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El objetivo es transformar la jubilación en “renta mínima” menor que un salario mínimo.

Por: Diego Cruz

En la tarde de este lunes 4 de febrero, el diario Estadão reveló algunos de los puntos de la reforma de la previsión preparada por el gobierno para enviar, aún este mes al Congreso, vía Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC). Entre ellos: edad mínima de 65 años (para hombres y mujeres), tiempo de contribución de 40 años para el derecho a la jubilación integral, jubilación menor que el salario mínimo para la BPC-LOAS (Beneficio de Prestación Continuada), y el polémico proyecto de capitalización de la previsión, mecanismo responsable por una verdadera tragedia social en Chile, donde sirvió de laboratorio.

En medio de la conmoción social causada por la ruptura de la represa de la Vale en Brumadinho (Minas Gerais), y de las denuncias de corrupción que ya se acumulan a pesar del poco tiempo de gobierno, Bolsonaro articula una reforma de la Previsión cuyo objetivo es el total desmonte de la jubilación pública, su privatización para fondos privados, y, para gran parte de los trabajadores, su sustitución por un beneficio asistencial menor que un salario mínimo.

40 años de contribución

Según el diario, la PEC, además de imponer la edad mínima de 65 años, establece un tiempo de contribución que va de 25 a 40 años. Ese tiempo escalonado comenzaría dando derecho a 60% de la jubilación, aumentando dos puntos por año pagado al INSS [Instituto Nacional de Seguro Social] hasta llegar a 100% de la jubilación con 40 años de contribución.

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El sistema actual posibilita la jubilación por tiempo de contribución (35 años para hombres y 30 años para mujeres), o por edad (65 años para hombres y 60 años para mujeres), desde que se haya contribuido por 15 años. La reforma acaba con la jubilación solo por tiempo de contribución.

Para los empleados públicos, que ya cuentan con edad mínima para jubilarse (60 años para hombres y 55 para mujeres), el tiempo de contribución también será de 25 a 40 años para la jubilación integral.

Desvinculación del salario mínimo

Otra medida de la PEC de la reforma será la desvinculación del salario mínimo por el llamado “Beneficio de la Prestación Continuada” de la Ley Orgánica de la Asistencia Social, el BPC-LOAS. Hoy, el beneficio garantiza una jubilación de un salario mínimo a personas de baja renta con más de 65 años, y a personas con deficiencia.

Según el Estadão, la PEC va a desvincular el beneficio del salario mínimo, garantizando solo R$ 1.000 para personas con deficiencia, siempre que se compruebe baja renta, y una especie de renta mínima para trabajadores carentes, de R$ 500 a los 55 años y R$ 750 arriba de los 65 años (con un “bono” de R$ 150 para personas arriba de 70 años y 10 años de contribución). A finales de 2018, 4.5 millones de personas sobrevivían a través del BPC.

Régimen de capitalización

La reforma de la Previsión todavía trae una medida que es prácticamente una cuestión de honra para el ministro de Economía, Paulo Guedes: el régimen de capitalización. En él, el trabajador contribuye compulsoriamente para un fondo individual de Previsión, administrado por alguna institución financiera, y el valor de su jubilación queda condicionado a la rentabilidad de ese fondo. Acaba la contribución del empleador para la jubilación.

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En Chile, donde fue impuesto por la dictadura de Pinochet, el sistema fue responsable por un verdadero drama social, con 80% de los jubilados recibiendo menos que un salario mínimo (lea más aquí).

El diputado Rodrigo Maia y el ministro de la Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Foto Marcelo Camargo/Agência Brasil

 Propaganda

En mensaje enviado este lunes (4/2) al Congreso Nacional, Bolsonaro defendió una reforma de la Previsión “moderna” y “fraterna”. A ejemplo de lo que hizo Michel Temer, el gobierno prepara una verdadera campaña masiva de medios en defensa de la reforma. Reeditará las mentiras de su antecesor sobre que la reforma acabará con los “privilegios” cuando, en realidad, mantiene los actuales privilegiados, como los parlamentarios, los jefes de las Fuerzas Armadas, y la casta de la Justicia, para beneficiar a los verdaderos privilegiados: los banqueros.

La reforma de la previsión significaría el fin del derecho a la jubilación para millones de trabajadores. La edad mínima y el elevado tiempo de contribución simplemente sacan del sistema a los trabajadores más pobres, precarizados e informales. A ellos, les restaría la “renta mínima” del BPC –que va a transformarse en una especie de “Bolsa Familia” para trabajadores pobres y con deficiencia–, menor que un salario mínimo.

Artículo publicado en www.pstu.org.br, 4 de febrero de 2019.

Traducción: Natalia Estrada.