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Hay un conocido dicho que reza “la realidad supera a la ficción”. Esto bien podría aplicarse a la situación de Amado Boudou. En Argentina, dejando pequeñas las predicciones de Discépolo en el tango “Cambalache”, podría ir preso el vicepresidente de la Nación.


El Gobierno y toda la oposición patronal están atrapados en una gran contradicción. Las turbiedades del caso Ciccone [empresa gráfica ligada a Boudou] y de la causa por enriquecimiento ilícito del vicepresidente pueden comprometer a varios funcionarios kirchneristas y hasta al propio Néstor Kirchner. Y poner en evidencia cuáles son los jueces y legisladores que participaron de los negociados, arrastrando en la caída la credibilidad en las instituciones y en el sistema.

En este marco, Cristina obligó a Boudou a salir de su paraíso de guitarrita y discotecas y lo mandó a salir al ring, a defenderse, intentando colocarlo como víctima de una telaraña penal que habría sido armada por [el gobernador de Buenos Aires] Daniel Scioli.

Boudou y su laberinto

Ha habido tres novedades principales en el caso que vincula a Boudou con la compra ilegal y fraudulenta de Ciccone. Todas giran en torno a la primera, la citación del juez Lijo al vicepresidente a declarar, considerándolo el verdadero dueño actual de la imprenta que habría comprado por orden directa de los Kirchner.

La segunda novedad, derivada de la anterior, es el intento de Boudou –en su declaración ante el juez y en entrevistas televisivas– de tomar distancia de su socio Núñez Carmona y de otro implicado, Alejandro Vanderbroele. Boudou dice que ambos compraron Ciccone como testaferros de los banqueros Raúl Moneta y Jorge Brito (ambos implicados en otros numerosos escándalos financieros).

Y la tercera novedad es la afirmación de Boudou y el Gobierno de que “el juez protege a algún empresario” y que por eso se negó hasta ahora a investigar de dónde vino el dinero que se usó en la compra de Ciccone.

Pero en estos días aparecieron denuncias que desmienten al Vicepresidente: los fondos de la compra de Ciccone habrían sido parte de operaciones de lavado de dinero sucio en las que están involucrados Boudou, Núñez Carmona y varios personajes más vinculados al fondo The Old Fund.

Sin embargo, Boudou puede seguir creando dudas y enredando la causa por una sencilla razón: los banqueros, los empresarios, los grandes medios como Clarín y La Nación, todo el gobierno kirchnerista, todos los gobiernos anteriores, toda la justicia, todos los representantes del radicalismo, el PRO y demás partidos patronales, son y han sido cómplices de maniobras corruptas de las que se han beneficiado o en las que han sido encubridores.

Clarín y La Nación siguen controlando Papel Prensa, de la que se adueñaron gracias a maniobras de la dictadura. Menem ha sido sobreseído en cuanta causa tuvo por tráfico de armas, privatizaciones fraudulentas y demás. De la Rúa ha sido sobreseído en las causas por coimas para hacer votar en el Senado la Ley de Trabajo, y por la represión y las muertes en 2001.

Todos los nombrados aprobaron el fraudulento acuerdo con Chevrón por el yacimiento de Vaca Muerta y ahora apoyan el proyecto de la nueva ley petrolera que generaliza el mismo trato corrupto y entreguista para todas las concesionarias.

Igualmente, apoyan el escandaloso acuerdo de pago al Club de París de una deuda que todos saben ilegítima e ilegal, contraída por la dictadura.

El peligro de “destapar la olla”

Boudou chantajea con que si le hacen a él lo que a María Julia Alsogaray –que pagó con varios años de cárcel algunos de los más ruidosos escándalos de las privatizaciones menemistas– va a divulgar las trampas de los que lo acusan y también al kirchnerismo, si Cristina le suelta la mano.

Pero la oposición patronal y hasta el mismo Papa Francisco –que recibió al juez Lijo y declaró que reza para iluminarlo en sus acciones, justo el día de la indagatoria a Boudou– están preocupados por sostener al Gobierno hasta 2015 y salvar la honra del parlamento y la justicia. Por eso presionan a Cristina para que aísle a Boudou y poder usarlo como “chivo expiatorio”.

Es una jugada de riesgo. Las grandes patronales y los principales políticos a la vez que presionan para meter preso a Boudou, dudan. Se trata del vicepresidente en ejercicio, la segunda autoridad más alta del país. Su condena dejaría al desnudo el nivel de descomposición de las instituciones políticas y hasta qué punto, aquí y en todo el mundo, hacer negocios implica tener funcionarios, legisladores y jueces asociados en “la mordida”.

Dicho de otro modo, quedaría al desnudo que la corrupción es una parte decisiva de las instituciones y del sistema capitalista, en general. Que la justicia está al servicio de preservar estos mecanismos, que si sucede una acción positiva de la justicia es para cubrir al conjunto, para salvar a la gran corrupción.

Justamente por eso es necesario reclamar que se sepa toda la verdad en este y en todos los casos de corrupción y exigir la eliminación de la inmunidad parlamentaria, de la inamovilidad de los jueces y de todas las leyes, decretos y cláusulas que protegen a funcionarios, jueces y parlamentarios con fueros. Por eso es necesario llevar la investigación y el castigo hasta el final. 
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