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En la noche del último martes 2 de mayo, los palestinos Hasan Zarif y Nour, del restaurante Al Janiah –espacio cultural y excelente restaurante en el cual trabajan refugiados sirios y palestinos– fueron llevados para la 78° DP, en Jardins. Con la alegación mentirosa de acto de terrorismo, el grupo de ultraderecha que promovía la manifestación claramente xenofóbica, islamofóbica y racista en la Avenida Paulista, ciudad de San Pablo, contra la promulgación de la Nueva Ley de Inmigración en el país, no titubeó en agredir y criminalizar a los árabes.

Por: Maria Julia, con la colaboración de Soraya Misleh

Esta ley, que solo aguarda la sanción del presidente Michel Temer, representa un avance en relación con el antiguo Estatuto del Extranjero generado en el seno de la dictadura militar. Este estatuto, dado el período en que fue creado, traía inspiraciones fascistas e inconstitucionales, las cuales miraban al inmigrante y refugiado como enemigo de la nación, debiendo ser tratado con leyes severas y limitadoras en relación con sus derechos.

La nueva ley busca eliminar el carácter discriminatorio dado por el sistema jurídico brasileño a ese grupo de individuos, sustituyéndolo por un ordenamiento que respeta los derechos humanos y toma para sí los fundamentos internacionales en cuanto al tratamiento del derecho de migrar, siendo este inherente a la condición humana.

Debemos resaltar que en todo el trámite del proyecto de la nueva ley de inmigración fue imprescindible la actuación de las instituciones de la sociedad civil, mejorando el debate sobre participación activa en la atención de las necesidades de la comunidad de inmigrantes y refugiados en el país. Por lo tanto, claramente, no se puede negar el aspecto positivo de esas nuevas reglas, pues institucionalizan derechos y garantías como reunirse y participar en actos políticos, sindicalizarse, tener acceso a los sistemas de educación y salud públicas, etc., negados a los inmigrantes y refugiados en el Brasil.

Mientras tanto, la cuestión como un todo hace mucho tiempo ha sido ignorada por el gobierno. A pesar de que el PT se declaró dedicado a esa pauta en sus 14 años en el Planalto [sede del Ejecutivo], nada avanzó considerablemente en la actuación incisiva para la descriminalización de los inmigrantes y refugiados con documentos irregulares en el país, tampoco a la plena liberación de sus derechos políticos, especialmente en relación con el derecho al voto, que aún sigue sumariamente vetado por nuestra Constitución.

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No es suficiente, por lo tanto, apenas una ley que diga cuáles derechos son debidos para un grupo. Debemos tener conciencia de que la comunidad de inmigrantes y refugiados sufre en el Brasil un grave proceso histórico de silenciamiento por parte del Estado. No tenemos, hoy, ningún plan nacional o estadual que prevea políticas públicas de inserción y estabilización de estas personas, sea en la sociedad en general, sea en el mercado de trabajo. El gobierno delega ese arduo trabajo a las ONGs y entidades ligadas a la Iglesia, que luchan por conseguir mantener el mínimo de condiciones de sobrevivencia a esa parte de la población tan marginada.

Al tiempo que el Brasil apenas se vale de una política de “puertas abiertas” y de “accesibilidad” sin la estructura e compromiso del gobierno de forma responsable para acoger satisfactoriamente a los inmigrantes y refugiados, ignorando las particularidades de cada grupo migrante, sus orígenes, su cultura, género y raza, casos como los vistos el último martes han sido cada vez más frecuentes. Según la Secretaría Especial de Derechos Humanos, en 2015 las denuncias de xenofobia en el Brasil crecieron 633% en relación con el año anterior. En contrapartida, en términos de condenación del crimen de discriminación y xenofobia, tenemos un número inexpresivo (solamente tres causas juzgadas en 2014), lo que nos hace percibir que las denuncias en el Brasil pasan lejos de la mesa de un juez.[1]

No se trata solo de un atraso del gobierno en atender esa comunidad; se trata de la deliberada política de minimizar esos problemas, silenciándolos cada vez más. El prefecto de San Pablo, João Doria, por ejemplo, en el inicio de su mandato en 2017, eliminó la Secretaría de Derechos Humanos –hasta entonces preocupada con las demandas de los inmigrantes y refugiados–, juntándola con las secretarías de Política para Mujeres y de Igualdad Racial, en una sola coordinadora.

Brasil tiene desde siempre, en el escenario internacional, una verdadera máscara de nación representante de la democracia racial, de la cordialidad, hospitalidad y paz social, mientras es responsable por promover la desgracia de las poblaciones locales de Haití hace 13 años y de la República Democrática del Congo, por medio de las ocupaciones militares de la Minustah y el Monusco, respectivamente, obligándolos a dejar sus tierras, sus familias, en fin, sus vidas.

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Entre los trágicos ejemplos históricos de complicidad, vale recordar que el Brasil presidió, en la figura de Oswaldo Aranha, la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1947, que recomendó la división de Palestina en un Estado árabe y uno judío, una señal verde para la limpieza étnica del pueblo palestino para la creación del Estado de Israel el 15 de mayo de 1948. Esa conducta hipócrita sirve al crecimiento de la xenofobia, al permitir la libre incitación al odio bajo el manto de “país democrático, en que todos conviven armónicamente”.

No hay diferencias en la forma como el Brasil lidia con el racismo y el sentimiento “anti inmigrantes” que crece en la población, en comparación con lo que pasa en los Estados Unidos de Trump, en la Inglaterra de Theresa May y en la posible Francia de Marine Le Pen, basta tomar el ejemplo de lo que ocurrió en la Paulista.

El empleo de mano de obra inmigrante representa progresivamente la mayor parte del mercado de trabajo destinado a la ocupación en actividades más precarias y sobreexplotadas[2]. No se puede ignorar el papel central de los inmigrantes y refugiados en la cadena productiva dentro del sistema capitalista y, como consecuencia de esto, especialmente dado el momento político actual, una huelga o revuelta de ese grupo costaría muy caro a la burguesía nacional y mundial; de ahí el motivo por el cual los patrones de todo el mundo utilizan esa parte de la población como verdadero chivo expiatorio, dividiendo a los trabajadores dentro de su propia clase.

Por fin, debemos ponernos lado a lado con los inmigrantes y refugiados que están en el Brasil y luchar también por sus demandas. Ellos también enfrentan el hambre y el desempleo. También serán afectados por las reformas de la previsión y laboral, y por la nueva ley de tercerización. Tenemos que darnos la tarea de combatir todo y cualquier tipo de xenofobia que distancia cada vez más a ese grupo de la sociedad, e imposibilita su reconocimiento como parte de la clase trabajadora. Más que nunca esa unión es imprescindible para concretar nuestro proyecto de sociedad, de un mundo socialista, por lo tanto, justo y solidario.

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[1] Se apuntan, como principales motivos para ese bajo indicativo, el miedo y el desconocimiento de las víctimas sobre sus derechos, pues, una vez más, solo las instituciones de la sociedad civil y otras organizaciones independientes tienen que informar, atender y amparar a toda la comunidad de inmigrantes y refugiados, sin ninguna pro-actividad por parte del Estado en este sentido.

[2] Se destacan en el Brasil las inmigrantes haitianas y africanas en el sector tercerizado de limpieza; los bolivianos y venezolanos en los talleres clandestinos del ramo textil, sometidos a un sistema de trabajo análogo a la esclavitud; los inmigrantes de diversas partes en el área de la construcción civil; sin contar las innumerables funciones de trabajo informal en el sector de servicios.

Traducción: Natalia Estrada.