Compartir

El uso irracional de los recursos naturales ha provocado la destrucción del medio ambiente en proporciones gigantescas. Volcada para las ganancias inmediatas, la explotación capitalista se mueve por una lógica de corto plazo, lo que es incompatible con el tiempo de recuperación de la naturaleza.

Por: PSTU – Brasil

El resultado ha sido la contaminación del suelo, del aire y del agua, la devastación de las selvas tropicales, el aumento de la temperatura del plantea y el agotamiento de los recursos necesarios para la sobrevivencia humana.

La sumisión del Brasil a la economía capitalista está por detrás de la destrucción del medio ambiente. La demanda cada vez mayor de materias primas provocó la expansión de la explotación de minerales y de los monocultivos de soja, caña de azúcar, eucaliptos, etc. El agronegocio avanzó por el Cerrado[1] y ahora se expande para la Amazonia.

Ese avance hizo que el Brasil se tornase el mayor consumidor de agrotóxicos del mundo. Por aquí, es permitida la utilización hasta de los agrotóxicos que fueron prohibidos en otros países. El resultado es la contaminación de los alimentos, del agua y del suelo por sustancias químicas maléficas a la salud humana.

La expansión de la minería ha provocado efectos catastróficos. Además de la Ley Kandir[2], que exime de impuestos a la minería volcada a la exportación, el sector es beneficiado por la construcción de hidroeléctricas en la Amazonia, como Belo Monte[3]. El objetivo es producir más energía para alimentar y expandir proyectos de minería de bauxita, hierro y manganeso.

El Banco Mundial y los gobiernos están proponiendo soluciones que llevan a la mercantilización de la naturaleza. La mayoría de las ONGs sigue por esa vía al estimular “el consumo consciente” de productos con sellos de certificación. Así, responsabilizan al individuo y no al sistema capitalista por la destrucción ambiental.

Cuando era ministro de Medio Ambiente, Marina Silva buscó favorecer el “mercado verde”. Creó la ley de gestión de selvas públicas que permite la privatización de las selvas, puestas a merced de la acción “sustentable” de madereras, industrias farmacéuticas, y de la biopiratería. También firmó la ley que liberó el uso de los transgénicos.

Lea también  Nota de Rebeldía sobre el movimiento estudiantil universitario

En el Brasil, la mercantilización de la naturaleza se da a través de proyectos de Créditos de Carbono, llamados Reducción de las Emisiones por Desmonte y Degradación Forestal (REDD). Los créditos son negociados en las Bolsas de Valores y entre empresas que, por medio de su compra, adquieren permiso para contaminar. O sea, bajo el capitalismo la “sustentabilidad” se volvió una forma más de especulación financiera.

No tenemos duda, la mayor amenaza al medio ambiente, en particular a la Amazonia, son los grandes proyectos del gobierno a favor de las multinacionales y del agronegocio. Es necesario impedir la construcción de otras hidroeléctricas en la región, poner fin a la Ley Kandir e impedir la biopiratería, revocando la ley de patentes.

Es preciso impedir el dominio de las multinacionales sobre nuestros recursos naturales. Para eso, proponemos la creación de un monopolio del Estado sobre la explotación económica de los recursos forestales y minerales.

Tenemos que impedir el avance del latifundio y del agronegocio, defender a los pequeños agricultores rurales y a los pueblos tradicionales. Hoy en el Brasil, menos de 1% de los propietarios agrícolas posee 45% del área rural del país.

Estos señores latifundistas, dueños de las grandes estancias, con más de mil hectáreas, concentran 43% del crédito agrícola provisto por el Estado. Para seguir ampliando sus tierras y aumentar sus producciones, estos coroneles de las tierras desmontan las selvas y persiguen, matan, y roban las tierras de pequeños agricultores, indios y quilombolas[4]. El balance de la cuestión agraria brasileña en 2017, divulgado por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), muestra que el año pasado, 65 personas fueron asesinadas en conflictos en el campo, en muchos casos con requintes de crueldad, índice que confiere al Brasil el título de país más violento para las poblaciones campesinas en el mundo.

En defensa del medio ambiente, por el fin de la concentración de tierra, del conflicto agrario, y en defensa de los pequeños agricultores, indígenas y quilombolas, defendemos:

  • La protección de las selvas y de los pueblos que precisan de ella para sobrevivir, como es el caso de los indígenas y de las comunidades tradicionales. Es preciso defender a los pueblos de las selvas, que están en la mira de los hacendados.
  • Impedir el Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC) 215, que pretende transferir del Ejecutivo para el Congreso Nacional la demarcación y homologación de tierras indígenas y quilombolas del país. ¡No al PEC 215! ¡Homologación, ya, de los territorios indígenas y quilombolas!
  • Reglamentar las tierras indígenas y garantizar la escrituración de las tierras quilombolas.
  • Castigo a los asesinos y mandantes de los crímenes contra los trabajadores rurales, indígenas y quilombolas.
  • Fin del desmonte, en defensa de nuestra fauna, flora, y ríos.
  • Revitalizar el río San Francisco e impedir la transposición, que solo busca llevar agua a los latifundistas y repasar dinero público a las grandes contratistas.
  • Convivir con el semiárido es la solución, basta aplicar medidas simples como el proyecto presentado por el ASA Brasil, que desarrolla un programa de un millón de cisternas en la región seca del Nordeste, y acabar con la concentración de las tierras en manos de los coroneles.
  • Reforma agraria para los campesinos sin tierra; empleo, salario y derechos para obreros agrícolas.
  • Estatización, sin indemnización y bajo control de los trabajadores, de empresas que provocan desastres ambientales, como la Vale do Rio Doce- Samarco y la Hydro[5], del agronegocio y de la industria extractiva y prohibición de privatización y desnacionalización del agua.
Lea también  Brasil: centrales sindicales preparan el 1 de Mayo y discuten Huelga General

[1] El Cerrado es una amplia ecorregión –fito y biogeográfica– de sabana tropical del Brasil, que cubre aproximadamente dos millones de kilómetros cuadrados, ndt.

[2] Una de las reglas de la Ley Kandir es la exención del pago del Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios de Transporte Interestatal, Intermunicipios y de Comunicación (ICMS) sobre las exportaciones de productos primarios y semimanufacturados o servicios, para que los productos brasileños sean más competitivos en el mercado internacional (Fuente: Senado Federal del Brasil).

[3] Belo Monte es la usina hidroeléctrica construida sobre el río Xingu, próximo al municipio de Altamira, en el Estado de Pará. Esta usina, producto de la especulación financiera y otros factores, ha dejado en el municipio “a los seres humanos inundados en aguas podridas, en un escenario posapocalíptico”, en las palabras de Eliane Brum en nota para El País, 15/5/2018.

[4] Quilombolas son los habitantes de los quilombos, territorios donde se refugiaban los esclavos liberados o los que huían de sus esclavistas, ndt.

[5] Samarco es una empresa de minería, de capitales de la Vale S.A. y la anglo-australiana BHP Billiton, que facturó en 2014 la suma de U$S 700 millones, y que en 2015 produjo uno de los mayores desastres ambientales del Brasil tras la ruptura de una de sus represas en Bento Rodrigues, en el municipio de Mariana, Minas Gerais (ver nota “¡Meses después, nadie castigado, nadie indemnizado!”, de Jeronimo Castro, en: https://litci.org/es/menu/lit-ci-y-partidos/partidos/pstu-brasil/meses-despues-nadie-castigado-nadie-indemnizado/, 5 de abril de 2016. Por su parte, la Norsk Hydro, empresa multinacional noruega de aluminio y energía, acusada de contaminar las aguas del río Pará, compró los activos referentes a la bauxita, la alúmina y el aluminio a la Vale S.A. (antes, Vale do Rio Doce), en 2010, ndt.

Artículo publicado en www.pstu.org.br
Traducción: Natalia Estrada.

Lea también  El “nuevo” y el “viejo” capitalismo (parte 2)