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El pasado 6 de mayo, el gobierno de Iván Duque expidió el Decreto 637 por medio del cual extiende el Estado de Emergencia hasta el 25 de mayo. El decreto le da facultades extraordinarias al Gobierno y anuncia más medidas para favorecer al sector financiero, beneficios tributarios para las empresas, además de la privatización de entidades estatales, la disminución de requisitos para la minería y la flexibilización laboral que afectará los ingresos de la clase trabajadora para asegurar las ganancias de la burguesía.

Por PST-Colombia

Para sustentar el Decreto, Iván Duque reconoce que las medidas tomadas hasta ahora –un paquetazo en el que ha beneficiado al sector financiero, a los fondos de pensiones, a las grandes empresas constructoras ya los terratenientes– no han servido para contener la crisis sanitaria, pero además admite que la situación es mucho más grave.

En el Decreto, admite Duque que “la realidad observada luego de dos meses de estar enfrentando esta situación con todas las herramientas constitucionales y legales -ordinarias y extraordinarias otorgadas en la primera declaratoria de emergencia- los efectos a la fecha han sido mucho más gravosos de lo que inicialmente se podía prever”.

Y a pesar de que la salud de la población es la motivación del Estado de Emergencia, todas las medidas tienden a salvar las ganancias de las empresas, para Duque “el aislamiento preventivo obligatorio y con ello la disminución significativa de la actividad económica ha generado un crecimiento preocupante en la tasa de desempleo”, por tanto, en el Decreto desaparece el discurso ‘optimista’ de aplanamiento de la curva que hace en sus programas de televisión.

Admite que sus medidas no han servido para ampliar la realización de pruebas y que no hay certeza en el número de contagiados, por ello concluye que “ante la evolución negativa que comporta esta crisis y en especial la gravedad de los nuevos efectos que observamos cada día, es imperativo contar con medidas de rango legal que le hagan frente a la nueva situación”.

Pero las medidas no consisten en una cuarentena con garantías, en la derogación de la Ley 100, en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y en un plan de emergencia que se financie con los recursos que cada año se destinan a pagar la Deuda Externa, sino en medidas para beneficiar nuevos sectores económicos en detrimento de las condiciones de la clase trabajadora.

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Reforma tributaria y privatización

En el Decreto 637, el Gobierno anuncia “medidas extraordinarias referidas a condonar o aliviar las obligaciones de diferente naturaleza como tributarias, financieras, entre otras, que puedan verse afectadas en su cumplimiento de manera directa por efectos de la crisis”. Esta es una clara respuesta a las propuestas de los gremios que aprovechan la pandemia para exigir que se bajen más sus impuestos, en un país en el que las exenciones son tan altas que Luis Carlos Sarmiento se ahorrará en pago de impuestos el doble del valor de la ‘donación’ que hizo en medio de la pandemia.

También anuncia el Decreto que con el fin de generar recursos se debe “contemplar mecanismos para enajenar la propiedad accionaria estatal”, lo que en la práctica implica la continuidad de la privatización del patrimonio público. Es decir, la burguesía dice no tener cómo sostener sus empresas y pide recursos al Estado, pero estaría dispuesta a comprar las empresas estatales.

En este Decreto, Duque anuncia la entrada del sector minero-energético como parte de la reactivación de la cadena productiva, anunciando además “mecanismos de priorización, reducción, reestructuración y racionalización en trámites, procedimientos y procesos que permitan mitigar los impactos de la emergencia en relación con los servicios y proyectos asociados a dicho sector”. Es decir, de todas las licencias ambientales y consultas a comunidades que hasta el momento son las que han frenado la depredación del medio ambiente por parte de estas empresas.

La reforma laboral de Vargas Lleras

En consonancia con lo anunciado por Germán Vargas Lleras en su columna de opinión del diario El Tiempo, Duque de manera cínica plantea que “se debe permitir al Gobierno nacional la adopción de medidas en aras de mantener y proteger el empleo, entre otras, el establecimiento de nuevos tumos de trabajo, la adopción de medidas que permitan contribuir al Estado en el financiamiento y pago de parte de las obligaciones laborales a cargo de los empleadores”.

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Las medidas que anuncia Duque tienen que ver con una llamada ‘reorganización empresarial’ que permite liquidar empresas y por ende la posibilidad de cambiar las condiciones contractuales de miles de trabajadores para hacerlas más precarias.

Más flexibilización de la Cuarentena

El confinamiento no ha sido eficaz, porque son pocos los sectores que han podido hacer la cuarentena y porque la informalidad laboral y el desempleo ha obligado a millones de personas a salir a la calle a buscar el sustento.

Los gobiernos locales – en particular los de Bogotá, Cartagena, Medellín, Cali y Barranquilla – han aceptado la entrada de sectores de la producción, incluso Claudia López, Jorge Iván Ospina y William Dau, que fungen como opositores, han brindado más garantías a los empresarios para reiniciar sus actividades que a millones de trabajadores y pobres que son los que han puesto los muertos en esta crisis sanitaria.

En este nuevo paquetazo, Duque expone la vida de miles de funcionarios públicos que deberán regresar a sus oficinas, mientras los congresistas se han negado a legislar desde el recinto parlamentario, para avalar todas las medidas presidenciales desde la comodidad de sus ordenadores, cobrando sus sueldos millonarios y manteniendo sus privilegios. De hecho, ya la Alcaldía de Bogotá anunció un plan de retorno de sus funcionarios a sus oficinas.

La corrupción tampoco tiene cuarentena

Por último, los decretos reiteran la flexibilidad de la contratación pública en medio del Estado de Emergencia, que se ha prestado para que desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, hasta las alcaldías de los municipios más pequeños, hagan negocios con los sobrecostos de los mercados, además de millonarias contrataciones para lavar la imagen de los mandatarios, con recursos que deberían hacer parte del plan de emergencia.

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Los socialistas hemos propuesto que el Gobierno no pague la Deuda Externa y que con esos recursos se haga un verdadero plan de emergencia, algunos congresistas reformistas y las organizaciones sindicales han planteado la condonación, la respuesta de Duque ha sido un nuevo endeudamiento por 11 mil millones de dólares que eleva en casi un 20% la deuda pública.

Por ello, debemos advertir que en medio de estas medidas la burguesía hará todo para apropiarse de la mayor cantidad de recursos y que después de la pandemia preparan un plan de ajuste para que sea la clase trabajadora la que pague las consecuencias de la crisis. Le corresponde a las organizaciones de los trabajadores y el pueblo salir a enfrentar este paquetazo, a pesar del confinamiento, es necesario organizar un plan de lucha porque la clase trabajadora no puede quedarse confinada mientras la burguesía aprovecha la pandemia para arrasar con sus ingresos y sus derechos.