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Ahora que desde el gobierno se ha lanzado la propuesta de unos nuevos Pactos de la Moncloa, para «responder a los desafíos» que la sociedad española tiene, y aunque las condiciones son distintas, no está de más recordar qué fueron y cuál fué el significado de aquellos acuerdos, que se firmaron en octubre del 77 e iban más allá del ajuste de una economía en crisis.

Por Roberto Laxe

Los Pactos de la Moncloa tuvieron una base económica, el “Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía”, con un objetivo político, el “Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política”, para así evitar abrir un debate constitucional. “La idea era un ajuste general para luego abordar una Constitución para todos y no que estuviera partida, ése era el sentido profundo de aquellos pactos”, dijo el entonces director general de política económica de la UCD, José Luis Leal, en 2017.

La no ruptura con el franquismo era una de las precondiciones que la burguesía puso para cualquier avance; por ello las elecciones de junio del 77 fueron explícitamente no constitucionales y presentadas como dentro de una «normalidad democrática» que no existía. Que después tuvieran que elaborar una verdadera constitución se debió a la debilidad burguesa frente al movimiento obrero y popular; pero esos no eran sus planes.

El acuerdo económico suponía una adaptación de la economía española a las condiciones de la llamada “crisis del petróleo”, que había estallado en el 72 / 73, desmontando todo el esquema económico internacional construido tras la II Guerra Mundial. Esa crisis fue el comienzo del fin del Estado del Bienestar, que ahora está viviendo sus últimos momentos.

Con una inflación del 26% en el 77, una tasa de paro creciente, pues la crisis del petróleo había secado la vía de la emigración que había sido el recurso del franquismo para mantener el desempleo controlado, y una estructura industrial obsoleta, estatal en una gran proporción, para el objetivo estratégico del capital español de entrar en la CEE (actual Unión Europea), los Pactos de la Moncloa sientan las bases de lo que será la política económica hasta hoy.

Unas políticas basadas en la lógica del “pacto” entre las cúpulas sindicales y la patronal, que se replican año tras año hasta hoy; y con el contenido, también replicado, de descargar los efectos de la crisis sobre los salarios, que a partir de ese momento van retrocediendo, y del empleo, convirtiendo en estructurales las altas tasas de paro y la precariedad.

Como desde 1970 las luchas obreras y sociales no habían dejado de crecer, y cada vez adquirían un carácter más abiertamente político, con el pico de la huelga general de Vitoria de Marzo del 76, la burguesía y el régimen tiene que hacer algunas concesiones, que se pueden sintetizar en: a cambio de ciertas libertades democráticas e individuales, debéis admitir retrocesos en las condiciones laborales, revirtiendo así la dinámica creciente de las movilizaciones obreras y sociales.

El PCE, para justificar su apoyo a los Pactos, traducirá estas concesiones a la máxima: “ahora conquistemos las libertades, después lucharemos por el socialismo”. Sería hacer política ficción saber qué habría pasado si los que rechazaban los Pactos (todo un sector amplio de CCOO, UGT, en principio, CNT y toda la extrema izquierda, que eran miles de militantes) hubieran tenido mayoría; pero lo que sí se puede saber es lo que ha pasado. La política del PCE fracasó; tras más de 40 años, está claro que las libertades están en retroceso y el socialismo no llegó.

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El contenido concreto de los Pactos

Si bien las consecuencias de los acuerdos fueron políticos, no se puede olvidar que la crisis capitalista enfrentaba un movimiento obrero en ascenso. Tenían que imponer un cambio en la dinámica, y como la crisis política del régimen impedía hacerlo como siempre, con la represión, llamaron a las organizaciones obreras.

Los acuerdos económicos iban desde reformas fiscales hasta modificaciones legales en la vivienda, seguridad social, etc… pero veamos tres de las medidas firmadas en los Pactos de la Moncloa, por las consecuencias que después tuvieron en la clase obrera.

Se legalizó el despido libre hasta un máximo del 5% de la plantilla, que ahora podría parecernos hasta “revolucionario” pues el despido es libre y sin límites, en aquel momento suponía abrir una puerta de liberalización de las relaciones laborales, como así sucedió con el Estatuto de los Trabajadores de 1980 y las sucesivas reformas laborales.

En segundo lugar, se estableció un tope salarial para ese año del 22%, por la inflación prevista, que supuso un recorte de un 4% de los salarios (la inflación real se situó en un 26% oficialmente). Y, sobre todo, invirtió la dinámica progresiva que se había mantenido en años anteriores, cuando los convenios se firmaban sobre la inflación real, no la prevista. A partir de los Pactos de la Moncloa se firman los convenios con esta lógica, lo que a lo largo de los años se traduce en una pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

La tercera medida directa contra la clase obrera fue la devaluación de la moneda (la peseta, para los más jóvenes), para combatir la inflación. En realidad la devaluación de una moneda supone un empobrecimiento masivo de la población y un aumento de los precios, pues el capital para mantener su tasa de beneficios tiene que incrementarlos por la bajada del valor de la moneda. Y por contra, favorece a los sectores más internacionalizados y concentrados de la economía, puesto que al perder valor la moneda, se mejoran las condiciones para la exportación.

Frente a estas medidas antiobreras y antipopulares, en los acuerdos de “actuación jurídica y politíca” hicieron ciertas concesiones en los derechos democráticos, como la libertad de prensa, de asociacion, reunión o manifestación; así como en derechos sociales, que en el caso de la situación de la mujer era especialmente sangrante. Se despenalizaron el adulterio, el amancebamiento -para los más jóvenes y no tan jóvenes, era la relación entre personas no casadas-, o el uso de anticonceptivos. Del aborto y el divorcio, de los derechos nacionales…. ni hablar.

Pero al mantener todo el aparato judicial intacto, eran, y son, derechos formales en manos de instituciones franquistas. No olvidemos que pocos meses antes, en junio del 77, los mismos jueces del Tribunal de Orden Público pasaron a ser magistrados de la actual Audiencia Nacional.

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En el marco de la Reforma Política

Los firmantes fueron los partidos obreros mayoritarios, PCE, PSOE y PSP, las centrales sindicales mayoritarias, CCOO primero, y después la UGT, con las recien creadas organizaciones patronales, CEOE y CEPYME (antes la patronal no necesitaba organizaciones propias, ya tenía al franquismo), y el gobierno de UCD, presidido por el último Secretario General del Movimiento Nacional, el partido franquista, Adolfo Suárez.

Es decir, sintéticamente, fue un pacto social y político entre las fuerzas obreras, la patronal y el partido del régimen, para encauzar una situación que amenazaba con salirse de madre. En 1976, el año anterior, había habido 17.000 huelgas en todo el Estado, con los picos más altos en la huelga general semi insurrecional de Vitoria, o los asesinatos de Atocha, que se habían llevado por delante al primer gobierno del posfranquismo, el de Arias Navarro y Fraga Iribarne, siendo sucedido por el de Adolfo Suárez.

Vista la potencia del movimiento obrero y popular el régimen franquista se divide ante cómo desmontar la lucha obrera y popular. Por un lado, surgen los “reformistas”, agrupados en la UCD alrededor de la figura del mencionado Suárez, y por otro el “búnker”, que lo constituyen desde Alianza Popular, hoy el PP, de Fraga hasta Fuerza Nueva. Los “reformistas” buscan integrar por lo menos al PSOE en la transición del régimen a una democracia homologable en Europa, pues su objetivo estratégico es la entrada en la CEE (actual Unión Europea) y en la OTAN, que tenían vetado por el carácter del franquismo. Por el contrario, el “búnker” sólo ve como perspectiva la autorreforma del franquismo, manteniendo intactas todas sus instituciones y sin la legalización de ningún partido.

En diciembre de 1976 se produce el referendo de la Reforma Política elaborada por el gobierno de Suárez, que busca mantener las esencias del franquismo con formas democráticas, permitiendo las “asociaciones políticas”. Las fuerzas de la oposición democrática, reunidas en la Platajunta, hacen una campaña timorata por la abstención ante lo que era a todas luces un intento de lavar la cara del franquismo. Ante la falta de una alternativa coherente, será aprobada con el 94% de los votos a favor, y una participación del 77%.

El fracaso de la Platajunta al llamar a la abstención es más que evidente, y el gobierno de Suárez sale reforzado, pues ya cuenta con un marco legal para comenzar la andadura de la “reforma” del régimen hacia formas democráticas, convirtiéndose en la “constitución” de facto en este periodo.

Esta demostración de “buena voluntad” por parte de los partidos obreros que es la “abstención” en ese referendo tiene su recompensa; el 8 de febrero de 1977 se amplía el concepto de “asociaciones políticas” y se comienzan a registrar partidos políticos, comenzando por el PSOE. La legalización del PCE sólo se producirá en Semana Santa, pues sectores del ejército se oponían frontalmente. La llamada “extrema izquierda” será legalizada después de las elecciones de junio de ese año.

La crisis no se cierra: hacia la Constitución del 78

Cuando se habla de la Transición Española y, en concreto, de la columna vertebral que fueron los Pactos de la Moncloa, no se puede hacer abstracción del entorno que, en aquellos años, vive la burguesía española y el régimen franquista. El referendo de la Reforma Política fue un primer paso, pero la crisis política del régimen franquista no se cierra, no sólo por las fuerzas sociales internas que siguen en la brecha; sino por el mismo fantasma de la crisis política y económica internacional que se vive.

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Los años 70 son hijos directos del ascenso revolucionario tras el mayo del 68 francés y la Primavera de Praga de ese año. Son los años de la revolución portuguesa en 1974, de la caída de la dictadura de los “coroneles” griegos y la expulsión del monarca Constantino. Son años de agitación revolucionaria y triunfos como la derrota del imperialismo yanqui en Vietnam, que se traslada a una crisis interna en los EE UU, y del triunfo en 1979 de la revolución nicaragüense.

También hay profundas derrotas como la de la revolución chilena, a manos del golpe de Pinochet, o de la derrota a través de la reacción democrática en 1975 en Portugal. Pero el elemento central del momento que lo mueve, es una profunda crisis económica y política que atraviesa el mundo. El régimen franquista, en decadencia desde 1970, no escapa a ellas, y la burguesía española necesita como el comer reconducir la fuerza del movimiento social interno, para encarar una solución a la crisis económica.

El franquismo ya no sirve para contener a la clase obrera y los pueblos en lucha por sus libertades; pero no puede dar ni la menor sensación de debilidad, pues el ejemplo revolucionario del vecino Portugal está grabado a fuego. En esta contradicción, el sector reformista del régimen, a partir del marco legal establecido en la Ley de Reforma Política, busca integrar a las fuerzas de la clase obrera en esa búsqueda; mas, como la crisis política no se cierra, tienen que desdecirse de la campaña electoral, y abrir un proceso constituyente sin decirlo.

En fin, los Pactos de la Moncloa constituyen, junto con los pactos autonómicos y los constitucionales, las patas que darán forma a la actual Constitución y el régimen del 78.