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El gobierno Rajoy chapotea en la corrupción. El estallido del caso Bárcenas, sacando a la luz la financiación ilegal del PP durante dos décadas a cargo de las grandes constructoras, afecta de forma directa al núcleo dirigente del PP y al mismo presidente del ejecutivo.

Este gobierno corrupto, brazo ejecutor de la destrucción masiva de  conquistas y derechos, bate récords de descrédito social, que las encuestas reflejan una y otra vez y que son también resultado de las grandes movilizaciones de estos años. Un descrédito que, lejos de detenerse en el gobierno, se extiende a instituciones centrales del régimen, como la monarquía o el cuestionado tribunal constitucional.

Y sin embargo, a pesar de encontrarse en clarísima minoría social, el gobierno se ha atrincherado y no sólo aguanta, sino que no da tregua en sus agresiones. Ni siquiera se ha tomado un respiro durante el verano, en que ha aprobado un nuevo reajuste de la reforma laboral para atornillar la indefensión de los trabajadores ante una arbitrariedad patronal avasalladora. Entonces, hay que preguntarse: ¿Cómo es posible que Rajoy pueda mantenerse contra la inmensa mayoría?

Una primera razón es que el gobierno se ha asegurado el apoyo de sus amos: la Troika (formada por la Unión Europea y el FMI), de la que es su fiel sicario, y el núcleo duro del capitalismo español, representado por el llamado "Consejo Empresarial para la Competitividad" que, cuando explotó el caso Bárcenas, fue a La Moncloa a dar su respaldo explícito a Rajoy. Este núcleo es un conglomerado  formado por los tres grandes bancos (Santander, BBVA y La Caixa), Telefónica, Repsol, Iberdrola, las grandes constructoras, Inditex y unos pocos más. Para esta superélite capitalista, con grandes intereses en el exterior, no existe la crisis. Al contrario, ellos son (junto a la banca internacional y las grandes multinacionales extranjeras) sus grandes beneficiarios, a costa del empobrecimiento generalizado y la miseria de millones. Y al precio, también, del hundimiento de multitud de empresas pequeñas y medianas.

Pero ese apoyo del capital financiero, por sí solo, no explica que el gobierno aguante. Si Rajoy sigue es debido a la complicidad, activa o pasiva, que le prestan los aparatos sindicales de CCOO y UGT, y a la pusilanimidad de la izquierda institucional. Así, la burocracia sindical no ha levantado la voz ante la última vuelta de tuerca de la reforma laboral de este verano, evidenciando que la había pactado previamente. Del mismo modo, ha entrado a negociar el nuevo pensionazo, cuando ahí no hay nada de que hablar, sino construir una respuesta general y contundente para imponer su retirada.

En lugar de organizar la resistencia frente a los gravísimos retrocesos que impone la patronal con ayuda de la reforma laboral, la burocracia sindical pacta nuevas rondas de EREs y ERTEs y  firma sin descanso rebajas de salarios y condiciones de trabajo. Acepta, por ejemplo, que los bancos rescatados con dinero público sean desmantelados para su venta a precio de saldo; separa los conflictos que se dan en ellos como si no tuvieran que ver entre sí y se limita a negociar, cada vez con menos éxito, una reducción del número de despidos o una mejora de las indemnizaciones. Cuando no pueden impedir las luchas, las aislan, desgastan y conducen a callejones sin salida. Todo su empeño es maniatar el descontento de los trabajadores, mientras mendigan un pacto social.

En cuanto a la "leal oposición" del PSOE, sus protestas, reducidas a limitadas quejas  parlamentarias, nunca cuestionan este régimen corrupto del que forma parte ni ponen en cuestión el sometimiento a la Troika. Por su parte, Izquierda Unida, que aparece ante muchos como la oposición de izquierdas, ha limitado su protesta ante el estallido del escándalo Bárcenas al terreno judicial y parlamentario, sin llevar a la calle la batalla para echar al gobierno, y mientras tanto sigue cerrando filas con el aparato de CCOO.

Son todas estas razones las que explican que el gobierno se disponga a lanzar un nuevo pensionazo, con el objetivo de recortar a partir de enero de 2014 el poder adquisitivo de las pensiones actuales y de fijar pensiones más bajas desde 2019. El nuevo pensionazo se suma a la ola de despidos, a la precarización general del empleo, a las bajadas de salarios y a la continuidad en el desmantelamiento y privatización de los servicios públicos.