades sanitarias y conminados a poner todas sus camas a disposición del sistema de salud. Las fábricas que producen mercancías no vitales y que cuenten con infraestructura adecuada para producir material necesario para combatir el virus y sus efectos, deben ser colocadas al servicio del plan nacional de salud. El gobierno debe contratar de inmediato a todos los profesionales de la salud que en este momento se encuentran sin ubicación laboral y debe readecuar todos los hospitales que han sido cerrados, empezando por el complejo de la Hortúa en Bogotá.

Todo este plan debe ser encabezado, controlado y supervisado por las organizaciones gremiales de médicos y paramédicos y por las principales universidades públicas y privadas que tengan facultades de medicina y profesiones afines, para evitar que los recursos sean saqueados por los funcionarios y los burgueses corruptos.

Ni un solo despido de trabajadores. La magnitud de la crisis es responsabilidad del capitalismo

Muchos empresarios están aprovechando la emergencia sanitaria, y la económica que de ella se ha derivado, para solicitar despidos masivos de sus trabajadores. Pretenden descargar sobre los explotados el peso de una emergencia que en gran medida es responsabilidad de su avaricia, aumentando el desempleo y la miseria. No les basta con aspirar a quedarse con parte de los recursos que el gobierno está destinando a salvarlos, sino que, además, pretenden ahorrarse el efecto del paro obligado en la producción, negándole a los trabajadores el derecho mínimo a la subsistencia.

Con esa actitud están demostrando que los grandes teóricos del proletariado, desde Marx y Engels hasta Lenin y Trotsky tenían razón cuando decían que el capitalismo no les garantiza a los trabajadores ni siquiera el derecho a que los exploten en un trabajo estable. No podemos admitir ni un solo despido justificado en la crisis sanitaria. El gobierno ha dicho que la declaratoria de emergencia tiene como objetivo proteger el trabajo. Que tome la medida que se corresponde: nacionalizar, sin indemnización, bajo control de los trabajadores a toda empresa financiera, comercial o industrial que despida a sus trabajadores amparándose en la emergencia sanitaria. Para garantizarlo, se debe también garantizar el derecho inmediato a que en todas las empresas los trabajadores se puedan organizar gremialmente sin ninguna limitación. Toda organización construida por los trabajadores en medio de la crisis debe ser reconocida legalmente, de manera automática, para que se pueda controlar el derecho al trabajo. Un despido ahora es una condena de muerte para el trabajador. En un momento en el que todas las actividades económicas están suspendidas conseguir un nuevo trabajo es prácticamente imposible.

Por lo demás, los propios empresarios pagaron a la banca usurera internacional sumas similares a las pagadas por el gobierno, en la medida en que su deuda asciende a $55.000 millones de dólares. Si dejan de pagar a la banca usurera los $6.000 millones de dólares que pagaron el año anterior, tendrían recursos suficientes para garantizar a los trabajadores el salario vital que requieren para no morir de hambre con sus familias.

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Nacionalización de todos los servicios públicos esenciales

La alcaldesa de Bogotá había anunciado la medida de suspender el cobro de los servicios públicos a los habitantes de la capital. Los propietarios privados de las empresas y el gobierno obligaron a reversar la medida por “inconstitucional”. Nuevamente los intereses privados se impusieron sobre las necesidades sociales. Esa era una medida mínima, de alivio de la presión que ejerce la crisis sobre los ingresos limitados de los trabajadores y los pobres. El presidente Duque volvió a demostrar de qué lado está. Del lado de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros que se han apropiado de las empresas de acueducto, energía, comunicaciones y transporte. La dimensión de la emergencia no admite argumentos “legales”. Lo primero son los colombianos que trabajan y sostienen la economía del país con su esfuerzo y sacrificio. Los intereses de los grandes capitalistas privados no pueden ser puestos por encima del interés de millones de ciudadanos.

Renacionalización de todas las empresas de servicios públicos privatizadas por los gobiernos neoliberales, para que la prestación y el cobro de los servicios pasen al resorte del Estado. Que los servicios de transporte masivo se presten de manera gratuita y que la totalidad de la flota sea puesta en circulación para evitar aglomeraciones que favorecen el contagio del virus. Suspensión del cobro de los servicios de agua y luz para las capas pobres y medias de las ciudades. Provisión gratuita de comunicaciones y de Internet a toda la población pobre para garantizar el trabajo y la educación a distancia y la atención rápida y eficiente a las emergencias individuales.

Solidaridad de clase y gobierno de los trabajadores para enfrentar la crisis sanitaria
Los trabajadores del país y el mundo debemos exigir de los gobiernos actuales que, como mínimo, sean tomadas las medidas enunciadas arriba para conjurar la crisis sanitaria y social que se avecina. Por su carácter de defensores incondicionales de los más ricos, no creemos que tomen las fundamentales. Pero estamos convencidos de que sin ellas el resultado final será devastador para los explotados y los oprimidos. Todos los altos funcionarios del gobierno, los voceros de los gremios económicos burgueses y los periodistas al servicio de los empresarios no han escatimado frases altisonantes apelando a la solidaridad general ante la emergencia. Las propuestas asistencialistas deben ser rechazadas por demagógicas e impracticables. La propuesta del presidente Duque de “adoptar” una familia necesitada no pasa de ser una declaración de caritativismo burgués para tranquilizar la conciencia de los explotadores, que nunca se preocuparon de la situación de miseria generalizada.

Ningún alto funcionario, de este ni de los anteriores gobiernos, se acuerda de la desidia con que respondieron a los reclamos de la población ante la crisis de los hospitales, las escuelas y los colegios públicos. Ni uno solo de ellos alude a las medidas represivas tomadas contra los trabajadores de la salud y la educación, cuando se veían obligados a parar labores ante la falta de los recursos más elementales para prestar los servicios a los pobres. Ahora reclaman solidaridad de los trabajadores y los pobres ante la inminencia del derrumbe de la economía capitalista y de todos sus íconos y fantasías. Los trabajadores, que solo hemos recibido agravios y explotación por parte de los multimillonarios, no les debemos ninguna solidaridad. Son los mismos que hoy nos quieren despedir del trabajo, hundiéndonos en la pobreza y dejándonos al garete en medio de la pandemia sanitaria y social. Ellos se reparten los botes salvavidas mientras ven, indolentes, el naufragio general.

Los trabajadores tenemos que confiar en nuestra propia capacidad para salir de la crisis. Esa salida implica ser solidarios entre nosotros y despojarlos a ellos del mando de una sociedad que no fueron capaces de administrar en beneficio de la mayoría. No les debemos ninguna lealtad. Tenemos que plantear con fuerza la necesidad de construir un gobierno de los trabajadores que sea consecuente en la aplicación de las medidas que se requieren para superar la crisis.

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Entre tanto tenemos que construir todos los mecanismos que sean necesarios para ayudarnos entre nosotros a minimizar los efectos de la pandemia sobre los más pobres. En cada sindicato debe ser nombrada una comisión encargada de centralizar la información sobre la situación concreta de cada familia obrera y trabajadora de la empresa, para garantizar que dispongan, en todo momento, de comida, servicios y medicamentos que les permitan sobrevivir el aislamiento. De la misma manera, los miembros de los comités de seguridad industrial y de salud deben ponerse al frente de la exigencia, a las autoridades de salud, para que sean atendidos diligentemente todos los casos en los que surjan síntomas de contagio en los miembros de las familias obreras. Todos los recursos de las organizaciones sindicales y de las cooperativas deben destinarse a atender la emergencia. Al mismo tiempo, exigir a las empresas que entreguen los fondos de las reservas legales al fondo sindical de crisis sanitaria.

En todos los barrios obreros se deben adoptar mecanismos similares. Hay que adecuar las instalaciones de escuelas y colegios y los salones comunales para centralizar la recolección de víveres y medicamentos. Las juntas de acción comunal deben ponerse al frente del plan popular de solidaridad. Hay que elegir comités de control de los recursos entre los habitantes de más reconocida honestidad y solidaridad, para que ejerzan la más estricta fiscalización. Los habitantes con formación médica o paramédica que estén cesantes deben exigir su inmediato enganche en el sistema nacional de salud y que su lugar de acción sea, preferentemente, su comunidad natural. Las iglesias y áreas de mayor magnitud deben ser puestas a disposición del servicio nacional de salud para que en ellos se habiliten centros de atención de los infectados para evitar desplazamientos que amplían los riesgos de contagio.

La creatividad de los trabajadores debe ser puesta al servicio de la protección de sus hermanos de clase. Todas las iniciativas deben ser planteadas y evaluadas por los comités obreros y populares de emergencia. La primer tarea de la clase obrera es protegerse a si misma.

La humanidad entera está nuevamente enfrentada al dilema en que la ha colocado la irracional explotación que el capitalismo ha hecho de la naturaleza y del hombre mismo: Socialismo o barbarie.