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La Reforma de la Seguridad Social que el gobierno Bolsonaro-Guedes está elaborando, además de aumentar la edad mínima para las jubilaciones de los actuales trabajadores, significará un gran ataque para los futuros trabajadores. El sistema de Capitalización Individual, modalidad que deberá sustituir el INSS para los nuevos trabajadores, fue implementado en Chile desde la década de 1980. Este texto, escrito por una trabajadora chilena, militante de la sección chilena de la LIT (Movimiento Internacional de los Trabajadores) y del movimiento contra las Administradoras de los Fondos de Pensión (AFPs), explica cómo funciona el sistema de capitalización individual y la tragedia que este significó para los trabajadores chilenos.

Por Paz Ibarra, del Movimiento Internacional de los Trabajadores (MIT), Chile.

En Chile, el sistema de Capitalización Individual cumple ya 38 años. Fue inspirado en el modelo neoliberal de los Chicago Boys, economistas que estudiaron en la escuela de economía de Chicago (como Paulo Guedes) y elaboraron el plan económico de la dictadura de Pinochet, en Chile. El sistema de capitalización Individual es gerenciado por instituciones privadas con fines de lucro (las llamadas AFPs) y comenzó a pagar a los primeros jubilados bajo esa modalidad apenas en el año 2008, demostrando ser incapaz de alcanzar una tasa de retorno superior al 20% del salario. O sea, los trabajadores se jubilan ganando cerca del 20% de lo que ganaban antes, lo que significó la condenación de un millón y medio de hombres y mujeres jubilados a vivir en la miseria.

La dictadura impone el experimento

Desde la década de 1920, en Chile, el “Estado Benefactor” propició el desarrollo de un sistema de jubilación basado en Cajas de Seguro, divididas según la cualificación (profesionales, empleados, obreros), incluyendo la Caja de Seguro Obrero. Estas Cajas se basaban en el ahorro individual (según la renta de cada afiliado) para las jubilaciones por edad, invalidez o casos de fallecimiento, y un régimen de repartición para otros beneficios como la salud, la vivienda y el ocio. La mayoría de los seguros tenían contribuciones del trabajador, los empleados y del Estado, o sea, financiamiento tripartito. El sistema tenía desigualdades, pero era “solidario” (término empleado en Chile para decir que los trabajadores activos pagaban la jubilación de los trabajadores jubilados, como funciona en Brasil). El modelo de las Cajas de Seguro es semejante al modelo brasileño actual.

Después del golpe del 11 de septiembre de 1973, Pinochet abrió totalmente la economía nacional para el capital extranjero. Privatizó los derechos sociales (educación, salud, seguridad social, vivienda) y transformó el Estado en subsidiario de las empresas. La represión exterminó a los militantes y seguidores del gobierno anterior, de la Unidad Popular (gobierno reformista de Salvador Allende) y cortó por la raíz la experiencia de décadas de lucha revolucionaria. Las empresas estatizadas fueron devueltas a sus dueños burgueses. José Piñera, hermano del actual presidente, siendo ministro del Trabajo y la Seguridad Social de Pinochet, creó en 1978 el Plan Laboral, que despolitizó, desmovilizó y dividió a los trabajadores, con el objetivo de que encajasen perfectamente en el nuevo orden de libertad empresarial. Inmediatamente después, creó el Sistema de Seguridad Social de Capitalización Individual, que se impuso por ley en 1980 y obliga a todos los trabajadores a cotizar en un sistema único privado.

Las principales reformas neoliberales fueron implementadas durante los años en que vivíamos en estado de sitio. El verdadero objetivo de este sistema de capitalización era tener un poderoso flujo de dinero, salido mensualmente del bolsillo de todos los trabajadores, para acelerar la reinversión. Con el Fondo de Pensiones, formado con las contribuciones de los trabajadores, se compraron acciones, se realizaron préstamos y se obtuvieron enormes lucros en el mercado financiero. Con esos lucros, las empresas pudieron construir puentes, autopistas, refinerías, plantas de celulosa, cemento y de tratamiento de aguas, centros comerciales, centrales eléctricas. Aumentó el capital para nuevos negocios. Los bancos crecieron y con el dinero salido de las inversiones hechas con los ahorros de la seguridad social, hicieron préstamos de consumo a los mismos dueños de esos ahorros, pero con tasas de interés altísimas. Así, las AFPs comenzaron su expansión. Después, en 2002, el presidente Ricardo Lagos (Partido Socialista) permitió la inversión en el extranjero, dividiendo el Fondo de Pensiones en 5 Multifondos, a través de los cuales las AFPs pueden comprar acciones en el extranjero con mayor riesgo para los contribuyentes.

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Actualmente, el sistema funciona así: las contribuciones de más de cinco millones de personas son administradas por 6 empresas, a través del Fondo de Pensiones, que corresponde a 204 billones de dólares. La contribución es, por ley, de 10% del salario de cada trabajador, que se descuenta todos los meses y va para una cuenta individual, que está a nombre del contribuyente, pero que en la práctica no está a su disposición, ya que el trabajador no puede retirarla si quiere. Las AFPs invierten ese dinero, que genera lucro para sus accionistas. La rentabilidad de esa reinversión, supuestamente, se divide entre los dueños del Fondo (los millones de contribuyentes). El tiempo demostró que, en realidad, los lucros de esa reinversión van a parar a las AFPs y a las empresas que las controlan a través de acciones. Cuando la rentabilidad es negativa y genera pérdidas, se le descuenta a los contribuyentes. O sea, si hay lucros, ganan los empresarios que controlan las AFPs, si hay pérdidas, pierden los trabajadores que contribuyen al sistema.

Además, los trabajadores contribuyentes tienen que pagar tasas mensuales a las administradoras de los fondos y tasas por la manutención del saldo. Las 10 empresas que más reciben inversiones de las AFPs pertenecen a los grupos económicos más poderosos de Chile, varias involucradas en carteles y corrupción de políticos.

En junio de 2008, casi medio millón de personas recibía una jubilación asistencial de vejez por parte del Estado, con un costo de 13,7 millones de dólares para compensar la miserable jubilación pagada por las AFPs. El promedio de las jubilaciones pagadas este año por las AFPs fue de $37.600 pesos (aproximadamente R$ 210,00), con un promedio de poco más de $18.000 pesos (R$ 100,00) para mujeres y $80.900 pesos para hombres (R$450,00). El sistema de jubilaciones replicó lo que pasa en la vida laboral: precarización de los salarios y discriminación para las mujeres. Y si los salarios, para la mayor parte de la población, ya son miserables, las jubilaciones también lo son.

Todos esos problemas explican el surgimiento de la Coordinadora Nacional NO + AFPs, que convocó y lideró manifestaciones, en los últimos años, de más de un millón y medio de personas en todas las principales ciudades del país. La Coordinadora también realizó un plebiscito nacional para conocer la opinión de las personas sobre las AFPs, con la participación de más de un millón de personas, que se expresaron contra la permanencia de las AFPs. Por eso, las jubilaciones pasaron a ser un tema obligatorio en la agenda del gobierno anterior (Bachelet, supuestamente de izquierda) y en el gobierno actual (Piñera, de derecha), que están haciendo reformas que significan solamente aumentos miserables en las pensiones, aumento en la edad de la jubilación y más negocios para las AFPs. Ningún gobierno o político en el parlamento defiende el fin del sistema, porque sería atentar contra la libertad de las empresas y acabar con uno de los principales motores de la economía capitalista nacional: los ahorros de jubilación de los trabajadores. Además, ex ministros y asesores de Pinochet y de todos los gobiernos democráticos de centro-izquierda y de derecha pasaron por los directorios de las AFPs, o sea, ganaron dinero con ese negocio.

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Los únicos que se salvaron
Con la astucia de josé Piñera, Pinochet aceptó el modelo privado de Seguridad Social, pero con un “pero”. Las Fuerzas Armadas y de Orden mantendrían su propio sistema de Seguridad Social. Ningún sistema neoliberal podría superar las condiciones de jubilación de los militares. Contribución de 6% del salario bruto, jubilación por años de trabajo (de 20 a 30 años efectivos), tasa de retorno de 66 a 100% de la última remuneración, servicios de salud, bonificaciones, alimentación, vivienda, uniformes, fletes y transportes, todo costeado por el gasto fiscal. Además, la aprobación de una ley que garantiza un presupuesto permanente para todos esos beneficios, la Ley Reservada del Cobre, que financia los gastos de las Fuerzas Armadas, los Carabineros (Policía Militar) y la Gendarmería.

En enero de 2017, había 38 exmilitares demandados y condenados por delitos de derechos humanos, otros tantos secretarios privados de Pinochet condenados por malversación en el “Caso Riggs” (caso donde se descubrieron cuentas secretas de Pinochet en el banco Riggs, de los Estados Unidos, con más de 21 millones de dólares que pertenecían al dictador y que fueron desviados de fondos públicos), una decena de militares involucrados en corrupción y ventas de armas a narcotraficantes. A pesar de ese historial, los militares continúan siendo totalmente privilegiados. El promedio de jubilaciones de los militares hoy es de $2,3 millones de pesos, o sea, aproximadamente $12.700 reales. Entre 2011 y 2015, el Estado chileno gastó aproximadamente $3,8 trillones de pesos en las jubilaciones de militares, aproximadamente 21 billones de reales. Esta cifra equivale al costo de construcción de 42 nuevos hospitales con equipos de última generación. Son cifras inimaginables para un trabajador común que gana un salario mínimo. Tantos privilegios, por décadas, acabaron quebrando el sistema.

El valor acumulado en el Fondo de Pensiones, en septiembre de 2018, era de 204 billones de dólares. El promedio de renta mensual que reciben los presidentes de los directorios de las 6 AFPs que operan en el país es de $8.8 millones de pesos, o sea, casi 49 mil reales. Mientras, el promedio de la jubilación de los trabajadores que, con sus ahorros, generaron esa riqueza, está en $128.577 pesos mensuales, o sea, 700 reales.
Entre 2011 y 2015, este sistema privilegiado significó para el Estado un gasto de $3.8 billones. Tanto privilegio por décadas provocó que ese sistema entrase en colapso. Solo entre 2011 y 2015 el Estado desembolsó un total de $3.8 billones para financiar el fondo de jubilación de Capredena (Fondo de Seguridad Social de la Defensa Nacional). Un sistema que atiende a casi 107 mil ex funcionarios de las Fuerzas Armadas (y a sus familias, a través de pensiones y beneficios) en contraste con el sistema de las AFPs que atiende a un millón y medio de jubilados civiles.

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La Coordinadora Nacional NO + AFP consiguió colocar la discusión sobre las jubilaciones en el orden del día y propone reformular el sistema sin enfrentar los problemas en su raíz. Creen que es posible convencer a los empresarios y a los políticos a cambiar el sistema. Nosotros pensamos que eso no es posible. El verdadero problema es que durante 38 años los ahorros de jubilación de los trabajadores fueron usados para propiciar lucros millonarios a los empresarios, utilizando nuestro dinero como si fuese su capital. Nosotros no tenemos participaciones en los lucros de esos negocios y tenemos que pagar los servicios e infraestructuras que utilizamos y fueron producto de esas inversiones. El dinero acumulado en el Fondo de Pensiones podría garantizar una jubilación digna para todos los trabajadores y todavía sobraría dinero. Sin embargo, los gobernantes y empresarios nos dicen que no hay dinero y quieren aumentar la edad de jubilación. Ahora, después de que millones de trabajadores salieron a las calles contra las AFPs, ellos dicen que van a reformar el sistema y a hacer que los empresarios también tengan que pagar su parte. Nosotros sabemos que esa “contribución” de los empresarios saldrá de nuestros salarios y de la pérdida de puestos de trabajo. O sea, de nosotros mismos.

La salida solo puede ser, entonces, la recuperación total del Fondo de Pensiones por los trabajadores y la expropiación de las Administradoras. Con todos esos recursos podríamos restablecer un sistema compartido y solidario. Acabar con las AFPs y recuperar nuestras jubilaciones solo es posible con grandes movilizaciones de todos los trabajadores y del pueblo pobre de nuestro país en una dura lucha contra los empresarios. Nuestra tarea es preparar una gran huelga general para acabar con las AFPs, recuperar el dinero de nuestras jubilaciones, garantizar una vejez digna para todos los trabajadores, acabar con los privilegios de los militares y políticos.

Esa huelga general tiene que colocar también la necesidad de revertir todas las privatizaciones de los servicios públicos que fueron realizadas en la dictadura Pinochet, renacionalizar el cobre, nuestra principal riqueza, que hoy se encuentra en las manos de las multinacionales, y colocarlo todo a servicio de la clase trabajadora. Eso solo será realizado con mucha organización y lucha. Nuestro objetivo final debe ser un gobierno de la clase trabajadora, donde la riqueza sea usada para satisfacer las necesidades de la gran mayoría de los trabajadores y las trabajadoras, no para que media docena de familias vivan ostentando el dinero que ganan robando lo que nosotros producimos.

Traducción: Davis