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Frente a la pandemia del coronavirus y el agravamiento de la crisis económica mundial, el ministro de Economía Paulo Guedes y Bolsonaro están proponiendo profundizar la aprobación de reformas ultraliberales que reducen derechos laborales y sacan recursos públicos de áreas esenciales. Una respuesta que revela, una vez más, el carácter ultraliberal de este gobierno que solo piensa en la defensa de los intereses de los grandes empresarios, banqueros y hacendados.

Por: CSP-Conlutas

A contramano de esta política que, en la práctica, es la causa de los problemas sociales existentes en el país actualmente, diversos economistas y especialistas defienden medidas opuestas, como la revocación del Techo de los Gastos (la Enmienda Constitucional 95) y el no pago de la célebre deuda pública.

En entrevista a la RBA, la coordinadora nacional de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, Maria Lúcia Fatorelli, explica que el Brasil podría disponer de billones de reales para combatir el avance del coronavirus y financiar medidas para garantizar salud, educación y asistencia social. Según ella, la suspensión inmediata del pago de intereses y encargos libraría recursos para inversiones relevantes en áreas esenciales a la población.

La deuda pública, que es controlada por grandes bancos nacionales e internacionales, consume casi 40% de todo el Presupuesto del país anualmente, solo con el pago de intereses y amortizaciones. Es una verdadera sangría, una especulación usuraria sobre los recursos públicos.

La Auditoría Ciudadana de la Deuda ya denunció cómo es un sistema ilegal que alimenta una deuda sin fin para beneficiar a un puñado de banqueros y especuladores. A través de mecanismos financieros, esos sectores generan una deuda ilegal e ilegítima que nunca tiene fin.

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La auditora fiscal jubilada de la Receta Federal explica que el gobierno gastó R$ 1 billón en diez años para remunerar a bancos diariamente. “Y aún tiene cerca de R$ 4 billones en caja: en el Tesoro, en el Banco Central, en reservas internacionales, pero todo eso está reservado, una vez más, para los privilegiados gastos financieros con la deuda pública”, afirma. “Debería destinar parte de esa montaña de recursos para aminorar las consecuencias de la pandemia de coronavirus”, afirmó a la RBA.

La revocación del Techo de los Gastos es otro tema que siempre fue defendido por los movimientos y organizaciones de los trabajadores, como la CSP-Conlutas, y ahora viene ganando más relevancia.

El último 12/3, el CNS (Consejo Nacional de Salud) divulgó una nota pública en la que pide la revocación inmediata de la Enmienda Constitucional 95, conocida como Techo de los Gastos Públicos, aprobada por el gobierno Temer en 2016. La medida congeló los gastos públicos por veinte años y viene quitando recursos del área de la salud, entre otras, desde entonces.

Hasta ahora, de acuerdo con estudio de la Comisión de Presupuesto y Financiamiento (Cofin) del CNS, el perjuicio al SUS (Sistema Único de Salud) llega ya a R$ 20.000 millones solo en 2019. A lo largo de dos décadas, los daños son estimados en R$ 400.000 millones al menos para las arcas públicas. “La autoprohibición presupuestaria que fue creada en 2016 es un suicidio económico, político y social”, afirma.

Grazielle David, doctora en Desarrollo Económico en la Unicamp y participante del podcast É da Sua Conta, apunta que la EC 95 ha perjudicado continuamente el financiamiento de la salud en el Brasil.

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“En los últimos años, con las medidas de ajuste fiscal, el SUS ha sufrido serias consecuencias. Hubo una serie de promesas. ‘La salud no tiene techo específico, no será afectada’. Los años probaron que esa narrativa no era verdadera. La realidad es que lo largo de estos años, el valor que se está aplicando en la salud es inferior al valor que podría ser aplicado si estuviese valiendo la regla anterior. Se corre el riesgo, ahora, de tener en 2020 una ejecución presupuestaria por debajo de la fue hecha en 2019”, indica.

“En todo el mundo, los gobiernos alegan necesidad de ajustes en las cuentas públicas y que no hay dinero para inversiones en sus países. Pero no hablan del sistema de la deuda pública que en todos los países funciona como una usura que chupa los recursos del país para direccionarlos al sistema financiero. Al contrario, siguen imponiendo paquetes de ajustes que desvían recursos públicos y reducen derechos laborales y sociales, como hacen Bolsonaro y Mourão, aquí en el Brasil. Es preciso acabar con esa lógica capitalista. Basta de arrojar la crisis capitalista, creada por ellos mismos, sobre los trabajadores”, afirma el integrante de la CSP-Conlutas, Atnágoras Lopes.

Confiera las medidas que la CSP-Conlutas defiende para enfrentar la pandemia del coronavirus y la crisis económica, en el sitio de la misma: cspconlutas.org.br

Traducción: Natalia Estrada.