Compartir

Un documento secreto de 1974 liberado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos que demuestra que el ex presidente Ernesto Geisel era quien aprobaba los asesinatos (“ejecuciones sumarias”) de aquellos que luchaban contra la dictadura, causó mucho debate esta semana.

Por: Américo Gomes, del Instituto José Luis y Rosa Sundermann, 13/5/2018.-

El núcleo dirigente de estos crímenes era formado por los generales Geisel, Milton Tavares (el mismo que intentó acabar con la huelga en el ABC en 1980), João Batista Figueiredo (presidente sucesor de Geisel) y Confúcio Danton (que asumió la jefatura en el CIEX, Centro de Informaciones del Ejército). Geisel ordenaba los asesinatos, pero alertaba tomar “grandes precauciones” y que alcanzase “apenas a subversivos peligrosos”.

El documento presenta el número de 104 personas ejecutadas sumariamente por el CIEX. Estos números, si son correctos, se refieren solamente a esta institución, pues las muertes causadas por todos los aparatos de represión de la dictadura se aproximan a 500.

Las informaciones no son una novedad. Elio Gaspari, en su libro de 2003, “A ditadura derrotada”, ya relataba que Geisel, en el grupo en el cual se incluye al general Dale Coutinho, conspiraba para matar opositores, con Geisel afirmando: “Coutinho, ese asunto de matar es una barbaridad, pero yo creo que tiene que ser”. Así, también Confúcio Danton protegió la tortura prolongada y sistemática de la hija del mariscal Haschett Hall, de quien fuera ayudante de órdenes, asegurando que estaba siendo bien tratada[1]. João Batista Figueiredo contó al general torturador francés, Paul Aussaresses, sobre las torturas que acompañó[2].

En realidad, los asesinatos fueron la continuidad de la política adoptada en 1973 por Médici y Geisel, de aniquilación de las organizaciones de izquierda para allanar el camino de la “redemocratización, lenta y gradual”.

Estaban presionados por el fin del ciclo de “expansión económica”, el inicio de la crisis, agravada por la crisis del petróleo; fruto de eso, la división de la burguesía sobre cuál era el mejor régimen para mantener la explotación; y el inicio de las luchas de la clase obrera.

Fue la llamada “Operación Limpieza”, que incluía la prisión y muerte de los dirigentes de la AP-ML VPR, MR-8, PCBR y de la ALN; la “Operación Radar”, para eliminar a la dirección del PCB, entre 1974 y 1976, con la muerte de Herzog en octubre de 1975 y de Manuel Fiel Filho en enero de 1976; y la masacre de Lapa, en diciembre de 1976, eliminando o agarrando a la dirección del PCdoB. Era la “solución final” de la cúpula militar.

Geisel y la Operación Cóndor

Pero esta cúpula militar no se organizó solamente para realizar crímenes en el Brasil. Geisel y Figueiredo también fueron identificados como participantes de la “Operación Cóndor” que, coordinada por las embajadas norteamericanas, con la participación de cancilleres y policías latinoamericanos, y con la complicidad del poder judicial, de la Iglesia católica y de grandes empresarios del subcontinente y multinacionales, asesinaron a otros millares de trabajadores.

El dictador argentino Jorge Videla y el brasileño Geisel intercambiaron cartas haciéndose elogios mutuos y agradeciendo gentilezas por la “amplia colaboración” que estaban desarrollando en la “guerra contra la subversión”[3].

Demostraba el acuerdo entre los dos para la utilización del terrorismo del Estado binacional en el combate a los que luchaban contra las dictaduras. En 1976, fueron secuestrados y desaparecidos en la Argentina muchos brasileños, como describió el trabajo elaborado por el Grupo de Trabajo Operación Cóndor, de la Comisión de la Verdad. Pero también argentinos, uruguayos y chilenos eran presos, torturados y secuestrados en el Brasil, y enviados para sus países.

Cancilleres como Azeredo da Silveira, del Brasil, y César Guzzetti, de la Argentina, mantuvieron conversaciones con el principal elaborador de la “Operación Cóndor”: el norteamericano Henry Kissinger (¡que ganó el Premio Nobel de la Paz!), que recomendó a ambos ser eficaces en la simulación en el trabajo de exterminio de los enemigos. “Nosotros deseamos lo mejor para el nuevo gobierno (Videla)… Si hay cosas para hacer, ustedes deben hacerlas rápido…”[4].

Lea también  Oslo, una segunda “Nakba” palestina

Dictadura de militares y empresarios

La cúpula militar no cometió estos crímenes solamente porque tenían una saña destructiva contra las organizaciones de izquierda, sino porque, en asociación con los grandes empresarios, ganaron muchos beneficios y aumentaron sus ganancias.

Multinacionales como GM, Volks y Mercedes; bancos como Bradesco y Unibanco; y órganos de prensa como la Globo y la Folha de S. Paulo, entre otros, recibieron muchos beneficios. Con Geisel, particularmente las del ramo petroquímico. La creación de la Petroquisa, empresa subsidiaria de la Petrobras, hacia finales de 1967, fue parte del proyecto del gobierno militar para desarrollar el sector, con los empresarios brasileños entrando como socios y asociados. Entre ellos, el Grupo Suzano Papel y Celulosa; el Grupo Mariani; los bancos Económico e Itaú; las constructoras Camargo Correa, Engrel y Odebrecht; las químicas Rhodia y Dow Química, y el Grupo Ultra. El Estado entró con el trabajo pesado e inversiones (vía Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social –BNDES– y el capital privado que recibió las ganancias). Para garantizar la represión a la población y a los trabajadores, en 1972 Camaçari fue considerada área de seguridad nacional.

En junio de 1978, el presidente Ernesto Geisel dio inicio oficialmente a las actividades del Polo Petroquímico de Camaçari. En 1980, el gobierno militar creó una “holding company” llamada Nordeste Química S. A. (Norquisa), para donde migraron las acciones de la Copene, que englobaba 48 empresas del polo. Con eso, coronó la nueva estrategia de disminuir el control del Estado sobre las empresas del área.

Geisel asumió la dirección de la Norquisa en 1980, después de salir de la presidencia. Con su nominación hecha por empresarios como Celso Rocha Miranda (Internacional de Seguros), Peri Igel y Paulo Cunha (Grupo Ultra), Norberto Odebrecht (Odebrecht), Ângelo Calmon de Sá (Banco Económico), Clemente Mariani (Grupo Mariani). Todos conocidos financistas de la dictadura.[5] En su gobierno, Geisel obligó a la Petrobras a vender nafta para empresas petroquímicas a un precio más bajo, causando perjuicios a la empresa, las arcas públicas, y la economía brasileña. En un período en que el mundo economizaba petróleo dramáticamente, la Petrobras fue obligada a aumentar sus importaciones, con la nafta siendo vendida a 10% de los precios internacionales. En una CPI [Comisión Parlamentaria de Investigación] de la época, el diputado João Cunha denunció que Geisel había recibido 200.000 acciones de una de las empresas petroquímicas[6].

Brasil no castigó a ningún torturador

Causa espanto oír de la dirección del PT que estamos en una dictadura, aún más ellos, que durante todos sus gobiernos, de Lula y de Dilma, nunca agarraron a ningún torturador, nunca castigaron a un empresario que se benefició del régimen dictatorial.

La impunidad de los agentes de la represión militar y de las empresas que patrocinaron acciones ilegales fue una constante en los gobiernos petistas, y con certeza de la base para la actuación de ellos hoy.

Tenemos que mantener la exigencia de que los agentes de la represión y las empresas que patrocinaron el régimen de excepción y cometieron crímenes deben ser punidos.

No se puede usar el argumento de que la Ley de la Amnistía benefició a torturadores y asesinos, pues incluso hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos declara que estos crímenes no prescriben.

La Comisión de la Verdad en el Brasil sirvió para presentar muchas denuncias, pero ninguna de ellas fue aprovechada por el gobierno Dilma para castigar a los verdaderos golpistas.

Brasil es el país de América del Sur donde los responsables no tuvieron que pagar ningún precio por sus crímenes.

Los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso (FHC), Lula y Dilma no punieron a los responsables y no hicieron reparaciones [económicas] para todas las víctimas de la dictadura que fueron muertos, torturados, pesos y perseguidos por ella. Muchos no tienen reparación económica hasta hoy. Ni siquiera fueron abiertos todos los archivos militares. Lo que es realmente impresionante en la historia actual es que esa información llegue a público por causa de un documento de la CIA, que fue liberado en los Estados Unidos, mientras en el Brasil los documentos no son divulgados.

Lea también  La derrota de la Primavera de Praga cumple 50 años

El ministro de Seguridad Pública, Raul Jungmann, afirmó que la revelación de documentos de la CIA no alcanza el prestigio de las Fuerzas Armadas. Desde su punto de vista, es correcto. Para los patrones y el gobierno, la esencia del Estado brasileño es reprimir a los trabajadores. Por eso, su política es represión y encarcelamiento en masa contra la población negra y pobre. Incluso después de la dictadura, ningún gobierno, ni incluso los del PT, acabó con alguna policía militar en cualquier Estado y ni siquiera con las Tropas de Choque y las Rotas [Rondas Ostensivas de Tácticas Armadas, ndt], porque la lógica es: la represión tiene que continuar.

Hay, claramente, una diferencia entre un régimen dictatorial donde las libertades democráticas no son respetadas para nadie y la democracia burguesa clásica, llamada actualmente Estado Democrático de Derecho, donde la persecución política no es generalizada.

Pero en relación con los derechos democráticos de los trabajadores y de los más pobres, continuó todo como antes. La verdad es que en la democracia burguesa en el Brasil, para la clase obrera y los sectores más explotados de la sociedad, la diferencia con lo que ocurría en la dictadura es mucho menor. Eso ocurre porque esta “democracia” también es una dictadura, una dictadura de los ricos y los patrones para reprimir a los trabajadores, y por eso todas sus instituciones están volcadas a esta represión.

Cuando el PT habla de que hubo golpe, intenta pasar la idea de que hasta el gobierno Dilma vivíamos en una verdadera “democracia con justicia social”, en que el pueblo tenía sus derechos respetados, el poder económico estaba de rodillas y que, de repente, todo eso quedó atrás, a través del impeachment. Si fuese verdad, tendríamos que salir en defensa del gobierno del PT. Pero eso es una farsa: en los gobiernos del PT, la política económica ya era neoliberal, los derechos de los trabajadores ya estaban siendo atacados, los patrones se fortalecieron. Mandaban en la economía los mismos grupos económicos que mandaban en la época de la dictadura de Médici y Geisel, las constructoras (Odebrecht o Camargo Correa), bancos y multinacionales.

En nuestro país, incluso en el gobierno de los petistas, el aparato policial y el poder judicial están al servicio de los ricos y de los patrones. Huelgas son consideradas ilegales y piquetes y manifestaciones son violentamente reprimidos.

En el Brasil, son asesinadas anualmente más de 50.000 personas. En los últimos diez años, llegamos a cerca de 600.000 muertes. Un número superior a las muertes en la mayoría de los conflictos armados en el mundo. Esta violencia del Estado tiene “dirección, género, color y edad”, son jóvenes negros, de sexo masculino, entre 15 y 24 años, escolaridad baja y habitantes de la periferia. Cerca de 71% de las personas asesinadas son negras.

Cerca de 12 mujeres (49.500 por año) y 135 violaciones fueron registradas por día en 2016. Brasil ocupa la quinta posición en número de feminicidios en el mundo. Pero la política del Estado de defensa de las mujeres es, como mínimo, vergonzosa. Más de 70% no denuncia los crímenes, por que no hay investigación especial, casas de auxilio, y muchas de las que denuncian son muertas sin ninguna protección.

Brasil posee la tercera mayor población carcelaria del mundo. Con la mayor tasa de crecimiento, en 2015, fue de 6%. La población carcelaria brasileña creció 267% en 14 años (2000 a 2014). Tenemos casi dos presos por cada vacante. Cerca de 56% de los presos hombres tiene entre 18 y 29 años; 62% son negros; 75,08% tienen solo enseñanza primaria completa. El trágico destaque es que en este período el aumento de la población femenina fue de 567,4%. En general, jóvenes, madres solteras, responsables del sustento familiar, negras y pobres. De estos presos, cerca de 45% está en régimen de prisión provisoria, no fueron juzgados por los crímenes de que son acusados, pero ya están presos. Por lo menos 48% son acusados por crímenes donde no fue usada directamente la violencia. En alrededor de 68% de los casos, la vinculación penal es por involucramiento con el tráfico de drogas. Reos primarios y criminales no violentos conviven con presos violentos, asesinos, violadores, y facciones criminales.

Lea también  Refugiados venezolanos en Brasil: un drama provocado por los gobiernos y latifundistas

La nueva Ley de Drogas (Ley n.° 11.343/06, hecha por Lula (él mismo), entonces presidente de la República, aumentó la pena mínima de tráfico para cinco años de reclusión (con el máximo de quince), con el objetivo de impedir la aplicación de las penas alternativas, solamente teniendo derecho a la libertad condicional con dos tercios de la pena cumplida, desde que no fuese reincidente específico. Como la mayoría de la población carcelaria pobre es acusada de tráfico de drogas, no tiene derecho a penas alternativas o libertad condicional.

La verdad es que la actual sociedad capitalista no tiene el menor interés en acabar con la criminalidad. Primero, porque ella es fruto de la miseria, y los grandes capitalistas lucran con la miseria; además, los gastos del Estado están dirigidos a la represión y no para la socialización. La violencia del Estado es un instrumento para atemorizar a la mayoría de la población pobre para que ella no se insurreccione o se rebele. Incluso en las mejores democracias del mundo, los trabajadores no tienen derecho irrestricto de huelga o manifestación. Como mínimo, si hace huelga es despedido. En la ”democracia” argentina, decenas de trabajadores están presos, condenados y perseguidos, como Sebastián Romero, simplemente porque fueron a las calles a protestar contra las reformas del gobierno, como en el Brasil.

Contra las dictaduras clásicas y la farsa de las democracias de los ricos, es necesario que los obreros y la población pobre y oprimida construyan su propia sociedad con un gobierno de los trabajadores que dirija el Estado para su bienestar.

Notas:


[1]
GASPARI, Elio. A Ditadura Derrotada [La dictadura derrotada]. Rio de Janeiro: Editora Intrínseca, 2 ed. 544 páginas.

[2] DUARTE-PLON, Leineide. “A tortura como arma de guerra” [La tortura como arma de guerra]

[3] Por ejemplo, en una carta del 15 de diciembre de 1976, publicada por la revista Carta Maior.

[4] Documentos del “Arquivo Nacional de Segurança” [Archivo Nacional de Seguridad]

[5] Artículo de Aluízio Maranhão, publicado en la revista Isto É, 26 de agosto de 1980.

[6] O Estado de São Paulo.

Traducción: Natalia Estrada.