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El sistema carcelario ya sobrecargado comienza a sentir los impactos de la propagación del Covid-19. La entrada del virus en los presidios puede generar muertes en masa frente a la falta de salubridad en las celdas y la salud debilitada de muchos presos.

Por: CSP-Conlutas

Los números del Depen (Departamento Penitenciario Nacional) apuntan 158 presos con sospecha de la enfermedad en el país y 62 casos confirmados, además de una muerte, ocurrida el 15 de abril en Rio de Janeiro. En el Estado de San Pablo, según los datos del Depen son 51 casos sospechosos y cuatro confirmados, con una muerte registrada el 19 de abril.

Como ha ocurrido en todo el país cuando se habla de datos sobre contagio y muertes, ese levantamiento debe ser mayor debido a la falta de testes.

La Pastoral Carcelaria ha recibido una serie de denuncias sobre estos casos, que no entran en las estadísticas oficiales. La entidad realizó una encuesta con 1.213 personas, entre ellas familiares, trabajadores y activistas ligados al sistema carcelario.

El levantamiento hecho por la entidad informa que 377 personas (31,35%) relataron que hay sospechas de casos de coronavirus en las prisiones.

Sobre casos confirmados, la Pastoral revela que 245 personas (20,4%) afirmaron saber de la existencia de personas con el virus en el sistema penal. Mientras 222 (18,5%) dijeron que no saben de casos concretos.

El hecho que más llama la atención de la entidad es el gran número de personas que respondieron que no tienen acceso a informaciones sobre la salud de los presos.

“Eso muestra que la secretarías de administración penitenciaria de la mayoría de los Estados no están siendo transparentes en las medidas que han tomado para combatir la pandemia, dejando desamparada a la población, que necesita de esas informaciones”, dice la nota divulgada en su sitio.

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La Pastoral destaca incluso que la única acción informada fue la de prohibición de las visitas, lo que provoca la no entrada de materiales a través de los familiares, lo que puede causar “serios problemas a los presos y presas, pues sin lo que reciben de sus familiares, no tienen comida o productos de higiene suficientes para tener el mínimo de dignidad en las prisiones”, apunta.

El estudio hecho por la entidad señala incluso que 65,9% afirma que alimentos y productos de higiene enviados para detenidos no están entrando en las prisiones.

En entrevista para el portal Periferia en Movimiento, la abogada Dina Alves, que actúa en el combate por la excarcelación de la población, resalta la necesidad de celeridad en el cumplimiento de la resolución del CNJ (Consejo Nacional de Justicia), que orienta soltar a los presos provisorios del grupo de riesgo y que no representan riesgo social.

“Las prisiones sufren con el súper encarcelamiento, el hacinamiento, la precarización de la salud y la proliferación de enfermedades como tuberculosis y neumonía”, evalúa Dina. El Brasil posee cerca de 710.000 detenidos, siendo que tres de cada diez ni siquiera fueron juzgados.

El [ahora ex] ministro de Justicia Sérgio Moro, no obstante, declaró a los medios de prensa que la situación estaba bajo control. Apuntó como solución medidas de higiene, fin de las visitas, restringiendo incluso hasta el contacto con abogados.

“¿Cómo el ministro Moro puede hablar de hacer higienización regularmente si no hay agua y jabón, si las celdas están llenas? ¿Cómo estar a 1 o 2 metros de distancia? Son providencias que el Ministerio de Justicia sabe que son irreales”, denunció al portal Mídia Ninja la coordinadora nacional de la Pastoral Carcelaria, Hermana Petra.

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Sin el debido apoyo jurídico necesario, los familiares de presos siguen angustiados, sin noticias.

Manaus es una de las capitales que más sufre con la falta de estructura en hospitales, cementerios, y también presidios.

En la segunda cadena más populosa del Amazonas, en Manaus, hay relatos de malos tratos y el no debido tratamiento de presos sospechosos de estar con la enfermedad. La UPP (Unidad Penitenciaria de Puraquequara) abriga a cerca de 1.300 presos. El Estado de Amazonas tiene la segunda mayor superpoblación carcelaria del país, atrás solo del vecino Roraima, según datos del Depen.

Según la denuncia hecha por medio de reportaje del portal Pública, los detenidos en situación sospechosa de Covid-19, “no serían llevados a la enfermería”, “permanecerían esposados en el ambulatorio”, “que estarían sufriendo desmayos y temblores” y “que no estarían recibiendo remedios”.

Pasó la hora de una política efectiva por la excarcelación

Para la integrante del Movimiento Lucha Popular, Irene Maestro, esos datos revelan la política genocida del sistema carcelario, que frente a la pandemia puede legitimar una forma más de pena de muerte para la población negra y pobre en del país.

“Las medidas adoptadas hasta ahora por los gobiernos solo han empeorado la ya degradante situación a que los presos y presas están sometidos cotidianamente. Ya se produjeron fugas, rebeliones, y han circulado videos de presos denunciando la situación desesperante y pidiendo indulto o prisión domiciliaria”, dice Irene, puntuando que esa realidad se ha repetido en varios países.

La integrante de Lucha Popular resalta, con todo, que en algunos países los gobiernos han liberado a los presos y hasta en los Estados Unidos, que tiene la mayor población carcelaria del mundo, ya está siendo debatida la excarcelación. “Precisamos defender medidas de excarcelación, pues son la única salida para evitar la matanza anunciada. No podemos permitir que para una parte de la población –y la misma de siempre– el destino sea la perpetuación del genocidio. Es una oportunidad para debatir y exigir una política de excarcelación”, concluye.

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Traducción: Natalia Estrada.