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El acuerdo de Itaipú movilizó al pueblo paraguayo y amenaza seriamente al presidente del país, Mario Abdo Benítez, con un proceso de impeachment. Por el acuerdo negociado a escondidas de la población, el Paraguay pagaría más caro por la energía proveniente de Itaipú. La estimativa es que el aumento del costo obligaría al Paraguay a pagar más de 200 millones de dólares por año.

Por: Jeferson Choma

Cuando el acuerdo se hizo público el mes pasado, el presidente Abdo Benítez fue acusado de traición a la patria por haberlo firmado. Millares fueron a las calles en nuestro vecino país, y se realizó un amplio y justo debate sobre el carácter colonial del Tratado de Itaipú, firmado el 26 de abril de 1973.

No obstante, hay otro elemento podrido en esta historia. La interferencia del gobierno miliciano[1] de Jair Bolsonaro, que pretendía “fazer um gato” [robar energía sin tener necesidad de pagar por ella] en una de las mayores hidroeléctricas del mundo y beneficiar a su familia y amigos.

Tirando de los cables

Un reportaje del diario ABC Color en colaboración con el Estado de S. Paulo, mostró que el empresario Alexandre Giordano, que es suplente del senador Major Olímpio (PSL-SP), sirvió de intermediario del esquema para cambiar el acuerdo de Itaipú y favorecer así a la empresa brasileña Léros Comercializadora, de la cual es socio.

El acuerdo entre Bolsonaro y Abdo Benítez suprimía el ítem 6, que permitía a la Ande (la estatal paraguaya de energía) vender más barata, directamente en el mercado brasileño, la llamada energía excedente. Con la remoción del ítem 6, el acuerdo privilegiaría a empresas brasileñas que quisiesen comprar el excedente, como la Léros. El plan era simple: pagar barato por la energía paraguaya y revenderla más caro en el Brasil. Eso significaría que el pueblo paraguayo y el brasileño pagarían una energía más cara, mientras la Léros facturaría millones.

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Bolsonaro y su familia de milicianos también ganarían mucho dinero con eso. Según el abogado José “Joselo” Rodríguez, que se presentaba como asesor jurídico del vicepresidente del Paraguay, Hugo Velázquez, la Léros se decía representante de la “familia presidencial” y del “gobierno brasileño”.

La empresa es tan próxima de los Bolsonaro que hasta la sede del directorio estadual del PSL de San Pablo, cuyo presidente es el diputado Eduardo Bolsonaro, funcionó en el mismo predio donde quedan las empresas de Giordano.

Modus operandi

El acuerdo es muy pedagógico, pues muestra cómo actúa el gobierno miliciano de Bolsonaro. Las milicias que actúan en las comunidades de Rio de Janeiro viven de la extorsión de los pobladores. Cobran tasas por servicios básicos como agua, luz, gas, transporte alternativo, venta de inmuebles, señales clandestinas del TV, internet y, claro, seguridad. Ese es el proyecto de Bolsonaro para el Brasil. Y comienza queriendo “fazer um gato” en Itaipú para cobrar más caro por la energía.

Allá en el Paraguay el acuerdo se tornó un escándalo que puede derribar el gobierno. Pero por aquí, los grandes medios como la red Globo y la Record, hacen un silencio ensordecedor.

[1] En el contexto de la criminalidad brasileña, milicia designa un modus operandi de organizaciones criminales que poseen control armado y se mantienen con recursos financieros provenientes de la extorsión a la población, como señala el artículo. Muchos milicianos son habitantes de las comunidades y cuentan con el respaldo de políticos y dirigentes locales, y muchos políticos son notorios milicianos o tienen profundas ligazones con esos grupos paramilitares, ndt.

Título original del artículo en portugués: “Governo miliciano pretendía fazer gato en Itaipú”, publicado en www.pstu.org.br, 20/8/2019.

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Traducción: Natalia Estrada.