Compartir

Se suele decir que nuestro país tiene uno de los sistemas sanitarios mejores del mundo. Y es cierto si lo comparamos con otros donde éste es prácticamente inexistente y donde esta pandemia mundial les expone a una verdadera catástrofe social. Aun así, la crisis del coronavirus está dejando al descubierto los déficits de nuestro sistema sanitario, donde el riesgo de caos y de colapso «no cae del cielo».

Por Laura R.

Pero la cosa es mucho más grave que esto. El Covid-19 pone en evidencia las debilidades y carencias de nuestro sistema de protección social, que al igual que la sanidad pública, arrastra las consecuencias de años de recortes, de falta de inversión pública y de una creciente privatización de todo lo que sea rentable.

Más allá de las improvisadas soluciones de última hora que no alcanzan ni garantizan la protección necesaria, este gobierno descubre de repente que no tiene recursos para alojar a miles de personas que sobreviven en la calle, la mayoría con enfermedades crónicas y patologías previas y que de la noche a la mañana se han convertido en un peligro para la salud pública. O que el cierre de los colegios supone que miles de menores ya no tengan asegurado algo tan básico como comer dos veces al día

No podemos mencionar aquí pero merecería otro artículo aparte, hablar de las consecuencias del cierre en estas semanas, de colegios, centros de día o centros ocupacionales, que están obligando a que muchas personas, en su mayoría mujeres, tengamos que acogernos a una reducción de jornada (con reducción salarial) para atender a enferm@s, niñ@s o dependientes, abriendo con ello aún más la brecha salarial de género y la tasa de temporalidad femenina.

Dentro de este sistema de protección social, se encuentran los servicios de atención socio-sanitaria; los llamados «empleos de cuidados». Servicios públicos, cuya gestión se ha privatizado en gran parte en estos años, que se han vuelto imprescindibles en esta alerta sanitaria que vivimos y cuya mano de obra muy feminizada, lleva años desempeñando su labor en condiciones de una terrible precariedad e inestabilidad laboral.

Lea también  Estado español | La crisis del régimen y las manifestaciones de la extrema derecha

Las Administraciones publicaron en estos días guías de actuación y protocolos que no se pueden cumplir por falta de recursos y condiciones materiales para llevar a cabo las instrucciones. El incumplimiento de las normas dictadas en materia de higiene, además de la falta de personal y de equipos para realizar las tareas de limpieza, como mascarillas o geles desinfectantes, está siendo una queja constante en todos los centros. Desde residencias de mayores, donde la situación se torna dramática en muchas de ellas según pasan las horas, hasta albergues municipales, casas de acogida para mujeres, centros para personas con discapacidad intelectual o de acogimiento residencial a menores. La falta de información y coordinación hace mella en los trabajadores/as que como pueden tratan de entretener a los usuarios para que no estén tan preocupados como ellos.

Tampoco la logística e infraestructura de estos centros permite sostener la distancia de seguridad entre las personas o asumir la cuarentena de algunas. Una falta de protección que está causando además, muchas bajas laborales.

En algunos centros, se han visto obligados a hacer mascarillas con sábanas viejas en tres capas con los usuarios, porque no hay ni para el personal que trabaja en ellos.

La crisis del coronavirus deja al descubierto las debilidades de un modelo, donde la situación de emergencia se suma a una ya precarizada situación laboral y donde la privatización es un factor que ha contribuido a aumentar la confusión y la falta de un criterio común.

El coronavirus y el negocio de las residencias de ancianos

España es uno de los países más envejecidos de Europa, con 9 millones de mayores de 65 años. Y en 2050, seremos el 2º país más envejecido del mundo, con más de 15 millones de personas mayores. Sólo esta cifra da cuenta del elevado riesgo de muertes al que nos enfrentamos en el combate a este virus

Lea también  La LIT-CI realizará acto del 1 de Mayo online

El envejecimiento cada vez mayor de la población, no ha venido acompañado de un aumento de la inversión pública necesaria. En lo que hace a las residencias de mayores, pese a ser un servicio social reconocido en la Ley de Dependencia, la oferta pública permanece estancada desde hace años y las listas de espera para obtener una plaza concertada se eternizan. Actualmente sólo una de cada cuatro es pública, con lo que esto supone. Sindicatos y familiares, organizados en Madrid en la «Marea de las residencias», llevan años denunciando la precariedad laboral de quienes trabajan en los centros, donde no se cumplen los ratios.

Ya son varias las residencias en distintas provincias, en las que mueren personas mayores por coronavirus (79 hasta el jueves 19 de marzo) y hay investigaciones abiertas en varias de ellas por denuncias de familiares. Ante esta situación tan dramática, donde al igual que en los hospitales, cientos de personas han muerto y seguirán haciéndolo sin poder siquiera despedirse de sus familiares, Sanidad ha tenido que intervenir varios centros y ha dicho que está trabajando en un protocolo para minimizar los riesgos de contagio en residencias de mayores.

La patronal de las residencias, que en un principio ocultó o minimizó en algunos centros el problema para no alarmar a usuarios y familias, tal y como han denunciado muchos trabajadores y trabajadoras por las redes, responsabiliza al gobierno de no haber enviado suficientes equipos de protección y afirma que «o llegan medios, o las muertes van a ser habituales”.

Hablamos de un sector, donde el negocio de las residencias privadas, mueve más de 4.500 millones de euros al año y no deja de crecer y donde el precio de una plaza residencial oscila entre 1.500 y 2.000 euros, algo inasequible para la mayoría de personas mayores, con pensiones mileuristas.

Si algo queda claro con esta crisis, es que necesitamos reforzar los servicios públicos y que estos dejen de estar en manos privadas y sometidos a la lógica empresarial de la búsqueda de beneficios económicos. Ahora que la propia patronal de las residencias pide que estas sean medicalizadas, lo cual se hará con dinero público, es el momento de plantearse que no solo éstas, sino el conjunto de los servicios socio-sanitarios deberían estar en manos públicas.

Lea también  ¿La pandemia era inevitable? Lecciones anticapitalistas sobre las zoonosis

Pero mientras, exigimos la inversión necesaria para combatir la pandemia del COVID-19, atender y proteger de forma efectiva a los profesionales y a los sectores más vulnerables:

Adquisición de todos los equipamientos de protección y sanitarios necesarios.

Contratación del personal necesario para reforzar las plantillas y cubrir las bajas laborales que se produzcan.

Implantación de servicios mínimos donde se posible para prevenir los contagios SIN reducción del salario. ¡Prohibición de ERTEs y ni un sólo despido en todo el sector!

¡Alternativas habitacionales dignas y seguras para todas!

¡Inversión pública para la remunicipalización y vuelta a manos públicas de todos los servicios de atención socio-sanitaria que ahora están privatizados!