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Para comprender mejor el proceso chileno, en especial el ascenso de finales de los años ’60 y comienzos de los ’70, la subida del gobierno del frente popular de Allende, y el golpe de Pinochet que, con una represión sanguinaria, impuso un régimen contrarrevolucionario, así como la heroica lucha de los trabajadores chilenos contra esa dictadura sanguinaria, y qué rol cumplió el plebiscito de 1988 por el NO, creemos que es fundamental tener una visión marxista del proceso.

Publicamos a seguir un dossier con materiales de nuestra corriente histórica, sobre las lecciones de esos procesos, cuál fue el papel de la burguesía chilena y del imperialismo, de los partidos burgueses, y de la izquierda chilena en todo ese período.

Seleccionamos tres artículos centrales, dos de la Revista de América, números 10 y 11 (1973), y uno de la revista Correo Internacional, de noviembre de 1988.

Convidamos a los lectores que quieran profundizar más allá de estos artículos, a visitar nuestro sitio Archivo León Trotsky, donde encontrarán muchos materiales sobre Chile, artículos en nuestras publicaciones internacionales (Revista de América, Correo Internacional, Estrategia) y en las colecciones de los periódicos de partidos de la LIT de la Argentina, Chile, el Brasil, y otros países.

¿Adónde va Chile? – De Ernesto González. Revista de América n.° 10 , marzo-abril 1973

Los hechos, que culminaron en Chile con la incorporación de tres militares al gabinete presidido por Allende, replantearon una serie de interrogantes que ya estaban en discusión desde el triunfo de la Unidad Popular. Los resultados del 4 de marzo último y su consecuencia, la renuncia de todos los ministros, incluidos los jefes militares, no los hacen desaparecer. El Partido Comunista en especial, y todos los integrantes de la coalición gubernamental, en general siguen insistiendo que a partir de la victoria electoral del ’70 se ha abierto un período transicional que ellos llaman «la vía chilena del socialismo». En el otro extremo se ubican diversas corrientes ultraizquierdistas y sectarias, que, señalando correctamente esta posición como una ilusión reformista, se niegan a ver el carácter tremendamente contradictorio del fenómeno chileno y se contentan con caracterizarlo como burgués sin analizar, precisamente, su carácter contradictorio.

En Revista de América hemos destacado, varias veces, que no es una tarea ociosa tratar de definir los diversos regímenes que han surgido en el continente y es obvio que de la caracterización que se haga se desprenderá, también, una política. Lamentablemente, en Chile no existe ningún partido ni organización revolucionaria que haya hecho un análisis correcto de la situación y, por lo tanto, haya elaborado una estrategia y una táctica coherente y consecuente. Este hecho hace que la actual coyuntura adquiera características cada vez más dramáticas, teniendo en cuenta la ofensiva creciente de la burguesía más reaccionaria y el imperialismo, y las reiteradas aflojadas y concesiones de los partidos que constituyen la Unidad Popular.

Los sucesos de Octubre de 1972 no hicieron más que demostrar estas debilidades pero, contradictoriamente, pusieron de manifiesto las tremendas potencialidades existentes en el seno de los trabajadores y sectores populares. La huelga de los propietarios de camiones y del comercio fue neutralizada por la movilización del movimiento obrero. Los comités de fábrica y vigilancia, y las organizaciones barriales, aunque carentes de un eje centralizador, fueron los bastiones sobre los que se asentó la respuesta al paro general de los patrones. De hecho, estas organizaciones obreras y populares se erigieron en el único poder capaz de frenar la ofensiva de toda la burguesía chilena y el imperialismo. Por su parte, Allende, tratando de jugar de árbitro entre estas dos fuerzas, se acercó peligrosamente al papel que jugó Kerensky en la revolución rusa. En vez de alentar la movilización de los trabajadores se recostó sobre el ejército, dejando en manos de este todas las tareas de control y vigilancia, desautorizando a las organizaciones populares que habían surgido espontáneamente. La posterior inclusión de los ministros militares en el gabinete no fue más que la culminación de ese curso vacilante y pendular.

Augusto Pinochet y Salvador Allende

Por eso, nosotros creemos que la actual situación prerrevolucionaria hace más necesaria que nunca la construcción de una verdadera organización revolucionaria. Los partidos socialista y comunista no pueden, por su pasado y su presente, cumplir con esta tarea histórica. El MIR, que en los dos últimos años ha evolucionado favorablemente, dejando de lado muchas de sus concepciones elitistas y guerrilleristas, planteándose la inserción en el movimiento de masas, no es una garantía que logre la coherencia ideológica y organizativa que exige el país hermano. La juventud socialista se ha ido radicalizando al compás de la lucha de clases, pero tampoco es lícito suponer, por falta de una tradición verdaderamente bolchevique, que de ahí surja espontáneamente el partido revolucionario. De lo que se deduce que el trotskismo debe ponerse a la altura de las circunstancias convirtiéndose en el eje nucleador de la actual vanguardia revolucionaria. Una política de frente único con todos los grupos y organizaciones que evolucionan favorablemente, como el MIR o la juventud socialista, debe ser el primer paso hacia la construcción del partido de la revolución chilena. La situación objetiva favorece esta perspectiva, de aquí que los revolucionarios deben enfrentar este desafío de la historia hasta culminar con la instalación de un verdadero gobierno obrero y popular.

Chile: semicolonia de los ingleses

Antes que nada debemos recordar que Chile, junto con la Argentina, era uno de los países de América con mayor desarrollo capitalista, lo que no está en contradicción con la caracterización de país atrasado o subdesarrollado. También, como la Argentina, Chile contó, en los comienzos, con una fuerte burguesía relativamente independiente que se asentó sobre la explotación de las riquezas naturales pero, a diferencia del Río de la Plata, no solo utilizó los productos agropecuarios para enriquecerse, sino los diversos yacimientos de salitre, hulla y cobre, y las actividades comerciales ligadas a la exportación e importación. En 1833, la oligarquía chilena (con Portales) ya había echado las bases de su dominación, que se extenderá a lo largo de todo el siglo XIX. Pero esta próspera burguesía no podrá resistir la arremetida del imperialismo inglés. Inglaterra, dominante en los mares y por lo tanto en el comercio mundial, también logrará controlar Chile. Firmas como Morht Humprey and Dirkinson, Lever, Murphy and Co., Hardie and Co., y Morrison and Co. se combinan en esta nueva etapa con los inversionistas de las compañías salitreras y minas de carbón y cobre. La vieja oligarquía relativamente independiente del período anterior se va ligando cada vez más a los engranajes financieros e industriales imperiales y pierde toda posibilidad de desarrollo autónomo. El abandono del proteccionismo oligárquico por el librecambismo coincide, entonces, con el surgimiento del partido liberal. En Chile, lo mismo que en el resto de América, no surgirá una burguesía industrial independiente, cuya tarea histórica será la de impulsar la revolución democrática burguesa contra la vieja oligarquía terrateniente y por la liberación nacional.

Las guerras contra Bolivia y Perú de fines de siglo (1879), marcan el fin del período independiente y el acrecentamiento de la penetración del imperialismo inglés. La victoria militar de Chile, en la Guerra del Pacífico, lo lleva a convertirse en el país dominante en Latinoamérica (superior a la Argentina), pero, contradictoriamente, con este triunfo logrado por el apoyo de los intereses ingleses, concentrados especialmente en la provincia de Tarapacá, se inicia su decadencia. Las clases dominantes hicieron de comparsa de esos intereses y Chile se convirtió así en una semicolonia económica y política de Gran Bretaña. El comercio, la banca, y el salitre, pasaron a estar controlados directamente por el capital inglés, y con esto toda la vida económica y social. John Thomas North será el personaje símbolo de esta era de entrega.

Los débiles intentos opositores no fueron suficientes. La caída de Balmaceda en 1891 es un ejemplo. Pese al carácter moderado y oligárquico de su resistencia, el imperialismo apoyó y financió el golpe de la armada que lo derrocó. De aquí en adelante el entroncamiento de la vieja oligarquía con Inglaterra se hará cada vez más sólido, al mismo tiempo que se acentuará su decadencia como sector social. El año 1920 puede ser considerado como el año de su crisis política y el anticipo de la crisis general que estallará, poco después, con la aparición del salitre sintético. Una nueva estructura económica se fue formando al compás del desarrollo industrial. El debilitamiento relativo del imperialismo inglés, que se opera a partir del fin de la guerra del ’14, la agresividad creciente de los intereses yanquis, el ascenso del movimiento obrero, la entrada en escena de las capas medias, y la baja de los productos agropecuarios, son los elementos que conforman esta nueva situación. La subida al poder de Arturo Alessandri en el año 1920 refleja el cambio.

Los intereses norteamericanos entraron a controlar toda la actividad ligada al cobre. El gobierno le entregó todos los terrenos del Estado a cambio de la participación en los beneficios, eximiéndolos, al mismo tiempo, del pago de los derechos de explotación. Con este respaldo, las empresas yanquis aplicaron una política de racionalización y maquinación que contribuyen a agudizar las tensiones sociales. La producción, que en 1927 había sido duplicada, ahora es restringida para mantener los precios. En 1929 se produjeron 285.500 toneladas pero en 1930 se rebajan a 181.500 toneladas. La población minera del salitre y el cobre, que en 1927 era de 90.300, en 1930 bajó a 71.800, y en 1931 a 39.400.

El Estado perdió su derecho de exportación del salitre y, por lo tanto, la deuda externa llegó a cifras jamás vistas: 420.000.000 de dólares. Como consecuencia, el gobierno se vio obligado a suspender su pago y por lo tanto los empréstitos imperialistas no se renuevan. Las consecuencias de esta política la sufren los sectores obreros y populares con despidos y nuevas bajas de su ya escaso salario. Todo este período, del ’20 al ’30, o con más precisión hasta el ’32, está signado por una aguda crisis a todos los niveles, que la gran depresión mundial del ’29 no hará más que incentivar.

Esta situación es la que explica el surgimiento de organismos de masas como son la central obrera y el propio Partido Socialista.[1] Del ’32 al ’40 el Partido Socialista es quien capitaliza la radicalización de la clase media y el apoyo de amplios sectores obreros. La personalidad de Groves es un factor aglutinante pero la carencia de una línea teórica uniforme y una organización consecuentemente revolucionaria, debido al peso decisivo de la clase media chilena, le impidió convertirse en el partido de la revolución. Esto quedó claro cuando en 1936 el PC, de acuerdo con las resoluciones del VII Congreso de la Internacional, lanza su célebre y trágica línea del Frente Popular para Chile. El Socialismo, que había levantado la candidatura de Groves, capitula ante el stalinismo plegándose al apoyo del partido radical y de su candidato Pedro Aguirre Cerda, conocido hacendado y representante de la más rancia oligarquía. El Bloque de Izquierda, prohijado por el PS, también cayó en la conciliación de clases. Este error, como no podía ser de otra manera, agudizó sus contradicciones. En 1940 se dividió, y de esta escisión surgió el Partido Socialista de los Trabajadores. Pero la posición anticolaboracionista no fue mantenida por mucho tiempo. Derrotado en las elecciones parlamentarias de 1941, vira hacia el frente populista, precisamente en momentos [en] que el viejo tronco rompía con la coalición gubernamental. Como consecuencia, una parte del PST entra al PC, (después del ataque de Hitler a Rusia) y otra reingresa en el PS.

Por su parte, el P.C. continuó con su política. El Frente Popular, que se había roto con la salida de los socialistas, se reconstituyó con otro nombre. La Alianza Democrática llevó como candidato a Juan Antonio Ríos para las elecciones que se convocaron a la muerte de Aguirre Cerda. El stalinismo, consecuente con su línea, dio nuevamente el apoyo a los radicales, pese a que estos siguieron gobernando con los más variados sectores burgueses. Terminada la guerra, el PC se fortalece numéricamente usufructuando el prestigio alcanzado por la Unión Soviética después de su victoria sobre Alemania. La ruptura de la CTCh en 1945 es reflejo de esta nueva frustración provocada por los dos partidos que, reclamándose de la clase trabajadora, no han hecho otra cosa que pactar y conciliar con los diversos sectores de la burguesía chilena.

Esta etapa, abierta en los años ’30, y que ve nacer los organismos y partidos de masas, se cierra hacia 1945 con dos hechos incuestionables: por un lado, con la decadencia total del imperialismo inglés y su retiro de la escena chilena como principal explotador, y por el otro, con la existencia de dos grandes partidos de masas que se dividen las simpatías de amplias capas populares, pero, desgraciadamente, corrompidos por el reformismo y el parlamentarismo tradicional.

El fin de la guerra y la recuperación de EEUU abrió una nueva etapa para Chile: la de su pasaje definitivo a la esfera de influencia norteamericana. Chile, lo mismo que el resto de América, dejó de ser una semicolonia inglesa para convertirse en una semicolonia yanqui en el sentido económico y político. La firma de los pactos colonizantes de la OEA, los acuerdos bilaterales refrendados por los distintos gobiernos de la burguesía chilena, y los numerosos compromisos financieros contraídos sellaron esa entrega.

El imperialismo yanqui: principal enemigo

Terminada la segunda contienda mundial, el imperialismo del Norte, libre de ataduras, se dio una política de conjunto. Pero no olvidemos que su interés por el continente americano ya se había expresado en el siglo XIX con la célebre Doctrina Monroe. La crisis del ’29, no obstante, le impidió rematar de inmediato su obra, y la guerra, por otra parte, que estalló en 1939, postergó un tiempo más sus ambiciones. Por eso decimos que una vez finalizado el conflicto se intensificó su ofensiva, y para ello contó con el aval de los diversos gobiernos patronales.

Chile, a diferencia de la Argentina, después de la gran crisis agraria, dependió cada vez más de sus ventas a los EEUU. El cobre no fue un factor de liberación sino una fuente de sometimiento. El oro rojo, que a fines del siglo XIX había ubicado a Chile en primer lugar en la producción mundial y le había permitido cierto desarrollo independiente, sirvió, contradictoriamente, para que los monopolios imperialistas encontraran nuevas bases de explotación. En 1904, con la formación de la Braden Copper Co., más tarde subsidiaria de la Kennecot Copper Corp., comienza la penetración yanqui. La Chile Exploration Co., y la Andes Copper Mining Co. (Anaconda), completaron el copamiento de esta fuente de riqueza fundamental. Chuquicamata y Potrerillos tuvieron, desde el principio, todos los privilegios pero ninguna obligación. Las empresas extranjeras pudieron exportar todas sus utilidades, y hoy se sabe que estas llegaron a la cifra de 10.800 millones de dólares, en los últimos 60 años. El hecho es más impactante cuando se conoce que el capital inicial que trajeron estas empresas solo fue de 3.500.000 de dólares, y una inversión posterior adicional de 100.000.000 USA.

En 1932 se implantó el control de cambios, lo que significó una reparación parcial. Pero cada medida de recuperación fue contrarrestada por una nueva maniobra de las empresas imperialistas. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, Chile alcanzó a producir 540.000 toneladas, pero los EEUU fijaron unilateralmente en 115 centavos de dólar la libra, para impedir que la demanda bélica hiciera aumentar el precio del mercado. El gobierno del Frente Popular aceptó, así, que el país perdiera cerca de 500.000.000 de dólares. En todo este período, Chile estuvo dirigida por sectores «progresivos», según la terminología stalinista. Aguirre Cerda, Ríos, y González Videla, subieron con el apoyo del PC. y el PS, independientemente [de] que después ambos partidos rompieran con ellos y hablaran de la «traición» al programa o de la frustración nacional. Lo que nos importa es determinar cómo se comportaron estos gobiernos con respecto a la clase obrera y sectores populares, y en relación con el imperialismo yanqui, convertido en el principal enemigo del país. Es cierto que, durante los años de guerra, en Chile se produjo un relativo auge económico, pero este desarrollo benefició especialmente a las clases poseedoras. En la industria, durante el gobierno del Frente Popular, la participación de los obreros y empleados, a través de salarios y sueldos bajó. En el año 1940 esta participación en los ingresos era de 52%, en 1944 fue de 44%, y tomando la economía en su conjunto, los obreros y empleados que en 1940 recibieron 44,1% del ingreso nacional, en 1945 solo obtuvieron 42,6%. Pero quien más sintió los efectos de esta política del Frente Popular fueron los trabajadores agrícolas, cuyos salarios reales descendieron un 20% el año 1942.

El PC apoyó a González Videla

El gobierno de González Videla (1946-1952) no revirtió el proceso. Al contrario, la situación económica del período anterior, que había permitido cierto desarrollo industrial, se estancó. A diferencia del sexenio 1940-1946 en que la producción industrial se duplicó, en este período solo aumentó 50%. No obstante las posibilidades chilenas (por la acumulación de divisas no gastadas durante la guerra y el mejoramiento del precio del cobre), González Videla aprovechó esta situación para favorecer a los importadores de bienes de capital y frenar la producción nacional. En 1947, este mismo gobierno declaró al Partido Comunista fuera de la ley (pese a que le había brindado todo su apoyo), adecuándose así a la política inaugurada por Truman en escala mundial y que culminará con la Guerra Fría. De nada le valió al PC dedicarle odas al «Ángel Gabriel», por intermedio de su poeta Neruda. De nuevo la clase obrera vio reducido su salario real y de nuevo se vio al Partido Comunista desgarrando sus vestiduras por la «traición» al programa burgués, que el PC había incitado a votar[2].

Mientras tanto, las masas defraudadas por centésima vez, ganaron la calle reclamando contra el alza del costo de la vida (la inflación subió de 9% en 1945 a 30% y 23% en los años 1946 y 1947, respectivamente). En 1949, el aumento en el precio del boleto fue la gota que ayudó a llenar el vaso. El gobierno de Videla, que había instrumentado toda una legislación represiva, se lanzó sobre los «revoltosos». Los días 15, 16 y 17 de agosto de 1949 se vivieron en un clima de insurrección popular. Varios muertos y cientos de heridos fueron el saldo de estos enfrentamientos. El PS no oficialista fue reprimido y perseguido; el sector oficial, en cambio, votó con la bancada gubernista las facultades extraordinarias[3]. El partido Radical, que reflejaba a los nuevos sectores de la burguesía industrial surgidos durante la guerra, demostró, así, en los hechos, su incapacidad para darse una política independiente. En cambio, siguió los pasos de la vieja oligarquía en cuanto a los métodos represivos y a su falta de escrúpulos democráticos. Pero tampoco los partidos obreros pudieron encauzar este descontento y consolidar un auténtico movimiento revolucionario.

La guerra de Corea, al final del gobierno de Videla, ayudó a la burguesía chilena, quien a su vez retribuyó los favores al imperialismo yanqui. Gracias a un acuerdo entre ambos se fijó un precio tope para el cobre de 24,5 centavos de dólar por libra mientras durase el conflicto. Esto significó para el país otra pérdida de trescientos millones de dólares.

Ibáñez y la crisis inflacionaria de 1953

La recesión dentro de los EEUU, como consecuencia de la paz, también se hizo sentir en Chile. La inflación llegó a límites nunca alcanzados, terminando con las ilusiones creadas alrededor del general Carlos Ibáñez del Campo, que asume la presidencia en 1952. Este, que ya había gobernado en forma dictatorial durante la crisis del ’27, asumió el poder en un intento populista de reflejar en su conjunto a todos los sectores sociales. Ligado a la vieja estructura, pero en una época en que el imperialismo yanqui va ha entrado con todas sus baterías, ni bien ha llegado al gobierno debe dejar de lado toda su programática nacionaloide. El Perón chileno no pudo disfrutar de las condiciones económicas que le permitieron al auténtico otorgar las concesiones que le valieron la adhesión masiva de los obreros argentinos. Si bien Ibáñez usufructuó los beneficios que le reportó su apoyo a Corea del Sur, estos no fueron suficientes para impedir que la espiral inflacionaria llegase en 1955 a 88%. Esta crisis coincidió, no por casualidad, con la intensificación de la ofensiva yanqui en todo el continente. Y aunque el gobierno pretendió resistir esta penetración buscando acuerdos con Perón, tenía que fracasar porque no se apoyó en la movilización de los explotados sino en acuerdos diplomáticos. La misión Klein-Saks, que recorrió América para imponer la política económica de los yanquis, fue aceptada por el gobierno chileno. Si en el primer trienio Ibáñez utilizó la inflación para redistribuir el ingreso en favor de los sectores populares, en el segundo, actuando de acuerdo con la misión Klein-Saks, debió devolver a la burguesía y al imperialismo todas las concesiones que estos se habían visto obligados a dar. El «nuevo trato» firmado el 15 de mayo de 1955 fijó una disminución de 50% en la tributación que debía recibir el Estado en concepto de regalía o impuestos del cobre.

La «simplificación» de los tipos de cambio y la devaluación del peso chileno en casi 60% también fue una forma indirecta de favorecer a los inversores extranjeros. A su vez, los acuerdos económicos que alentaron las importaciones yanquis, empobrecieron al país descapitalizándolo y haciéndolo depender, cada vez más, de los préstamos otorgados por los organismos controlados desde New York o Washington. Esto explica que la presidencia de Ibáñez termine con un promedio de desocupación de 9% en la ciudad de Santiago y con un crecimiento de 8% de familias en los registros de las villas «callampas».

Mientras tanto, el movimiento obrero, que venía desde 1949 pugnando por superar su atomización, en 1955 creó la CUTCH (Central Única de Trabajadores Chilenos), presidida por Clotario Blest. La lucha por aumentos de salarios, por el pliego único, y por mayores libertades democráticas, fueron los ejes de reclamo. En mayo de 1954, cuando se agudizó la política restrictiva del ibañismo y la inflación desvalorizó los escasos salarios, el apresamiento de Clotario Blest sirvió para declarar una huelga general de 24 horas por su libertad y la de todos los presos sindicales y políticos.

Radicalización y surgimiento del FRAP

El Partido Socialista Popular, que se había retirado del gobierno en 1953, lanzó la consigna de Frente de los Trabajadores, y el primero de marzo de 1956 se firmó el acta de constitución del Frente de Acción Popular (FRAP) en el cual intervinieron el PC, el PSP, los Demócratas del Pueblo, y otros grupos menores. Evidentemente, el FRAP fue una consecuencia, por un lado, del giro cada vez más reaccionario de Ibáñez (paralelo a las exigencias de la burguesía chilena de hacer pagar la crisis a las masas explotadas, y a la penetración del imperialismo yanqui) y por otro, del proceso de radicalización de amplias capas de la clase media y del movimiento obrero, desilusionados con todas las variantes burguesas que habían sido incapaces de superar la crisis crónica de Chile. La reunificación del socialismo en una sola organización fue también producto de este doble fenómeno. Durante el año 1957 se repite la situación creada en 1949. Un nuevo alza en las tarifas de transporte desata la violenta reacción de los estudiantes que es acompañada por verdaderos levantamientos obreros y populares en Valparaíso y Santiago. Pero de nuevo este brote de rebeldía no será profundizado ni ampliado sino canalizado hacia la vía parlamentaria. Las elecciones de 1958 fueron el instrumento que los viejos partidos reformistas supieron utilizar para distraer a las fuerzas obreras del objetivo fundamental que debió ser la lucha por el poder.

Con Jorge Alessandri (que triunfó gracias a que el cura de Catapilco obtuvo 44.000 votos) se inicia una nueva ofensiva sobre las masas. Los trabajadores trataron de frenar esta ofensiva pero la conducción de la CUTCH y del FRAP impidieron que la resistencia se generalizara. El gobierno de Alessandri será el gobierno de la burguesía en su conjunto, de carácter oligárquico y proyanqui, pero que no representará los intereses de ningún sector en particular. El peligro del triunfo del FRAP obligó a la vieja oligarquía a transar con los sectores industriales, y a todos ellos, a entregarse atados al imperialismo dominante, Por eso, el gobierno de Alessandri será el más proimperialista de todos hasta ese entonces. No queremos decir que los anteriores fueran antiimperialistas sino señalar que por lo menos intentaron negociar su entrega. En cambio Alessandri llegó al extremo de querer liquidar el petróleo y la electricidad, lo que ningún otro gobierno había osado. Su sometimiento a los dictados de la OEA (expulsión de Cuba), la implantación del libre comercio (con la práctica eliminación de INACO), los préstamos solicitados a intereses leoninos, acentuaron aún más el carácter semicolonial.

Demás está decir que en esta etapa no surge ningún sector burgués, con relativa fuerza, que intente una resistencia efectiva. La débil burguesía nacional, productora de cobre y salitre que solo aporta 10% de la producción, representado por Cuevas Mackena (el resto está en manos del imperialismo), no puede erigirse como una oposición seria. Por su parte, el sector burgués industrial (semipesado) no tiene ningún escrúpulo en hacerse socio del imperialismo, entregando parte de sus acciones a los inversores yanquis, como en el caso de Huachipato. Y, por último, la industria liviana, la que trabaja especialmente para el mercado interno, también perjudicada por la entrada de nuevas importaciones, tampoco esbozó ninguna resistencia.

Esta situación es la que explica el FRAP. Los esbozos nacionalistas, que se sucedieron desde el Frente Popular de 1936-1945 hasta el ibañismo, no lograron plasmar ninguna organización fuerte y coherente. Al intensificarse la presión imperialista el allendismo será entonces el intento más firme de dar forma a esta corriente. No es una casualidad que entren a ella los sectores que acompañaron a Ibáñez en sus primeros años: el PC y el PS Popular (ahora unificado en el PS chileno); los mineros medianos, como Cuevas Mackena; el ala más populista del ibañismo (Foncea y Mamerto); una parte del Partido Radical , dirigido por Rudecindo; y el propio Partido Comunista.

El hecho de que los sectores más fuertes que integraron el FRAP fueran el PS. y el PC ha llevado a muchos a considerar esa estructura como un Frente Único Proletario. Este error se va a continuar posteriormente con la definición de la Unidad Popular, pero los marxistas tenemos la obligación de precisar las caracterizaciones de clase. El FRAP es un fenómeno muy contradictorio. Por un lado, por su programa, es un movimiento nacionalista burgués; pero, por otro, tiene una dirección pequeñoburguesa y no burguesa. Y el tercer elemento que ayuda a confundir es que la base social de este movimiento está dada por la clase obrera y sectores populares aglutinados en los dos partidos reformistas conocidos. En este sentido, es parecido al peronismo con la diferencia [de] que en Chile la clase obrera está integrada en esos dos grandes partidos obreros, aunque, como decimos, sean reformistas. De aquí que consideremos que el allendismo es un movimiento o frente nacionalista más que un frente único proletario, pese a que los sectores burgueses estén en minoría. Este último elemento es el que sirve para mostrar las diferencias con el frente popular del 36/45. En toda esta etapa la burguesía fue el eje de la coalición; los partidos obreros daban el voto y el apoyo, pero el Partido Radical era quien controlaba y dirigía todo. No solo el programa fue mucho más tibio, sino también la política instrumentada. Aguirre Cerda, cuando se firmó el acuerdo, se comprometió a iniciar la reforma agraria, y el PC, por su parte, a no organizar sindicalmente a los campesinos. Resulta obvio decir que Aguirre Cerda no hizo nada por entregar las tierras a quienes la trabajaban pero que el PC sí cumplió con la palabra empeñada. Esta diferencia es la que explica por qué las zonas agrarias siempre fueron la base de sustentación de la reacción y por qué ahora esta situación ha empezado a cambiar, como lo demuestran las últimas elecciones parlamentarias.

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«La revolución en libertad»: reforma agraria y Chilenización

Ya hemos dicho que nada de lo que sucede en América puede ser entendido si se olvida por un momento la estrategia delineada por el imperialismo yanqui. Pero dentro de esta estrategia también cuenta la de la Iglesia católica. En Chile, los partidos burgueses tradicionales no podían aparecer ante las masas como una perspectiva populista. Alessandri terminó su gobierno sin pena ni gloria. El radicalismo, a esta altura, ya no era más la fuerza de la década del ’40. La mejor perspectiva electoral, válida para el imperialismo, se la ofrecía la Democracia Cristiana. La Iglesia católica, después de la Segunda Guerra Mundial, consciente del cambio operado a escala internacional, también cambió. Su política para América, de apoyar a las viejas oligarquías terratenientes, ligadas incondicionalmente al imperialismo inglés, se recubrió con un manto «social», «desarrollista» para poder acompañar al nuevo imperialismo dominante e impedir el giro de amplias capas populares hacia posiciones más radicalizadas. Los partidos demócratas cristianos de base social pequeñoburguesa fueron los instrumentos de este reacomodamiento de la Iglesia.

El desarrollo neocapitalista, la incorporación de nuevas ramas de producción, como la química electrónica, automotor, etc., exigía la ampliación del mercado interno. De aquí la política de la Democracia Cristiana chilena. Sus intereses de clase, ligados al impulso de la industria posterior al año 1945, es la que la conduce al conocido planteo de la reforma agraria; reforma agraria muy bien vista por el imperialismo pero resistida por la Sociedad Nacional de Agricultura. Con esta política logra el apoyo de amplios sectores del campesinado, al mismo tiempo que importantes capas de la clase media y del proletariado, se ilusionan con la perspectiva que le ofrece el conocido slogan de REVOLUCIÓN en LIBERTAD. El triunfo de 1964 no puede sorprender, máxime si se tiene en cuenta que el alessandrismo decidió su apoyo en favor de Frei, junto con los liberales (después de la victoria parcial del candidato socialista, Naranjo, en un tradicional bastión conservador del sur de Chile, poco antes de las elecciones generales).

El «desarrollismo» impuesto por Frei no fue otra cosa que la adecuación nacional a la penetración del imperialismo yanqui. Su apoyo a la ALALC, impulsada por los norteamericanos, en su primera época, es parte de esa adecuación. Las inversiones públicas en empresas productoras de bienes de capital y no de consumo, como en el período de Alessandri, son también parte de la etapa abierta. La Democracia Cristiana, representa, entonces, los intereses de la burguesía y pequeñoburguesía chilena que se ligó al neocapitalismo. Su política de «nacionalización» del cobre fue parecida a la de Mobutu en el Congo: se hizo en total acuerdo con el imperialismo, es más, con gran beneplácito, la revista empresarial Hansons American Letters, refiriéndose a los acuerdos, dejó establecido:

«Ningún gobierno (se refiere al chileno) de extrema derecha había tratado con la generosidad con que lo hizo Frei a las empresas norteamericanas, en los convenios que firmó».

Su tratamiento, excesivamente favorecedor, fue tan falto de equilibrio y de juicio y fue tan perjudicial para los intereses de Chile, que casi provocó la hilaridad en Washington. André Gunder Frank y Gladys Díaz en un documento, suplemento de Punto Final n.° 105, consideran, exhaustivamente, lo que las empresas recibieron gracias a la «nacionalización del cobre» hecha por Frei. Dentro de los datos aportados se incluye el sobreprecio pagado como producto de la chilenización. Para que tengamos una idea debemos saber, por ejemplo, que el valor de libros de El Teniente [mina de cobre] en el año 1963 era de 65 millones y en 1967 de 72 millones. Sin embargo, el gobierno de la Democracia Cristiana aceptó un sobrevalúo de la mina de 160 millones, lo que significó pagar 81 millones por solo 51% de las acciones. Allende, en su discurso del 21 de mayo de 1971, precisó cómo, después de la chilenización, las empresas aumentaron sus ganancias en forma fabulosa. La Braden Copper Co., que se convirtió en la Sociedad Minera El Teniente, pasó de 8.5 millones en 1965 a 40.5 millones en 1970 y la Anaconda Co. aumentó sus ganancias de 187.8 millones durante el trienio 1965-1967 a 239.8 en el trienio 1968-1970. Pero aquí no termina todo. Durante la administración Frei se hizo gran propaganda sobre la expansión de la minería y sobre una inversión de 600 millones de dólares que harían las firmas extranjeras. Cuando Allende asumió el poder se descubrió que las empresas mixtas adeudaban 632,4 millones. Pero lo peor de todo fue que la producción había permanecido prácticamente estancada.

Gunder Frank y Gladys Díaz terminan resumiendo lo que el imperialismo yanqui debería al pueblo chileno. En concepto de valor no retornado, deducido las inversiones, más la diferencia por precios del cobre fijados unilateralmente por los EEUU durante la[s] guerra[s] de Corea y Vietnam, más las diferencias de valores debido a depreciaciones, se suman en total 3.100 millones de dólares. Si a esta cantidad le agregamos los 3.000 millones de intereses que corresponderían por esta estafa, la cifra total alcanzaría los 6.100 millones de dólares. Evidentemente, el gobierno de Frei no fue el más idóneo para defender los intereses nacionales cuando acordó la chilenización del cobre.

Ascenso del movimiento de masas

La revolución sin sangre que prometió Frei se transformó al final en sangre sin revolución. A partir de 1967 comienza un nuevo ascenso de masas que se traduce en cerca de 2.500 conflictos que involucraron más de 2 millones de días-hombre de huelga. Este ascenso continuó durante todo el ’68 y el ’69; 3.024.000 días hombre en huelga «ilegal» y 931.000 días en huelga «legales» son el resultado de esta efervescencia popular en este último año. Los conflictos de Mademsa Madeco y Fensa, y las ocupaciones de Metalpar, Famela y Somela culminan en mayo-junio de 1969 con los de la Marina Mercante Nacional y ferroviarios, y con la primera gran huelga nacional campesina (mayo de 1969).

A las luchas del movimiento obrero se les unen, ahora, la de los campesinos y la de los pobladores de las villas «callampas», La ocupación de terrenos en Santiago (Barrancas, La Reina, Conchalí, etc.), en Concepción (Partal y San Miguel), y la masacre de la población de Puerto Montt son los signos evidentes que muestran, por un lado, el carácter de clase del gobierno de Frei, incapaz de solucionar los problemas más urgentes de los sectores sumergidos, y, por otro, el espíritu de lucha generalizado de esta misma población expoliada. De 94.000 obreros agrícolas que había en 1936, se pasa a 250.000 para esta fecha; y mientras el sector inquilino bajó de 107.000 a 76.000 los minifundistas suben a cerca de 200.000. Esto explica que, al conjuro de la acción demagógica de la DC se haya aumentado también el número de los sindicalizados. Al 31 de diciembre de 1969 había 394 sindicatos con 103.644 afiliados. Este proceso se expresó, como hemos visto, con la primera gran huelga general por un pliego único. Pero el signo de la época está dado por las numerosas y repetidas ocupaciones de fondos. En 1969 hay 25 ocupaciones en la zona de Norte Chico, 44 en la zona de Melipilla, y otro tanto en Curicó. La toma de rehenes y la formación de barricadas fue una de las manifestaciones del alza campesina.

Por su parte, el movimiento de pobladores de esta etapa comenzó a tomar impulso en los años ’50. Un antecedente fue el que tuvo lugar en la década del ’20 al ’30 cuando la crisis agraria y del salitre llevó a numerosas familias hasta los principales centros urbanos. De esta época son los «conventillos». El actual movimiento de pobladores fue alentado por el proceso de industrialización que se extendió desde el ’40 hasta el ’60. Nuevas familias del interior se instalaron principalmente en Santiago y Concepción, con la esperanza de encontrar trabajo. Este proletariado y semiproletariado es el que alimentó las tomas de barriadas que contribuyen a crear el clima revolucionario que hoy vive Chile.

El otro sector importante que ayudó a la radicalización general fue el estudiantado, aunque a partir de 1969, por la conducción nefasta del PC y PS, cayó en el electoralismo y en el discusionismo alrededor de la célebre reforma universitaria, política que terminó dándole el triunfo a la democracia cristiana, en las últimas elecciones para Rector de la Universidad Central.

El año 1967, como hemos dicho, marca un salto cualitativo en la lucha de masas. Estas, que venían siendo defensivas, pasan a ser ofensivas. El deterioro económico es la base sobre la que se asienta este nuevo ascenso, que se extiende durante el ’68 y el ’69 y que culminará con el triunfo electoral del ’70. Sobre esta situación de conjunto se estructurará la Unidad Popular.

Surgimiento y triunfo de la Unidad Popular

El fracaso de la «revolución en libertad» revitalizó el acuerdo entre el partido socialista y [el] comunista para canalizar el ascenso de las masas hacia la compulsa electoral. La unidad popular, por su programa, su composición y su dirección, tiene las mismas características que el FRAP de 1958. Es decir, más que un Frente Único Proletario es un Frente Nacionalista cuyo rasgo particular es que lo constituyen, fundamentalmente, los dos grandes partidos obreros reformistas, pero en un período de profunda agudización de la lucha de clases y de ascenso general. Este hecho, y que sean ellos quienes controlen la dirección, lo distingue del Frente Popular de 1936. Lamentablemente, la terminología usada por el stalinismo ha servido para confundir a toda la izquierda. Los frentes populares sumieron especialmente en Europa después [de] que Hitler subiera al poder en Alemania y [de] que la burocracia soviética, espantada, volviera a dar un viraje hacia la derecha en busca de las burguesías antifascistas v democráticas. La máxima expresión de esos frentes populares se dio en Francia. Trotsky lo definió como la coalición del proletariado con la burguesía imperialista. Tanto el partido comunista como el partido socialista francés se prestaron a este juego. Y el partido Radical, partido de la clase media al servicio de la política imperialista de la burguesía francesa, lideró todo el proceso que culminó con el triunfo electoral, y, por esta vía, maniató al movimiento obrero que permanecía detrás de los partidos comunista y socialista. Esta caracterización no se aplica ni al FRAP del ’58 ni a la Unidad Popular del ’70. Esto no quiere decir que en los países coloniales o semicoloniales no puedan darse frentes populares. Nosotros reconocemos que en la Unidad Popular hay elementos frentepopulistas y que, en la medida [en] que el gobierno de Allende se acerca al kerenskismo, estos rasgos se acentuarán. Pero, así como estamos en contra de considerar toda alianza de las organizaciones obreras con la burguesía un «frente popular», también estamos en contra de definir como antiimperialista a todas las variantes burguesas de países coloniales y semicoloniales. Todo análisis es concreto. El proceso nacionalista chino culminó con el gobierno fascista de Chiang kai-Shek. Pero sería incorrecto decir que Trotsky se equivocó cuando lo definió como un movimiento nacionalista. Para nosotros, la Unidad Popular en este momento, configura un amplio movimiento democrático antiimperialista y agrario, con dirección pequeñoburguesa, en el que casi la totalidad de la clase obrera, parte del campesinado y sectores importantes de la clase media juegan un papel principal. Las concesiones, innegables, otorgadas a los trabajadores por el gobierno de Allende le dan un carácter bonapartista sui-géneris pero, al mismo tiempo, al depender tanto de las organizaciones obreras, políticas y sindicales, se resiente su rol de árbitro entre el imperialismo y las masas explotadas, para adquirir rasgos kerenskistas.

Quienes opinan que con la ascensión de la Unidad Popular quedó establecido un gobierno obrero reformista pluripartidario, o, más tímidamente, que no es burgués, sin aclarar nada más, están equivocados. La burguesía chilena en su conjunto aceptó, o toleró, la instalación de Allende en la Casa de La Moneda, y este decidió gobernar dentro de las estructuras legales burguesas: con el parlamento, la policía, el ejército y la justicia burguesa. Por otra parte, el parlamento con mayoría de la burguesía opositora también es parte del gobierno de Allende. ¿Cómo es posible desconocer, entonces, este hecho? Después de Octubre, con la incorporación de los ministros militares al gabinete, ya no pueden quedar dudas.

Pero tan peligrosa como esta interpretación oportunista es la variante sectaria que es incapaz de determinar las diferencias entre este tipo de gobierno burgués y los que ya gobernaron Chile. Es evidente que, independientemente del consenso burgués, y de los esfuerzos del Partido Comunista para llegar a un acuerdo con la Democracia Cristiana, los choques han aumentado, acentuando las contradicciones entre la burguesía opositora y los sectores populares. Los sucesos de Octubre también sirven, para visualizar los rasgos kerenskistas que nosotros destacamos. Si con los elementos del poder dual y de guerra civil que aparecieron no se culminó en una guerra abierta fue por dos motivos: por un lado, por la acción conciliadora del propio Allende y de los dos partidos mayoritarios, que hicieron todo lo posible para frenar la movilización y organización de los trabajadores; y, por otro, por la habilidad de la burguesía opositora, que supo mantener el proceso dentro de los marcos burgueses a la espera de los futuros resultados electorales. Pero estos hechos no deben minimizar lo que significó el triunfo electoral de 1970 y la etapa que quedó abierta.

El nacionalismo de Allende es parte de un fenómeno americano

La nacionalización de toda la gran minería, incluido el cobre, el hierro, el carbón, el salitre y el cemento, no puede ser ocultada con el argumento de que se ha hecho en sectores donde el imperialismo no quiere invertir más o con el que las indemnizaciones prometidas superan ampliamente el costo de las empresas estatizadas. Reconocer el tremendo paso positivo de estas nacionalizaciones no significa que consideremos al gobierno que las ha concretado como revolucionario u obrero sino que sirve para certificar que el gobierno de Allende se diferencia del de Frei, precisamente, por su carácter nacionalista. La chilenización de la democracia cristiana, estuvo al servicio de los monopolios. Las nacionalizaciones de Allende, en cambio, los golpeó. Pero, insistimos, este reconocimiento no quiere decir que depositemos la más mínima confianza en el gobierno de Allende o en los burócratas encargados de dirigir la industria estatizada. Hoy, más que nunca, se debe tener una política revolucionaria: partir del apoyo a cada medida antiimperialista concreta, pero al mismo tiempo exigir que sea el movimiento obrero quien controle las fuentes de producción que han pasado a poder del Estado. Esta será la única manera [de] que las nacionalizaciones se pongan al servicio de las masas.

La política nacionalista burguesa de la Unidad Popular también se manifiesta en otras medidas. El sistema bancario fue nacionalizado quedando el 90% del crédito en manos de la banca estatizada. Unas 90 fábricas pasaron a la esfera social de mixta (aunque sucesivas aflojadas han hecho bajar esta cifra, actualmente en discusión). De acuerdo con los datos oficiales, estas fábricas del área social absorbieron 20% del producto realizado por toda la industria y un 18% del empleo industrial. A su vez, el Estado controla, actualmente, 85% del comercio exterior de exportaciones y 45% de las importaciones. Política que ha servido para disminuir la desocupación, que pasó de 7,2% (1970) a 3,9% en 1971. El poder adquisitivo de los sectores populares también creció durante este año: un 12% para los empleados y un 38% para los obreros agrícolas e industriales. En el terreno habitacional hubo progresos manifiestos: durante el primer año del gobierno de Allende, contrataron arriba de 100.000 habitaciones en contraste con las 25.000 construidas en 1970. Las posibilidades dentro de la enseñanza aumentaron de acuerdo con los siguientes porcentajes de matrículas: 5,1% en la enseñanza media, 21,1% en la enseñanza media humanista, 37,1% en la enseñanza media profesional, y 28% en la enseñanza universitaria. En el campo se dinamizó la reforma iniciada por el freísmo: se expropiaron 1.400 latifundios con una extensión aproximada de 2.300.000 ha, que constituyen aproximadamente 30% de la tierra agrícola. A todas estas medidas hay que agregarle los organismos de participación que fueron creados en las diversas empresas controladas por el Estado. Y aunque la mayoría funciona burocráticamente y la representación obrera es minoritaria, que existan consejos de administración significa que pueden ser utilizados por las organizaciones revolucionarias para favorecer el desarrollo de la conciencia de que los trabajadores tienen que convertirse en los únicos administradores del país.

Independientemente de que estos datos puedan ser exagerados por las fuentes oficiales, es evidente que el gobierno de Allende no debe ser considerado como un gobierno burgués más o, lo que es peor aún, análogo a los frentes populares que se dieron en los países imperialistas como Francia o los EEUU en la década del ’40. En Revista de América hemos intentado dar una explicación de la aparición de estos fenómenos que, como el de Velazco Alvarado en Perú, Torres en Bolivia, y ahora el de los militares uruguayos, vienen sacudiendo el continente. Para nosotros, el allendismo es parte de una situación de conjunto de toda América, producto de un doble hecho: por un lado, la intensificación de la ofensiva imperialista, y, por otro, el tremendo ascenso de las masas, urbanas y del campo. El desarrollo neocapitalista, v por consiguiente, la ligazón estrecha de los monopolios con el Estado, unido al surgimiento de nuevas ramas de producción como la del automóvil, petroquímica, electrónica, etc., y el copamiento de los organismos de crédito, también se dio en Chile.

Vitale, en su folleto sobre el resultado de las elecciones del ’70 titulado “¿y después del 4, Qué?”, confirma esta tendencia cuando en la pág. 27 menciona a los inversionistas imperialistas en las nuevas ramas de producción. De allí sacamos los siguientes datos: en metalurgia, los monopolios imperialistas han invertido, en los últimos años, en Inchalam, American Screq y Siam di Tella; ADELA, por su parte, ha comprado acciones en CINTAC y COMPAC. En la industria automotriz la Rockqell Standard se asoció con dos compañías chilenas y controla la producción de piezas y repuestos. La General Motors invirtió a través de la Automotora Pacífico, la Ford a través de Chile Motores, y la Chrysler por intermedio de Automotora Chilena y Nun German. Estas inversiones también han llegado a industrias tradicionales como las de la alimentación y bebidas, pero lo importante es señalar los rubros nuevos: en explosivos está la Dupont; en electrónica Phillips, RCA y Electromet; en siderurgia Armco; en química y farmacia, Pfizer, Parke Davis y Lepetit; y así sucesivamente. En 1967 la Dow Chemical entró en el país para explotar los derivados del petróleo y hoy día controla 70% de las acciones.

Es esta penetración y el ascenso de masas que lo acompaña a partir del ’67 quienes aceleran todas las contradicciones de la sociedad chilena. No es casual entonces que el allendismo se revitalice al compás de esta situación y se convierta en la máxima expresión de ese fenómeno nacionalista que se generaliza en América precisamente a partir del año 1968. Los últimos planteos de los militares uruguayos corroboran nuestra caracterización. Pero si nos detenemos en ella no es por un mero entrenamiento intelectual. Definir el carácter de este fenómeno es importante para darnos una política correcta.

Necesidad de una caracterización correcta ante un fenómeno contradictorio

Está claro que si pusiéramos un signo igual entre el actual gobierno de Allende y el que surgió en Francia con León Blum en 1936, estaríamos cometiendo un error imperdonable. El gobierno de León Blum fue el gobierno de una burguesía imperialista ejercido a través del partido radical francés que contó, eso sí, con el apoyo de los partidos socialistas y comunistas. En cambio, el gobierno de la Unidad Popular es el gobierno de un movimiento nacionalista en un país explotado por el imperialismo. En el trabajo de Trotsky que publicamos en esta misma revista se señala lo siguiente: «El régimen interno en los países coloniales y semicoloniales tiene un carácter predominantemente burgués. Pero la presión del imperialismo extranjero altera y distorsiona de tal manera la estructura económica y política de estos países que la burguesía nacional (aun en los países de Sudamérica, políticamente independientes) solo parcialmente llega a la altura de una clase dirigente. La presión del imperialismo sobre los países atrasados no cambia, es verdad, su carácter social básico, dado que los opresores y los oprimidos representan solo diferentes niveles de desarrollo en una misma sociedad burguesa. No obstante ello, la diferencia entre Inglaterra y la India, Japón y China, los Estados Unidos y México es tan grande, que diferenciamos estrictamente entre países burgueses opresores y oprimidos, y consideramos nuestro deber apoyar a los últimos contra los primeros. La burguesía de los países coloniales y semicoloniales es una clase semidirigente, semioprimida»[3]. Este es el caso de Chile con Allende y no el de Francia con Blum. Por eso nos negamos a reconocer que el Frente Popular de Francia es lo mismo que la Unidad Popular Chilena. Pero esta cuestión nos lleva a otra: la de saber determinar con métodos objetivos el «grado de nacionalismo» o el «grado de progresividad» de estos movimientos nacionalistas. Es también Trotsky, en el trabajo que citamos, quien nos da los elementos para orientarnos. Allí se dice: «El carácter de una organización de trabajadores, como un sindicato, está determinado por su relación con la distribución del ingreso nacional (el subrayado es nuestro). El hecho de que Green y Cía. defiendan la propiedad privada de los medios de producción los caracteriza como burgueses. Si estos caballeros además defendieran la ganancia de la burguesía de los ataques por parte de los obreros; si ellos dirigieran una lucha contra las huelgas, contra la elevación de los salarios, contra la ayuda a los desocupados, entonces tendríamos una organización de carneros y no un sindicato. Sin embargo, Green y Cía., a los efectos de no perder sus bases, deben dirigir, dentro de ciertos límites, la lucha de los trabajadores por un aumento o, al menos, contra una disminución de su porción del ingreso nacional (el subrayado es nuestro). Este síntoma objetivo es suficiente en todos los cargos importantes para permitirnos trazar una línea de demarcación entre el sindicato más reaccionario y una organización de carneros. Estamos obligados, así, no solo a llevar adelante un trabajo dentro de la AFL sino también a defenderla de los carneros, el Ku-Klux Klan y otros semejantes».

Nosotros creemos que esto se aplica a la Unidad Popular con respecto al imperialismo y a las fuerzas proimperialistas en Chile. La diferencia entre el gobierno burgués de Allende y el de Alessandri o de Frei, debe medirse por su relación con la distribución del ingreso nacional. Mientras estos últimos permitieron que el imperialismo se llevara la mayor parte del ingreso nacional, Allende, aunque con métodos y procedimientos burgueses, retaceó ese drenaje, y por eso nosotros decimos que todo pequeño grupo revolucionario que actúe en Chile debe tener hacia el allendismo la misma política que Trotsky recomendaba para los sindicatos en manos de burócratas burgueses. Es decir, todo pequeño grupo revolucionario está obligado no solo a llevar adelante un trabajo dentro de este movimiento nacionalista sino a defenderlo de los ataques de la reacción y de cualquier posible golpe de estado. Claro que nosotros no confundimos un sindicato, que es un organismo de frente único obrero, con un movimiento nacionalista. Pero, en este sentido, tampoco lo confundían Lenin y Trotsky, quienes señalaban que el Frente Único Proletario preconizado en los países occidentales correspondía al Frente Único Antiimperialista de las colonias orientales. Así como Lenin y Trotsky impulsaban a trabajar dentro de los sindicatos burocratizados, pero sin capitular ante sus dirigentes y su ideología, también recomendaban total y absoluta independencia en el frente antiimperialista: «Solo si se reconoce esta importancia autónoma y si conserva su plena independencia política, son admisibles, y aún indispensables, los acuerdos con la democracia burguesa»[4].

Pero lo que tampoco hay que olvidar es lo que estos dos grandes maestros señalaban en las conocidas Tesis de Oriente: «Los partidos comunistas de los países coloniales y semicoloniales que están aún en estado más o menos embrionario deben participar en todo movimiento apto que les abra un camino a las masas» (el subrayado es nuestro)[5].

Sabemos que esta política plantea el peligro de caer en el oportunismo, pero el no ver el carácter contradictorio, desigual, combinado, que se da en los países coloniales y semicoloniales, donde hay que resolver tareas democráticas y de liberación nacional y tareas de transición al socialismo, junto con la construcción del partido revolucionario, también se puede caer en el peligro opuesto: en el del sectarismo. Lo lamentable es que no ha habido muchas experiencias en las cuales podamos inspirarnos. El dominio stalinista, después de la muerte de Lenin, ha prostituido tanto el marxismo que hoy resulta difícil encontrar ejemplos de una política correcta. Las tesis de los cuatro primeros congresos de la III Internacional siguen siendo una guía para la acción, lo mismo que los escritos de Trotsky. Por eso debemos recordar, una vez más, lo que decía este último a propósito del gobierno de Cárdenas en México:

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«En los países industrialmente atrasados el capital extranjero juega un rol decisivo. De aquí la debilidad relativa de la burguesía nacional. Esto da origen a condiciones especiales de poder estatal. El gobierno oscila entre el capital extranjero y el doméstico, entre la débil burguesía nacional y el proletariado relativamente poderoso. Esto confiere al gobierno un carácter bonapartista «sui géneris», un carácter distintivo. Se eleva, por decirlo así, por encima de las clases. En realidad puede gobernar convirtiéndose en instrumento del capital extranjero, y aherrojando al proletariado con las cadenas de la dictadura policial o bien maniobrando con él hasta llegar a hacerle concesiones y obtener, así, la posibilidad de cierta independencia respecto de los capitalistas extranjeros». Y continuaba: «La política actual del gobierno mexicano, está en la segunda etapa: sus más grandes conquistas son las expropiaciones de los ferrocarriles y de las industrias petrolíferas. Estas medidas permanecen dentro del dominio del capitalismo de Estado. Sin embargo, en un país semicolonial el capitalismo de Estado se halla bajo la fuerte presión del capital extranjero privado y de sus gobiernos y no puede mantenerse sin el apoyo activo de los obreros. Por esto intenta, sin dejar que el poder real escape de sus manos, colocar sobre la organización obrera una parte considerable de la responsabilidad por la marcha de la producción en las ramas nacionalizadas de la industria»[6]. ¿No es este, también, el caso de Chile en estos momentos? Ciertamente que sí.

¿La nacionalización del cobre, salitre, hierro y cemento, no corresponden a las nacionalizaciones del petróleo y los ferrocarriles hechas durante el gobierno de Cárdenas y que Trotsky las calificó como «sus más grandes conquistas»? ¿Es cierto o no que el gobierno de Allende se «halla bajo la fuerte presión del capital extranjero privado y de sus gobiernos», y que «no puede mantenerse sin el apoyo activo de los obreros»? Si esto no fuera así, ¿cómo explicamos los intentos de la ITT para provocar un golpe de estado que le cerrara el paso a Allende hacia la asunción del mando; o las acciones judiciales de la Kennecot, tratando de embargar el cobre vendido por el Estado chileno, o que el imperialismo yanqui haya reducido sus compras a Chile y mantenga sus relaciones diplomáticas congeladas? Y, por último: ¿cómo explicamos que toda la burguesía chilena se haya plegado a la huelga general de los patrones camioneros y del comercio que en octubre de 1972 provocaron un pérdida de más de 200 millones de dólares?

Las limitaciones del allendismo

No obstante considerar que ya hemos insistido lo suficiente sobre las limitaciones de todo movimiento burgués como para no dejar dudas sobre la política que recomendamos, volvemos sobre un párrafo de la Tesis de Oriente, que compartimos totalmente, para mostrar que estas mismas limitaciones se aplican al régimen allendista: «Los nacionalistas burgueses tienen pavura a las consignas agrarias y las escatiman tanto como les es posible (India, Persia, Egipto), lo que prueba la estrecha ligazón que existe entre la burguesía nativa y la gran propiedad feudal y feudal burguesa: esto prueba, además, que ideológica y políticamente los nacionalistas dependen de la propiedad de las tierras». «Estas dudas e incertidumbres deben ser utilizadas por los elementos revolucionarios para una crítica sistemática y de denuncia de la política híbrida de los dirigentes burgueses del movimiento nacionalista. Es precisamente esta política híbrida la que impide la organización y la cohesión de las masas trabajadoras, como lo prueba la quiebra de la táctica de la resistencia pasiva en India»[7]. Si bien aquí se habla de la burguesía nacional en relación con el problema de la tierra, la caracterización se puede extender a todos los terrenos. Las experiencias de Paz Estenssoro en Bolivia del ’52 y la de Torres veinte años después, la de Haya de la Torre en Perú y la de Perón en la Argentina hacen innecesario que nos extendamos más para demostrar el carácter dubitativo, híbrido, de las burguesías nacionales frente al cumplimiento de las tareas democráticas burguesas. Es decir, nuestra caracterización del allendismo como un movimiento nacionalista, agrario, democrático y antiimperialista con dirección pequeñoburguesa no significa que subestimemos las limitaciones que Lenin y Trotsky ya le señalaban a las burguesías nacionalistas de Oriente en los primeros años de la década del veinte. Por el contrario. Por eso nos detendremos un poco en el análisis de la política económica de la Unidad Popular, para ver algunas de las limitaciones de la llamada «vía chilena».

El primer año de gobierno fue de euforia. La nacionalización del cobre y demás fuentes naturales le reportó a Allende 60 millones de dólares de ganancia, que, por primera vez, no fueron remitidos al exterior. Estos 60 millones sirvieron para hacer una mejor redistribución de la riqueza. Gracias a ella, el consumo familiar pudo aumentar en un 13% llegando a 60% la participación de los salarios en el producto nacional. Pero en el segundo año se observó que estas medidas no eran suficientes. La espiral inflacionaria, acentuada por la baja del precio del cobre y por la necesidad de comprar más productos alimenticios en el exterior (ya eran deficitarios en el gobierno de Frei), alcanzó límites imprevistos. Ante esta situación, la Unidad Popular decidió autorizar nuevos aumentos de salarios y tolerar la suba de los precios en las industrias no estatizadas. Esta política, evidentemente, no solo favoreció a los obreros sino a la burguesía industrial (especialmente al sector «intermedio» o «dinámico») y a la burguesía comercial, que se beneficiaron con un mayor poder adquisitivo de las masas y con la congelación de los precios de los artículos elaborados en las fábricas que habían pasado al área social. El mantenimiento de estos precios políticos fue dirigido a esos sectores burgueses que, pese a todo, no pudieron ser ni ganados ni neutralizados, como era el objetivo de los «cerebros» de la Unidad Popular, puesto que su política también era bien concreta: que toda la plusvalía restada al imperialismo, gracias a las nacionalizaciones, se redistribuyera solo entre ellos y no entre ellos y el movimiento de masas. Mientras que Allende hacía aumentar los ritmos de producción, y la producción en sí batía todos los récords, creando la ilusión [de] que esa era la forma de edificar el socialismo, el mismo Allende dejaba que la comercialización y distribución siguiera en manos de la «burguesía nacional». Los sucesos de octubre son suficientes para demostrar para qué sirvió esta política claudicante.

Paralelamente, la falta de los artículos más indispensables fue utilizada por toda la oposición. Las manifestaciones callejeras de los sectores de clase alta al tan-tan de las cacerolas vacías se convirtieron desde mediados del año 1972 en el mejor instrumento de la agitación reaccionaria. El gobierno, en vez de continuar con su plan de nacionalizaciones, limitó su primer objetivo. De 200 fábricas que se estimaba pasarían al área social, se bajó a 90 y, últimamente, el ministro comunista de Economía, presentó por su cuenta otro proyecto limitándolas a 44. Con respecto al plan de crear una red estatal de distribución también se dio marcha atrás. Asustado por la huelga de camioneros, Allende se comprometió a mantener la privatización y no habló más de crear un organismo oficial que controlase toda la distribución. Estas concesiones en el plano económico, como no podía ser de otra manera, tuvieron su correspondencia en el plano político. El gobierno de la UP en vez de desarrollar los organismos de poder obrero, única manera de frenar la embestida patronal, decidió incorporar a las fuerzas armadas en el gabinete nacional. No se necesitan más pruebas para determinar, entonces, el carácter del gobierno allendista y sus limitaciones.

Ofensiva de la oposición burguesa proimperialista

Estas aflojadas que señalamos, fueron las que le permitieron al conjunto de la burguesía opositora pasar a la ofensiva a mediados del año pasado, ayudada por todos los problemas económicos concretos que enfrentó la unidad popular. El bajo precio del cobre, que pasó de 60 centavos la libra en 1970 a 47 centavos en 1971, ayudó a agudizar la crisis. El bloqueo del imperialismo y su negativa a refinanciar la deuda dejada por Frei, que llegó a los 4.000 millones de dólares, también fueron utilizados por la oposición burguesa. Aunque hoy día constituyen un bloque unido alrededor de la CODE (Confederación Democrática) es dable observar diferencias. El Partido Nacional, que lidera Alessandri, refleja los intereses de la antigua oligarquía terrateniente y de los viejos monopolios de la época de los conservadores y liberales. Unido a restos del radicalismo, constituyen el ala más recalcitrante de la patronal chilena, [la] que últimamente ha estado jugando al golpe de estado. La democracia cristiana, por su parte, reúne a los nuevos sectores burgueses, y pequeñoburgueses, ligados a la penetración neocapitalista. A través de todos los puestos claves que detentan en la conducción económica, estos dos partidos intensificaron su ofensiva. Las marchas de las cacerolas culminaron en la huelga de Octubre y aunque no podamos precisar si hubo profundas diferencias entre ellos a favor o no de un golpe de estado, lo cierto es que utilizaron el paro general para tratar de deteriorar el régimen de Allende.

Indudablemente, los resultados del 4 de marzo, ahora, han revitalizado a la Unidad Popular. Las masas, al votar contra el imperialismo, respaldaron al gobierno, quien se ha fortalecido relativamente, como lo demuestra el alejamiento de los militares de las funciones gubernativas. No obstante, la burguesía opositora sigue teniendo todos los medios para continuar su escalada. Si bien las masas han derrotado una vez más los planes de la reacción, la batalla no está definitivamente ganada.

La burguesía tiene en sus manos todos los resortes para asegurarse que Allende no supere los marcos impuestos por el acatamiento a las leyes del régimen. El Estado burgués está intacto.

Los esfuerzos que hacen los epígonos del PC para demostrar que en Chile se están echando las bases de algo inédito chocan con esta realidad aplastante. Las dos Cámaras, estando en manos de la oposición, sirven lo mismo que el control del Poder Judicial y la Controlaría General para trabar toda posible acción demasiado audaz del actual gobierno de la Unidad Popular. Pero la garantía de las garantías es que el Ejército y la Policía sigan estando en manos de los agentes de la burguesía. A este respecto nadie puede desconocer que también los ejércitos americanos han sido sacudidos por la penetración imperialista y el ascenso de masas. Al ejemplo de Perú y Bolivia ahora se le agrega el del Uruguay. Por eso no descartamos que en Chile también haya un sector del ejército que concuerde con las medidas nacionalistas adoptadas por el gobierno de Allende. Pero deducir de aquí que este ejército va a permitir pacíficamente el traspaso de toda la propiedad privada al Estado no es solo una concepción utopista sino reaccionaria. Lamentablemente el PC chileno considera que la integración del ejército a las tareas gubernativas es un hecho positivo. Para nosotros, ese hecho no es más que la confirmación de la caracterización del gobierno de Allende, y no seríamos revolucionarios si no alertáramos diciendo que esta integración fue una concesión a la burguesía proimperialista en detrimento de los intereses de las masas.

La CUTCH, ese monstruo burocrático

Otro de los factores que ha estimulado el fortalecimiento de la reacción ha sido la actitud francamente frenadora de la central obrera chilena. No obstante su peso y fuerza potencial, la CUTCH no ha jugado en los últimos sucesos ningún papel de vanguardia. Si tenemos en cuenta las cifras aportadas por Clotario Blest (ex secretario general), recogidas por Luis Vitale, de los 2.694.100 trabajadores que constituyen la cifra total de la fuerza de trabajo chilena, 27,4% están sindicalizados, es decir, 738.261 trabajadores, entre públicos y privados, están organizados dentro de la CUTCH. Pero estas cifras, con ser altas, no se han expresado, gracias a la conducción burocrática que los partidos comunista y socialista le han impreso a la central.

Antes de la subida de Allende, la CUTCH era utilizada como un organismo de presión pero nunca como una herramienta de lucha consecuente para movilizar a las masas para la toma del poder. En este sentido, la central única en manos de socialistas y comunistas se diferenciaba muy poco de la CGT argentina. Los vicios parlamentaristas que caracterizan casi toda la vida política de los dos partidos con mayoría obrera también pudrieron la vida sindical. El arribo de Allende al poder no cambió los métodos de esa conducción burocrática. Ella fue quien acordó directamente con el gobierno la política salarial, pero ni las masas ni sus organismos de bases participaron en su instrumentación. Cuando la inflación y la especulación llegaron a límites intolerables, el gobierno creó las JAP (Juntas de Abastecimientos y Precios), no obstante la dirección de los trabajadores se cuidó muy bien de exigir para sí todo poder de decisión sobre los especuladores y acaparadores. Pero cuando más se vio el peso mastodóntico de este aparato burocrático fue durante la huelga de los patrones, en octubre de 1972. Conscientemente, la burocracia de la CUTCH no hizo nada para movilizar sus efectivos, y los obreros, que estaban dispuestos a salir a la calle para reabrir los comercios y poner en marcha los camiones, fueron frenados mientras que los dirigentes comunistas «estuvieron a la vanguardia» para hacer cumplir las órdenes desde arriba. Son conocidos los casos de trabajadores, fundamentalmente los de la construcción, que protestaron contra las trabas impuestas. También se puede apreciar el papel burocrático de la CUTCH en los Consejos de Administración de las fábricas pertenecientes al área social. Es cierto que el Gobierno ha creado estos consejos, pero no debemos engañarnos: ellos no están en manos de los obreros ni mucho menos. La burocracia y los técnicos son quienes dirigen las fábricas, pero lo peor es que la central sindical no tiene ninguna política al respecto: la consigna de control obrero no forma parte de sus reivindicaciones.

Los partidos comunista y socialista al servicio del nacionalismo burgués

No es extraño que suceda esto. La política de la dirección de la CUTCH es una resultante de la política de los partidos de la Unidad Popular. Tradicionalmente, la dirección del PS ha estado más a la izquierda que la del PC. Actualmente también es así, pero, como ya hemos visto, sus respectivas trayectorias no los diferencia sustancialmente. Hoy día la situación es más dramática porque ambos controlan el gobierno. Desgraciadamente, todos los hechos demuestran su capitulación ante los intereses burgueses. Ante la inflación y la especulación desatadas, los dos partidos coincidieron en una sola medida: autorizar el alza de los precios y correlativamente el de los salarios. Esta decisión, que aparentemente parecía favorecer a los sectores populares, fue motivada fundamentalmente por el interés de transar con los sectores industriales y comerciales de la burguesía, a quienes se estimuló para que interviniesen en el área privada al compás de los mejores precios autorizados. Orlando Millas, miembro del PC y ministro de Economía, fue el gestor de esta iniciativa. Ahora, el mismo Millas es quien ha propuesto devolver a algunos de sus dueños parte de las fábricas que ya estaban en el área social. Y si bien este hecho ha servido para iniciar una polémica pública entre Altamirano y Corvalán, sobre el destino de las empresas estatizadas, la amenaza sigue pendiente.

Por otra parte, nadie desconoce las tratativas que el PC vino haciendo durante todo el año 1972 con la democracia cristiana para «convencerla» de las buenas intenciones del gobierno, y el aval que otorgó el mismo Allende a esas negociaciones. Pero donde mejor se puede apreciar la política capituladora de ambos partidos es en la actitud asumida con la incorporación de tres altos jefes militares al último gabinete antes del triunfo del 4 de marzo. Esta política no se diferencia en lo más mínimo de la impuesta tradicionalmente por el stalinismo a todos los partidos comunistas del mundo. Así como el apoyo a Chiang kai-Shek en 1925-1927 en China retrasó durante 20 años la revolución, el apoyo a Sukarno en Indonesia fue pagado con 500.000 víctimas cuando el sector reaccionario del ejército, encabezado por Suharto, ahogó en sangre la tardía resistencia del PC, y el apoyo incondicional a Torres permitió el triunfo de Banzer (por falta de una línea independiente de clase. que trabajara sobre el propio ejército para volcarlo del lado de la revolución), la política del PC y PS chilenos pueden conducir a una frustración parecida.

La continua transgresión a los principios, las vacilaciones y las abiertas concesiones a la burguesía, han generado críticas y resistencias en las bases de los dos partidos. En el PS, por ejemplo, es conocida la existencia de una tendencia de izquierda (algunos la señalan como trotskizante) que antes de octubre se mantenía desperdigada. Durante la ofensiva burguesa surgió un semanario:

La Aurora de Chile que pretendió convertirse en el organizador colectivo, pero Allende mismo fue el encargado de silenciarlo. Pasada la crisis se lo dejó reaparecer y, ahora, de hecho se ha convertido en el órgano oficioso de esta izquierda que dentro del PS lidera Altamirano y que cuenta con apoyo en las regionales de Santiago, Cordillera, Valparaíso y Concepción. El problema que queda planteado es si esta izquierda podrá organizarse y convertirse de verdad en una organización bolchevique o si seguirá el camino tradicional de las «alas izquierdas» del partido, que fueron toleradas mientras sus críticas se planteaban en el terreno de las generalizaciones y servían para evitar que las capas más radicalizadas rompieran con el partido. Hasta ahora esta izquierda se mantiene dentro de la segunda categoría. Lo que queremos señalar es que la política de los dos partidos gobernantes mayoritarios, lejos de contar con el apoyo incondicional, merece las críticas más acerbas de parte de las direcciones medias y la propia base, lo que puede posibilitar, al compás de la agudización de la lucha de clases, el surgimiento de una corriente realmente revolucionaria que logre cambiar el actual curso conciliador y colaboracionista del gobierno. Pero esta perspectiva tiene que ver, repetimos, con la situación de la clase obrera, con las actuales luchas del campesinado y con los sectores populares que de verdad quieren ir hacia el socialismo.

Necesidad de un partido revolucionario para impulsar la lucha obrera-campesina y conquistar el poder para los trabajadores

No es necesario que insistamos mucho sobre una realidad por todos conocida. Con el triunfo electoral de 1970 y la ascensión al poder de la Unidad Popular se profundizó el carácter prerrevolucionario de la situación. Ya hemos señalado que si esta no se transformó en francamente revolucionaria se debió a la habilidad de la burguesía chilena para impedirlo y a las concesiones y capitulaciones de la propia dirección de la Unidad Popular, pero esto no quiere decir que las contradicciones de la sociedad no se hayan acrecentado. El solo hecho de la subida de Allende fue un motor generador. El reparto de tierras entre los campesinos, de acuerdo con la ley aprobada por la democracia cristiana, sirvió para incorporar este sector, generalmente más atrasado, al proceso de revolución permanente que se está viviendo en Chile. La última votación refleja el giro que se ha experimentado dentro del campesinado. Pese al estancamiento de la producción y al manejo burocrático de la reforma agraria no se puede discutir que la reforma agraria es un hecho. Las ocupaciones de fundos y el aumento de la sindicalización son los exponentes más profundos.

Por su parte, el movimiento obrero se ha ido radicalizando cada vez más. Tengamos en cuenta que la tradición parlamentarista y acuerdista de los partidos de la clase obrera fue un factor muy importante en la deformación de la conciencia de los trabajadores. Por suerte, al agudizarse la lucha de clases, los obreros comienzan a perder esas taras y avanzan rápidamente hacia posiciones clasistas. El punto máximo de esta radicalización fue alcanzado en octubre. La movilización de conjunto neutralizó el paro de los patrones de camiones y de los comerciantes, y casi ninguna fábrica dejó de funcionar pese al saboteo de sus dueños. Fue en esta oportunidad que surgieron, espontáneamente, comités de defensa y algunos comités de enlaces y coordinación. El proceso fue desigual. En algunos establecimientos, donde ya existían comités de vigilancia o de producción, pero que funcionaban rutinaria o burocráticamente, fueron puestos en actividad por nuevos compañeros, o por compañeros no reconocidos hasta ese momento como dirigentes. En otros lugares, donde no había ningún organismos, surgieron de la noche a la mañana, por propia iniciativa. Pero lo característico, insistimos, fue el apoyo masivo. Abundan las anécdotas sobre la iniciativa popular. En Santiago, quien estuvo a la vanguardia fue el gremio de la construcción. En una obra, los compañeros decidieron que había que prepararse «con todo» y comenzaron a fabricar armas y explosivos rudimentarios, sin esperar a los «especialistas» de la CUTCH o de los partidos del gobierno. En otra, resolvieron que había que formar guardias permanentes y pidieron voluntarios. Desde el primer día se anotaron todos, algo insólito dado que en otras ocasiones cuando se había hecho el mismo pedido eran escasos los que se registraban. En una palabra, todo el mundo se movilizó para quebrar la huelga patronal pese al fastidio hacia los organismos sindicales máximos que no daban directivas precisas de movilización. Es conocida la rabia de los obreros, que en masa fueron a custodiar a la Central Obrera y estuvieron inactivos todo el tiempo. Los trabajadores querían abrir por la fuerza los negocios cerrados pero fueron frenados por los dirigentes sindicales y por el gobierno, que recurrió al ejército, a los carabineros y a los funcionarios de la Dirinco, para «garantizar el orden».

Producto de este alza surgieron Coordinadoras Comunales. Los cordones de V. Mackenna, Maipú y Cerrillos, tradicionales baluartes obreros, vieron surgir esbozos de poder dual cuando se formaron comisiones conjuntas de obreros de fábrica, dirigentes de barrios, y representantes de organizaciones femeninas y de amas de casa. En algunos lugares, estas Coordinadoras organizaron verdaderas movilizaciones y actuando por su cuenta abrieron negocios y fábricas que sus dueños se resistían a poner en funcionamiento. Este fue el signo durante las «jornadas de octubre». Fueron las masas, espontáneamente, quienes neutralizaron a la reacción. Los partidos obreros y revolucionarios estuvieron a la retaguardia. El MIR y la Izquierda Socialista, en sus publicaciones señalaron la necesidad de desarrollar el poder dual pero lo hicieron en forma ultra abstracta y general. Un ejemplo: El Rebelde (órgano del MIR) en el número 49 del 26/9/72 se dirigía a sus lectores con estos dos titulares de tapa: A IMPEDIR EL AVANCE DE LA REACCIÓN; CON UN PROGRAMA REVOLUCIONARIO PARA TODO EL PUEBLO.

No obstante este ascenso, las masas no lograron superar a sus direcciones burocratizadas y proburguesas. Allende pactó con la reacción a través de los militares, cediendo en toda la línea, y el conjunto del movimiento obrero acató esas decisiones aunque críticamente. Es decir, el proceso de radicalización todavía no ha culminado. Es evidente que lo que falta en Chile es una dirección de alternativa, un partido revolucionario que los acaudille. Proceso que puede terminar en una nueva frustración si este partido revolucionario no es estructurado.

En este sentido, hay algunas corrientes que señalan al MIR como la única perspectiva válida en el camino de su construcción. Nuestra opinión es que el MIR (como el MAPU y la «izquierda socialista»), reflejan, en la actualidad, el proceso de radicalización que se vive en Chile pero está lejos de ser la organización revolucionaria que se necesita. El MIR surgió en 1965 por influjo de la Revolución Cubana. De composición esencialmente estudiantil y con una posición guerrillerista, al principio, fue evolucionando hasta terminar en el apoyo crítico al gobierno de Allende, al que no se animó a caracterizar de obrero aunque lo definió como «no burgués». Ante las elecciones de 1970 tuvo una posición sectaria: las ignoró, llamando a la abstención. El triunfo de Allende lo hizo virar pero en forma oportunista, ya que decidió el apoyo crítico. Lo importante del MIR es que con la creación de los FTR (Frente de Trabajadores Revolucionarios), los FCR (Frente de Campesinos Revolucionarios), y los FER (Frente de Estudiantes Revolucionarios) intentó darse una política dirigida hacia las masas, dejando parcialmente de lado su anterior concepción elitista. Este viraje, independientemente de su falta de consecuencia, le reportó un apoyo mucho más amplio en ciertos sectores del campesinado cercano a la ciudad de Concepción, en el proletariado ligado a la construcción, y en los pobladores de las villas miseria. Algunas ocupaciones de tierras y poblaciones fueron inspiradas por el MIR, lo que ha ayudado a crearle una aureola de organización de vanguardia revolucionaria. No obstante, debemos aclarar: desde hace tres años el MIR se debate en la indefinición programática. Su congreso se ha postergado varias veces y los congresos regionales no han logrado munirlo de ese programa que la realidad chilena necesita. Esta situación se refleja en el surgimiento de diversas alas y en el cambio permanente de los ejes de agitación de su periódico El Rebelde. La fracción militarista todavía tiene fuerza y, ahora, ha surgido otra tendencia que es acusada de trotskista, que a su vez denuncia a la actual conducción [como] burocrática. Por todo ello, consideramos que el MIR no es la alternativa revolucionaria que algunas corrientes consideran como la única posible. Para nosotros el MIR, tanto como el MAPU (fracción radicalizada de la DC y que rompió para unirse a la Unidad Popular) y la izquierda inorgánica del Partido Socialista son, indudablemente, expresiones de la radicalización general que se ha dado en Chile en los últimos tiempos pero ninguna de estas fuerzas puede reemplazar al partido revolucionario que es necesario construir. El trotskismo chileno, si quiere tener algún papel histórico en el actual proceso, no puede desconocer estas fuerzas ni a la juventud del partido comunista. Es más, es muy difícil que pueda construirse ese partido revolucionario sin tener en cuenta la dinámica que se está generando en estas agrupaciones políticas y sin darse una política hacia ellas. De aquí que el trotskismo chileno debe darse todo un programa que ayude a la movilización de la clase obrera y sectores populares que, sin caer en el sectarismo ni en el oportunismo, tenga en cuenta a estas agrupaciones de la izquierda que honestamente buscan una herramienta para hacer posible la revolución socialista.

Un programa de transición que sirva para desarrollar el poder dual y movilizar a las masas

Hoy más que nunca la realidad chilena exige de los revolucionarios un claro programa de transición. Desde la subida de Allende la lucha de clases se ha ido exacerbando cada vez más, llegando la polarización de fuerzas a extremos jamás vistos en el país. El resultado de las elecciones, con el relativo alto porcentaje alcanzado por la Unidad Popular, demuestra que pese a la política vacilante de Allende la clase trabajadora y ahora también el campesinado han votado contra la oligarquía y el imperialismo. El vuelco de este último es importante. Significa que pese al carácter burocrático de la reforma agraria, este sector social se está incorporando al proceso de revolución democrática. Su voto en favor de los candidatos del PS y PC no puede tener otra interpretación. Este hecho, en vez de minimizar la importancia de la necesidad de un programa de transición para impulsar la movilización de los trabajadores, por el contrario acentúa la urgencia de ponerlo en práctica. Pero, al mismo tiempo hay que aclarar que no se trata de elaborar un programa ómnibus, lo más «completo» posible, y solo usarlo como una bandera o un símbolo los días de concentraciones y conmemoraciones. Lamentablemente, esto es lo que sucede en Chile, unido a otra deficiencia: el de las generalizaciones y las abstracciones. Por ejemplo, Aurora de Chile, el órgano de la izquierda socialista, en su número del 22 de febrero del ’73, dedica la mitad de la primera página a las «Canastas Populares». ¿Es esa la principal consigna para movilizar a las masas? Parece que sí, aunque no estamos seguros ya que todo el resto del periódico gira sobre problemas sentidos pero encarados también en forma muy general, abstracta. El máximo ejemplo de lo que decimos es el artículo: MANO FIRME Y AL ATAQUE. Allí se resume: «… porque octubre demuestra que solo la clase trabajadora puede hacer una revolución real y efectiva y que es la única que mantiene y da fuerzas a nuestro proceso, porque octubre demostró que los trabajadores son los más y mejores. De ahí las consignas de LA AURORA: MANO FIRME Y AL ATAQUE; NI UN SEGUNDO DE TREGUA; NO DEVOLVER NADA; NO TRANSAR. De ahí la consigna general del Partido: UN GRAN SALTO ADELANTE, AHORA».

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Honestamente, con estas consignas no creemos que se movilice a nadie y, menos que menos, se supere a las direcciones reformistas y burocráticas que se denuncian en el mismo semanario. Pero veamos el articulo de las CANASTAS POPULARES que es el más concreto. En dicho artículo se señala que la iniciativa lanzada por el camarada Inostroza, funcionario de Agencias Graham, de distribuir 20.000 canastas con alimentos debe ser apoyada adoptando las siguientes medidas: 1) emitir declaraciones de apoyo a los dirigentes de Agencias Graham y Supermercados Monserrat; 2) hacer manifestaciones, marchas y actos públicos; 3) organizarse en cada barrio, población, zona rural o campamento para dirigirse a Agencias Graham para lograr nuevas canastas populares; 4) exigir a todos los partidos y candidatos populares que se pronuncien claramente si están a favor o en contra de las canastas populares.

Podríamos discutir si esta medida es correcta o no; lo que más llama la atención es que no haya ninguna consigna exigiendo la centralización de las acciones. A la CUTCH, organismo máximo de los trabajadores, ni se la menciona. ¿Por qué no se lanzó la consigna de que esta movilice a todo el proletariado en un acto multitudinario para que se exija que el gobierno, que se dice de los trabajadores, tome en sus manos toda la distribución? ¿Esta consigna no es mucho más concreta que la de «Hagan marchas y manifestaciones y actos públicos»? Es claro que sí. La de «hagan marchas, manifestaciones y actos» es un saludo a la bandera. En cambio la de obligar a la CUTCH que lo haga tiene un destinatario preciso y un eje de actividad concreto para todos los militantes y activistas, al mismo tiempo que ayuda a que la base obrera vea quienes son los que frenan el proceso. La de «hagan, en general marchas y etc. etc.», hace recaer la responsabilidad sobre la base y no sobre los dirigentes, que tienen la obligación de ponerse al frente.

La que nosotros proponemos expresa la necesidad de una movilización de conjunto y no atomizada, por barrios, zonas o poblaciones. Claro está que esta campaña, para que la CUTCH centralice las acciones, deberá ir acompañada por asambleas de fábrica y barrios a todos los niveles, pero la consigna básica debe ser que se promueva una movilización masiva que conmueva hasta al propio gobierno, que no se anima a tocar los intereses de la patronal.

Este ejemplo se puede repetir hasta el infinito, frente a cada problema concreto de los trabajadores. Allende, sin importarle un comino la opinión de las bases, incorporó, después de octubre, a tres militares al gobierno. Lamentablemente, ninguna organización, a pesar de sus críticas, exigió en forma clara y contundente: ¡AFUERA LOS MINISTROS MILITARES DEL GOBIERNO! ¡QUE TODOS LOS MINISTROS SEAN ELEGIDOS POR EL MOVIMIENTO OBRERO Y LAS ORGANIZACIONES POPULARES!

Un programa de transición no es una interminable enumeración de consignas, una «más revolucionaria que la otra», sino una herramienta para movilizar a los trabajadores y a las masas hacia la toma del poder pero partiendo de los problemas concretos de esas mismas masas. Es evidente que en esa marcha hacia el poder estas consignas deben llevar, también, al movimiento obrero a enfrentarse con las instituciones que lo frenan. El gobierno de Chile lo componen tanto Allende como el parlamento. Un programa de transición que no conduzca a las masas a hacer la experiencia sobre esta realidad y las impulse a superarla no servirá para nada. Lo mismo con

respecto a la CUTCH, un programa que no llame a movilizar y que no diga que los organismos de la clase trabajadora son los responsables, puede ser cualquier cosa menos un programa de transición, puesto que no se plantea la construcción de una dirección de alternativa. Este programa tiene que tener en cuenta el peso de los partidos Socialista y Comunista y su influencia entre las masas, pero sin capitular a sus direcciones pequeñoburguesas y burocráticas. De aquí, entonces, que el desarrollo del poder dual sea básico. En Rusia, el desarrollo del doble poder se dio a través de los Consejos Obreros, los Soviets. En Chile ya ha habido experiencias embrionarias, en este sentido. La Asamblea Popular de Concepción surgida el año pasado fue considerada por algunos grupos como una aproximación a la Asamblea Popular de Bolivia, y para ellos eso ya era un Soviet. Nosotros no creemos que haya sido así, aunque le damos mucha importancia porque fue el primer intento de superar las trabas impuestas por los dos partidos tradicionales del movimiento obrero. Esa asamblea popular fue solo un acto al que concurrieron más de 5.000 personas entre obreros y campesinos, pero no tuvo carácter permanente ni resolutivo. Fue una demostración antiburocrática, pero no pasó de ahí. En cambio, en el transcurso del año pasado, y especialmente en octubre, surgieron en muchas fábricas y en los cordones obreros comités y coordinadoras que de hecho se convirtieron en un verdadero poder obrero superior al sindicato o a las comisiones existentes hasta ese momento. De aquí deducimos que la propia lucha chilena determinará las formas específicas que adoptarán los próximos organismos de poder dual. En lo que insistimos es en que los revolucionarios deben estar atentos para saber generalizar esas experiencias. Alejados de la realidad chilena, nosotros no podemos precisar si esos organismos tienen hoy un funcionamiento real. Cualquier ilusión sobre las mismas puede ser tan perjudicial como cometer el error de ignorarlos por miopía revolucionaria. Lo mismo podemos decir con respecto al resto de las consignas programáticas. Es una irresponsabilidad tratar de esbozar un programa para Chile no estando en el país. Por eso aclaramos que nuestras sugerencias se tomen a título de inventario. Solo teniendo en cuenta ese objetivo es que nos atrevemos a plantear algunas inquietudes.

La lucha contra el imperialismo no puede limitarse a un acto en una plaza cuando son agredidos los intereses chilenos. Negarse a pagar la deuda externa cercana a los 4.000 millones de dólares es hoy día esencial para la autoconservación. Junto con la nacionalización de toda empresa vital, esté o no en manos de capitales imperialistas. Pero tan importante como esta consigna está la del control obrero de toda industria nacionalizada. La participación actual es un engaño, porque dado su carácter burocrático y minoritario le quita todo poder de decisión a los trabajadores. Hacer hincapié en el control obrero mayoritario y con poder de resolución no es un asunto declamatorio sino un aspecto clave para evitar el estancamiento del proceso iniciado en Chile.

Pero los problemas de los problemas son el desabastecimiento, el alza del costo de la vida, la desocupación y la falta de vivienda. Lamentablemente, ninguno de ellos han podido ser solucionados pese a las declamaciones del gobierno. Es cierto, la desocupación disminuyó durante el primer año de cerca de 8% a 3%, pero el hecho es que todavía hay un 3% que no tiene ocupación fija. En un país como Chile, donde Allende y Fidel se han cansado de pedirles a los obreros más horas de trabajo, todos estaremos de acuerdo en que estas horas pueden ser cubiertas por los actuales desocupados prorrateando las horas de trabajo pero recibiendo el salario íntegro por jornada. Lo mismo sucede con la falta de alimentos vitales. Frente al cerco imperialista, el saboteo de la burguesía, y la crisis agraria y la especulación de los intermediarios, no puede haber «soluciones» a medias. La nacionalización total de la distribución es imprescindible. El control por parte de las JAP no es suficiente, en la medida [en] que el comercio todavía está en manos privadas. De aquí que el primer paso, y fundamental, sea que el Estado tome en sus manos la tarea de la distribución. Claro está que el problema del desabastecimiento seguirá siendo una traba hasta tanto no se elabore un plan económico total, especialmente en la esfera agraria y de producción de artículos de consumo, pero la nacionalización de la distribución no puede ser postergada hasta el momento [en] que ese plan se instrumente. Hoy día esta consigna adquiere relevancia decisiva. En el mismo plano se ubica la cuestión del alza del costo de la vida. El mercado negro es una realidad que espanta, las colas cada día son más largas, pero, además, el precio de la canasta familiar aumenta al mismo ritmo, reduciendo, como sabemos, el poder adquisitivo de los salarios. Para las últimas elecciones la Unidad Popular levantó una plataforma y dentro de ella se establece que el gobierno otorgará una compensación cuatrimestral a los trabajadores, como reajuste anual. Pero lo cierto es que todos estos proyectos deben pasar primero por las cámaras legislativas. De hecho, el último aumento autorizado ya ha sido absorbido por el paralelo alza de los precios. Por eso, nosotros reivindicamos un consigna indiscutible en esta etapa y que es la escala móvil de salarios. Es decir, los trabajadores y el pueblo no pueden estar esperando la sanción de las cámaras cada vez que aumenta el costo de la vida. Automáticamente, si al final de cada mes se constata el aumento de los artículos de la canasta familiar, los salarios deben ser aumentados en la misma proporción. Esta medida es urgente. Ya no se trata de hablar de la «vía chilena» sino de recurrir a una medida elemental dentro de los propios marcos de la sociedad capitalista.

La cuestión de la vivienda no ha dejado de ser gravísima. Después de dos años de gobierno recién se han terminado 35.000 viviendas de las 100.000 programadas. Por eso, no se puede seguir confiando en los organismos burocráticos del aparato estatal sino que es necesario dar participación real a los trabajadores y pobladores de las villas para que discutan ellos el plan de construcciones necesarias. Y nuestra sugerencia al respecto es que no solamente deben expropiarse las grandes residencias de la alta burguesía sino que se debe terminar con todos los rentistas, entregando las casas y departamentos a sus actuales poseedores, y, con el importe mensual de los adquirentes, financiar un plan concreto de nuevas viviendas. Pero todo esto, insistimos, controlado y dirigido por los trabajadores y los representantes de las villas.

La plataforma electoral de la Unidad Popular termina con un capítulo dedicado a las fuerzas armadas. Allí se establece que «se debe asegurar a las FFAA los medios materiales y técnicos y un justo y democrático sistema de remuneraciones, promociones y jubilaciones que garanticen a oficiales, suboficiales, clases y tropas la seguridad económica durante su permanencia en las filas y las condiciones de retiro». Es decir, no se plantea absolutamente ningún punto que cuestione el actual carácter burgués del ejército. La Unidad Popular ilusiona a las masas con su slogan de que en Chile el ejército es «profesionalista» en vez de considerarlo, por su papel, su composición y dirección, un organismo al servicio de la clase poseedora. En este sentido, creemos indispensable su democratización total. Para ello, nosotros, sin dejar de reconocer que la práctica de las armas requiere una técnica como cualquier otra profesión (y en este aspecto es un arte) debemos exigir que esta práctica esté abierta a todo el mundo y en especial a la clase trabajadora. Reclamar el derecho de todos los suboficiales y soldados de ascender a cargos de oficiales y jefes debe ser una consigna fundamental, junto con la de que los sindicatos controlen la instrucción militar que se imparta.

Esto no quiere decir que se desconozca, lo repetimos, el carácter profesional de la actividad. De lo que se trata es de eliminar esta profesión como herramienta de opresión de la clase dominante.

Mientras tanto, la clase obrera y sectores populares chilenos, ante la existencia de grupos paramilitares de la reacción, como Patria y Libertad y Comando Matus, deben crear sus propios organismos de autodefensa.

Pero donde se resume toda la política burguesa de la actual coalición gubernamental es en la consigna de «Estado Popular» que levanta en su último programa eleccionario. Para los partidos de la Unidad Popular todo se limita a plantear la Cámara Única, la elección simultánea del Congreso y del Presidente de la República, y facultar al Presidente para que pueda disolver el Congreso Nacional. Es decir, todas reivindicaciones que en muchos países capitalistas existen sin que por eso haya cambiado la naturaleza del Estado. Claro está, la plataforma también señala que en la base «el poder popular debe ser la expresión de la unidad, fortalecimiento y crecimiento de todas las organizaciones que la clase obrera y el pueblo han desarrollado para defender sus intereses y para conquistar el poder». En oposición a esta fraseología, nosotros creemos que lo fundamental es que se llame a una asamblea constituyente que sirva para reorganizar el país de arriba a abajo, no solamente desde el punto de vista institucional sino económico, político y social. A esa asamblea constituyente la clase obrera y los sectores populares irán a plantear sus soluciones, que no pueden ser las que hoy día agita la Unidad Popular. Asamblea Constituyente para reorganizar el país es lo que deben exigir los trabajadores, sin confiar para nada en los actuales conciliábulos en los pasillos ministeriales. La reforma agraria no se puede reducir a continuar la que instrumentó Frei o a extender la posibilidad de expropiación a los fundos de hasta 40 ha (ahora solo se expropia hasta las 80 ha). El campo necesita ser estimulado con el aporte de nuevas técnicas y con la electrificación total. Para ello, también hay que elaborar un programa que observe todos estos aspectos: el surgimiento de cooperativas y el equipamiento de los grupos de autodefensa para frenar los ataques patronales, y aunque pequemos de pedantes no podemos cerrar este esbozo sin referirnos al actual aislamiento chileno.

El apremio económico actual exige que todos los países socialistas acudan en su ayuda. Cuba y Chile deben ya establecer una confederación económica que integre sus economías, y los demás países socialistas deben concederle todos los créditos posibles sin cobrar un solo peso de interés.

Por último, no olvidemos lo que venimos repitiendo. La experiencia histórica enseña que sin movilización de los obreros y campesinos no hay posibilidad de vía socialista. Por eso insistimos en la responsabilidad de los trotskistas chilenos. No se trata solamente de tener un programa amplio, con todas las consignas posibles, sino de saber determinar, en cada momento, cuál es la que mejor ayuda a la movilización de los trabajadores. Los bolcheviques lograron tomar el poder en Rusia gracias a que supieron combinar dialécticamente estos dos aspectos como nadie lo había logrado antes. Tuvieron un programa correcto y lo aplicaron correctamente llamando siempre a la movilización de las masas. El partido ruso se fortaleció en el transcurso de la revolución de febrero a octubre porque supo llegar a ellas con las consignas justas n el momento oportuno. En una situación revolucionaria esta necesidad se hace más perentoria que nunca. Y Chile está en los umbrales de una situación francamente revolucionaria. Que ni el sectarismo ni el oportunismo impida[n] al trotskismo chileno estar a la altura de las circunstancias.

Contra el Golpe de Estado Imperialista. Por un Gobierno Obrero y Popular

Las elecciones del 4 de marzo no han cambiado la situación chilena. Lo que se demostró, con los resultados conseguidos por la Unidad Popular, es que la clase obrera y el campesinado se expresaron abiertamente contra el imperialismo y los sectores patronales opositores. Es evidente que a pesar de las concesiones hechas por Allende a los militares, del desabastecimiento, del mercado negro, del alza del costo de la vida, etc., etc., los trabajadores y, ahora, el campesinado, votaron contra la CODE con la esperanza puesta en el socialismo. Con este triunfo electoral las masas chilenas han desbaratado momentáneamente los planes de la burguesía opositora. La búsqueda del golpe en caliente, logrando el apoyo de un sector del ejército, o el golpe en frío, a través del juicio político de Allende, han perdido posibilidades inmediatas. Pero la burguesía no ha perdido las esperanzas de desplazar del gobierno [a] la Unidad Popular, al cual no considera «su» gobierno. Después de las elecciones los problemas siguen estando planteados. La burguesía reaccionaria tratará, como lo ha hecho hasta ahora, de utilizar todas las vacilaciones y dudas del gobierno de Allende para desprestigiarlo ante las masas y posibilitar su derrota electoral, en el peor de los casos en 1974, al mismo tiempo que se aprovechará de estas vacilaciones para aumentar la cuota de plusvalía en detrimento de las masas explotadas. No nos olvidemos [de] que hasta ahora todo lo conseguido por el gobierno de Allende ha sido con el consentimiento de la propia burguesía. Tanto las nacionalizaciones como la reforma agraria fueron hechas utilizando los «instrumentos» legales conferidos por la patronal chilena. Es corriente oír decir en Chile que gracias a la «habilidad» de Allende se ha podido nacionalizar el cobre, carbón, hierro, salitre y cemento. Y esto no es verdad. Un sector de la burguesía opositora, en especial la Democracia Cristiana, apoyó esas medidas con la intención [de] que la plusvalía retaceada al imperialismo fuera repartida mejor entre los nuevos sectores burgueses desarrollados en los últimos años. Lo mismo podemos decir con respecto a la reforma agraria. Importantes sectores de la propia burguesía opositora no vieron con malos ojos que se iniciara la reforma agraria. Los industriales ligados al mercado interno y preocupados por su expansión dieron el aval para que se realizara con la esperanza, también, de que nuevos sectores consumidores se incorporaran al mercado con un gran poder adquisitivo. Lo hecho por Allende no hay que magnificarlo, entonces. No ha sido su habilidad lo que le ha permitido ciertos logros sino su política de no transgredir los límites tolerados por la propia burguesía opositora. Pero es evidente que esta situación no puede sostenerse en forma indefinida. Las masas, que ya están sufriendo las consecuencias de esa política, pugnarán por profundizar el proceso. No es cierto que se conformarán con «un gobierno de m… aunque sea de ellos». Frente al enemigo no dudarán en defenderlo, pero a medida que vean su inoperancia buscarán las formas de superarlo sin caer en lo viejo y conocido. Por su parte, la burguesía opositora tampoco está dispuesta a mantener una situación inestable por mucho tiempo. El plazo puede ser hasta 1974, fecha de la renovación presidencial, pero de lo que debemos estar seguros es que el gobierno de la Unidad Popular, pese a su política de concesiones a la burguesía industrial y comercial, no es considerado por esta como su gobierno. De aquí que la actual etapa en Chile no solo debe ser definida como prerrevolucionaria sino de una inestabilidad creciente que puede llevar al gobierno de Allende a una situación parecida a la que se dio en Rusia con la asunción de Kerensky. Nosotros, que nos hemos negado a considerar a la Unidad Popular un gobierno de Frente Popular, no descartamos la posibilidad de que degenere en un kerenkismo abierto. Todavía no estamos en esta etapa en Chile, aunque veamos elementos que nos acercan. La inestabilidad de la situación no puede ser ocultada con velos como la de los resultados electorales. El gobierno de Allende oscila actualmente entre la presión del imperialismo y la del movimiento obrero. Pero este rol de árbitro que intenta jugar no puede mantenerse indefinidamente en medio de la profundización de la lucha de clases. La burguesía opositora vino acentuando su ofensiva hasta las elecciones, pero el movimiento obrero no fue derrotado ni mucho menos. El freno del gobierno y de los partidos de la Unidad Popular no lograron mellar su espíritu combativo, y aunque la larga tradición parlamentarista ha calado hondo entre los trabajadores, la propia escalada burguesa, al intensificar la lucha de clases, ha ido revirtiendo el proceso. Pero estos aspectos positivos chocan con una realidad también cierta: en Chile no existe el partido revolucionario como existía en la Rusia de Kerensky. El partido bolchevique chileno todavía tiene que ser construido. Nuestra opinión es que este partido será una cosa totalmente nueva. Quienes se juegan al MIR o a la izquierda socialista, creemos, se equivocan.

Pero de lo que estamos seguros es que este partido surgirá del frente único de las corrientes que se desprendan de los actuales grupos y partidos existentes. La juventud socialista se ha ido radicalizando cada vez más. Pero este fenómeno ya se ha dado otras veces. Por su propia estructura, la dirección del Partido siempre autorizó la existencia de un ala izquierda desorganizada. A imagen de los partidos burgueses que toleran dirigentes y grupos que se autodenominan de izquierda, el Partido Socialista chileno también ha sabido mantener esa «imagen democrática». El problema está [en] que en la medida [en] que no se estructura y no combate con métodos bolcheviques las capitulaciones de su dirección real, lo único que hace esta izquierda es convalidar, lamentablemente, esas capitulaciones. Por eso, nosotros decimos que el partido de la revolución chilena tiene que ser construido, y para ello los trotskistas deberán elaborar también una correcta política de frente único revolucionario. En este sentido discrepamos con Aníbal Quijano quien, en su revista Sociedad y Política n.° 2, editada en Perú, señala erróneamente que el «ascenso de las masas puede hacer que hasta el propio Partido Comunista se adapte a su combatividad». La situación chilena obliga a que los revolucionarios conscientes impulsen la construcción del partido revolucionario sin confiar en que las masas lo hagan nacer por generación espontánea. Las condiciones objetivas son favorables, y quienes las ilusionan con la vía pacífica hacia el socialismo están frenando el proceso revolucionario que, con su carácter permanente, es el único que puede posibilitar en Chile la instalación de una segunda república socialista. Los revolucionarios chilenos tienen «la palabra».

Notas:

[1] El Partido Socialista, que con posterioridad al fracaso del Frente Popular del 36/38 había roto lanzas con el PC y se había dividido, a la muerte del presidente Ríos siguió su misma trayectoria: decidió su apoyo a Duhalde entrando en el nuevo gobierno burgués con tres ministros.

Posteriormente, cuando se convoca a nuevas elecciones presidenciales para el período 46-52, el partido se debatió en medio de las contradicciones más agudas. El virus parlamentarista, la política de conciliación de clases, habían mellado hasta los últimos atisbos de independencia de clase. Según dice Chelén Rojas en Trayectoria del Socialismo: «Para evitar la vergüenza de una nueva, no queda otra salida que proclamar a Bernardo Ibáñez Secretario General del Partido, pero esta medida, que salva a medias la disciplina, no puede impedir que una gran parte de los efectivos socialistas le nieguen el apoyo a su propio candidato». Este juicio también es confirmado por Oscar Waiss Band quien en el Drama Socialista, en la pág. 48 dice: «El paso socialista por el gobierno de Duhalde dejó la misma huella que el paso de los camellos en las arenas del desierto».

[2] El PS, que después del apoyo a Duhalde intentó un reajuste en su línea se negó a cooperar con González Videla. Allende es elegido secretario general y constituyen el FRAS con la Falange Nacional, con el Partido Radical Democrático, y con los Agrarios Laboristas.

Esta política provoca una nueva división, todo un sector colaboracionista apoya al gobierno y la ley Maldita, que es retribuido con tres puestos ministeriales además de ser reconocido como el único PS.

[3] Ver Sección Documentos, de León Trotsky, “¿La URSS, ni estado obrero ni estado burgués?”

[4] Tesis sobre Oriente – IV Congreso de la Tercera Internacional (Revista de América n.° 8/9, p. 48).

[5] Tesis sobre Oriente – IV Congreso de la Tercera Internacional (Revista de América n.° 08/9, p. 47).

[6] “Los gobiernos latinoamericanos y la lucha revolucionaria” (Revista de América n.° 8/9, pp. 10-11).

[7] Tesis sobre Oriente – IV Congreso de la Tercera Internacional (Revista de América n.° 8/9, p. 46).

Recopilación de textos: Archivo León Trotsky.

Edición: Natalia Estrada.