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El Tribunal Europeo de Luxemburgo acaba de sentenciar que Oriol Junqueras es eurodiputado de pleno derecho, desde su proclamación en junio pasado. Es más, la sentencia recoge lo que el Tribunal Supremo español debería haber hecho: suspender la publicación de la sentencia del «procés” y solicitar al Parlamento Europeo un suplicatorio, para, después, emitir la sentencia.

Por Eusebio López

Como no lo hizo, ahora ha convertido en nulos todos sus actos posteriores, comenzando por la misma sentencia; pues todos adolecen del mismo defecto de forma, se ha vulnerado, a sabiendas (porque era más que evidente) el derecho europeo ratificado por el Tribunal. El régimen español tenía prisa por dar un castigo ejemplar a aquellos que habían osado levantarse en defensa de un derecho democrático, como es el derecho a decidir de un pueblo.

Más allá de las consecuencias jurídicas y del ridículo, otro más, de la justicia española por Europa, el problema catalán ha dado un salto; el que todos los gobiernos de la monarquía han querido evitar estos años, fuera el de Rajoy, fuera el de Sanchez, la internacionalización de la lucha del pueblo catalán por su derecho al decidir. Ahora, según el tribunal, el TS español tiene que elevar un suplicatorio al Parlamento Europeo para poder aplicar su sentencia contra una persona que está condenada sin poder estarlo.

Y esto lleva de cabeza a que el llamado “problema” catalán se va a discutir en el Parlamento Europeo, donde la “anomalía” española es más que evidente.

¿Qué es eso de la “anomalía española”?

Para que se entienda, si uno quiere homenajear a «la nueve”, el regimiento español que entró en París el día de su liberación de los fascistas, tiene que ir a Francia y bajo la bandera republicana; en el Estado Español es imposible, no existe ningún monumento, ningún recuerdo de esos demócratas. Si uno quiere ir a la tumba de Largo Caballero, presidente de la república española, tiene que ir al cementerio de Piere Lachaise en París; en el Estado Español sería imposible hacerlo. Eso sí, monumentos a Franco, Primo de Rivera, Mola y demás, existen por todo el territorio del Estado.

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Si uno quiere recordar la guerra mundial, y en concreto el frente del este, que se olvide de homenajes a la Batalla de Stalingrado o la ofensiva del Kursk, primeras derrotas de las fuerzas nazis, si no que lo hará ante monumentos a los que combatieron bajo las armas nazis, la División Azul.

Esta es la “anomalía” española; mientras en Europa Mussolini era ejecutado sumariamente, mientras en Nuremberg se procesaba a los jerarcas del régimen nazi, mientras en Francia las cárceles se llenaban de “colaboracionistas” con los ocupantes nazis (las “divisiones azules” francesas); o posteriormente, mientras en Portugal en 1974 se disolvía la PIDE (policía política salazarista) y se rompía con la dictadura… Es decir, mientras en toda Europa se rompió con el fascismo, en el Estado Español la Transición dio “carta” de demócratas a los jerarcas del franquismo.

Esta “carta” tiene nombre y apellidos, se llama Ley de Amnistía, por la que se perdonaron todos los crímines cometidos desde 1936 hasta hoy. Esta “blanqueo” del régimen se trasladó a las instituciones, por ejemplo; al día siguiente de la disolución del Tribunal de Orden Publico franquista, se constituyó la Audiencia Nacional, con exactamente los mismos miembros y las mismas competencias de tribunal político.

Es un principio básico del derecho burgués la “unidad jurisdiccional”, es decir, no pueden existir, bajo una democracia burguesa, tribunales especiales para delitos políticos, pues, se supone, que estos no existen; los hechos que podrían ser constitutivos de ese tipo de delitos están amparados bajo los derechos de opinión, expresión, manifestación o huelga. Ese principio no se cumple en el Estado Español, donde hay tres jurisdicciones paralelas, dos políticas, y otra ordinaria. Las dos jurisdicciones políticas son el Tribunal Constitucional y otro la Audiencia Nacional, ex TOP.

Esta es la “anomalía” española; un régimen que tiene unos orígenes opuestos a los del resto de la Unión Europea y que la sentencia del Tribunal Europeo ha puesto de manifiesto: el TS español actuó como lo que es, una institución del régimen heredado del franquismo/fascismo, el de Luxemburgo como lo que es, una institución que tiene sus orígenes en la derrota del fascismo, y ahora solo queda una salida: declarar nula la sentencia y liberar a los presos políticos catalanes.

¿Es la UE la solución?

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Los dirigentes catalanes, con Junqueras y Puigdemont a la cabeza, han conseguido darle un golpe a la estrategia aislacionista no sólo de la burguesía española, que siempre ha insistido en que era un problema “entre catalanes”, como si el régimen del rey “aporellos” no fueran parte del mismo; sino que ha puesto patas para arriba la política de la burguesía europea, de que “es un asunto interno” español.

Ningún gobierno europeo ni la UE quiso condenar la represión del 1 de octubre ni la virtual ocupación militar de Cataluña; todos insistieron en esa idea de que es “un problema interno”, cuando la realidad es que es un problema de la constitución misma de la Unión Europea, un acuerdo meramente económico para mejor explotar a la clase obrera, manteniendo las divisiones artificiales entre estados, y ubicarse en la competencia internacional para el saqueo del mundo.

Como la UE no es más que un acuerdo entre estados con esos objetivos bien capitalistas, le espantan los conflictos políticos que como el catalán, pone en cuestión la estabilidad de los regímenes que la conforman. Si los dirigentes europeos actuaran como dicen que son, demócratas, habrían apoyado el “procés” catalán que solo exigía el derecho democrático de un pueblo a decidir su futuro… Como si hicieron cuando les interesó (¡Yugoslavia!)

Pero su democracia se acaba cuando es un régimen como el español, cuya crisis política puede desestabilizar todo el edificio construido estos años; no se puede olvidar que el Estado Español es la 5ª economía europea (4º, si Gran Bretaña se va). Y es obvio que ningún capitalista va a apoyar que un pueblo decida, si esta decisión trastoca la forma de dominación sobre la clase obrera y los pueblos que han construido; por eso admiten de buen grado la “anomalía” española.

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Aunque la sentencia sea un torpedo a la línea de flotación a esta estabilidad, la misma sentencia deja en manos del Tribunal Supremo español las medidas a adoptar; y, sobre todo, no tiene formulas de ejecución que no vayan más allá de multas económicas que pagaremos entre todos y a las que el Estado Español ya está acostumbrado por vulneración de derechos fundamentales (Otegi, torturas, etc…) ¿Enviaría el Tribunal de Luxemburgo a la Europol a las cárceles españolas para poner en libertad a Junqueras? Porque esto es lo que haría cualquier otro tribunal, ejecutar la sentencia.

Ni por su constitución ni por sus intereses, la UE es la solución. Se engañan, y engañan a la población trabajadora, aquellos que llaman a confiar en esta Unión Europea y no a la movilización unitaria por la libertad de todos los presos y las presas políticos, la vuelta de los y las exiliadas y el derecho a decidir de los pueblos.