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En 2018 el debate sobre legalizar o no el aborto recorrió todos los ámbitos. Por primera vez en el país la Marea Verde atravesó las familias, las escuelas, los sindicatos, facultades y lugares de trabajo. Es que no se trataba de cualquier derecho democrático. Sino uno fundamental: el derecho a elegir el momento de la maternidad y a dejar de morir por abortos clandestinos.

A pesar de las enormes movilizaciones, debates, pañuelazos y las multitudinarias vigilias frente al Congreso, el Senado rechazó el grito de la calle y prefirió perpetuar la clandestinidad.

La Campaña por el Derecho al Aborto y el conjunto de las direcciones del movimiento de mujeres, se sumaron a la propuesta de “hay 2019” para “votar bien”, sacando la pelea de las calles, y por eso este año fue tema de debate en la campaña electoral.

Pasadas las elecciones generales y con el triunfo ya consumado del Frente de Todos es preciso colocar el debate sobre la mesa. Como menciono el mismo Alberto Fernandez, el estado debe garantizar el derecho al aborto en condiciones de asepsia.

Mas de un año de clandestinidad mantuvo a las mujeres y personas gestantes en riesgo de vida. En nuestro país se calcula que hay más de 500 mil abortos por año y el aborto clandestino continúa siendo la primer causa de muerte materna.

Además, hay 3000 nacimientos de niñas madres, de las que 8 de cada 10 fueron embarazos no deseados. En algunas provincias, como los resonantes casos de Chaco y Tucumán, ni siquiera aplican la ILE.

El aumento exponencial de la pobreza en este último año de gestión de Macri solo profundizo la desigualdad. Quienes logran llegar el acceso al misoprostol deben pagar mínimo $7000 por las pastillas y aplicarlas sin ningún tipo de seguimiento médico. Ni hablar de los costos altísimos de una interrupción con métodos quirúrgicos en clínicas clandestinas. Por esto, continúa siendo un privilegio de ricas.

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Ante la alarmante situación, es necesario que el nuevo gobierno lo tenga en agenda. Pero no podemos esperar el poroteo del Congreso y el Senado. Y no podemos dejar que nuevamente las Iglesias impongan el credo por sobre nuestras vidas.

Los análisis sobre como saldría la votación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo daría positivo en Diputados, pero rechazado en Senadores nuevamente, aunque varios y varias de los que asumirán en diciembre no se han pronunciado públicamente sobre el tema.

Con los números sobre la mesa, reforzamos nuestra visión. El derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito debemos arrancarlo, y no esperar a la decisión de unos pocos en las bancas.

En este sentido, pesará mucho más la decisión política del nuevo poder ejecutivo que asumirá el mando en diciembre. Desde la mesa chica dicen que se aprobaría en sesiones extraordinarias antes de mitad de año. Pero esto significará seguir condenando a la clandestinidad a miles de mujeres y cuerpos gestantes.

Desde ya debemos preparar movilizaciones en todas las plazas del país y concentrarnos en la Plaza de los Dos Congresos en Ciudad de Buenos Aires el 11 de diciembre. Comenzar las preparaciones en lugares de trabajo y estudio. Los sindicatos deben colocarse a la cabeza de esta preparación, con asambleas y plenarios de delegados. CGT y CTA, las organizaciones de derechos humanos y del movimiento de mujeres, deben movilizar ese día con todas sus fuerzas y convocar un Paro General por nuestro derecho.

De esta manera debemos exigirle a Alberto Fernández un día después de su asunción, y no más, que nuestras vidas no pueden esperar. Debemos arrancar por Decreto de Necesidad y Urgencia la IVE, con presupuesto que parta del No Pago de la Deuda Externa para garantizar Educación Sexual, anticonceptivos y condiciones de salubridad en todos los hospitales y salitas públicas de todos los barrios.