Compartir

En un evento reciente de la masonería, el general del Ejército, Antonio Hamilton Mourão, propuso una intervención militar en Brasil (léase: golpe de Estado), para solucionar los problemas de corrupción. También defendió al gobierno golpista de 1964. El general ya había sido sacado del Comando Militar del Sur, en el 2015, por haber manifestado ideas a favor de una acción militar en la política, pero mantuvo su cargo de secretario de Economía y Finanzas del Ejército. Luego de este hecho, el general de reserva Augusto Heleno, ex-comandante de las tropas brasileñas en Haití, publicó en las redes sociales una declaración de apoyo al general Mourão.Por Asdrubal Barboza, de Belo Horizonte (MG)

No hubo ninguna sanción ni represión al general Mourão y, ni siquiera, una manifestación de protesta, sea por parte del alto comando del Ejército, del Ministerio de la Defensa, o del presidente Michel Temer. Al contrario, su superior en la jerarquía, el comandante del Ejército, general Eduardo Vilas-Boas, en entrevista en la mayor red de televisión nacional, informó que no habrá sanción y elogió al subordinado: “Mourão es un gran soldado, una figura fantástica……”. Para peor, defendió la tesis de que la Constitución concede a las Fuerzas Armadas “un mandato” para intervenir si hubiera en el país “la inminencia de un caos”.

El ministro de Defensa y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, teóricamente Michel Temer, se quedaron callados.

No creemos que habrá un golpe de Estado o intervención militar hoy en Brasil; no por falta de “caos”, sino porque la política del imperialismo no es esa. Ellos saben que un golpe de verdad traería más convulsión social en el país y en toda América Latina. Sin embargo, la polarización social que existe en el país genera un clima para este tipo de declaración y, por eso, debe encontrar a los movimientos sociales preparados. Declaraciones como estas, aunque venidas de sectores marginales dentro de las instituciones del Estado, de los aparatos de represión y de la burguesía, deben ser categóricamente repudiadas.

Nadie aguanta tantos robos, corrupción y ajuste salarial

Existe un ambiente propicio en sectores del movimiento de masas para este tipo de discurso, que también da base para el discurso derechista, xenófobo, machista y homofóbico de dirigentes como Bolsonaro. La vida de la clase trabajadora brasileña va de mal en peor y la impunidad en relación a la corrupción que existe en el país es absolutamente indignante. Recordemos que el presidente Temer va por la segunda denuncia en el Congreso Nacional, por corrupción y formación de bandas criminales, y puede ser que logre escapar nuevamente distribuyendo dinero y beneficios entre los diputados, en tanto más del 40% de los presos en Brasil, que viven en condiciones indignantes, no fueron sometidos a ningún tipo de juicio.

Esto ocurre después de que PT y Lula se hayan comprometido hasta la médula en un sistema de corrupción, con las grandes empresas nacionales y multinacionales.

En el campo de la acción, asistimos la traición de la mayoría de las centrales sindicales en la última huelga general, exactamente para evitar la  presión que podría derrocar a Temer, que está en la cuerda floja. Y el gobierno, incluso con un desgaste monumental, continúa atacando a la clase trabajadora con las reformas laborales y de la Previsión Social.

La miseria creciente, el odio a Temer, el desgaste de Lula y del PT y la traición de la mayoría de las direcciones del movimiento de masas, hacen que una parte de la población vea con buenos ojos el discurso del golpe.

La dictadura del 64 fue extremamente corrupta

Sin utilizar ningún manual comunista y únicamente teniendo como base los libros de Elio Gaspari sobre la dictadura (“La Dictadura Desvergonzada”, “La Dictadura Descarada”, “La Dictadura Derrotada” y “La Dictadura Acorralada”), podemos recordar que la dictadura que gobernó al país, a partir del 1964, era muy corrupta. La diferencia con la actualidad es que quien denunciaba iba a parar a la cárcel; y los trabajadores no podían organizarse y ni realizar manifestaciones de protesta o huelga.

Antonio Delfim Netto, ministro de Hacienda durante los gobiernos de Costa e Silva y Médici, embajador brasileño en Francia, en el gobierno de Geisel y ministro de Agricultura (después de Planeamiento), en el gobierno de Figueiredo, sufrió varias acusaciones de corrupción. Entre ellas la de beneficiar a la constructora Camargo Correa en licitaciones y competencia del gobierno. Al lado de Ernane Galvêas, ministro de Hacienda durante el gobierno de Figueiredo, desvió recursos de la Caja Económica Federal para la empresa Coroa-Brastel, en 1981. Estos dos, más Mario Andreazza, Ministro del Interior, fueron acusados judicialmente por un acuerdo fraudulento, que beneficiaba al Grupo Delfim, en un asunto inmobiliario con beneficios dados por el BNH. El coronel Andreazza era conocido como representante de las contratistas, el “encargado de obras”, comprometido en casos de corrupción, y responsable por obras como el Puente Río -Niterói y Transamazónica, denunciado incluso por el general Hugo de Abreu en sus libros.

General Electric admitió que pagó, en 1976, a varios funcionarios del gobierno, una propina para vender locomotoras para la Red Ferroviaria Estatal, una de ellas de Alcio Costa y Silva, hermano del ex-presidente Costa y Silva. En 1976, el CADE [1] investigaba la formación del cártel de multinacionales y el pago de sobornos y comisiones a autoridades, para la obtención de contratos.

Maluff y Figueiredo

Paulo Maluff, uno de los mayores corruptos brasileños, se formó en la dictadura, de la cual fue gobernador en 1979, comprometido en un sin número de casos de corrupción, como el caso Lutfalla, en 1977, que comprometió, también, al entonces ministro Reis Veloso. Todos salieron impunes.

Ni hablar de Ernesto Geisel, que asumió la presidencia en 1974, y siempre tuvo ligazones con la industria petroquímica, que benefició, desde que fue presidente de la Petrobras (1969 a 1973) y por quien fue recompensando con la presidencia de Norquisa, después de 1979, luego de haber dejado la presidencia de la República. Y su “mago”, Golberi do Couto e Silva, quien durante el período entre 1968 y 1973, presidió la filial brasileña de la empresa norte-americana Dow Chemical. Ambos con fuertes ligazones con Odebrecht y el Grupo Ultra.

Uno de los más conocidos torturadores y asesinos de presos políticos, el delegado Sergio Fernandes Paranhos Fleury, organizador del famoso grupo paramilitar “Escuadrón de la Muerte”, que asesinaba presos comunes y políticos, tenía ligazones con el tráfico de drogas. Fue acusado por el Ministerio Público, que tenía al frente a Hélio Bicudo, llegó a tener la prisión preventiva, decretada por el asesinato de un traficante, pero el Código Penal fue reescrito para que reos primarios, con “buenos antecedentes”, tuviesen derecho a la libertad durante la tramitación de los recursos, “Ley Fleury”.

El periodista Alexandre von Baumgarten, colaborador del SNI (Servicio Nacional de Inteligencia), fue asesinado en 1982, según el ex-delegado de Dops, Claudio Guerra, por el propio SNI, para acallar las denuncias de corrupción del general Newton Cruz, en el escándalo de la Agropecuaria Capemi.

Además de la corrupción, había muchas ventajas: piscina térmica en la casa de ministros; que tenía, incluso, a su disposición a decenas de empleados; casas de veraneo, con derecho a mayordomo; filmes prohibidos, por la censura, como el erótico “Emmanuelle”, permitidos en la casa de estos ministros y militares; viajes gratis en los aviones de la Fuerza Aérea Brasileña; generales con derecho a dos carros, tres empleados y casa decorada; ayudas de costo para quien fuese a Brasilia, de US$ 27 mil, para comprar muebles; cabos y sargentos prestando servicios domésticos a las autoridades; transporte y hospedaje para oficiales en Brasilia, en hoteles lujosos, etc.

La corrupción de la dictadura abarcaba militares y empresarios, como en el sector financiero: grupos Moreira Salles, Bradesco, Itaú; en el industrial: Gerdau, Votorantim, Villares y otros; en la construcción civil: Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, Mendes Júnior y Odebrecht, y en la petroquímica: Grupos Odebrecht, Ultra, Mariani y Suzano, además de multinacionales.

¿Por qué Temer se calla?

Temer no habla nada porque sabe que las dictaduras son corruptas y ésta podría ser una buena salida para él, pues con un régimen de estos, saldría de la escena política con total impunidad.

Hoy, Temer ataca a la Comisión Nacional de Amnistía y todos los que lucharon contra la dictadura, principalmente los obreros que organizaron y los militares que resistieron al golpe del 64.

Lula y Dilma mantuvieron los aparatos de represión de la dictadura

Lamentablemente, el obrero preso en la dictadura militar, Lula, y la ex guerrillera torturada, Dilma Rouseff, mantuvieron toda la estructura del aparato de represión e, incluso, lo perfeccionaron.

No sólo no acabaron con las agencias que vigilan a los movimientos sociales, sino que mantuvieron la triste marca de Brasil de ser el único país de América Latina en que ningún torturador de la dictadura fue preso, garantizando la impunidad pasada y presente.

Aumentaron, incluso, la represión, reforzando su ordenamiento jurídico. Basta recordar que en el gobierno de Dilma fueron firmadas las leyes: De la Organización Criminal; Ordenanza “Garantía de la Ley y del Orden”; y la Ley Antiterrorismo.

La Ley de Organización Criminal posibilita que las organizaciones políticas sean declaradas criminales y, así, permite que tengan acceso a sus “registros de conversaciones telefónicas y telemáticas” (…) “interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas”; (…) eliminación de los secretos financieros, bancarios y fiscal; (…) “infiltración, por policías, en actividad de investigación”.

La Ordenanza N° 3.461/MD, que trata de la “Garantía de la Ley del Orden”, se remite al Artículo 142 de la Constitución de 1988, que prevé el uso de las Fuerzas Armadas en la garantía de la “Ley y del Orden” internos, lo que equivale a decir: en funciones de seguridad pública.

La definición, vaga de propósito, de la Ley Antiterrorismo, permite que hasta daños al “patrimonio”, “apología” del terrorismo o supuestos “actos preparatorios”, sean encuadrados y penalizados como terrorismo, ¡permitiendo penas de 12 a 30 años de prisión! Colocando un arma en la mano del Estado para reprimir y aplastar revueltas populares y criminalizar a los movimientos sociales.

Leyes que permiten que negros pobres, como Rafael Braga, fuesen condenados a años de prisión por portar un botellón de Pinho Sol y otro de agua sanitaria, en una manifestación en Río de Janeiro, en junio del 2013.

Hoy, el discurso del PT y sus seguidores de que hubo un golpe para derrocar a Dilma, banaliza lo que es un golpe de Estado de verdad y caricaturiza lo que sería, de hecho, un violento ataque represivo contra la clase. Por lo tanto, desarma a los trabajadores para la verdadera resistencia que debe ser construida contra un ataque de la derecha. Y hace que la clase trabajadora no den la verdadera importancia  a lo que es una propaganda y agitación golpista de la derecha y a todo el ataque que viene junto con ella.

Estar contra un golpe no significa apoyar a Temer o a Dilma

Queremos que Temer sea derrocado sí, así como Dilma, pero por los trabajadores y no por un golpe.

Por eso, defendemos la construcción de un plan de luchas y la unidad de las centrales sindicales y de los movimientos sociales, en acciones que vayan a su derrocamiento.

Y si hubiera algún intento de golpe, tendremos que realizar una Huelga General en el país y organizar, por la base, en las fábricas y en los barrios, la autodefensa de la clase trabajadora para resistir a este ataque.

Sabemos que una dictadura en Brasil solo serviría para aumentar la represión y la explotación de la clase trabajadora, acabando con el mínimo de democracia que aún tenemos y con, por lo menos, el derecho de reclamar y denunciar.

[1] Consejo Administrativo de Defensa Económica.

Traducción Laura Sánchez