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Los desafíos de la clase trabajadora para el próximo periodo.

En el primer día del año, el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro (PSL), asumió oficialmente el cargo en Brasília. Resultado de una profunda crisis social, económica y política, y de una consecuente polarización social, el inicio de su gobierno está rodeado de una ola de optimismo.

Por PSTU-Brasil

Sondeos recientes muestran que la mayor parte de la población todavía alimenta grandes expectativas para el futuro. Según Datafolha, 65% espera una mejoría de la economía durante el próximo período. La encuesta de XP Inversiones muestra un optimismo en relación a la economía de 55%. Igualmente, el índice de aprobación de las medidas tomadas hasta aquí por el equipo de transición de Bolsonaro supera el número de electores que lo votaron.

Es normal que, incluso con la serie de desencuentros, tropiezos y denuncias de corrupción que marcaron los últimos dos meses, el optimismo prevalezca ante un cambio en el Gobierno Federal. Principalmente después de casi tres años de recesión en el que cual el PIB retrocedió casi el 8% y dejó un ejército de desempleados, con la explosión de la informalidad y una precarización cada vez mayor del trabajo. Todo esto es el resultado directo de la política aplicada por todos los gobiernos desde la dictadura militar, pasando por Collor, FHC, los gobiernos del PT y de Temer, que gobernaron para los banqueros y grandes empresarios y que, en momentos de crisis del sistema, una vez más juegan sus costos sobre nuestras espaldas.

¿Qué va a pasar en 2019?

El optimismo de hoy, así como ocurrió con el gobierno de Dilma, debe transformarse en decepción en un plazo no tan largo. Esto es así porque, lamentablemente, la situación de los trabajadores y de la gran mayoría de la población no debe mejorar en el próximo período. Al contrario. El desempleo, como mostró el último sondeo del IBGE del 28 de diciembre, permanece alrededor de 12% (desempleo oficial, el número real es mucho mayor que eso), además de un aumento récord de la informalidad.

Mientras se prevé que el PIB (la suma del conjunto de todas las riquezas producidas por el país) de 2018 cierre en poco más de 1%, las previsiones más optimistas para el año que se inicia se sitúan en torno a 2,5%. Aunque esto ocurra, lo que ya sería muy difícil, significaría más un estancamiento que un crecimiento de hecho. Sobre el desempleo, se prevé una demora de 10 años para que se alcancen los niveles de empleo pre-crisis económica. Es decir, para la clase obrera y la gran mayoría de la población, lo que se espera para el próximo período es la continuidad de una verdadera guerra social, con el aumento de la pobreza y de la miseria que vimos en 2018.

Ataques a los derechos

Ante esta situación, el gobierno de Bolsonaro y su equipo económico liderado por el “superministro”, el economista Paulo Guedes, preparan un conjunto de medidas que, si se concretan, representarán un duro ataque a los derechos de nuestra clase, todo con el fin de mantener el lucro de los empresarios, del agronegocio y, principalmente, de los banqueros nacionales e internacionales.

La primera medida, tratada como prioridad absoluta por el gobierno y el mercado, es una reforma de la Jubilación cuyos términos serán oficialmente presentados en febrero. Se baraja desde “aprovechar” y partir de la reforma presentada por Temer, que eleva la edad mínima para jubilarse, hasta la propuesta original de Guedes, que consiste en  privatizar a medio plazo completamente la jubilación por medio de un sistema de capitalización, algo que, en Chile, donde fue implementado, causó una verdadera crisis social con la mayoría de los jubilados cobrando menos que un salario mínimo.

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Además, se discute una flexibilización aún mayor de los derechos laborales, con la adopción de una libreta de trabajo “verde y amarilla”, que, concretamente, implicaría la oficialización del trabajo informal.

Ya para los empresarios, habrá más perdones y exenciones fiscales. Esto, en la práctica, significa el desmantelamiento del frágil sistema de protección social que el país aún mantiene, resultado de las luchas en los años 80, y parcialmente abarcado por la Constitución [de 1988], con el consiguiente aumento de la pobreza y de la precarización. Es decir, más miseria y explotación en favor de los lucros de los patrones.

Entrega del país al imperialismo

Otra faceta del nuevo gobierno que se inicia es su entera disposición a entregar el país al capital internacional. La postura del gobierno Bolsonaro a favor de la venta de la estatal Embraer a la Boeing, acabando con una de las únicas empresas que cuenta con tecnología de punta del país, es un ejemplo de lo que vendrá. Paulo Guedes montó una secretaría especial sólo para tratar de las privatizaciones. Ya ha defendido la privatización de todas las estatales del país para recaudar recursos de alrededor de mil millones de reales y pagar la deuda pública a los banqueros. Como políticamente será difícil deshacerse de una Petrobrás o de un Banco de Brasil, la idea es comenzar vendiendo lo más que se pueda, es decir, cerca de 100 estatales.

A diferencia de los que defienden la privatización de forma falaz como forma de atraer inversiones y mejorar la eficiencia, lo que Guedes tiene en mente es simplemente entregar esas empresas a los banqueros a cambio del pago de parte deuda pública. Es lo que, en menor proporción, FHC hizo en los años 1990. En poco tiempo, los intereses exorbitantes harán que la deuda retorne a lo que era antes de las privatizaciones, y Brasil continuará con la deuda, y sin las estatales.

La política económica de Bolsonaro y Guedes es de aumento de la sumisión al imperialismo y de una profundización de la dependencia de Brasil. Una verdadera recolonización haciendo que el país descienda un escalón en la división internacional de los países, desindustrializando y reforzando aún más su papel de mero proveedor de commodities, como carne y soja.

Ataques a los indígenas y quilombolas [ocupaciones de negros]

Lo que nos lleva a uno de los puntos más alardeados por Bolsonaro en el último período: su compromiso con acabar con las reservas indígenas y quilombolas. No fue por otro motivo que, en la reforma ministerial diseñada durante la transición, la demarcación de reservas indígenas y quilombolas, antes bajo responsabilidad de la Funai e Incra, se haya transferido al Ministerio de Agricultura. Esto crea una escandalosa situación en la cual, quien va a determinar la demarcación de tierras indígenas, quilombolas, además del licenciamiento ambiental, será el presidente de la UDR (Unión Democrática Ruralista), Nabhan García, secretario de “asuntos agrarios” del ministerio.

Es decir, será el dirigente de los terratenientes el que diga qué es y qué no es tierra indígena y quilombola. Lo que puede o no ser licenciado de acuerdo con el medio ambiente. La intención no podría ser más descarada: entregar las tierras de pueblos indígenas y quilombolas a la explotación de las grandes mineras y al agronegocio. Al costo del exterminio de los pueblos originarios y quilombolas y del propio medio ambiente.

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¿Y la corrupción?

Mucho de la expectativa que en torno del gobierno Bolsonaro se debe a un supuesto compromiso con el combate a la corrupción, principalmente tras el nombramiento del juez Sérgio Moro como el “superministro” de la Justicia. Antes de asumir oficialmente, Moro ya mostró que su disposición para combatir la corrupción, además de selectiva, ya no es la misma. La “caja 2” (financiamiento ilegal de campañas electorales) asumida por Onyx Lorenzoni (por parte de la empresa JBS), crimen que Moro consideraba “peor que corrupción”, fue amenizado ante el “pedido de disculpas” del político del DEM.

El escándalo que involucró al chofer del hijo de Bolsonaro, el senador electo Flávio Bolsonaro, mostró que no sólo la familia Bolsonaro en nada difiere de los políticos corruptos tradicionales que infestan al Congreso Nacional, sino que tendrán la salvaguarda del gobierno y de las instituciones en encubrir sus delitos. Se ha visto la rapidez con que el Ministerio Público de Río de Janeiro aceptó la excusa de que Queiroz estaba “gravemente enfermo” y por eso escapó de dos testimonios sobre el movimiento de 1,2 millón de reales en su cuenta. Condición que no le impidió conceder una entrevista embarazosa al SBT.

Los desafíos ante el gobierno de Bolsonaro

Estamos ante un gobierno de extrema derecha apoyado y compuesto por un sector significativo de las Fuerzas Armadas. Además de la política económica pro-imperialista y declaradamente contra los derechos, existe la amenaza de retroceso en las libertades democráticas, de organización, expresión y lucha de la clase obrera. Lo que antes parecía como bravuconería, va ganando contornos más concretos como la disposición a recrudecer la ley antiterrorista aprobada por Dilma, a fin de incluir a los movimientos sociales y movilizaciones de oposición como casos de “terrorismo”.

El apoyo recibido por Bolsonaro en las elecciones y la expectativa ante el nuevo gobierno, sin embargo, no son un cheque en blanco. Expresan el repudio a los gobiernos del PT y Temer, al PSDB, MDB, y a toda esa institucionalidad corrupta vigente, el cansancio ante la recesión y la degradación de las condiciones de vida y un deseo de cambio.

Bolsonaro, lejos de ser antisistema, como la mayoría cree y espera, es lo que hay de peor dentro de este sistema podrido. El desafío planteado para la clase trabajadora es el de organizarse, por abajo y por arriba, preparándose para la lucha contra la reforma de la Jubilación en los barrios, sindicatos, gremios, y exigiendo de las direcciones de las centrales la organización de una lucha unificada, preparando las condiciones de una Huelga General, tomando el ejemplo de lo que viene exigiendo la CSP-Conlutas.

Gran parte de la izquierda, lamentablemente, hace dos cosas que son las peores cosas que se pueden hacer en este momento. Primero, plantean su lucha por la libertad de Lula como una prioridad que debe ser asumida por todos. Segundo, estigmatizan gran parte de la población como “fascista” o ignorante. El PT y demás sectores tienen, evidentemente, pleno derecho de llevar adelante su lucha en defensa de Lula o cualquier otra. Pero es un grave error ligar o condicionar eso a la lucha contra los ataques a la Jubilación y a los derechos, que es lo que realmente puede unificar a la clase trabajadora y al conjunto de la población pobre.

Se necesita unidad para enfrentar esa reforma de la Jubilación que, como ya probó la propia CPI del Senado en 2017, no es responsable por el “déficit” en el Presupuesto. El verdadero culpable de la crisis fiscal de la Unión y de los Estados es la deuda pública, que desvía gran parte de los recursos para un puñado de banqueros internacionales. En este sentido, restringir aún más la Jubilación a través de una “reforma” como ya defendieron Haddad, Jacques Wagner, y como vienen implementando en la práctica los gobiernos petistas en los Estados, debe ser rechazado y denunciado. La única solución para resolver la crisis pasa por el no pago de la deuda.

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El momento exige diálogo con los obreros, los trabajadores y la población, en las fábricas, en los barrios, en las escuelas. Exige explicar lo que está en juego y la amenaza que existe. Exige organizar la lucha en su conjunto, en defensa de los derechos y del empleo, así como de las libertades de organización y lucha contra ese gobierno y los patrones para quienes Bolsonaro realmente gobierna. Es momento de un Frente Único en defensa de los derechos y contra los ataques.

La clase trabajadora no está derrotada y es en su fuerza que debemos depositar nuestras esperanzas en este nuevo año que se inicia.

Por una alternativa revolucionaria

Es necesario también construir una organización revolucionaria realmente dispuesta a romper con el sistema, para hacer una verdadera transformación social. Para que Brasil pueda tener soberanía, acabar con la miseria, el hambre, el desempleo y para que la clase obrera, los trabajadores, los pobres y oprimidos, la juventud e incluso los pequeños empresarios y productores puedan tener una vida digna.

Un país donde no hayan explotados y explotadores. Un país en que los abajo, los trabajadores y la amplísima mayoría del pueblo puedan gobernar a través de consejos populares en beneficio de la mayoría.

Porque hasta hoy, todos los gobiernos gobernaron para los capitalistas, los bancos y las 100 mayores empresas multinacionales y nacionales, que controlan más de 70% de la economía del país.

En un momento de crisis capitalista mundial, Bolsonaro hará lo mismo que dictadura, Collor, FHC, Lula, Dilma y Temer: someter aún más al Brasil a los países ricos y a sus empresas y bancos, y continuar desatando una guerra social contra nosotros, las y los trabajadores, sacándonos la jubilación, la salud, la educación y otros gastos sociales para pagar los intereses a banqueros y empresarios multimillonarios.

El primer desafío de ellos es atacar a nuestra clase y aprobar la reforma de la Jubilación  en beneficio de los banqueros. Nuestro primer desafío es organizar la lucha para impedir ese ataque.