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Brasil vive una crisis económica, social y política. Sobre eso no hay dudas. Especialmente la degeneración del régimen político y de sus instituciones y las revelaciones de corrupción desenfrenada, que parecen no tener fin, provocan una reacción de sectores populares. Esa reacción es más evidente en la clase media, pero también se da entre un sector de trabajadores que ansía poner orden, tener un nuevo actor con pulso fuerte que ponga fin al libertinaje de los políticos.

Por: Bernardo Cerdeira

Este sentimiento de un sector es lo que explica el crecimiento de la popularidad del diputado Bolsonaro, que tiene casi 20% de las intenciones de voto para presidente, según las encuestas de opinión. Es el mismo motivo que lleva a esos mismos sectores a aspirar a una vuelta a los tiempos de la dictadura militar, que la mayoría no vivió.

Algunos militares intentan aprovecharse de este sentimiento para defender alguna intervención como fue el caso del general Hamilton Mourão (foto), secretario de Economía y Finanzas del Ejército, que afirmó que “… o las instituciones solucionan los problemas políticos, con el Poder Judicial retirando de la vida pública esos elementos involucrados en todos los ilícitos, o entonces nosotros tendremos que imponer eso”.

En la coyuntura actual es poco probable un golpe militar porque esta no es la política internacional del imperialismo ni de la burguesía brasileña, ya que ciertamente una acción de ese tipo provocaría más polarización e inestabilidad. No obstante, es importante desenmascarar la falsa imagen que algunos tienen de la dictadura militar, como si esta hubiese sido un régimen de defensa de la patria, incorruptible, de paz, orden y tranquilidad.

Orden y tranquilidad para los ricos y la paz de los cementerios para el pueblo

El régimen instaurado por el golpe militar de 1964 se caracterizó desde el principio por una represión generalizada. Comenzó arrestando a cerca de 50.000 personas en los primeros meses después del golpe del 1 de abril de 1964, la gran mayoría trabajadores y estudiantes. Además, 6.592 militares que no concordaban con el golpe militar fueron punidos y casi todos expulsados de las Fuerzas Armadas.

Todos los partidos políticos existentes fueron prohibidos y solamente dos fueron autorizados a funcionar: ARENA, partido de apoyo al régimen militar, y MDB, que agrupaba a la oposición moderada.

Pero, fue después de la Ley de Seguridad Nacional (LSN de 1967) y principalmente del Acto Institucional n° 5 (diciembre de 1968) que cerró el Congreso y todas las Asambleas Legislativas de los Estados por casi un año, y que las medidas de represión aumentaron brutalmente.

Las reuniones políticas fueron declaradas ilegales a no ser que fuesen autorizadas por la policía. Fueron prohibidos los actos y manifestaciones públicas. Las ideas políticas socialistas o comunistas eran consideradas subversivas y los partidos de izquierda fueron prohibidos y perseguidos. Quien intentase organizar partidos que defendiesen esas ideas era encuadrado en la Ley de Seguridad Nacional y se arriesgaba a una pena de hasta ocho años de prisión. El AI-5 suspendió el hábeas corpus para “crímenes” de naturaleza política.

Se estableció la censura previa para la prensa, la televisión, la radio y los medios de comunicación en general, así como el cine, las obras de teatro, músicas y manifestaciones artísticas.

El balance de esas medidas represivas de la dictadura es brutal: 7.367 personas fueron acusadas en los términos de la Ley de Seguridad Nacional (10.034 investigados). Además de ellos, 4.862 tuvieron sus derechos casados. Cerca de 10.000 brasileños fueron forzados a dejar el país, y tuvieron que vivir en el exilio en algún momento.

Millares de presos políticos pasaron por las cárceles de la dictadura. Se adoptó la tortura como método sistemático por la policía política (DOPS) y por los órganos de seguridad de las Fuerzas Armadas (DOIs-CODIs, y otros). Entre los presos bajo la guarda del Estado, la Comisión Nacional de la Verdad identificó 434 muertos y desaparecidos.

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos estiman que cerca de 100.000 personas fueron perseguidas, perdieron sus empleos y fueron presas durante el período de la dictadura. Gran parte de ellas sufrió torturas y humillaciones.

Explotación y opresión contra los trabajadores y los sectores populares

Es necesario entender contra quién era dirigida tanta represión y por qué el golpe militar eliminó las libertades democráticas.

En los años anteriores a 1964 crecían en el Brasil la organización y la lucha de los trabajadores por mejores salarios y condiciones de trabajo; de los campesinos por la reforma agraria; de los estudiantes reivindicando más presupuesto para la educación, y de los militares por derechos democráticos dentro de las Fuerzas Armadas.

El golpe militar de ’64 intentaba acabar con la movilización y la organización de los trabajadores, campesinos y estudiantes. Y, especialmente, eliminar cualquier tipo de reivindicación en el interior de las Fuerzas Armadas.

Por eso, desde el primer momento la dictadura se preocupó en decretar la intervención en más de 400 sindicatos, nombrando interventores que impedían cualquier forma de organización independiente y delataban a trabajadores que intentaban organizarse en las empresas.

Se prohibieron las huelgas y eventuales huelguistas eran encuadrados en la tristemente célebre Ley de Seguridad Nacional. Empresas estatales, multinacionales y nacionales crearon departamentos especiales de seguridad que identificaban, despedían y denunciaban a trabajadores que luchaban por sus derechos.

A los empleados públicos se les prohibió organizar sindicatos y realizar huelgas. Peor, el AI-5 daba poderes al presidente de la República para despedir sumariamente, sin juicio, a cualquier empleado acusado de actividades políticas “subversivas”.

En el campo, los trabajadores rurales y pequeños propietarios que luchaban por la reforma agraria fueron perseguidos, y centenas de miles expulsados de sus tierras. Más de 700 dirigentes campesinos fueron asesinados.

La Unión Nacional de los Estudiantes (UNE), la Unión Brasileña de los Estudiantes Secundarios (UBES) y las Uniones Estaduales de Estudiantes (UEEs) fueron perseguidas e ilegalizadas. Todas las organizaciones estudiantiles de base fueron reprimidas de alguna forma.

Así, el Estado favoreció una brutal explotación de los trabajadores y los sectores populares. No fue en vano que los grandes grupos económicos, incluso los grandes diarios y medios de comunicación apoyaron, sin excepciones, la dictadura. El llamado “milagro económico” del régimen militar significó al mismo tiempo un enorme aumento de la desigualdad y de la pobreza, la expansión desordenada de las ciudades con un crecimiento vertiginoso de las favelas [villas de emergencia], etc.

Sarney, Maluf y Cía: corruptos creados por la dictadura

Maluf y Figueiredo, presidente durante la dictadura militar brasileña.

Muchos de los defensores de la dictadura afirman que este era un régimen incorruptible. Además, una de las principales justificaciones para el golpe de 1964 era acabar con la corrupción. Nada más falso. Como un régimen político represivo que tenía como objetivo garantizar la propiedad y las ganancias de los grandes grupos capitalistas nacionales e internacionales, la dictadura inevitablemente tendría que involucrarse en la corrupción.

Fueron innumerables los casos denunciados: Caso Halles, Caso BUC, Caso Económico, Caso Eletrobrás, Caso UEB/Rio-Sul, Caso Lume, Caso Ipiranga, Caso Aurea, Caso Lutfalla (familia de Paulo Maluf, marido de Sylvia Lutfalla), Caso Abdalla, Caso Atalla, Caso Delfín, Caso TAA. No vamos a entrar en la descripción de cada uno de ellos porque ese no es el objetivo de este artículo, pero en internet hay una vasta literatura sobre todo.

El resultado de esta corrupción fue el favorecimiento de grandes empresarios, principalmente de las contratistas, que crecieron o surgieron a partir de los contratos millonarios de obras hechas durante los gobiernos militares. Es el caso de Camargo Correia, Andrade Gutiérrez, Mendes Jr., OAS (del yerno de Antonio Carlos Magalhães, el ACM) y otras.

La otra cara de esta corrupción desenfrenada fue el enriquecimiento astronómico de políticos que apoyaron el régimen militar y se enriquecieron de la noche a la mañana: José Sarney y familia, Antonio Carlos Magalhães y familia y Paulo Maluf son algunos de los ejemplos más conocidos.

Por último, es necesario desmentir la idea de que la dictadura defendía los intereses nacionales; desde el principio, el golpe fue articulado por el Departamento de Estado estadounidense y por la CIA. En el poder, los militares favorecieron a las multinacionales, las terminales automotrices o ensambladoras de vehículos, las remesas de lucros para el exterior y el endeudamiento externo con los grandes bancos extranjeros.

Por qué defender libertades democráticas

Hoy la dictadura forma parte de los libros de historia. La gran mayoría de los brasileños o nació después o era niño cuando acabó el régimen militar. Por eso, no se valoriza la inmensa lucha contra el régimen militar que duró más de dos décadas y que tuvo sus puntos altos de lucha con grandes huelgas de los trabajadores en 1978-1980 y con la campaña nacional por las Directas Ya.

Muchos pueden pensar que nada cambió: vivimos en una supuesta democracia donde los trabajadores son perseguidos dentro de las empresas; los jóvenes negros son reprimidos y muertos por la policía en las periferias; los sin tierra y los sin techo sufren represión y desalojos. Todo eso es cierto: el capitalismo es un sistema de explotación donde la “democracia” es en realidad una dictadura burguesa. Por eso, nosotros, socialistas, afirmamos que el capitalismo no puede ser reformado ni “humanizado” y luchamos por acabar con este sistema de explotación.

No obstante, sería un grave error no defender las libertades democráticas tan duramente conquistadas. La libertad de reunión, de manifestación, de organizar sindicatos y partidos socialistas, la libertad de prensa son fundamentales para que los trabajadores y los sectores populares puedan organizarse para derribar el capitalismo.

Sabemos que esas libertades son limitadas dentro del capitalismo. Por eso, luchamos por una democracia obrera, radicalmente opuesta a la falsa democracia burguesa. Un régimen democrático basado en Consejos Populares, sin burócratas sindicales y políticos corruptos, donde los medios de comunicación sean expropiados y puestos a disposición de las organizaciones populares, etc.

O sea, luchamos por un régimen político infinitamente más democrático que esta falsa democracia de los ricos, pero eso no significa que debemos permitir un retroceso del régimen actual hacia un régimen militar que es la forma más brutal de dictadura burguesa. La defensa de las libertades democráticas conquistadas es esencial para la lucha por la liberación de los trabajadores y del pueblo de todas las formas de explotación y opresión.

Artículo publicado originalmente en portugués, en Opinião Socialista n.° 544, setiembre de 2017.

Traducción: Natalia Estrada.