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El Juez se despide de la Lava Jato para integrar un gobierno de notorios corruptos.

Por: Diego Cruz

Este lunes 5/11, el juez responsable por la Lava Jato en Curitiba, Sérgio Moro, anunció oficialmente su salida de la Operación Lava Jato para integrar el comando del Ministerio de Justicia del gobierno Bolsonaro. En nota, Moro dijo que su decisión se daba con el objetivo de “implementar una fuerte agenda anticorrupción y anticrimen organizado, con respeto a la Constitución, a la ley y a los derechos”.

Moro va a dirigir no solo el Ministerio de Justicia desecado por Temer, sino además la Seguridad Pública que retorna a la carpeta original, dando al juez también el control de la Policía Federal. Y se estudia también la incorporación de la Secretaría de Transparencia y Combate a la Corrupción, la Contraloría General de la Unión y el Coaf (Consejo de Control de Actividades Financieras). Un “superministerio”, al lado del que Guedes va a comandar en Economía.

La medida fue vista por gran parte del electorado y del mercado financiero como una fuerte indicación de que el gobierno Bolsonaro tendrá “tolerancia cero” con la corrupción. La “limpieza” realizada por el juez de Paraná llegaría a Brasilia y blindaría al futuro gobierno de los escándalos de corrupción que marcaron a todos los gobiernos pasados, principalmente a los del PT.

Si esa versión funciona bien como marketing, la realidad, lamentablemente, es muy otra.

Lava Jato: una “limpieza” selectiva

Moro y la Operación Lava Jato ya dieron muestras de que, si por un lado fueron fundamentales en la investigación y castigo de políticos involucrados en un mega esquema de corrupción, por otro no consiguieron esconder la selectividad que marca su actuación. En lugar de investigar y arrestar a todos los corruptos, pesa más la mano contra los corruptos del PT y se alivia con los corruptos de otros partidos como el MDB o el PSDB.

Nada explica que Temer, Aécio Neves y tantos otros políticos, incluso muchos que integrarán el nuevo gobierno, estén sueltos. Aécio, incluso, agraciado con un nuevo mandato parlamentario y el foro privilegiado que este garantiza. Por su parte, las “filtraciones” previamente seleccionadas por Moro y divulgadas en momentos claves, como la intercepción telefónica entre Dilma y Lula durante el proceso de impeachment, o más recientemente la liberación de la delación de Palocci días antes de la elección, no dejan dudas sobre la motivación política de Moro.

La Lava Jato no es, sin embargo, como repite el PT y otros partidos que orbitan a su alrededor, una operación orquestada por las elites y el imperialismo para defenestrar a Lula y su partido. Es, antes que todo, una expresión de la crisis de este sistema político que se arrastra desde 2013 y que alcanzó prácticamente a todos los partidos del “establishment”. Un cortocircuito de una división interburguesa en medio de la crisis. Así, el PSDB y el MDB fueron también duramente golpeados en ese proceso. Pero sus dirigentes continúan sueltos y libres para integrar el futuro gobierno. Es como tirar la basura abajo de la alfombra. O un chorro de agua [lava-jato] que limpia solo una de las partes del automóvil, corriendo el polvo de un lado al otro.

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¿Qué va a hacer Moro en Brasilia?

Algunos pueden hasta pensar: todo bien, la Lava Jato es selectiva, no castiga a todos con el mismo rigor, pero Sérgio Moro es honesto y va a ser un avance en el combate contra la plaga de la corrupción en Brasilia. Una vez más, lamentablemente, es solo mirar la propia composición del futuro gobierno para ver que eso no va a ocurrir.

Para comenzar, el brazo derecho de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, del DEM, futuro ministro jefe de la Casa Civil, ya confesó haber recibido Caja 2 de la JBS, crimen que el propio Sérgio Moro dice ser “peor que la corrupción”, además de un “crimen contra la democracia”. Lorenzoni es un político financiado por empresas armamentistas como la Taurus, defensor de terratenientes, y miembro de un grupo político comandado por Alberto Fraga, también del DEM.

El propio Bolsonaro indicó a Fraga como posible coordinador de su base en el Congreso. Alberto Fraga, que muchos llegaron a pensar como uno de los futuros ministros, fue condenado por corrupción, envuelto en un esquema de cobro de coimas en contratos de transporte en el Distrito Federal (DF) durante el gobierno Arruda.

Por su parte, Paulo Guedes, el gurú económico de Bolsonaro y futuro ministro de Economía, es investigado en la Operación Greenfield, que reveló un esquema millonario de fraude involucrando gestiones de fondos de pensión multimillonarios como la Previ (Banco de Brasil), Petros (Petrobras), Funcef (Caixa) y Postalis (Correos). El senador Magno Malta (PR-ES), por su parte, brazo derecho de Bolsonaro, que rezó en su discurso de posesión, es investigado en la mafia de las sanguijuelas.

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El propio Bolsonaro tiene sobre sí sospechas de enriquecimiento ilícito, además de uso de funcionarios fantasmas en el gabinete, sin contar el mega esquema de Caja 2 y fake news llevado a cabo durante su campaña electoral.

Es justamente en este gobierno que Sérgio Moro aceptó integrarse, sin ninguna crítica o reserva. Y es a quien estará sometido mientras comanda él mismo una enorme estructura de seguridad pública. El primer efecto de Moro en Brasilia será, así, el de garantizar un cierto barniz “ético” al futuro gobierno, eclipsando a figuras corruptas que ocuparán el Planalto y la Explanada de los Ministerios. Pero hay otras implicaciones.

Al servicio de un proyecto autoritario

No es precisamente inédito un gobierno que utiliza a figuras pretendidamente éticas para ensayar su “combate a la corrupción”. La diferencia ahora es que Moro, con toda su popularidad conquistada por la Lava Jato, se coloca como legitimador de un proyecto político autoritario representado por el futuro gobierno.

Bolsonaro tiene un proyecto no solo ultraliberal, de ataques a los derechos de los trabajadores y que incluye la reforma de la previsión, más la reforma laboral y las privatizaciones. Su gobierno tiene un proyecto autoritario para el país, o sea, de restringir todavía más nuestras ya parcas libertades democráticas. Eso se revela en su discurso: dijo que la oposición iría a la prisión o al exilio; defendió el cierre de los sindicatos; su vice habló abiertamente de la posibilidad de un autogolpe, además de todo su histórico de defensor de la dictadura militar, de la tortura y de los torturadores.

Pero para quien cree que todo eso no pasa de “exageraciones” habladas en el calor de la campaña electoral, esas medidas ya están comenzando a salir del campo de discurso.

Magno Malta quiere, por ejemplo, empeorar la ley antiterror aprobada por Dilma, a fin de criminalizar no solo los movimientos sociales sino cualquier protesta contra el gobierno de turno. Cualquier manifestación que contraríe al gobierno podrá ser tachada de “terrorismo”, con penas que varían de 12 a 30 años; el proyecto está en el Senado y Malta quiere aprobarlo aún en 2018.

Para completar, en el apagar de las luces, Temer editó un decreto (9.527) que crea una “fuerza tarea” de inteligencia. Va a integrar la Abin (Agencia Brasileña de Inteligencia –antigua SNI de la dictadura), servicios de inteligencia de la Marina, el Ejército y la Aeronáutica, además de la Agencia de Recaudación de Impuestos Federal, la Policía Federal y varios otros órganos del Estado. Bolsonaro y sus aliados tendrán en manos un verdadero monstruo para investigar los movimientos sociales, mucho peor de lo que fue la antigua SNI. Moro ayudará a comendar ese aparato represivo a partir del año que viene.

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Sérgio Moro, por lo tanto, no va a luchar contra la corrupción en Brasilia. Va a ser la “vidriera ética” de un gobierno de corruptos, poniendo su popularidad al servicio de un proyecto de ataque a los trabajadores y las libertades democráticas, o sea, nuestra libertad de organización, manifestación y expresión.

En defensa de los derechos, de las libertades democráticas y prisión de todos los corruptos

La tarea que se plantea para la clase trabajadora es la unidad en torno a la defensa de nuestras jubilaciones, de nuestros derechos laborales, y la libertad de organización y protesta. Y en ese sentido, también la lucha contra la corrupción. Defender corruptos como hacen el PT y sus “arrimados” es dar de regalo esa lucha democrática a la derecha, y ahora a la ultraderecha hipócrita e igualmente corrupta.

El PSTU defiende la investigación y prisión de todos los corruptos y corruptores, así como la confiscación de sus bienes. Sean del PT, MDB, PSDB, DEM, y el propio Bolsonaro.

Artículo publicado en www.pstu.org.br, 5/11/2018.-

Lea también: Los desafíos de la clase trabajadora con la elección de Bolsonaro, en www.litci.org

Traducción: Natalia Estrada.