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El pueblo que oprime a otro no puede ser libre.

Karl Marx.

El análisis y las lecciones políticas que dejó la reciente crisis política en el Paraguay, que casi le cuesta el cargo tanto al presidente colorado Mario Abdo Benítez como a su vicepresidente, y que no está cerrada, merece toda la atención de la clase obrera y de cualquier activista con conciencia de clase de Latinoamérica, pero especialmente del Brasil. Este no es un problema exclusivamente paraguayo y quiero explicar por qué.

Por Juan Villamayor

El pueblo trabajador, el movimiento obrero, social, y cualquier partido que se reclame de izquierda –o por lo menos democrático– en el Brasil, deben apropiarse de esta cuestión con la celeridad y la máxima seriedad que exige el principio del internacionalismo proletario.

¿Por qué quiero dirigirme, principalmente, al pueblo explotado y oprimido brasileño? Porque, a raíz de una política histórica de opresión, explotación, desprecio, y discriminación cultural-racial[1] impuesta sistemáticamente por su clase dominante y por sus sucesivos gobiernos, no solo existe entre la clase obrera y el activismo social del Brasil un desconocimiento casi completo sobre el caso de la hidroeléctrica Itaipú sino también, lo que es más grave, un profundo desconocimiento sobre la relación histórica entre el Brasil y el Paraguay.

Hidroeléctrica de Itaipú, la segunda mayor del mundo.

Es hora de que comencemos a debatir, como hermanas y hermanos de clase, acerca de esta relación secular.

Este debe ser el primer paso para liberar nuestras mentes y arrojar al basurero de la historia todos los mitos y las falsedades diseminados por la burguesía, los gobiernos y los principales vehículos ideológicos de la clase propietaria brasileña.

Solo así será posible construir una visión internacionalista de la lucha unificada que tenemos que encarar contra nuestros explotadores comunes.

Solo así será posible la unión entre ambos pueblos, el paraguayo y el brasileño, y el combate codo a codo contra los parásitos que succionan nuestras riquezas en ambos lados de la frontera que los ricos delinearon para provocar la división entre nosotros, los pobres.

Una relación histórica de opresión y explotación nacional

Lo primero que debemos tener presente es que hace 150 años el Paraguay fue completamente destruido en la llamada Guerra de la Triple Alianza [1864-1870], que en el Brasil es más conocida como Guerra do Paraguai.

La Triple Alianza contra el Paraguay fue sellada por medio de un pacto secreto entre el entonces Imperio del Brasil, gobernado por el emperador Pedro II; la Argentina del liberal Bartolomé Mitre; y el Uruguay usurpado por el caudillo Venancio Flores, un títere de los dos personajes anteriores.

Ese Tratado ignominioso definía de antemano no solo la repartición del territorio paraguayo y de cualquier botín entre los aliados; la obligatoriedad de llevar la guerra hasta las últimas consecuencias –es decir, no aceptar ninguna mediación o negociación de paz por separado con el país invadido–; y la imposición al Paraguay de una deuda impagable, puesto que, a pesar de haber sido arrasado, debería pagar los costos de una guerra que casi lo borró del mapa.

Se estima que solo el Imperio brasileño movilizó 139.000 soldados durante la guerra, esto es, 1,52% de su población total de un siglo y medio atrás. De hecho, desde 1868 aproximadamente 80% de las tropas aliadas en suelo paraguayo eran brasileñas, compuestas en cierta medida por negros esclavizados, forzados a combatir en suelo extranjero. Para hacernos una idea de la magnitud de este esfuerzo de guerra, si consideramos esta proporción en la actualidad sería como si el presidente Jair Bolsonaro invadiese el Paraguay, que tiene poco menos de siete millones de habitantes, con 3.169.122 soldados.

El resultado fue un horrendo genocidio: entre 60 y 69% de la población total del Paraguay desapareció durante la Guerra Grande, como la conocemos nosotros. Es casi imposible encontrar otro ejemplo tan terrible de mortandad, en términos porcentuales, en la historia moderna. De los sobrevivientes, dos tercios fueron mujeres, niños y ancianos.

El país perdió sus incipientes pero progresivos adelantos industriales y de comunicación, su agricultura, su ganadería. El Brasil y la Argentina se anexaron aproximadamente 40% de su territorio –aproximadamente 150.000 km2, comparable con el actual Estado de Ceará–. En suma, las fuerzas productivas del Paraguay fueron aniquiladas por sus supuestos “civilizadores”.

Desde entonces, el Paraguay no solo se transformó en uno de los países más pobres y desiguales del continente, sino también en una nación explotada y oprimida no solo por el imperialismo como un todo sino también por sus agentes históricos en el Cono Sur: las burguesías sumisas del Brasil y de la Argentina.

De ser una nación que, por medio de un avanzado proceso de revolución democrático-burguesa anticolonial que comenzó en 1811, nacionalizó casi 90% de las tierras y 80% del comercio interior y exterior, después del holocausto de la Guerra que terminó en 1870 pasó a ser el país con mayor desigualdad en la tenencia de tierra del mundo. Según censos oficiales, 2% de los propietarios rurales acaparan 85% de las tierras cultivables, la mayor parte dedicadas al agronegocio de la soja y a la ganadería. De esos latifundistas, muchos son extranjeros. Se estima, por ejemplo, que 14% del territorio paraguayo es de propiedad de empresarios brasileños, íntimamente ligados a las multinacionales imperialistas que controlan el agronegocio.

Por lo tanto, el pueblo trabajador brasileño tiene una deuda histórica con sus hermanos de clase paraguayos. No por haber cometido el genocidio o por haber dilacerado el pequeño país vecino, puesto que quien cometió ese crimen fue la burguesía brasileña, en ese tiempo esclavista, financiada en parte por casas bancarias británicas y aliada a las clases dominantes de Buenos Aires y Montevideo. No. La deuda histórica que tiene la clase trabajadora brasileña puede y debe ser saldada conociendo, debatiendo y luchando lado a lado con el pueblo trabajador paraguayo; combatiendo cotidianamente la opresión y la discriminación cultural-racial que la burguesía de su propio país ejerce de diversas formas sobre el Paraguay.

En suma, hay que entender lo siguiente: la burguesía brasileña y sus sucesivos gobiernos actuaron y actúan como una submetrópoli o, si se prefiere, como una semicolonia privilegiada tanto en el Paraguay como en toda la región.

Paraguay es, entonces, una semicolonia que es considerada el “patio trasero” de otra semicolonia más fuerte.

Esto significa que el Estado burgués brasileño, además de explotar y oprimir a su propia clase trabajadora, actúa como lugarteniente –como un capanga– de los intereses imperialistas en Sudamérica.

Brasil no es otra cosa sino una plataforma que sirve a la penetración de productos y capitales extranjeros en el Cono Sur. Además, a cambio de azotar a su propio pueblo y a otros pueblos más pobres –como el Paraguay o Bolivia, por citar dos de los casos más contundentes–, los burgueses brasileños recogen algunas migajas que caen del banquete de las naciones imperialistas. ¿No es odioso un papel como este? ¿La clase trabajadora brasileña debe aceptar esto?

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El caso de Itaipú

La crisis actual y el caso de Itaipú no se pueden entender sin considerar ese contexto histórico de permanente hostilidad y opresión nacional del Brasil hacia el Paraguay. Puede decirse, sin ningún temor a caer en exageraciones, que la expoliación de los recursos paraguayos por medio de Itaipú es el instrumento que encarna por excelencia esa relación de opresión-explotación nacional en la actualidad.

Itaipú es, probablemente, el ejemplo que mejor revela el papel nefasto que la burguesía brasileña, socia menor del imperialismo, desempeña en la región. Ese patético papel de ser lacayo de los imperialistas pero, al mismo tiempo, comportarse como una fiera con los países más pobres de Sudamérica.

Pero hagamos un breve repaso histórico, para entender mejor este caso.

  1. El proyecto de Itaipú nace de una invasión militar brasileña en 1965

Desde 1955, el Brasil estudió el potencial hidroeléctrico de la zona de los Saltos del Guairá –también conocido como Sete Quedas–, con miras a concretar un importante desarrollo industrial, aunque completamente controlado por el capital imperialista.

Hacia 1962, el gobierno brasileño ya disponía de estudios técnicos sólidos en ese sentido. En 1964, como sabemos, se concreta un golpe reaccionario y se instaura una dictadura militar en el Brasil. Desde 1954, en el Paraguay también gobernaba una férrea dictadura militar, la del general colorado Alfredo Stroessner, un personaje macabro, absolutamente servil a los EEUU y a su gendarme regional, el Brasil.

En este contexto, en junio de 1965 el dictador brasileño Castelo Branco invadió Puerto Renato y toda la zona de 20 kilómetros que, según la diplomacia brasileña, estaba “en litigio” con el Paraguay desde el final de la Guerra de la Triple Alianza. La dictadura de Stroessner, pusilánime, no hizo nada ante esa invasión del ejército brasileño al territorio paraguayo.

Para legalizar la invasión militar brasileña, con mediación estadounidense se firmó el Tratado de Foz de Iguaçu, el 22 de junio de 1966. Por este protocolo, las dos dictaduras convinieron en construir una futura represa hidroeléctrica en la zona y aprovechar su potencial energético. De esta forma, los Saltos del Guairá, ocupados por las tropas brasileñas, pasarían a ser considerados una especie de comunidad de bienes entre los ambos países, una vez que la construcción de Itaipú presuponía inundar toda esa área. De hecho, las tropas brasileñas solo se retiraron en 1982, cuando ese territorio quedó bajo agua.

En esa oportunidad, vale mencionar una anécdota tétrica. El canciller de la dictadura brasileña, general Juraci Magalhães le dijo a su colega paraguayo Raúl Sapena Pastor: “Mi querido amigo, como usted sabe, un tratado puede modificarse en virtud de otro tratado o bien por el resultado de una guerra; Brasil no está dispuesto a aceptar un nuevo tratado, lo que entonces resta saber es si Paraguay está dispuesto a promover otra guerra”[2].

Ya en 1966 era evidente quién se llevaría la parte del león de concretarse un tratado definitivo.

Este fue el contexto. Lo que hoy es la hidroeléctrica de Itaipú nació de una invasión militar brasileña y de una cesión de territorio paraguayo por parte de la dictadura de Stroessner.

Lo peor es que en el artículo 18 del Tratado de Itaipú, de 1973, esa situación no solo se legalizó, sino que se estableció la potestad de invasión militar por parte de los Estados signatarios.

Sería ridículo, si consideramos la enorme asimetría entre el Brasil y el Paraguay en todos los terrenos, que en alguna circunstancia esa cláusula pudiera favorecer a los paraguayos. Todo lo contrario. En varias ocasiones, el Brasil realizó ejercicios militares y simuló la toma de la hidroeléctrica; siendo la más conocida de ellas la de 2009.

  1. El Tratado de 1973 y la cesión de energía por parte del Paraguay al Brasil

El Tratado de Foz de Iguaçu expresaba que la energía producida por la futura hidroeléctrica correspondería a cada país en partes iguales y, en el caso de que uno de ellos no pudiera consumir toda su parte, debería ofrecerla de manera “preferencial” a su socio, por un precio justo.

El Tratado de Itaipú, firmado el 26 de abril de 1973 entre las sanguinarias y corruptas dictaduras militares de los generales Médici y Stroessner, anuló las frases huecas del acuerdo de 1966 e impuso el llamado “derecho de adquisición”, o sea, la cesión obligatoria de la energía no utilizada por uno de los países a su contraparte, no a un precio justo o de mercado, sino a un precio fijo y prestablecido.

El problema es que entre 1984 –año en que Itaipú entró en funcionamiento– y 2017, el Brasil utilizó 93% de la energía total producida por la empresa y el Paraguay solo 7%. Según el artículo 13 del Tratado de 1973, el Paraguay está obligado a ceder el 43% restante de su parte al Brasil, por un precio fijado por la propia Itaipú y no por el mercado.

Es otras palabras, el Paraguay no puede vender ni exportar su propia energía a terceros países –como Argentina, Uruguay o Chile, que expresaron interés en algún momento– sino que está obligado a cederla al Brasil, vía la empresa Eletrobras.

A cambio de esta cesión, el Brasil “compensa” al Paraguay con un valor fijo, que está incluso por debajo del precio de costo, que actualmente es de 44 dólares MWh [megawatt hora][3]. Ese valor sufrió algunos ajustes en estas casi cinco décadas, pero datos más actuales apuntan que el monto que el Paraguay recibe del Brasil como compensación es de 9,4 dólares el megawatt hora de energía producida, ¡cuando el precio de mercado ronda los 120 dólares!

En otras palabras, el Paraguay cede una riqueza por 7,8% de su precio real. Es como si una persona vendiese un celular que cuesta 1.000 reales por 78 reales. ¿A quién se le ocurriría hacer algo así? No hace falta ser un especialista en nada para entender la enorme injusticia que se comete contra los derechos soberanos del Paraguay a utilizar sus propios recursos energéticos.

Hay un dato que es todavía peor: entre 1984 y 2017, el Paraguay recibió en promedio 2,8 dólares el megawatt hora cedido al Brasil. Insistimos: 2,8 dólares por algo que vale, como mínimo, 120 dólares. ¿Cómo denominar algo así con otra palabra que no sea pillaje descarado? ¿No actúa la burguesía brasileña como una vulgar ladrona de los países más débiles?

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Este saqueo, legalizado por el Anexo C del Tratado de 1973, hace que el Paraguay reciba una mísera “compensación” de 350 millones de dólares por año, cuando, si pudiera disponer libremente de su energía y negociarla a precio de mercado, podría recibir aproximadamente 2.926 millones de dólares.

Este saqueo y esquema de corrupción benefició, principalmente, a la industria del ABCD paulista, a algunas empresas contratistas ligadas a las dictaduras militares de ambos países, a bancos brasileños e imperialistas, además de a un puñado de empresarios y autoridades paraguayas –muchas de ellas militares o civiles ligados a Stroessner– conocidos como los “barones de Itaipú”, que se llenaron los bolsillos siendo socios menores del saqueo brasileño. Pero esta impresionante historia de atraco y opresión no termina aquí.

  1. La deuda de Itaipú es injusta e impagable

El presupuesto inicial de la obra fue de 3.500 millones de dólares. Pero –en un ciclo infernal de corrupción, sobrefacturaciones, intereses, y de intereses creciendo encima de intereses–, el costo final de Itaipú llegó a 26.900 millones de dólares.

Ese costo, sobrefacturado, se transformó en deuda. Una deuda que, en buena medida, pagamos los paraguayos y los brasileños a través de nuestras cuentas de electricidad, que incorporan el pago de esa deuda ilegítima y que, para colmo, ya se pagó varias veces.

Como no se pueden auditar las cuentas de Itaipú, puesto que la entidad está blindada con la armadura de una supuesta “binacionalidad”, es decir, es un “supra Estado” que jurídicamente no está sujeto ni a los gobiernos ni a los parlamentos de ninguno de los dos países, no se sabe a cuánto asciende esta deuda[4]. La “binacionalidad”, que en realidad no existe ni podría existir, nunca pasó de un artificio jurídico para legalizar la invasión militar de 1965 y esconder las enormes asimetrías entre los países.

En el caso de la deuda de Itaipú, algunos estudios estiman que ronda los 80.000 millones de dólares. Se supone, además, que de los ingresos que recibe la hidroeléctrica, 55% se destinan al pago de esa deuda[5]. Para hacernos una idea, con ese valor estratosférico se podrían construir tres represas como la de Itaipú.

Vale insistir: ¡algo que iba a costar 3.500 millones se transformó en una deuda de aproximadamente 80.000 millones, y que sigue creciendo! Una deuda que pagamos los consumidores de electricidad de ambos países, por medio de nuestras cuentas de electricidad.

Pero en el caso del Paraguay es peor. Porque, a pesar de que el Brasil utiliza 93% de la energía producida y el Paraguay solo 7%, la deuda es pagada mitad y mitad. Es como si en la fila de la caja de un supermercado hay una persona con un carrito lleno de mercaderías y atrás hay otra que solo comprará un chocolate y, llegada la hora de pagar, la primera le propusiera a la segunda: ¿qué tal si pagamos todo mitad y mitad?

¿No es esto una locura? En la lógica del capitalismo, no.

En el caso del Paraguay, el principal acreedor es Eletrobras[6], que detenta 96% de la deuda[7]. Pero, en realidad, los acreedores son los grandes bancos imperialistas, que fueron los que realmente pusieron el dinero inicial para la obra y, a partir de allí, especulan con la deuda. Eletrobras solo actuó como garante del primer préstamo, en 1975. El Estado paraguayo, que según la prensa brasileña “solo puso el agua”, paga anualmente 2.000 millones de dólares por la deuda de Itaipú, que desangra la economía del país.

Si resumimos esta tragedia, podemos afirmar que si el Paraguay pudiera vender su propia energía libremente –que le supondría ingresos de casi 3.000 millones de dólares– y, además, dejara de pagar la deuda espuria a los bancos brasileños e imperialistas por la construcción de la hidroeléctrica –a razón de otros 2.000 millones de dólares–, es fácil concluir que el Paraguay podría disponer, por lo menos, de 5.000 millones de dólaresque equivale, aproximadamente, a 36% del Presupuesto General de la Nación del 2019–, para su propio desarrollo económico, social, cultural, etc.

Trabajadoras y trabajadores brasileños: cuando escuchen por ahí el mito de que el Tratado es justo porque “Paraguay no puso nada además del río”, repudien esa mentira. Primero, porque afirmar que Paraguay “solo puso el agua”, en el caso de una empresa hidroeléctrica, es como decir que en una explotación de oro un país “solo puso el oro”. Segundo, porque la deuda que generó la construcción de la represa ya fue pagada varias veces por ambos pueblos, pero proporcionalmente mucho más por los contribuyentes paraguayos, que utilizan poquísimo de la energía generada por la hidroeléctrica, están obligados a ceder la mayor parte de lo que les corresponde, subsidiando así a la industria paulista, y, además, pagan la mitad de una deuda contraída por medio de Eletrobras que, a su vez, engorda a grandes banqueros internacionales.

No nos engañemos. Ustedes, trabajadoras y trabajadores brasileños, también están siendo robados por los directivos de su país en Itaipú y por sus gobiernos, porque una energía que Eletrobras compra por 9,4 dólares o menos del Paraguay, o que a lo sumo le cuesta 44 dólares el MWh ¡la revende, en promedio, a 206 dólares el megawatt hora para el consumo residencial en el Brasil[8]!

Por eso no debemos olvidar nunca: “El pueblo que oprime a otro no puede ser libre”.

Por lo tanto, tanto el Tratado de 1973 como la deuda hacen parte de un instrumento de saqueo y dominación colonial del Paraguay por parte parte de un puñado de burgueses brasileños y, por medio de ese mecanismo perverso, de empresas y bancos imperialistas.

  1. Una salida de clase e internacionalista

Teniendo en cuenta todo este contexto, es posible entender mejor la última crisis política en el Paraguay. El detonante, como se sabe, fue la revelación de un acuerdo secreto que en mayo habían firmado el gobierno colorado de Marito Abdo Benítez y el de Bolsonaro, dos personajes nefastos que reivindican las dictaduras militares que firmaron los tratados de 1966 y 1973. Esa acta entreguista fijaba un precio por la energía para los próximos cuatro años y que sería muy desfavorable para el Paraguay.

Hasta 2022, si esa acta era aplicada, el Paraguay perdería 350 millones de dólares. Un perjuicio que tarde o temprano sería traspasado a los consumidores de ese país por medio de tarifazos.

El escándalo que generó este acuerdo se expresó en movilizaciones de la juventud y de sectores de clase trabajadora paraguaya, como los actos organizados por el SITRANDE [sindicato de trabajadores de la ANDE].

La ola de protestas amenazaba con crecer todavía más y esto hizo que incluso sectores de la propia prensa burguesa paraguaya tuvieran que reconocer que existía un nuevo intento de perjudicar los intereses de la “ciudadanía” paraguaya en Itaipú.

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Por causa de toda esta presión, el presidente Marito, hijo del que fuera el brazo derecho del exdictador Stroessner, estuvo a punto de sufrir un proceso de juicio político [impeachment] en el parlamento.

Se salvó a último momento, cuando Bolsonaro y la embajada de los EEUU intervinieron y el acuerdo secreto tuvo que ser anulado formalmente.

Es decir, la lucha popular, la presión de varios sectores sociales, conquistó una importante victoria parcial. Hizo retroceder no solo a Marito sino también a uno de los presidentes más reaccionarios que ha tenido el Brasil, Jair Bolsonaro.

Pero no hay que perder de vista que esta conquista es parcial. Fue una batalla ganada, pero la guerra por la defensa de la soberanía energética continúa. La crisis no se cerró y el pueblo trabajador de ambos países debe estar alerta y en pie de movilización contra sus gobiernos y explotadores locales.

El año 2023 será clave para la clase trabajadora del Paraguay y del Brasil. Se cumplirán 50 años del Tratado y este podrá revisarse, renegociarse.

Evidentemente, el pueblo paraguayo no debe confiar en ningún gobierno, gremio empresarial o diplomacia de su país, puesto que su clase dominante y sus gerentes han demostrado siempre una indignante postura de capitulación a los intereses del Brasil. Tampoco se pueden depositar esperanzas en organismos internacionales, como plantean algunos sectores, que inocentemente piensan que con una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, amparada en los dictados de la Convención de Viena, la burguesía brasileña y los bancos imperialistas retrocederán. Esto es una ilusión. Ese camino institucional, pacífico, es el terreno por excelencia del enemigo. Es una vía muerta, un camino sin salida para el Paraguay.

La única solución de fondo es anular el Tratado por medio de la lucha directa, en las calles.

Por medio de la movilización obrera y popular, no solo de la clase trabajadora paraguaya sino también de la poderosa clase obrera y de los sectores explotados del Brasil, que también son víctimas de la corrupción y de los negociados mafiosos de la Itaipú.

No puede existir una perspectiva nacionalista para encarar esta lucha. La lucha es única e indivisible.

La clase trabajadora paraguaya debe entender que su enemigo es su propio gobierno y la burguesía brasileña, socia menor del imperialismo, no “los brasileños” en general. Al mismo tiempo, la clase trabajadora brasileña, con más razón, debe entender que Itaipú no es un problema “de los paraguayos” sino un asunto que le afecta directamente, por medio del cobro injusto de la energía eléctrica, y principalmente por ser un Tratado de despojo de un pueblo hermano y más pobre, históricamente ultrajado.

¡Trabajadoras y trabajadores brasileños! ¡Es necesario unir fuerzas con la clase obrera y los demás sectores explotados y oprimidos del Paraguay!

Rechacemos la asquerosa opresión nacional que la clase dominante brasileña, además de explotar a su propio pueblo, siempre impuso a ese pequeño país y a otros del continente. El Brasil no puede continuar siendo el capanga de los EEUU y de otros países imperialistas en la región, ¡ese papel es nefasto y vergonzoso!

Las y los trabajadores del Paraguay y del Brasil tenemos los mismos enemigos: ¡nuestras burguesías y gobiernos entreguistas, socios menores de los capitales e intereses imperialistas!

Por este motivo, solo cabe luchar juntos para acabar con todo este sistema de explotación y opresión, que no es otro que el capitalismo semicolonial al que nos someten desde hace décadas.

Este es el desafío que tenemos por delante: la conquista de nuestra independencia política y económica, que en nuestra época histórica recae en las manos de la clase obrera y de sus aliados sociales, encarada desde una perspectiva programática revolucionaria y socialista. Esta es la única salida de fondo.

Notas:

[1] De la misma forma que en Argentina un amplio sector utiliza el modismo discriminativo de paraguas o gurarangos [persona mal educada, grosera, que no domina el español por tener el guaraní como idioma materno] para referirse a los paraguayos, en el Brasil a los de nuestro país, en general se nos tilda de muambeiros [pequeños contrabandistas], falsificados [asociándolos al comercio de mercaderías baratas y de baja calidad], etc. Todas estas son expresiones xenófobas, incentivadas por la clase dominante, por medio de su aparato ideológico, para sembrar división entre pueblos hermanos.

[2] MAGALHÃES, Juraci. Minhas memórias provisórias. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1982, pp. 201-203. El general Juraci también quedó conocido por otra frase célebre: “o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil”.

[3] Ver: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,itaipu-gera-disputa-entre-brasil-e-paraguai,70002747280

[4] La entidad, verdaderamente supranacional, está gobernada por un pequeño consejo de 12 personas de ambos países. Los principales cargos directivos, sin embargo, siempre correspondieron a brasileños.

[5] Entre innumerables maniobras, podemos destacar el impacto del Plan Real de 1994 en el Brasil, que generó una pérdida a Itaipú de aproximadamente 4.583 millones de dólares, que se sumó a la deuda. Por otro lado, subrayamos el subsidio en el precio de la energía de Itaipú dado a las empresas brasileñas entre 1985 y 1990, que ascendió a alrededor de 4.200 millones de dólares, y que por medio de un acuerdo concertado en 1997 entre los entonces presidentes Fernando Henrique Cardoso y Juan Carlos Wasmosy, también se incorporó al pasivo de la empresa y, así, pasó a engrosar la deuda como un todo.

[6] Eletrobras es 48% privada y cotiza en la bolsa de Nueva York, ofreciendo como garantía y presentando como uno de sus patrimonios la hidroeléctrica “binacional” de Itaipú.

[7] Ver: https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2019/08/04/pasivo-de-itaipu-es-en-su-mayor-parte-corrupto/?fbclid=IwAR1Q4JjJiUY5JjKl9cbOHuIs_1SyPoMFYIFl2nbDIzI1kU65yz0aQ3jWSuU

[8] Ver: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,itaipu-gera-disputa-entre-brasil-e-paraguai,70002747280