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Este lunes 25 de junio, el Proyecto de Ley 6299/02, conocido como “PL del Veneno”, fue aprobado por 18 votos a favor y 9 en contra en la comisión especial que analiza el proyecto. Este permite que el Ministerio de Agricultura libere el uso de pesticidas en plantaciones a pesar de que órganos reguladores como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama) o la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), por ejemplo, no hayan completado sus procesos de análisis.

Por: Diego Cruz

El proyecto va a abrir las puertas del Brasil a la entrada de más agrotóxicos, liberando incluso aquellos que fueron banidos en Europa. Es la banca del agronegocio actuando de forma organizada para envenenar la alimentación de las familias y de esta forma obtener sus ganancias exorbitantes.

Una de las propuestas es reducir en un año (hoy en día son tres) la aprobación y el registro de nuevos tipos de agrotóxicos, sin importar si están o no prohibidos fuera del Brasil. Mientras no se apruebe la liberación definitiva, no obstante, el veneno podrá tener un “registro provisorio” para que pueda ser comercializado.

Otra propuesta es acabar con aquella calaverita que se ve hoy en día en los rótulos de los agrotóxicos, que alerta a la población que se trata de un producto venenoso. Y el nombre “agrotóxico” también sería sustituido por “defensivo fitosanitario”, un nombre pomposo para intentar esconder las toxicidades peligrosas y mortales del producto.

El paquete ha sido duramente criticado por el Ministerio Público Federal, Ibama, Anvisa, Consejo Nacional de Salud, Fiocruz, e innumerables otras instituciones y entidades. Hoy el Brasil es campeón mundial en el uso de agrotóxicos. A cada brasileño cabe una media de 5,2 litros de venenos por año, el equivalente a dos botellas y media de gaseosa, o a 14 latas de cerveza. Entre 2000 y 2014 hubo un aumento de 135% del consumo de agrotóxico en el país. Ese consumo explosivo acompañó la tendencia de la evolución del agronegocio.

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Brasil permite la presencia de 5.000 veces más glifosato (un herbicida altamente tóxico) en el agua que los países de la Unión Europea. El cultivo de soja, que ocupa 33,2 millones de hectáreas (esto es once veces mayor que todo el territorio de Bélgica), consume –solo este– 52% de todo el agrotóxico vendido en el país.

Los datos alarmantes constan en el Atlas “Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia” [“Geografía del Uso de Agrotóxicos en el Brasil y Conexiones con la Unión Europea”], de Larissa Mies Bombardi, investigadora del Laboratorio de Geografía Agraria de la Universidad de San Pablo (USP). Según la investigadora, entre 2007 y 2014 hubo 25.000 intoxicaciones por agrotóxicos en el Brasil –en media, ocho intoxicaciones diarias–. De estas, entre 20 y 25% eran niños y adolescentes. Pero el número total de personas contaminadas puede ser mucho mayor “toda vez que para cada caso, otros 50 no fueron notificados”, explica Bombardi.

Actualmente, de los 504 componentes de agrotóxicos liberados en el Brasil, 149 ya fueron prohibidos en la Unión Europea. O sea, mientras ellos están castigando esa basura tóxica, en el Brasil la banca de hacendados quiere su total liberación. “Producimos algo que dejó de ser alimento, se volvió commodity y agroenergía”, explica la investigadora.

En realidad, el Brasil está volviéndose mercado para esos productos que son cada vez más restringidos en los centros del capitalismo mundial, lo que refuerza aún más el proceso de recolonización que ya vive el país.

“La división internacional del trabajo se ha configurado también como una división internacional socioambiental del trabajo”, sostiene Bombardi.

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Ahora, además de ampliar la privatización de nuestras estatales, entregar nuestro petróleo y pagar la deuda pública con la mitad de nuestro presupuesto, quieren transformar el país en un basurero tóxico que produzca para las grandes transnacionales.

Artículo publicado en www.pstu.org.br, 26/6/2018.-

Traducción: Natalia Estrada.