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Solidaridad a todas las víctimas y reestatización inmediata de la Vale.

Por: J. Figueira – Rio de Janeiro

La ruptura de la represa de residuos de minerales de la Vale S.A. en Brumadinho, región metropolitana de Belo Horizonte (MG) ocurrida el 25 de enero es la mayor catástrofe de la historia del Brasil, cuyos responsables son la empresa y los gobiernos que se sucedieron en el Estado y en el país –desde Fernando Henrique Cardoso (FHC), Lula, Dilma, Temer y Bolsonaro, hasta los gobiernos de Minas Gerais, Aécio Neves, Pimentel y Zema– todos cómplices del más brutal crimen social y de un sistema capitalista que visa solo la ganancia de accionistas multimillonarios en detrimento de la vida de los trabajadores, del desarrollo de las ciudades, y de la preservación de la naturaleza.

No sirve de nada que el vicepresidente de la República, Hamilton Mourão (PRTB) afirme que “esa cuenta no puede venir para nosotros, no puede venir para nuestro gobierno” o “que la Vale es una empresa privada” para intentar no responsabilizar al gobierno Bolsonaro (PSL) de lo que ocurrió. Hasta el momento, 363 trabajadores están muertos o desaparecidos, y las consecuencias sociales, económicas y ambientales son imprevisibles.

La declaración de Mourão demuestra que el gobierno Bolsonaro actúa de la misma forma que sus antecesores, gobierna para los grandes empresarios, y frente a estas situaciones sacan el cuerpo, en un forcejeo para eximirse de cualquier culpa. Pasados tres años de la ruptura de la represa de Mariana, también en Minas Gerais, durante el gobierno de Pimental (PT) y de la presidente Dilma (PT), nadie fue castigado hasta hoy por los 19 muertos y por la devastación de villas y del medio ambiente. En medio de la impunidad, la Vale –tercera mayor empresa del Brasil y una de las más grandes del mundo– facturó ganancias multimillonarias.

Brumadinho es resultado de la flexibilización de normas ambientales (que en la práctica ya ocurren) y de la sed de ganancia de los grandes empresarios, tan defendidos por el presidente.

En medio de repetidos ataques de Bolsonaro contra la “fiscalización xiita del IBAMA” y la presión de las empresas mineras, la Asamblea Legislativa de Minas Gerais, en julio de 2018, aún durante el gobierno de Pimentel (PT) y con su apoyo, rechazó el proyecto de ley que haría más rígidas las normas de explotación de minerales.

Posteriormente, ya luego de la elección de Bolsonaro y del gobernador Zema (Novo), el Consejo Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais aprobó, con solo un voto en contra, la continuidad y ampliación en 88% hasta 2032 de las operaciones de la Vale en la Mina de Córrego do Feijão –cuya represa se rompió–, a pesar de diversos alertas de activistas ambientales y representantes de la sociedad civil sobre los riegos del ruptura.

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La privatización mata

Desde 1986, principalmente luego de la privatización corrupta y criminal de la Vale do Rio Doce por el gobierno de FHC en 1997, ya habían ocurrido una serie de accidentes de trabajo con decenas de víctimas fatales, desaparecidos, y millares de desalojados que aumentaban cada vez más. Brumadinho elevó drásticamente esas estadísticas.

La Vale do Rio Doce fue privatizada por el gobierno FHC por valor de U$S 300.000 millones, que son riquezas –retiradas del suelo brasileño por el trabajo de millares de mineros– de la empresa o de tercerizados.

La industria de la minería es una de las fases más predatorias del sistema capitalista en que vivimos en el país y en todo el mundo. Principalmente luego de las privatizaciones de la Vale do Rio Doce y de la CSN [Compañía Siderúrgica Nacional], la minería en el Brasil está reducida a la extracción y explotación de mineral de hierro sin valor agregado para las grandes potencias, especialmente China. Esa división internacional del trabajo lleva a un proceso de recolonización y de dependencia cada vez mayor del país y a los que los sucesivos gobiernos brasileños se han sometido sin ninguna resistencia, y que generan graves consecuencias para los trabajadores, con bajos salarios, dolencias profesionales, y destrucción de comunidades y de la naturaleza.

Es preciso responsabilizar a la Vale y a los gobiernos por las muertes, las desapariciones, y todas las gravísimas consecuencias de la ruptura de la represa de Brumadinho. Al contrario de lo que los defensores del capital defienden, el “mercado”, las empresas no tienen ninguna regulación y solo se mueven por el lucro.

El presidente de la Vale hace demagogia al usar el lema de “Mariana Nunca Más” al asumir su cargo, y vimos en lo que dio: impunidad, centenas de muertes y desaparecidos, y devastación de Brumadinho, mientras los accionistas ganan miles de millones. Ninguna ilusión en las promesas de la empresa ni de los gobiernos –que fueron electos con “donaciones” millonarias de la Vale para las campañas electorales– o de esta justicia de ricos.

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Los gobiernos del PT y el medio ambiente

Los gobiernos del PT representaron un enorme retroceso para el Derecho Ambiental del país. El informe Planeta Vivo, del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), versión 2018, realizado sobre la base de pesquisas de más de diecinueve organizaciones, concluyó que, de 1970 hasta acá, hubo un enorme desmonte que redujo 20% de la Selva Amazónica, y 50% del Cerrado brasileño. En el gobierno Lula se aprobó la Ley de Transgénicos, y en el gobierno Dilma se alteró la legislación de protección a las selvas y se aprobó el nuevo Código Forestal, que redujo áreas de protección de biomas brasileños, además de invertir mucho, entre otros, en la construcción de la Usina Hidroeléctrica de Belo Monte, cuyo impacto ambiental es extremadamente nocivo al medio ambiente y a las comunidades indígenas y ribereñas.

Un informe de la Agencia Nacional de Aguas (ANA), divulgado en noviembre de 2018, dice que solamente 3% de las 24.092 represas distribuidas por el Brasil fueron fiscalizadas en 2017, siendo que 790 represas son utilizadas para la contención de residuos utilizados en el modelo de beneficio de minerales, como la de Brumadinho. Según el documento de la ANA a partir de informaciones de la Agencia Nacional de Minerías, 723 represas fueron calificadas como de alto riesgo y de alto daño potencial asociado, entre las que Brumadinho tenía bajo riesgo de accidentes.

Ajenos a todo eso, en el afán de vender el Brasil a los “ecocapitalistas”, Bolsonaro afirmó, de forma nada creíble, en el Foro Económico Mundial realizado en Davos, Suiza, que el Brasil es “el país que más preserva el medio ambiente”. La declaración fue tristemente desmentida horas después por la dura realidad de los hechos.

El crimen ocurrido en Brumadinho, por lo tanto, es resultado de la impunidad que impera en el país, incluso después de Mariana, y de un enorme retroceso en las leyes ambientales, de explotación de minerales y de los derechos laborales del país, para garantía de las ganancias multimillonarias de los accionistas de la Vale, cuyas mayores víctimas son los trabajadores.

La minería es la actividad que más mata

Según el médico Mario Parreiras de Faria, Coordinador de la Comisión Permanente Nacional del Sector Mineral (CNPNM), órgano del Ministerio de Trabajo, no existe ninguna actividad en el país que mate más que la del sector de la minería: “Por cada cien mil trabajadores brasileños, seis mueren en accidentes de trabajo. Cuando hablamos de minería, el número es casi cinco veces mayor, son 26 muertos por cada grupo de cien mil trabajadores. Es mayor que el de la construcción, el del sector de transportes, y cualquier otro”, explica. Pero las estadísticas pueden ser mayores pues, según el médico del trabajo, el testimonio dado al #colabora, como hay trabajadores propios y tercerizados en las minas, la emisión de los CAT (Comunicación de Accidente de Trabajo) es hecha por las respectivas empresas, y muchas veces los tercerizados no son computados.

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Estatización bajo control de los trabajadores

Solo la organización y la movilización de los trabajadores, tanto de la empresa como de los tercerizados, y de la población, a través de Asambleas, Sindicatos, Consejos Populares, pueden garantizar el bloqueo de todos los bienes de la empresa, la prisión de los responsables, la Reestatización de la Vale sin indemnización y bajo control de los trabajadores, para, así, usar esos recursos para garantizar la atención y reparación a todas las víctimas y sus familiares, el pago de los salarios y pensiones para todos, el apoyo a la población y por la recuperación de Brumadinho, y rever la política de minería en la región, a fin de minimizar las pérdidas de centenares de vidas de trabajadores y todos los graves daños.

Artículo publicado en www.pstu.org.br

Traducción: Natalia Estrada.