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El 21 de setiembre pasado, la Cámara de Diputados brasileña aprobó el proyecto que crea la Comisión de la Verdad, para investigar los crímenes cometidos en el periodo entre 1946 y 1988. 

 

El proyecto provocó numerosas críticas de diversas entidades de derechos humanos que afirman que la Comisión no tendrá independencia del gobierno, ni medios legales y materiales para investigar a fondo los crímenes de la dictadura. 

Por otro lado, sectores ligados al gobierno se defienden. Uno de los exponentes ligados a esta área, Nilmário Miranda, ex ministro de la Secretaría Especial de Derechos Humanos del gobierno de Lula, argumenta que “es una equivocación decretar el fracaso anticipado de la Comisión de la Verdad” y justifica que ésta tendrá tiempo, recursos y poderes para realizar su trabajo. ¿Cuál es el verdadero problema que está por detrás de esta polémica?

 

El problema de fondo de la lucha política sobre la Comisión de la Verdad es cuál es su objetivo. O sea, cuál es la función de una Comisión de la Verdad para los sectores sociales y las víctimas de la dictadura militar, que son los que necesitan rescatar la Memoria y conocer toda la verdad sobre los crímenes que fueron cometidos contra ellos.

 

Un proceso de investigación de los crímenes del régimen militar tiene varios objetivos: rescatar la memoria de las víctimas, dar a conocer las circunstancias de los crímenes, restituir los restos mortales de los asesinados por la dictadura a sus familiares, a los cuales, este derecho les fue negado hasta hoy, etc. Sin embargo, todo este proceso de investigación tiene sentido si tiene como resultado la identificación de los agentes del Estado que cometieron estos crímenes, su responsabilidad en esos actos, que sean juzgados y condenados de encontrárseles culpables. Este debe ser el objetivo central si queremos que los criminales y los sectores de la clase dominante que los apoyaron, financiaron y orientaron, sean reprimidos para que no se vuelvan a repetir estos crímenes.

La lucha por el castigo de los crímenes de las dictaduras militares de Latinoamérica
 
Fue con este sentido que se llevó adelante la lucha por investigar y castigar los crímenes de los regímenes militares en América Latina. El Brasil es el país más atrasado en lo que respecta a la investigación de la verdad, rescate de la memoria y justicia para los criminales.
 
Los procesos y castigos contra los genocidas, asesinos y torturadores está mucho más avanzado en otros países de nuestra región. En la Argentina, los miembros de las Juntas Militares fueron juzgados y condenados. Hasta hoy, el genocida general Videla se encuentra en prisión. En Perú, el ex presidente Fujimori también fue condenado y se encuentra preso. En Uruguay, el ex presidente Bordaberry, responsable del golpe militar de 1973, fue condenado a 30 años de prisión y murió estando en prisión domiciliaria. También en Chile, varios militares acusados de asesinatos y tortura cumplen condenas.
 
Los procesos y castigos contra los militares genocidas y asesinos fueron producto de las movilizaciones de las masas que derribaron los regímenes militares desde el comienzo de la década de los 80. Estos movimientos llevaron a la conquista de amplias libertades democráticas en casi todos los países latinoamericanos, colocaron en crisis o a la defensiva a las FFAA y los órganos de represión y dieron coraje a las organizaciones de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a las entidades democráticas, sindicales y populares para exigir la investigación de la verdad y la justicia. De ahí nacieron las comisiones de la Verdad.
 
Los gobiernos burgueses que sucedieron a las dictaduras intentaron poner fin a las reivindicaciones de justicia, castigo a los responsables y reparación a las víctimas por medio de leyes como la del Punto Final en la Argentina y otras similares, pero ese esfuerzo reaccionario no consiguió cerrar esta herida ni tapar las protestas.
 
Actualmente, el imperialismo y las burguesías nacionales intentan minimizar los efectos de las victorias de las masas, protegiendo a los órganos y a los agentes de la represión, evitando que sean castigados. Las actuales discusiones de la Comisión de la Verdad y de la Ley de Amnistía en Brasil, están directamente relacionadas con esta confrontación de fuerzas.
 
La burguesía y los militares intentan proteger a los que aplicaron sus órdenes.
 
En Brasil, el proceso de Amnistía y reparación de los perseguidos por la dictadura, fue producto directo de la lucha contra el régimen militar que culminó con su caída en 1984 con la campaña por Elecciones Directas para presidente. El acto inicial fue la Ley de Amnistía promulgada en 1979 por el gobierno de Figueiredo que permitió la vuelta de los exiliados, el fin de los procesos políticos y, paulatinamente, la liberación de los presos. Sin embargo, al mismo tiempo, fue una maniobra del régimen para proteger a los asesinos, torturadores y a los órganos de represión en general, porque amnistiaba a los agentes del Estado que cometieron los llamados “crímenes conexos”.
 
Amparada en esta ley, la burguesía brasilera se cuida de proteger a los que hicieron su trabajo sucio, no sólo para preservar los órganos de represión cuando sean requeridos de nuevo para realizar su “trabajo”, sino para no dejar que la “moral de la tropa” sea golpeada por la sanción de los que, al fin de cuentas, cumplieron órdenes, o sea, aplicaron una política de Estado. El juzgamiento reciente del coronel Brilhante Ustra, responsable del asesinato bajo tortura de Luis Eduardo Merlino, en el DOI-CODI de São Paulo, es un ejemplo claro que esta contradicción continúa plenamente vigente.
 
En esta tarea, una de las más importantes armas de la burguesía es la decisión reaccionaria del STF con la Ley de Amnistía de 1979 que reafirmó la amnistía para los agentes del Estado que cometieron crímenes. Pese a que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA se pronunció afirmando que esta ley no puede impedir el juzgamiento de violaciones de derechos humanos por parte de militares y agentes de represión brasileños, el gobierno de Dilma defendió la decisión del STF y continúa rehusándose a acatar las resoluciones de la CIDH. El caso más crítico es la negativa a aceptar la condena al Estado brasilero por su responsabilidad en la desaparición de 50 militantes en el caso de la Guerrilla de Araguaia.
 
Una Comisión de la Verdad “limitada”
 
Este es el verdadero problema de la Comisión de la Verdad propuesta por el gobierno y aprobada por la Cámara. Según los propios ministros del gobierno, ella será desde el comienzo “limitada”, “no apunta a la justicia” ni será “punitiva”. Eso quedó claro en las palabras de la ministra de Derechos Humanos, María del Rosario, al diario “O Estado de São Paulo”, (08-09-2011): “La Comisión de la Verdad, entendemos, es un instrumento limitado en cuanto a la cuestión de la justicia. No apunta a una actitud de justicia. Pero la primera justicia, y la que es insuperable, es el derecho a la verdad y a la memoria”.
 
Para dejar más clara la posición del gobierno, declaró, sobre la revisión de la Ley de Amnistía de 1979: “La revisión de la Ley de Amnistía no está en la agenda del gobierno. Y digo más: si rompiésemos este pacto que fue instituido, en torno del cual ya está siendo construido el consenso, no llegaríamos ni a la Comisión de la Verdad”. 
 
José Genoíno, hoy asesor especial del ministro de Defensa, fue aún más categórico sobre el carácter de la Comisión de la Verdad: “La Comisión tendrá sólo preocupaciones históricas, de esclarecimiento de hechos ocurridos en aquel periodo. No existen preocupaciones revanchistas ni punitivas”. (Estado de São Paulo 04-09-2011).   
 
Este carácter totalmente “limitado” y “atado” de la Comisión, queda claro también en la medida en que su aprobación en el Congreso se da a través de un gran “pacto” entre el gobierno, el PT, los partidos de derecha como el DEM y el PSDB y principalmente las Fuerzas Armadas, obviamente, para preservar a los militares. 

En fin, la conclusión es clara: Las organizaciones de Derechos Humanos, los sindicatos y entidades populares, así como todos los sectores comprometidos con la verdadera investigación de los crímenes de la Dictadura Militar, están obligados a continuar luchando por una verdadera Comisión de la Verdad, independiente del Gobierno y principalmente, por el juicio y castigo a los responsables de estos crímenes.

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