Compartir

El pasado 25 de enero se rompió la represa de residuos de mineral de hierro perteneciente a la Vale S.A., en el municipio de Brumadinho, Minas Gerais. Hasta el momento en que estas líneas son escritas, ya se contabilizaban 325 personas entre muertos y desaparecidos. Es ya, de lejos, el mayor número de muertes en accidentes de trabajo en la historia del país, además del daño ambiental incalculable. El hecho en sí mismo es chocante, podría pasar por mero accidente, por mera fatalidad, si no fuese el caso de que tres años antes otra represa de residuos de gran porte se había roto en Mariana [otra ciudad minera de Minas Gerais]. Como dice un dictado popular: un rayo no cae dos veces en el mismo lugar. Y realmente. Este dicho “accidente” es solo la punta del iceberg de un largo proceso que vamos a narrar.

Por: Gustavo Machado

Todo ocurre justamente cuando las estatales, las pocas todavía no privatizadas, son el blanco principal del discurso de Jair Bolsonaro (PSL) y de su “puesto Ipiranga”[1] para temas económicos, Paulo Guedes. Las estatales serían el gran villano de la economía nacional. Ineficientes, comandadas por partidos políticos, su venta sería la solución para el actual déficit en el presupuesto federal. Es innegable que tales críticas tienen su razón de ser. Las personas están cansadas de servicios públicos precarios, de los sucesivos escándalos de corrupción en el seno de las instituciones estatales. Pero la segunda tragedia consecutiva en una empresa privada que, por más de una década fue considerada el modelo perfecto de privatización, no deja de plantear la pregunta opuesta: ¿en qué sentido las empresas privadas son eficientes? ¿Eficientes para quién? Y lo que es peor. Siendo el Estado responsable por la fiscalización, por la creación de barreras ambientales y todo lo demás, preguntamos: ¿cuál sería la relación entre el Estado y la iniciativa privada? ¿Qué intereses representan? El caso de la Vale S.A. es ilustrativo para discutir esta cuestión.

La ineficiencia, en el caso de la tragedia de Brumadinho, salta a los ojos. Las técnicas de monitoreo de represas ya están consolidadas hace décadas. Aún así, fallaron copiosamente. Como si no fuese bastante, existe ya tecnología económicamente viable que permite el tratamiento de residuos a seco, sin creación de represas; método que la Vale solo utiliza, en el mejor de los casos, en nuevas minas, manteniendo el arcaísmo de las antiguas. Además, construyó su sede administrativa y el refectorio de los trabajadores que actúan en la mina exactamente debajo de la represa. La situación raya lo ridículo en el caso de las alarmas, que no fueron activadas porque, según el presidente de la Vale, en todas las hipótesis de colapso testeadas, la empresa no tomó en cuenta el peor escenario posible: la ruptura abrupta de la represa. Ahora, el abecé de cualquier estrategia de seguridad es que siempre se comienza por el peor escenario posible. Pero la Vale, con toda su eficiencia, no tomó esto en cuenta.

Toda esa situación aberrante nos hace cuestionar sobre la connivencia del Estado en el proceso y, de hecho, es que lo que ocurre. La Agencia Nacional de Minería (ANM) informó que posee solo 35 fiscales capacitados para actuar en las 790 represas de residuos de mineral en todo el territorio nacional. En media, es casi un fiscal por Estado. ¿Cómo es posible esto? Muy simple. El gobierno federal no fiscaliza directamente las represas sino solo los laudos producidos por las empresas contratadas por las propias mineras. La falla en el mecanismo salta a la vista. Es la Vale quien contrata a las empresas que fiscalizarán la propia Vale. El contrato puede ser roto si el servicio de fiscalización “no fuera satisfactorio”. Es como si el análisis de su impuesto de renta fuese certificado, legalmente, por un contador que usted mismo contrató. Incluso hasta la licencia ambiental es realizada a partir de laudos hechos por una empresa contratada por la parte interesada.

Lea también  El Marxismo y el derecho al armamento del pueblo

Toda esa tierra de nadie no es por casualidad. Son las propias mineras que financian los gobiernos y a los parlamentarios responsables por definir las reglas ambientales de la minería. Un caso ejemplar fue la aprobación, en 2013, del Nuevo Código de Minería (Proyecto de Ley 0037/2011). Los exponentes del proyecto, los diputados Leonardo Quintão (PMDB-MG) y Gabriel Guimarães (PT-MG), recibieron, en las elecciones de 2014, cerca de 5 millones y 2,5 millones de reales, respectivamente, como donaciones de campaña. El primero tuvo 42% de sus recursos recaudados con empresas ligadas a la minería y el segundo, 20%. Y la lista es muy amplia. De los 27 diputados que integraron la Comisión Especial del Nuevo Código de Minería, 20 recibieron donaciones de empresas ligadas a la minería en sus campañas electorales de 2014. Esos diputados integran partidos como el PTB, PT, PSDB, DEM, PP, PSC, PCdoB, entre otros. A veces, la donación fue maquillada, o sea, indirecta. Hecha al partido y solo después pasada al candidato. Montos expresivos de donación de mineras también pueden verificarse en las campañas de Dilma Rousseff (PT) y de Aécio Neves (PSDB), los dos principales nombres de la disputa presidencial de aquel año 2014.

No es para espantarse, por lo tanto, la existencia de situaciones tan absurdas como esta de Brumadinho, validadas por el Nuevo Código de Minería de Dilma Rousseff. Pero existen otras piezas importantes en el tablero. Solo 20 días después de la ruptura de la represa en Mariana [también en Minas Gerais], el gobierno de Minas, de Fernando Pimentel, del PT, flexibilizó aún más las reglas de licenciamiento ambiental en el Estado. No sin razón, entre febrero de 2017 y enero de 2019, solo un proyecto minero fue trabado en la cámara técnica del Consejo Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais (Copam) sobre 40 evaluaciones realizadas. Ese licenciamiento fue utilizado por la Vale para ampliar la producción en Brumadinho, incluyendo la reutilización de los residuos de la represa que se rompió. El argumento de Pimentel fue el de desburocratizar y simplificar los trámites en la minería. Familiar, ¿no?

Pues bien, este discurso –desburocratizar, facilitar los licenciamientos, etc.– fue mil veces repetido por Jair Bolsonaro en toda su campaña electoral. Según él, en su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, “somos el país que más preserva el medio ambiente”. Al mismo tiempo, el secretario general de privatizaciones de Bolsonaro, Salim Mattar, afirmó que la “Vale no hace mal a nadie”.

Lo que vemos es el exacto opuesto. La casi inexistencia de fiscales del gobierno, seguridad controlada por la propia empresa, licenciamientos fáciles, ágiles y sin ningún criterio. Y los daños de ese proceso saltan a la vista.

Las tragedias de Mariana y Brumadinho muestran claramente quién sufre los daños de esa alianza espuria entre la iniciativa privada y sus agentes estatales. La defensa del medio ambiente no tiene nada que ver con la toma de posición a favor de los animalitos y las plantitas, de una naturaleza externa e intocable, como quieren hacernos creer ciertos ambientalistas. Medio ambiente es donde vivimos, en el interior de donde extraemos nuestra sobrevivencia por medio de la actividad de millones de trabajadores. Los residuos de mineral lanzados en cuencas fundamentales como la del río Doce y la del río San Francisco alcanzaron con un solo golpe a decenas de millares de agricultores, pescadores, entre otras muchas otras actividades de ellos dependientes. La cuestión, entonces, no es hombre versus naturaleza, sino hombres que se benefician de este proceso y otros hombres que son condenados a ver afectados sus medios de sustento, su trabajo, su vida. La cuestión no es el fin de la minería sino qué tipo de minería deseamos y para atender qué intereses.

En el caso de la Vale la respuesta es muy directa. Como sabemos, ella fue privatizada hace 20 años, por miserables 3.000 millones de dólares. Sí, miserables. Para tener un idea, desde 2000, la Vale tuvo más de 86.000 millones de dólares en ganancia líquida. La ganancia líquida es lo que sobra después de descontar todos los gastos, tanto productivos como financieros. De ese monto, 41,6 mil millones fueron entregados a los accionistas en la forma de dividendos, esto es trece veces más que el valor por el cual la Vale fue vendida. Pero esto no es todo.

Lea también  Nazismo: la cara de la extrema derecha negada por Bolsonaro

Justamente cuando fue privatizada, en 1997, en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (FHC) del PSDB, entró en vigencia la Ley Kandir, eximiendo de impuesto la exportación de productos semielaborados (o no industrializados). Asociado a eso tenemos los más bajos índices de royalties de mineral del mundo: el CFEM. Los royalties no son impuestos, se trata de una compensación que las mineras pagan por el mineral que ellas extraen del subsuelo. Para tener una idea, lo que el Estado de Minas Gerais recibió de royalties en todos los últimos 15 años jamás alcanzó 0,5% de su recaudación anual. Según estudio del Fondo Monetario Internacional (2007), Brasil fue el país que presentó la menor parte del Estado en los beneficios totales relativos al proyecto de mineral de hierro. Estudio este que incluye a países como Australia, Canadá y África del Sur. La explotación de la minería en el Brasil es, por lo tanto, para los accionistas y empresarios, la verdadera gallina de los huevos de oro. Un negocio muy eficiente.

Por lo tanto, el discurso de que la Vale pasó a pagar más recursos al Estado después de que fue privatizada, esconde que no fue la eficiencia del proceso productivo la clave de ese proceso sino la verdadera escalada en la demanda internacional del producto a la cola del crecimiento chino. Luego de ser privatizada, el precio de la tonelada bruta de mineral de hierro saltó de poco más de 30 dólares para casi 200. Ese proceso desencadenó una producción minera en masa, con récords de producción superados cada año, de forma descontrolada. ¿Alguna relación con la situación de las represas de residuos? Toda.

Con la escalada en los precios, todo tipo de fiscalización, licenciamiento y demás medidas de seguridad son quebradas unas tras otras. Al mismo tiempo, cuando el precio del mineral declinó a partir de 2013, cerca de 10.000 trabajadores fueron puestos en la calle en los dos años siguientes; a pesar de eso los récords de producción continuaron siendo superados, año tras año, desde entonces. Menos trabajadores, más producción.

Finalmente, toda esa enorme cantidad de riqueza y producción, extraída a costa del sudor y de la vida de millares de trabajadores, arrojados a la calle en la primera oportunidad, se escurre, predominantemente, para fuera del país. Con un agravante muy reciente, ocurrido aún durante el gobierno de Michel Temer. Los accionistas extranjeros pasaron no solo a recibir la mayor parte de las ganancias de la Vale, lo que ocurre desde hace muchos años, sino también a controlar las decisiones de la empresa. La situación es la siguiente: las acciones de la Vale se dividen en ordinarias y preferenciales. Ambas dan acceso por igual a las ganancias de la empresa, pero solamente las acciones ordinarias tienen poder de voto en la asamblea de la Vale. Las acciones preferenciales pertenecen, en su mayor parte, a accionistas extranjeros. Con las acciones ordinarias era diferente. El control accionario de la Vale aún era, indirectamente, hecho por instituciones estatales. Esto era así porque las acciones ordinarias de la Vale pertenecían en su mayor parte a una empresa llamada VALEPAR, constituida, en su mayor parte, por fondos de pensión y empresas ligadas al Estado.

Ocurre que en 2017, las acciones preferenciales de la Vale, con anuencia de la VALEPAR, se transformaron en ordinarias. Con eso, el capital extranjero pasó a representar 51% de las acciones ordinarias de la empresa. Con esa nueva situación, no solo la riqueza producida por la Vale se escurre para el capital internacional, como son ellos los que definen el futuro y las medidas a tomar por la empresa. No sin razón, el actual presidente de la Vale, Fabio Schvartsman, declaró: “A partir de esta noche, la Vale será una empresa sin contralor. Ese asunto de interferencia del gobierno yo lo considero resuelto. Ese asunto es una página dada vuelta. El gobierno ahora, como accionista minoritario, es tan bueno, tan correcto y tiene que ser tratado como cualquier otro accionista”.

Quien controla la Vale, por lo tanto, como dice Fabio Schvartsman, es el mercado, sobre todo el mercado internacional. Ni es preciso preguntar cuán interesado está este mercado en el desarrollo nacional, en la atención de las necesidades de los trabajadores brasileños, y en el mantenimiento del ambiente en el interior del cual ellos producen y reproducen las condiciones de su sobrevivencia. Este mercado está interesado, obviamente, únicamente en el monto de dinero que irá a deslizar para sus cuentas bancarias cada fin de año.

Lea también  ¿Por qué protestan los ingushes?

Por todo eso, vemos que la tragedia fue sí un asesinato con complicidad de los gobiernos federales y estaduales envueltos en todo el proceso, desde su privatización hacia finales de los años de 1990. Los directores de la Vale deben sí ser punidos de manera ejemplar, pero eso no es suficiente. Se debe exigir la suspensión inmediata de la remesa de lucro de la Vale para el pago de las víctimas y la limpieza del medio ambiente, no importa cuántos años sean necesarios para realizar este proceso. Es importante recordar que las víctimas no son solo aquellos que perdieron la vida en Brumadinho, envuelve también a todos los afectados por los residuos de mineral en el curso del Córrego do Feijão [región de la ruptura de la represa] y del río Paraopeba. Este proceso también acentúa la necesidad de reestatización de la empresa, pero sobre nuevos criterios. La Vale debe ser controlada por sus trabajadores, así como por los habitantes de las ciudades y regiones impactadas por la actividad de la minería. Es esto o el Brasil continuará siendo usado para alimentar las cuentas bancarias de un pequeño número de empresarios extranjeros y, también, usado como descarga de los emprendimientos de estos en el país.

[1] Ipiranga es una empresa brasileña del Grupo Ultra, la segunda mayor de distribución de combustibles en el país. La expresión “puesto Ipiranga” tiene que ver con una propaganda televisiva que frente a cualquier demanda, se remite a la persona a uno de esos puestos, en el que supuestamente encontrará lo que necesita. Algo así como decir, en este caso, “para todo servicio”, ndt.

Artículo publicado en www.pstu.org.br, 13/2/2019.

Traducción: Natalia Estrada.