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Los cariocas y los fluminenses están trágicamente desamparados con sus gobernantes. En Rio de Janeiro, el prefecto Marcelo Crivella, además de atacar los derechos básicos de los trabajadores en la salud, la educación y el transporte público, gobierna la ciudad como si fuese una extensión de la Iglesia Universal, faltando el respeto a la diversidad cultural de la ciudad.

Por: Cyro Garcia, presidente del PSTU – Rio de Janeiro

Como si no bastase, también fue aquí que Bolsonaro se lanzó a la política como concejal, pasando por el bajo clero en la Cámara de los Diputados, hasta alcanzar la presidencia de la República donde ataca ferozmente el derecho de los trabajadores, como en la Reforma de la Previsión y en la Medida Provisoria (MP) de la Libertad Económica, y hace y dice mierda todos los días.

Ya en el gobierno del Estado, tenemos la figura del gobernador “Rambo” y ex juez, Wilson Witzel (PSL) que, además de atacar diariamente los derechos de los empleados públicos estaduales, como con la reciente tentativa de acabar por decreto con el plan de carrera de los profesores, implementa una política de seguridad racista, que criminaliza la pobreza y promueve un verdadero genocidio de la juventud negra que vive en las favelas y en las periferias. Tiene placer en vestir un uniforme camuflado de la policía y en participar de operaciones para poner en práctica su lema: “la policía va a mirar en la cabecita y fuego”.

Solo en los cinco primeros meses del año fueron 434 muertes cometidas por la policía del Estado de Rio de Janeiro. Varias de esas muertes alcanzaron a personas inocentes, como vimos la última semana, en la que fueron asesinados varios jóvenes en lugares diferentes de la ciudad. Dos de ellos, Dyogo Costa Xavier y Gabriel Alves, tenían el sueño de ser jugadores de fútbol. Henrico Junior era stockista en un supermercado de Magé. Por ironía, la joven madre de 17 años, Margareth Teixeira da Costa, que murió durante una operación policial en Bangu, con su bebé en los brazos, en el momento en que se dirigía a la iglesia, tenía el sueño de ser policía militar.

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Los padres de Gabriel Pereira Alves muestran la remera perforada por la bala de la policía que produjo la muerte del joven.

Aunque esas muertes hayan sido sabidamente cometidas por la policía, el gobernador, en una actitud de burla con el dolor de los familiares, declaró que: “si los criminales creen que matando inocentes van a hacer con que el Estado pare, ellos están absolutamente engañados”. Ninguna disculpa, ninguna autocrítica. Por el contrario, él dice que las operaciones van a continuar. ¡Y más recientemente tuvo el coraje de decir que la culpa de las muertes era de los defensores de los Derechos Humanos!

No siendo suficiente el exterminio físico de la juventud negra, esta política de seguridad asesina también las perspectivas de futuro de la juventud negra que vive en las favelas y las periferias. Todos los días son miles de niños que quedan a merced de las balas perdidas y sin aulas. Después quieren hablar de meritocracia, como si estos niños tuviesen las mínimas condiciones para competir con aquellos cuyas familias pueden pagar buenas escuelas privadas.

La justificativa para esta política de seguridad es la de implementar una “guerra a la drogas”, que acaba transformándose en una verdadera guerra a los pobres. Esta “guerra a las drogas” es una verdadera hipocresía y ya se demostró fallida hace mucho tiempo.

Todos saben que es una política para escurrir hielo, pero que sirve a los intereses de la industria armamentista. El tráfico de drogas alimenta el tráfico de armas y viceversa, sin hablar del envolvimiento de sectores de la policía con las milicias[1] y el propio tráfico de drogas, como periódicamente es relatado por la gran prensa.

No existe una intención real de acabar con el tráfico de drogas, pues este es responsable por altas ganancias que son “lavadas” y arrojadas dentro de la economía formal, atendiendo los intereses del sistema financiero. Una política responsable para acabar con el tráfico de drogas tiene que comenzar por una discusión seria sobre la descriminalización de las drogas, pues droga es una cuestión de salud pública y no de seguridad pública. Esta medida ataca, al mismo tiempo, los tráficos de drogas y de armas, aumentando exponencialmente la seguridad de la población, principalmente la parte formada por los trabajadores más humildes, que tienen que someterse a la opresión del tráfico, de las milicias y de la violencia policial. Esta medida, necesariamente tiene que estar acompañada por otras, como una educación y salud públicas y de calidad, generación de empleos para la juventud. Otra medida importante es la desmilitarización de la Policía Militar (PM), con todos los policías con derecho a un salario digno, derecho de sindicalización y derecho de huelga. Los delegados deben ser electos por las comunidades y la policía tiene que tener una postura de respeto a los ciudadanos, no de imposición del poder por el miedo y el terror.

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Es de fundamental importancia que las organizaciones de los trabajadores y de los sectores oprimidos de la sociedad se movilicen para detener esta escalada asesina y derrotar los ataques de este gobierno que se pone al servicio de los ricos y poderosos del Estado, como hicieron los estudiantes de la Universidad Federal Fluminense (UFF) que promovieron una protesta para el día en que él fue a hacer su calificación en el doctorado de Ciencias Políticas.

En la ocasión, el gobernador se hizo acompañar por una escolta de la PM, hiriendo la autonomía universitaria, bien a su estilo fanfarrón y autoritario, que promovió una fuerte represión a los manifestantes.

¡Contra Witzel y su política racista y asesina!

¡Fin de la guerra a las drogas, legalización y control de la producción, y descriminalización del consumo!

¡Por el fin de la Policía Militar! ¡Por una policía única y civil!

Nota:

[1] En el contexto de la criminalidad brasileña, milicia designa un modus operandi de organizaciones criminales que poseen control armado y se mantienen con recursos financieros provenientes de la extorsión a la población, a la que, a cambio de protección, distribución de gas, conexiones clandestinas de TV, etc. le cobran tasas hasta semanales. Muchos milicianos son habitantes de las comunidades y cuentan con el respaldo de políticos y dirigentes locales. Diversos políticos son notorios milicianos o tienen profundas ligazones con esos grupos paramilitares, ndt.

Artículo publicado en www.pstu.org.br
Traducción: Natalia Estrada.