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A raíz de la inseguridad causada por el Covid-19, el gobierno está tratando de ocultar la crisis social que inevitablemente provocará. Mientras no llega la cuenta para pagar, es aún posible convencer a los trabajadores de que no van a perder el empleo y los rendimientos. Y la mejor manera de hacerlo es lanzar medidas dichas de protección social; y si estas vienen clasificadas como un “Programa”, tanto mejor.

Por: José Luís Monteiro y Maria Silva

Anunciado con pompa y circunstancia el PEES (Programa Económico de Estabilización Social) debería, en realidad ser llamado PDD (Programa de Disfraz del Desempleo), pues este es su verdadero objetivo: quitar de los números del IEFP [Instituto de Empleo y Formación Profesional] a trabajadores en vías de desempleo (a través de la prolongación del layoff), jóvenes futuros desempleados, y trabajadores ya desempleados (por medio de la formación/pasantías en contexto de trabajo). De hecho, el PEES no intenta garantizar el empleo ni crear nuevos empleos, sino solo subsidiar las grandes empresas a través del layoff y esconder el desempleo futuro, recurriendo para eso a un esquema ya utilizado en los últimos tiempos por anteriores gobiernos.

En el primer caso, el gobierno divide el layoff en dos modalidades: el one off en el valor de un salario mínimo nacional (SMN) por puesto de trabajo que haya estado en layoff al abrigo del régimen simplificado o, en alternativa, 2 SMN a lo largo de seis meses por puesto de trabajo que haya estado en layoff dicho simplificado. En este último caso, las empresas obtienen aún un descuento de 50% sobre los descuentos para la Seguridad Social [SS] (o sea, el salario indirecto del trabajador es, así, reducido). No parece un mal negocio, sobre todo para las grandes y medianas empresas, que mayoritariamente fueron las que utilizaron el régimen de layoff simplificado.

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En el segundo caso, el gobierno desvía a los desempleados para cursos de formación, los jóvenes licenciados para graduación en contexto de trabajo (lo que, en la práctica, tal como en el pasado reciente, quiere decir mano de obra barata para las grandes empresas) y aún convida a la inserción de los adultos en la Enseñanza Superior. En este caso, quedamos sin saber si con pago o no de coimas. Nada de esto es nuevo.

Al final, para dar un aire de solidaridad social, el programa aplica incluso 33 millones de euros como contribución del sector bancario para un conjunto de medidas en que el gobierno dice que gastará 2,5 mil millones de euros. Es caso para estar “agradecidos”.

El Presupuesto del Estado (PE) aprobado el pasado 3 de julio no cambia esta caracterización. Es verdad que el gasto público va a pasar a valer casi 50% del PIB, pero eso se deberá al presupuesto de las medidas aprobadas en el PEES, al indispensable refuerzo del Sistema Nacional de Salud (SNS) y, claro, a la entrada del Estado en el capital de la TAP [línea aérea] (o nacionalización). Nada de esto, por sí solo, va a garantizar empleos y rendimientos a los trabajadores. Que lo digan los 1.000 trabajadores de la TAP ya despedidos.

Tanto el PEES como el PE responden a lo mismo: un proyecto que sirve para pagar las ganancias de los patrones y no resuelve los problemas de los trabajadores, que continúan perdiendo rendimientos a través del layoff, y no vienen prohibidos los despidos. Esta es ya la primera cara de la austeridad. Además, a pesar de colocar más fondos en la salud, el presupuesto no resuelve los problemas centrales de la salud; además de que la inversión es insuficiente no garantiza las carreras y condiciones necesarias a los profesionales de la salud, deja las contrataciones –en particular de médicos– muy debajo de lo necesario, y se niega a hacer una reorganización de los servicios que apueste a fondo en el SNS, y no en el sostén de la salud privada a través del Presupuesto del Estado, como ocurre hoy.

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Cada vez más se demuestra que, en la situación actual, no bastan propuestas puntuales en el parlamento para intentar cambiar el carácter del Presupuesto, como quisieron hacer el Bloco de Esquerda (BE) y el Partido Comunista Portugués (PCP) con las propuestas en la especialidad, y después el BE, absteniéndose (en una política sistemática de cubrir al PS por la izquierda), y el PCP, votando en contra pero sin hacer una oposición de fondo a las medidas de gobierno (véase el caso de la TAP, donde los sindicatos afectos al PCP aceptaron la participación del Estado en la aerolínea como una resolución del problema, sin que haya ninguna garantía para los trabajadores). Pero tampoco es el voto en contra del CDS, Chega e Iniciativa Liberal que representan cualquier alternativa para los trabajadores, pues todas estas fuerzas políticas defienden mayor liberalización de la salud, de la educación, de las relaciones laborales, y del mercado de arrendamiento, lo que dejaría a los trabajadores en una situación aún más dramática.

El único camino es que los trabajadores toman las redes de sus destinos: en la salud, en la TAP, en EFACEC [energía, ingeniería, movilidad], etc., para impedir los despidos y la continuidad de los layoff, para garantizar el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, con dignidad y nacionalizaciones que sirvan para rescatar a los trabajadores, y no los privados.

Artículo publicado en https://emluta.net, 7/7/2020.-
Traducción: Natalia Estrada.