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La noche del 21 de marzo se inició una protesta en 17 cárceles del país, los detenidos denunciaban el hacinamiento de más del 50% que tienen los centros de reclusión y las precarias condiciones sanitarias en las que viven más de 120 mil personas que se encuentran en la actualidad privadas de la libertad, además por la preocupación por la inminente llegada del Covid-19 a las cárceles debido a estas condiciones infrahumanas.

Por Alonso C. H.

La protesta terminó en una masacre a 23 reclusos en la Cárcel Modelo de Bogotá, tras la intervención del ESMAD de la Policía Nacional, el INPEC y el Ejército, que solo pudimos conocer en la madrugada del 22 de marzo, gracias a las familias de los detenidos y a las organizaciones de derechos humanos, ante el silencio de las autoridades penitenciarias, la Ministra de Justicia y la Alcaldía de Bogotá.

Pero 23 personas asesinadas y 81 heridas no fueron suficientes para que la administración distrital y el Ministerio de Justicia al menos anunciaran medidas para aliviar la situación de los detenidos, por el contrario, mostraron un parte de guerra en el que anunciaron que no se habían presentado fugas y que investigarían a quienes habían organizado esta legítima protesta.

En Colombia, el hacinamiento en las cárceles es para la clase trabajadora y los pobres, porque los pocos detenidos por casos de corrupción y por masacres, se encuentran en pabellones especiales, en mansiones fiscales y en guarniciones militares en las que viven con lujos y comodidades. Mientras tanto, las cárceles se encuentran en pésimas condiciones de infraestructura, con un pésimo servicio de alimentación y con un precario sistema de salud.

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Esta situación ha sido posible gracias a la ausencia de una política criminal en el país que ha concedido beneficios a quienes han cometido delitos contra la población, desde masacres hasta casos de corrupción, y ha endurecido las penas a los delitos menores y a los delitos políticos. Por otra parte, se han hecho millonarias inversiones en nuevos centros penitenciarios que apuntan al confinamiento humano y no a la resocialización, mientas las mayoría de las cárceles permanecen hacinadas e incluso los centros de detención transitorios, que se han vuelto permanentes.

Pero la respuesta a la protesta de la población reclusa no fue abrir espacios de diálogo a sus justas reclamaciones, sino abrir fuego y producir una masacre. De manera tardía el Gobierno de Duque ha declarado la Emergencia Carcelaria que solo contempla la salida de 10 mil detenidos, dejando intacto el problema de hacinamiento.

Por ello, desde el Partido Socialista de los Trabajadores nos unimos al clamor de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos para que reclamaron del Gobierno de Duque la libertad no solo para los adultos mayores de 50 años, las madres gestantes y lactantes, de los condenados a delitos de menos de cinco años, sino para los detenidos por rebelión y delitos conexos. De igual manera, se debe poner en marcha un plan de contención de la epidemia en las cárceles, por ser una población vulnerable y de alto riesgo.

Además, exigimos la conformación de una comisión de verificación independiente con participación de los familiares de los asesinados con el fin de esclarecer la verdad de lo que sucedió y la renuncia de la Ministra de Justicia y del Director del INPEC. Exigimos justicia para los asesinados y que los responsables directos de la masacre así como y que las autoridades distritales y nacionales que tomaron la decisión respondan por sus crímenes.