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En Portugal, aumenta el coro de los claman por un refuerzo del papel del Estado. Si unos lo hacen teniendo presente el escenario de grandes necesidades que muchos trabajadores y trabajadoras enfrentan hoy, otros, no obstante, visan exclusivamente la defensa de sus ganancias a costa del sacrificio de aquella categoría de contribuyentes que más contribuye para el Presupuesto del Estado, es decir, aquellos que trabajan por cuenta de otros.

Por: Em Luta Portugal, 9/7/2020.-

Mientras tanto, los neoliberales –conocidos por defender la tesis según la cual el Estado se debe resumir a las funciones de defensa, justicia y orden público y privatizar todo el resto, incluyendo la Seguridad Social y lo que va quedando del Servicio Nacional de Salud (SNS)– se remiten al silencio aguardando por mejores días.

Creemos que es necesario conducir este debate de otra forma, cuestionando qué intervención del Estado tenemos hoy y qué intervención del Estado interesa realmente a la clase trabajadora. Las cuestiones que se plantean son, por eso, las que siguen: ¿se puede hablar de refuerzo de la intervención del Estado en la economía y en la sociedad portuguesa? ¿A quién sirve y a quién debe servir esa intervención?

El caso ejemplar de la Salud

António Costa anunció el refuerzo del SNS. La salud pública salió bien parada en términos de imagen. Con todo, la escasez de medios, de la que la falta de camas y de profesionales de la salud son ejemplos flagrantes, acentúa el temor a las dificultades, agravadas en la respuesta a la pandemia.

Está en causa la capacidad de respuesta en lo que respecta a la prestación de servicios que constituyen el día a día de un sistema de salud público.

Hace varios años que el Presupuesto del Estado destina al sector de la salud menos dinero del que cada año sería necesario para su regular funcionamiento. Más allá de eso, el SNS fue particularmente afectado por los cortes presupuestarios introducidos por los gobiernos de Sócrates y de Pedro Passos Coelho. Además, el Estado ha preferido contratar y pagar consultas y cirugías a empresas privadas en lugar de invertir en el aumento de la capacidad pública. Los gobiernos del PS de Costa, o de la Geringonça, y el presente no alteraron este rumbo, y la actual ministro, en el marco de la reciente crisis, no quiso requisar el sector privado para tratar a los enfermos de Covid-19. Y ya dio a entender, en entrevista concedida a la SIC [Sociedad Independiente de Comunicación], que no habría aumentos salariales extraordinarios para médicos, enfermeros y auxiliares. De ahí se concluye que no hay cambio en el sentido de un mayor peso del Estado en la Salud.

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¿Hay refuerzo del papel del Estado? ¿A favor de quién?

El alivio de la carga fiscal y la abertura de líneas de crédito garantizadas por el Estado son algunas medidas aprobadas por el gobierno, destinadas al apoyo de las empresas y con impacto directo en el Presupuesto del Estado. A esta se junta el lay-off, medida que normalmente es aplicada cuando se verifica un cierre de empresas y que se traduce en una reducción del salario de los trabajadores y en su financiamiento parcial con dinero proveniente de la Seguridad Social (financiada por contribuciones de los trabajadores descontadas de sus salarios). O sea, todas las medidas diseñadas por el gobierno Costa, en socorro de la tesorería de los pequeños negocios y de las ganancias de las grandes corporaciones se asientan en el esfuerzo y el sacrificio de la clase trabajadora que, conviene no olvidar, carga ya el peso de la austeridad.

Pero los empresarios no están satisfechos y quieren más. Una noticia del Público del 30 de abril nos informa que la Confederación de la Industria Portuguesa (CIP) defendió que el Estado entre en el capital de empresas en dificultades mientras dure la actual crisis. Los grandes patrones pretenden tener acceso a dinero en condiciones aún más favorables que las propuestas por las líneas de crédito o, dicho de otra manera, pidiendo la intervención directa del Estado en defensa de sus ganancias. No es, obviamente, de este tipo de nacionalización que hablamos cuando defendemos la expropiación de los medios de producción en manos de los privados, que pasarán a manos de los trabajadores.

Finanzas públicas rehenes de los bancos y de la Unión Europea

Recientemente, el semanario Expresso informaba que Portugal es de los países de la zona euro que menos afectó dinero público en el combate a la pandemia y sus efectos. Por otro lado, el FMI prevé un déficit presupuestario del orden de 7% del Producto Interno Bruto (PIB), o sea, la riqueza producida en Portugal durante un año, y una recesión del orden de 8%; por encima de esto, es sabido que el país está fuertemente endeudado.

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Cuando hablamos de que la deuda pública portuguesa representó, en 2019, 119% del PIB, eso quiere decir que Portugal debe más que toda la riqueza producida durante ese año. Los intereses de esa deuda alcanzaron, en 2019, 8.000 millones de euros, superando los 7.500 millones de euros gastados por el Estado en la Educación y casi llegando a los 9.000 millones de euros destinados a la Salud.

La situación en que se encuentran las finanzas públicas es resultado de opciones políticas asumidas por los gobiernos a lo largo de las últimas décadas, lo que viene colocando al Estado al servicio de los intereses de la burguesía, contra las aspiraciones y necesidades de la clase trabajadora. Es este el significado de los 8.000 millones de euros gastados en intereses de la deuda, un número revelador de la dependencia del Estado portugués de cara al financiamiento de los bancos internacionales, un cuadro que se agravó con la crisis financiera de 2008 y se tornó escandaloso en 2012. En realidad, el Estado fue abdicando de fuentes de ingreso que hoy se restringen, casi con exclusividad, a impuestos y préstamos contraídos junto con los bancos y garantizados por la recaudación fiscal.

Una política desenfrenada de privatizaciones puso al Estado fuera del control de sectores estratégicos de la economía, privándolo al mismo tiempo de ingresos provenientes de empresas lucrativas. Con la llegada del Euro, el Banco de Portugal dejó de poder emitir moneda y el país se ve ahora atado por tratados impuestos por Bruselas, que limitan los gastos presupuestarios. Al mismo tiempo, ningún presupuesto entra en vigencia sin la concordancia de la UE, lo que demuestra la pérdida de soberanía del Estado en la elección de sus fuentes de financiamiento y en la libertad de opción política.

¿A quién debe servir el Estado?

Los que defienden una mayor intervención del Estado en la economía tienen en mente el Estado Social que estuvo vigente en Europa del Norte en la pos Segunda Guerra Mundial y que, en Portugal solo se tornó realidad con el 25 de Abril. Se trata de un modelo de organización política, económica y social que buscó fortalecer la salud, la educación, la asistencia social y la cultura garantizadas por el Estado y lo colocó en el comando de sectores económicos estratégicos, al mismo tiempo que buscó asegurar el pleno empleo. Es para ese horizonte que caminan las propuestas del PCP y el BE cuando discuten cuál es la salida para la crisis.

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Con todo, el Estado Social no fue una concesión de la burguesía y de sus representantes en los parlamentos. Este fue producto de las luchas revolucionarias después de 1945 en Francia, Italia, y de la Revolución de los Claveles en Portugal. El Estado Social no puso en causa los fundamentos del capitalismo y, en el fondo, constituyó una concesión frente a la posibilidad de la toma del poder por la clase trabajadora. Creemos que nuestra lucha no debe ser solo por un Estado que se limite a aliviar los efectos del capitalismo sobre los trabajadores. Nuestra lucha no tiene como fin instalar el buen capitalismo en oposición a un capitalismo salvaje. Nuestra lucha tiene como horizonte la toma del poder político y económico por la clase trabajadora, que debe tomar para sí la posesión de los medios de producción, condición necesaria para el ascenso del socialismo.

Artículo publicado en https://emluta.net
Traducción: Natalia Estrada.