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A medida que pasan los días, vemos como la crisis del coronavirus está sirviendo para poner sobre la mesa y visibilizar problemas que YA existían, y que la pandemia no ha hecho sino agravar. Como las debilidades de un sistema sanitario, esquilmado por años de recortes y privatización, sobre todo por los gobiernos del PP, o cómo la extrema precariedad, sobre la que se asienta nuestro mercado laboral, en la que las mujeres seguimos a la cabeza.

Por Laura R.

Igualmente, esta crisis ha puesto de relieve la enorme fragilidad y las desigualdades de género con las que esta sociedad capitalista resuelve las tareas de cuidados de personas mayores, dependientes y menores.

El decreto del Gobierno imponiendo el cierre de los colegios de un día para otro, pilló a la mayoría de las familias desprevenidas. A la pregunta ¿y ahora qué hacemos con l@s niños-as?, la respuesta parecía inevitable: ¡pues lo de siempre… que se los queden las abuelas y abuelos! Pero en pocas horas, la misma idea lógica corría por todas las redes: si las personas mayores son colectivo especialmente vulnerable en esta pandemia, esa solución era más «problemática» que el mismo problema en sí.

El Gobierno pasó a decretar que todas aquellas personas con menores o personas dependientes a su cargo tenían derecho tanto a una adaptación de su jornada laboral, como a una reducción de la misma o incluso a una excedencia cuando no cabía la posiblidad de coordinarse o turnarse en los cuidados con otro progenitor, a sabiendas de que estas dos últimas opciones suponen una merma significativa de los ingresos.

El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, declaró entonces que el Gobierno tenía intención de aprobar una prestación económica para ayudar a aquellas familias en las que uno de los progenitores tuviese que quedarse en casa. Una medida que finalmente QUEDÓ APARCADA con la excusa de que, con la imposición del Estado de Alarma, el Gobierno estaba potenciando la modalidad del teletrabajo.

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Además de que numerosos empleos no se pueden llevar a cabo de forma telemática, cuando muchos de los padres o madres cambiaron la oficina por el salón de su casa, se encontraron con que combinar esta modalidad de trabajo con el cuidado de menores de corta edad, que generalmente demandan una atención constante, es una tarea casi imposible.

Pagar a alguien para que se quede con los menores durante la jornada laboral no está tampoco al alcance del bolsillo de la mayoría de las familias. Y peor aún para los casi dos millones de hogares monoparentales, conformados en un 80% por mujeres solas y en los que el 61% ya tenía serios problemas económicos antes de esta crisis.

En estas semanas se han producido decenas de miles de despidos y una ola de ERTEs al amparo del Gobierno, por lo que el problema de quién cuida de los menores estos días, ha pasado a ser algo menor en muchos hogares, frente a la angustia de cómo llegar a fin de mes o incluso qué darles de comer.

Si tenemos en cuenta que las mujeres acumulamos la inmensa mayoría de los contratos temporales y el 74% de los contratos a tiempo parcial (y que somos mayoría también en el sector servicios, donde antes se ha producido el cierre) no es difícil adivinar que estamos siendo un colectivo especialmente golpeado por dichos ERTEs y despidos.

Hemos sido también las mujeres quienes mayoritariamente nos hemos tenido que acoger a una reducción de jornada o excedencia por cuidados desde que empezó el Estado de Alarma, abriendo con ello aún más la brecha salarial de género y la tasa de temporalidad femenina.

Esto tiene que ver con que en esta sociedad machista se sigue naturalizando la idea de que las tareas domésticas y de cuidados son tareas propias de la mujer. Un trabajo en el ámbito “privado” que las mujeres hacemos gratis, lo cual es funcional al sistema capitalista porque con él se ahorran millones de euros en sanidad, dependencia, etc… y se garantiza que los trabajadores y trabajadoras acudamos cada día a trabajar con nuestras necesidades básicas cubiertas.

El confinamiento aumenta nuestra opresión y el riesgo de violencia machista

A la sobrecarga habitual que nos supone el tener la responsabilidad y la obligación de llevar a cabo habitualmente esas tareas, ahora a tiempo completo por el confinamiento, se le añade la de tener que ayudar a nuestros hijos e hijas en su educación escolar, que también se ha trasladado al hogar.

Una sobrecarga que es también emocional, porque no todas las familias disponen de ordenador e internet, ni tienen condiciones materiales para que los menores puedan seguir las clases telemáticamente, lo que ahondará la mayor tasa de fracaso escolar que padecen las niñas y niños de familias más desfavorecidas.

Muchas mujeres y también menores, se ven además obligados a convivir ahora a tiempo completo con sus maltratadoreo agresores, lo que les expone aún más que antes.

Las mujeres, al frente en la lucha contra el coronavirus…y por las medidas que necesitamos.

Hay que señalar que, no por casualidad, las mujeres somos mayoría tanto en los puestos más precarios tanto dentro de la Sanidad, como en los llamados «empleos de cuidados», que si antes eran imprescindibles, ahora se han vuelto una actividad esencial en esta alerta sanitaria que vivimos, para contener la pandemia y proteger a los sectores más «vulnerables».

Este es el caso de enfermeras, limpiadoras, celadoras de hospitales, trabajadoras sociales en los servicios de protección social, así como empleadas de hogar, auxiliares de ayuda domicilio y resto de personal que trabaja en residencias de mayores. Profesionales que están estos días en primera línea desempeñando su labor, muchas veces sin los equipos individuales de protección necesarios, con el consiguiente riesgo para ellas y sus familias. En todo el mundo, las mujeres constituyen la mayoría de personas empleadas en el sector de servicios sociales y de salud: son el 70% en los 104 países analizados por la OMS (Organización Mundial de la Salud).

Por todo ello, sobran razones y motivos para que las mujeres trabajadoras sigamos organizadas y, junto al resto de nuestra clase, nos pongamos a la cabeza para exigir a este Gobierno medidas para rescatar de esta crisis -en la que volvemos a llevarnos la peor parte- a los trabajadores/as y el pueblo pobre, y no a las grandes empresas del IBEX 35, como están haciendo.

Y cuando acabe esta crisis, volvamos a salir a la calle a exigir una sanidad y unos servicios educativos y sociosanitarios 100% públicos y de calidad, que acaben con la precariedad de quienes trabajamos en ellos y con la esclavitud femenina del trabajo gratuito de cuidados en el hogar. Por esto, y por el resto de demandas y reivindicaciones por las que nos movilizamos el pasado 8M, que no podemos permitir que, con la excusa de la crisis económica, vuelvan a quedar aparcadas o en segundo plano.