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En 2020, miles de mujeres que llevan años como temporales en fraude en la Administración Pública están en riesgo de cese inminente en las oposiciones fraudulentas que se van a llevar a cabo por aplicación del Acuerdazo, firmado en 2017 entre las direcciones de los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT Y CSIF) y el Gobierno de Rajoy.

Por PSTU-Argentina

Un acuerdo tramposo que no repone los miles de puestos de trabajo perdidos en estos años de crisis sino que únicamente busca sustituir a un@s trabajador@s por otr@s más barat@s. Condena a estas trabajadoras con una media de 40 años y con cargas familiares al paro o la exclusión social, y supone además la pérdida irremediable de la experiencia y formación pagada con dinero público que tienen, lo que recaerá sobre el pueblo y la clase trabajadora de conjunto

Desde PR hablamos de este tema con Maite y Laura. Maite es interina en la Consejeria de Vivienda y Administración local de Madrid y lleva 16 años en fraude de ley. Laura es valoradora de Dependencia en Málaga, interina de la Administración General de la Junta de Andalucía desde 2007, y por lo tanto también en fraude de ley.

PREl 15 de febrero hubo una manifestacion estatal en Madrid que reunió a personal interino, laboral y estatutario de distintas Administraciones, de distintos sectores y de todo el Estado, para reclamar al nuevo gobierno la fijeza en vuestro puesto de trabajo. ¿Cómo valorais esta manifestación?

M: Me parece extraordinariamente positivo haber logrado la unidad en la calle para salir en defensa de nuestro puesto de trabajo. Ese es el camino y hay que seguir insistiendo en ello porque desgraciadamente la mayoría de las que estamos en esta situación no acudió a Madrid. Muchas porque se han resignado a ir al matadero de las oposiciones y otras porque se han creído el relato dominante de que sólo con demandar su situación laboral ante una Justicia que está demostrado no es imparcial, un día se acostarán en fraude y otra se levantarán fijas. Valoro muy positivamente la coordinación lograda entre las distintas asociaciones, plataformas y sindicatos minoritarios que defienden nuestra lucha. Una coordinación que hay que aprovechar para seguir manteniendo el pulso al gobierno, con plena autonomía e independencia de los sindicatos del pacto social y con la aspiración de convertirnos en los interlocutores legítimos de nuestros propios derechos.

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PR: Como mujeres y trabajadoras, ¿cuáles son vuestras demandas el próximo 8 de Marzo?

L: Nuestra lucha por el puesto de trabajo va unida a la batalla por la igualdad. No sólo porque la mayoría del personal en fraude en las Administraciones somos mujeres, sino porque llevamos años ocupando los puestos más precarios. En la administración, la brecha salarial de género también existe y es de media un 19%, llegando hasta el 27% en algunos sectores como la sanidad, donde somos mayoría, al igual que en educación o servicios sociales. Y como mujeres, el desmantelamiento de los servicios públicos nos supone en el ámbito privado una sobrecarga en los trabajos domésticos y de cuidados, de los que el Estado se desentiende y de los que esta sociedad machista nos responsabiliza.

El pacto de gobierno PSOE – Unidas Podemos dice que «revisarán los contratos de interinidad para evitar la temporalidad abusiva». No hay nada que revisar. El abuso de temporalidad que afecta a más de 800.000 empleadas y empleados públicos está más que demostrado. Como dijo un día la propia ministra de Trabajo Yolanda Díaz cuando era diputada de En Marea, «los mayores nichos de temporalidad abusiva no están en la empresa privada sino en la Administración Pública».

Este 8 de Marzo saldré a la calle para pedirle a este gobierno que se dice feminista y progresista que no mire para otro lado y dé una solución a nuestro problema, transformando nuestra relación laboral abusiva en una relación laboral fija, acorde a la Directiva europea que nuestros gobiernos llevan años incumpliendo. Y al mismo tiempo exigir que saquen a oferta de empleo público todas las plazas vacantes actualmente existentes. Esta es la única manera de sancionar y acabar con el abuso de temporalidad y el fraude de ley que las Administraciones han cometido y las trabajadoras no tenemos por qué pagar, y es el camino para garantizar los servicios públicos y de calidad que necesitamos.