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Las quemas en la Amazonia adquirieron una dimensión mundial. Movilizaciones de la juventud, trabajadores, intelectuales, artistas, científicos, y millares de personas ganaron las redes sociales y las calles de varias ciudades del Brasil y del mundo.

Por: Jeferson Choma

Presionado por la ola de protestas, Bolsonaro hizo un pronunciamiento en red nacional de TV y prometió combatir los incendios con ayuda de los militares. Recibió cacerolazos de norte a sur del país. No hay ninguna razón para creer en las palabras de este gobierno que recientemente legalizó un gran paquete de agrotóxicos para uso extensivo, muchos de ellos prohibidos en todo el mundo. Un gobierno que estimula a grandes estancieros, garimpeiros y madereros a invadir tierras indígenas y Unidades de Conservación.

No por casualidad, un grupo de estancieros, madereros y grilleros [los que se apoderan de tierras sin escritura de propiedad] promovió el “día del fuego” en la BR-163 [autopista] para mostrar a Bolsonaro que apoya sus ideas de aflojar la fiscalización del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama). ¿Cómo creer en un gobierno que cambió el respetado Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (Inpe) por una empresa estadounidense para hacer el monitoreo de las quemas? Definitivamente, no da para tomar en serio un gobierno que deja solo tres funcionarios del Ibama para hacer la fiscalización en Altamira (Pará), la ciudad que más desmonta en el país, o que incluso dice que preservar el medio ambiente “es cosa de vegano”. Después recibió a los gobernadores de la Amazonia Legal y no dijo casi nada sobre los incendios. Solo reafirmó su compromiso de no demarcar ninguna tierra indígena. Por lo tanto, las promesas de Bolsonaro son tan falsas como las estatuas de la libertad de las Tiendas Havan [negocios de electrodomésticos, electrónicos y decoración de venta al por mayor, que posee una réplica de dicha estatua en su entrada].

Bolsonaro y los militares: lacayos de Trump

Y lo peor es que las bravatas de Bolsonaro fueron acompañadas por las fanfarronadas de sus generales. El general Villas Bôas, por ejemplo, escribió en una red social que Francia no tiene “autoridad moral” para tratar el asunto, y habló sobre “amenazas de empleo de poder militar” sobre la base de lo dicho por el presidente francés.

Ahora, los militares son cómplices del entreguismo de Bolsonaro. Son parte del desmonte de todos los órganos de fiscalización, como el Ibama y el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). Basta recordar que el ministro del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), general Augusto Heleno, criticó el Inpe, que indicó aumento de más de 80% en el desmonte de la Amazonia solamente en este año. Dijo que “sería conveniente que nosotros no alardeásemos eso”. Hubo hasta un general del equipo del gobierno que dijo: “En mis tiempos no había Ibama para hinchar las pelotas”.

Pero es preciso hacer una corrección. Los militares no son solo cómplices de la destrucción y de la entrega de la Amazonia a los Estados Unidos. Ellos fueron artífices de todo esto. La dictadura militar presentó una nueva visión para explotar la región y fue responsable por la internacionalización de la Amazonia.

La dictadura reforzó el papel de sumisión del Brasil frente a los países imperialistas. Los militares hicieron caminos y abrieron acceso a los recursos naturales de la región a los grupos económicos nacionales e internacionales. Provincias mineras, como la Serra dos Carajás, fueron expuestas a grandes grupos económicos nacionales y extranjeros, como la U.S. Stell, la gran minera estadounidense. Contrataron un relevamiento de aerofotogrametría de una empresa de Estados Unidos, cuyos datos fueron a parar a manos de la U.S. Stell, que “descubrió” Carajás, la mayor provincia mineral del planeta en la época.

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Recibieron de brazos abiertos al multimillonario norteamericano Daniel Keith Ludwig, un maníaco que ganó de presente de los militares un área del tamaño de Sergipe casi 22.000 km2), localizada entre el Amapá y el Pará. Así, Ludwig pasó a controlar un área con 290 millones de toneladas de bauxita. “Cuando ocurre el golpe del 64, el primer presidente de la dictadura, Castelo Branco, llama para él y dice: ‘puede venir que ahora el Brasil es un país seguro’”, recuerda el profesor de la Universidad Federal del Pará, Gilberto Marques, en entrevista del programa Opinião (https://www.youtube.com/watch?v=kEQhITInKU0&t=27s).

Por lo tanto, los militares de Bolsonaro no tienen ninguna “autoridad moral” para hablar en defensa de la Amazonia o de soberanía nacional. No pasan de miembros de un gobierno lacayo de Trump, que bate continencia para la bandera de los Estados Unidos.

Macron también es imperialista

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, antes de la reunión del G7 dijo, en un pronunciamiento en la TV, que la Amazonia es un “bien común”, y pidió la movilización de los países centrales del capitalismo contra el desmonte. El político francés evocó el viejo discurso sobre la “internacionalización de la Amazonia”, que corre suelto hace años en los medios diplomáticos y en la gran prensa mundial.

En la reunión del G7, los países que dirigen el capitalismo mundial dijeron que concuerdan con “ayudar” en el combate a las quemas de la Amazonia. Son como buitres que sobrevuelan la carroña.

En el pasado, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore; el ex presidente de Francia, François Mitterrand; y Henry Kissinger, viejo lobo del imperialismo estadounidense y ex consejero de varios presidente de los Estados Unidos, dieron declaraciones semejantes a la de Macron sobre la necesidad de que el Brasil “acepte una soberanía relativa sobre la Amazonia”.

Este tipo de declaración merece repudio, se trata de una injerencia en nuestra soberanía, que evoca el mito de la internacionalización para ocultar un fuerte deseo colonial de las naciones imperialistas por apropiarse de las riquezas de la Amazonia.

Es también de una hipocresía titánica, como si los países centrales del capitalismo no tuviesen nada que ver con la destrucción de la Amazonia. Si la historia de la Amazonia es la historia del saqueo y del genocidio de su gente, cabe recordar que eso fue realizado por grandes empresas extranjeras, asociadas al capital nacional y al Estado brasileño.

La Francia de Macron, vale recordar, todavía mantiene una colonia política en la Amazonia, que es la Guayana francesa, un territorio que detenta enormes reservas de oro, prontas para ser explotadas.

Bolsonaro dijo que Macron tiene “‘mentalidad colonialista”, como si sus aliados como Trump o Israel no la tuviesen. Pero él mismo ataca a los pueblos indígenas y quilombolas, mientras revela su mentalidad de colonizado cuando dice que va a explotar la Amazonia con los Estados Unidos. “Cuando estuve ahora con Trump, conversé con él que quiero abrir para explotar la región amazónica en asociación”, dijo el colonizado el 8 de abril pasado.

Actualmente, existe en la Amazonia un total de 52.974 zonas mineras cubriendo un área de 1.6 millones de kilómetros cuadrados. La mayor parte de las zonas de interés minero está en fase de solicitación (50,8%). El Brasil abarca aproximadamente 80% de esas áreas.

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El capital extranjero explota la mayor parte de los recursos minerales, con consecuencias devastadoras para el medio ambiente y la población. Un ejemplo es la Hydro Alunorte, en Barcarena (Pará), una empresa noruega que arrojaba desechos de bauxita clandestinamente en los ríos e igarapés de la región. En febrero de 2018, el Instituto Evandro Chagas (IEC) divulgó el resultado de los estudios confirmando la contaminación en diversas áreas de Barcarena, provocada por los “gatos” [“desvíos” ilegales] clandestinos de la Hydro. Solo para recordar, Noruega, que es propietaria de la Hydro, es aquel mismo país que financia el llamado “Fondo Amazonia”.

Los planes de minería son acompañados por los planes de expansión energética sobre los ríos de la Amazonia brasileña. Son obras bancadas por el dinero público que tienen por finalidad ampliar los emprendimientos de prospección y explotación minera en la región, en los próximos años. El caso de Belo Monte es bien ejemplar de los terribles efectos socioambientales de tales proyectos. Planificada por la dictadura militar y construida por los gobiernos del PT, la hidroeléctrica resultó en la expulsión de comunidades campesinas e indígenas, en obreros superexplotados, mientras Altamira se volvía la ciudad más violenta del Brasil.

Se estima también que 71 empresas petroleras están presentes en la Amazonia sudamericana, destacándose las grandes corporaciones internacionales. La privatización de la Petrobras, pretendida por Bolsonaro, permitirá que las petroleras extranjeras se hagan con todo el petróleo y el gas contenidos en el subsuelo amazónico.

Doble política del imperialismo para la Amazonia

Pero la Amazonia no es solo una inmensa selva y una inmensa cuenca hidrográfica, también posee un patrimonio de conocimientos poco estudiado y conocido. Se estima que la selva concentre 15% de las especies de toda la Tierra. Las naciones imperialistas saben de la importancia de esa enorme riqueza. Saben que son como libros aún no leídos, y por eso no están a favor de convertirla totalmente en carbón y pasto, como pretende Bolsonaro y sus aliados.

Los países centrales del sistema capitalista desarrollaron estrategias para apropiarse de recursos genéticos de las selvas tropicales. Áreas de gran biodiversidad biológica estarían sujetas a la acción del imperialismo para ser protegidas y servir como reserva de valor, bancos de germoplasma (material genético de uso inmediato o con potencial de uso futuro), al servicio de la industria farmacéutica y de cosméticos. Por eso, Noruega y Alemania, por ejemplo, financian el Fondo Amazonia. Por esa misma razón, buena parte de las políticas de preservación ambiental del Brasil en estos últimos años fue bancada por el Programa Piloto para la Protección de las Selvas Tropicales (PPG-7), considerado uno de los más influyentes programas en que lo que se refiere a la formulación de las políticas públicas para la conservación del medio ambiente en el país. Financiado por los gobiernos de los países del G7, Países Bajos y la Unión Europea, el programa tenía sus fondos coordinados por el Banco Mundial.

En la Amazonia se desarrollan estrategias para obtención de informaciones genéticas, incluyendo ahí la etnobiopiratería, o sea, la apropiación del conocimiento sistematizado por pueblos indígenas y comunidades campesinas tradicionales. El geógrafo Carlos Walter Porto Gonçalves explica este proceso de creación de lo que llama “latifundio genético”, sostenido por el robo de los saberes tradicionales: “No es la planta o el animal que se lleva simplemente, sino sí la información construida por un determinado pueblo por medio de su cultura. Así, hablar de biopiratería es olvidarse de los probables derechos que tendrían las poblaciones que tradicionalmente tejieron sus conocimientos en íntima relación con los ecosistemas”. (La globalización de la naturaleza, y la naturaleza de la globalización, p. 317).

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Esta política está asociada a la solución social-liberal de la llamada “economía verde”, propuesta por gente como Marina Silva [ex siringuera de los tiempos de Chico Mendes y Osmarino Amâncio y ex ministro del Medio Ambiente, hoy afiliada al partido burgués Rede] y por la Red Globo. Se trata de una política ambientalista marcada por la mercantilización de los recursos de la selva y que exalta las soluciones de mercado para supuestamente salvar el medio ambiente. Ejemplos de esa política son la concesión de selvas públicas para el sector privado, la certificación “sustentable” de productos como la madera de las selvas tropicales y la implementación del programa de Reducción de Emisiones por Desmonte y Degradación de la Selva (REDD), que solo sirve a los intereses del capital financiero.

Lamentablemente, una parte de las ONGs sirve a ese objetivo y es financiada por esos recursos. Pero es preciso recordar que no todas las ONGs que actúan en la Amazonia actúan de esa manera. Muchas de ellas organizan comunidades campesinas e indígenas que luchan por sus territorios.

En resumen, hay una doble estrategia llevada a cabo por el imperialismo en la Amazonia: al mismo tiempo que explota los recursos minerales y petrolíferos de la región, con el apoyo de los gobiernos y del Estado, defiende la “conservación” de algunas áreas, como bancos de germoplasma, visando la explotación futura de los recursos naturales. Quedarse con todos esos recursos es lo que está por detrás de la historia mal contada sobre “internacionalización de la Amazonia”.

La mayor selva del planeta no dejará de estar amenazada, y el Brasil y el mundo no estarán libres de la posibilidad e inminencia de una catástrofe ambiental, mientras no superemos el sistema capitalista que destruye la Amazonia y convierte sus recursos en mercadería, y su territorio en propiedad privada. Precisamos de una sociedad socialista donde toda la gran biodiversidad biológica y el conocimiento tradicional de los pueblos de la selva estén al servicio del bien común de la humanidad. Una sociedad que no esté volcada a la ganancia y la acumulación de capital de un puñado de multimillonarios, como hacendados, banqueros y mineras.

Artículo publicado en www.pstu.org.br

Traducción: Natalia Estrada.