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El pasado viernes se dió a conocer una denuncia por abuso sexual al ex gobernador y actual senador nacional José Alperovich. El mismo se encontraba de vacaciones con su familia en Miami y retornó hoy para firmar su pedido de licencia en la cámara, solicitado por él ante “una denuncia falsa”, como lo publicó en twitter esta semana.

La denuncia vuelve a abrir la olla a presión contenida de casos de abuso y violencia machista que se multiplican en espacios políticos patronales.

Este modus operandi es el mismo que prima en todos los casos: el abuso de poder, donde el victimario es mayor en edad, cargo, poder económico, y por lo tanto, muchas veces impune para someter a familiares (en este caso la denunciante es su sobrina segunda), empleadas, o mujeres y jóvenes con cargos subalternos.

Los funcionarios públicos, como Alperovich, senador por el Frente Para la Victoria, gozan de privilegios incluso luego de haber sido denunciados. Por eso, quien fue 3 veces gobernador de Tucumán, para protegerse, pide licencia de su cargo apenas se conoce la denuncia.

Un procedimiento similar utilizó Jorge “el loco” Romero, senador bonaerense de La Cámpora, quien a finales de 2018, tras una denuncia pública por abuso sexual, faltó 5 veces a las sesiones y la cámara optó por otorgarle una licencia. Cabe destacar que actualmente Romero no renovó su licencia pero no asiste a las sesiones, por lo que continúa cobrando un abultado sueldo hasta el 10 de diciembre y fue homenajeado el pasado miércoles en plena sesión por Teresa García, compañera de su mismo bloque. Mientras tanto, sigue en curso el proceso judicial.

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¡Qué distintos son los tratamientos que tiene la justicia con funcionarios públicos “de renombre” y con trabajadores y luchadores!  Ante gravísimas denuncias, los funcionarios en su mayoría están en libertad. A sabiendas de que se suele desatar una ola detrás de la primera denunciante, porque lamentablemente, casi nunca es la única. Y además manteniendo su cargo y sueldo de miles. Y trabajadores y luchadores como Daniel Ruiz tienen prisión preventiva de 13 meses en una cárcel común por delitos excarcelables. Por eso, además de machista, la justicia es patronal.

Hay que terminar con los privilegios que solo protegen a los victimarios para que sigan haciendo de las suyas, como se repite en la Iglesia Católica, atestada de denuncias. Quien reciba denuncias debe ser separado de su cargo inmediatamente, como se aplica en los protocolos en los lugares de trabajo, no para proteger al denunciado, sino a la víctima.

En el Congreso y todas las instituciones deben dejar de protegerse entre ellos, con sus fueros, licencias con goce de sueldo y faltas injustificadas por doquier. Los funcionarios deben ser como todos los trabajadores. Se deben aplicar los protocolos ante la violencia de género. Y para ello es necesario un plan de Emergencia Nacional contra la violencia hacia la mujer y disidencias, con un presupuesto que parta del no pago de la Deuda Externa.

En los tiempos que corren es posible que están denuncias salgan a la luz por los procesos que estamos viviendo. Desde el primer Ni una Menos en 2015, pasando por la denuncia de Thelma Fardin a Darthes en 2018, a las movilizaciones del 25 de noviembre, siendo Chile el exponente de la revolución donde se destapan los abusos cometidos por carabineros, hay un movimiento que permite romper las barreras y dar el primer paso para que salgan a la luz estas prácticas que no son nuevas, pero que se perpetraron bajo el silencio y la impunidad durante años.

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Es preciso continuar en las calles contra el machismo y el capitalismo que lo utiliza para debilitarnos y mantenernos calladas y martirizadas . Las mujeres se encuentran en primera línea en Haití, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, dando muestras de cómo se pueden tirar abajo la opresión y la explotación.  Ese es el camino a seguir.