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Mientras el gobierno de Iván Duque habla de la necesidad de flexibilizar la cuarentena para que se pueda reactivar la economía, la Policía sigue cometiendo abusos con los más pobres, a quienes los confinan en sus precarias viviendas sin tener en cuenta que muchos deben salir a buscar el sustento diario o simplemente viven en hacinamiento y no pueden estar todo el día encerrados con otras cinco personas en una pieza.

Por Alonso C. H.

Desde que se inició la crisis del coronavirus en Colombia, el gobierno ha intentado minimizar la tragedia y ocultar la grave situación del sistema de salud, incluso tiene una política de aplanar la curva controlando las pruebas e impidiendo que se confirmen los casos. Cuando algunas alcaldías tomaron iniciativas como los toques de queda, Iván Duque intentó desautorizarlos, pero dos días después tuvo que decretar la cuarentena nacional.

Sin hacer pruebas suficientes, con la curva forzosamente aplanada, y a pocas semanas de inicio de la pandemia, hace dos semanas Duque propuso cambiar la cuarentena por un “aislamiento inteligente” que consiste en que el transporte aéreo, marítimo y terrestre vuelva a funcionar, así como el comercio y la industria no esencial, dejando por fuera solo los bares y los eventos masivos.

El rechazo en redes sociales y de los expertos hizo que una vez más retrocediera y ampliara la cuarentena hasta el 27 de abril. Sin embargo, decretó la flexibilización en el sector de la construcción para obras públicas y amplió el horario de la mensajería para favorecer al sector de comercio. Es decir, ha ido flexibilizando de a pocos para evitar la resistencia.

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Esta flexibilización solo tiene una razón que no es científica: la presión de los empresarios agremiados, en particular la ANDI y FENALCO – que están ávidos de seguir aumentando sus riquezas. Desde el punto de vista epidemiológico hay un enorme riesgo de que se disparen los contagios y las muertes. Bastante se conoce el caso de Bérgamo en Italia donde por no querer parar la producción y hacer “cuarentena parcial” murieron miles de personas; la propia OMS alerta de que “levantar las restricciones demasiado rápido podría conducir a un rebrote mortal”.

Pero mientras el gobierno decreta la flexibilización de la cuarentena, enviando un mensaje erróneo acerca de la necesidad de cumplir con el aislamiento social obligatorio, envía a la Policía a los barrios más pobres a reprimir a quienes violan el confinamiento. En estos días incluso vimos cómo, mientras el personal de salud no tiene elementos de protección personal, se hace una compra por 7 mil millones de pesos en tanquetas para el ESMAD.

Los abusos de la Policía son innumerables, en especial con la juventud, pero se ha visto en redes sociales cómo entran a los domicilios, persiguen vendedores ambulantes, cometen abusos con las mujeres e incluso con los trabajadores de la salud.

Recientemente, el sociólogo Hamza Esmili concedió una entrevista para la BBC en la que explicaba cómo el confinamiento es un concepto burgués: “Creo que el confinamiento es necesario para frenar la pandemia actual, evidentemente. Ahora, como sociólogo, veo que la idea del confinamiento tiene un cierto número de presuposiciones y no corresponde a la realidad.Especialmente, no corresponde a la realidad de la gente en los barrios pobres. El confinamiento es un concepto burgués. La idea es que todos tengamos una casa individual, un poco burguesa, en la que podamos refugiarnos cuando haya una pandemia o un desastre natural. Pero lo que veo en los barrios pobres no es para nada eso. Existe una realidad rodeada de condiciones insalubres, pero no solo eso. En este tipo de barrios, hay casas en las que viven cuatro o cinco personas por habitación, por ejemplo. También hay viviendas que no son habitables, en las que no puedes quedarte todo el día, porque prácticamente el espacio no se presta para ello”.

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Así, la clase trabajadora debe estar alerta contra la flexibilización del aislamiento que el gobierno intentará a partir del 27 de abril, así como con la denuncia de la represión contra la clase trabajadora y los más pobres que violan el confinamiento, debemos seguir rechazando a través de todos los medios posibles (cacerolazos, twitteratones, denuncias en redes sociales, izadas de banderas rojas) los decretos que favorecen a los empresarios, que obligan a los asalariados a trabajar y que dan facultades a la Policía para violar los derechos de los pobres. Si se levantan las restricciones no será para ayudar a los pobres sino para ellos quedarse con las ganancias mientras nosotros ponemos los muertos.