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El 19 de agosto, la población de la ciudad de San Pablo, región más populosa del país y de todo el continente, vio la tarde transformarse en noche, en un extraño fenómeno que causó susto y aprehensión. Una espesa nube negra se abatió sobre la región y, en algunas localidades, cayó una lluvia oscura.

Por: Redacción PSTU, Brasil

Poco después, institutos como el Instituto Nacional de Meteorología (INMET) confirmaban que el humo tenía origen en las quemas en diversos puntos de América del Sur, como en la triple frontera entre Bolivia, Paraguay y el Brasil, tomando parte del Pantanal, además de la Amazonia. Las quemas, junto con un frente de aire frío, habrían causado la repentina oscuridad. En otras ciudades del interior del Estado, el cielo se puso naranja.

El caso llamó la atención para el escenario infernal que ocurre en la región amazónica, en que las selvas localizadas en el Amazonas, en Acre y en Rondônia, arden hace meses. Si es verdad que este período es tradicionalmente una época de quemas, es un hecho que los focos de incendio son los mayores desde 2013 y que, en una época en que ya deberían estar terminando, se multiplican.

La verdad es que estamos viviendo una verdadera hecatombe ambiental. Estancieros y madereros desmatan y queman selvas para hacer pastos; “garimpeiros” [buscadores de minerales preciosos] y mineras invaden reservas indígenas.

El gobierno Bolsonaro no solo cierra los ojos ante esta tragedia. Es, antes, una política del gobierno para promover, literalmente, tierra arrasada en el medio ambiente para favorecer a estancieros, mineras y garimpos. Desde las elecciones, Bolsonaro promete acabar con cualquier tipo de protección al medio ambiente, acabar con reservas indígenas y quilombolas. Una vez en el gobierno, implementa ese proyecto sin medios términos.

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Bolsonaro y su ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, desmontan el Ibama (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables), órgano responsable por la ejecución de políticas ambientales. Cambiaron el directorio del ICMBio, instituto que fiscaliza las unidades de conservación, poniendo en su presidencia a un coronel de la Policía Militar de San Pablo; el ápice de la persecución a los órganos ambientales y de pesquisa fue la dimisión del presidente del INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales), Ricardo Galvão. Bolsonaro contestó los datos del reconocido órgano de pesquisa sobre el alarmante avance del desmonte en el Brasil y acusó a sus científicos de estar ligados a ONGs.

Primero, Bolsonaro negó que hubiese desmonte y contestó los datos de los institutos de pesquisa. Ahora, no pudiendo esconder más los hechos, y de forma intimidatoria, acusa a las ONGs de estar incendiando la Amazonia. El ministro Salles, por su parte, responsabiliza a la población del Estado por las quemas, gente pobre que más sufre con ese infierno causado por los madereros y los estancieros. Ricardo Salles, incluso, ya fue condenado por favorecer a empresas mineras cuando hacía parte del gobierno de Geraldo Alckmin (PSDB).

La barbarie ambiental que estamos presenciando forma parte de esa política del gobierno Bolsonaro, que incentiva el avance del desmonte, del garimpo y de las quemas con su discurso, con la persecución a científicos y a los órganos ambientales, y con el desmonte de todo el servicio público volcado al área. Para eso, persigue a indígenas y quilombolas y, recientemente, acabó de aprobar una ley permitiendo la portación de armas en propiedades rurales. Es una política de exterminio de la selva y del pueblo que de ella depende.

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Esa política está ligada a su proyecto de entrega del patrimonio nacional para el capital extranjero, incluyendo la Amazonia y sus recursos a las grandes mineras internacionales.

Es preciso tomar las calles y defender la selva contra este gobierno entreguista. Defender de esta masacre el medio ambiente y a la población indígena, ribereña y quilombola.

¡Fuera Salles ya!

¡Amazonia queda, Bolsonaro sale!

Artículo publicado en www.pstu.org.br

Traducción: Natalia Estrada.