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Tras su aprobación en el Consejo de Ministros el viernes 29 de mayo, ve la luz una de las medidas más esperadas, y también controvertidas, del gobierno de coalición: el Ingreso Mínimo Vital (en adelante IMV). Sin embargo, un análisis exhaustivo de ésta, revela que aunque sin duda será un alivio para aquellas familias que actualmente carecen de ingresos de ningún tipo, su alcance será limitado y está muy alejada de lo que se necesita en estos momentos para acabar con la pobreza que, como reguero de pólvora, se extiende a medida que avanza la desescalada y entramos en su «nueva normalidad».

En primer lugar, la medida llega muy tarde. Después de que se hayan incrementado hasta en un 40% las entregas que hacen los Bancos de Alimentos, y de que las imágenes de las largas «colas del hambre» en tantos barrios obreros de Madrid y otras ciudades, diesen la vuelta al mundo.

En segundo lugar, pese al bombo y platillo con el que se anunció, es injusta e insuficiente en su alcance, en las cantidades fijadas, así como en el diseño pensado para su implementación.

Ni es digna, ni llegará a todos/as los/as que lo necesitan

Tras cobrarse de forma inmediata por unas 100.000 familias a las que el gobierno ya tiene seleccionadas por la gravedad de su situación en el mes de junio, conforme se solicite se prevé que alcanzará progresivamente a cerca de 850.000 familias, de las que el 10% serán familias monoparentales. Unas 2,3 millones de personas según el gobierno. Un aumento significativo que prevé triplicar la protección actual con las distintas rentas autonómicas (que dejan fuera al 90% de las personas pobres) y que sin duda aliviará la situación de quienes no cuentan con ningún ingreso, pero que sigue siendo muy insuficiente.

Ya antes de la crisis, 12,3 millones de personas (26,1% de la población) se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social, según el informe AROPE. Un porcentaje que se eleva hasta el 44,6% en el caso de Extremadura, a un 38,2% en Andalucía o a la mitad de la población de Ceuta.

Eso significa que este Ingreso Mínimo Vital llegará sólo, con suerte, al 20% de los hogares donde se necesita, cuya situación económica no va sino a empeorar.

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El 43% de las familias monoparentales estaban YA en riesgo de pobreza antes de la pandemia, como destaca la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español.

No salen las cuentas cuando nuestra tasa de pobreza infantil es la segunda mayor de toda la UE, lo que significa que hay 2,2 millones de menores en riesgo de pobreza, y el FMI avisa de que el Estado Español va a sufrir la peor caída del PIB desde la Guerra Civil, lo que se traducirá en un incremento brutal de la misma.

Tampoco entendemos por qué es una renta pensada “para las familias y no para el individuo”, según palabras del ministro, lo que refuerza la subordinación de las mujeres, sometidas a mayores tasas de desempleo y precariedad. Ni que haya que ser mayor de 23 años para solicitarla, a menos que se tengan menores a cargo. Se sigue negando el derecho a cualquier proyecto de futuro a un sector de la juventud, cuando la tasa de jóvenes entre 18 y 29 años en riesgo de pobreza pasó de un 16,5% en 2008 al 34,8% en 2017. Así, en esta sociedad capitalista, la población más castigada por la crisis, vive con quien puede, aunque no necesariamente se compartan los recursos ni la convivencia sea la deseada.

Por si esto fuera poco, uno de los requisitos indispensables para acceder a ella será «tener residencia legal durante al menos el año anterior a la fecha de presentación de la solicitud». Esto deja fuera a más de 600.000 personas en situación administrativa irregular, que están en un limbo vital y administrativo debido a una racista y xenófoba Ley de Extranjería que les obliga a pasar al menos durante tres años en este estatus. Desde la plataforma #RegulazaciónYa, más de un millar de colectivos reclaman extender esta ayuda a quienes más lo necesitan en estos momentos, sin exponerlas/os a posibles órdenes de expulsión o cualquier otro tipo de racismo institucional. De momento, sólo las mujeres víctimas de trata y explotación sexual o con órdenes de protección por violencia machista, van a poder acceder a la prestación del Ingreso Mínimo Vital aún estando en esta situación administrativa irregular.

Tampoco nos salen las cuentas en lo que hace a su cuantía, que va desde los 461,53 euros mensuales para un adulto sin cargas familiares, a algo menos de 1.100 euros en algunas familias. Pese al nombre dado al ingreso, nadie puede vivir de forma digna e independiente con 461 euros al mes. Una cuantía que no sólo no llega al SMI, sino que al igual que otras prestaciones y que las rentas mínimas de inserción de las distintas CCAA (de las que sólo el 8% de media de la población solicitante se ha beneficiado en estos años, con grandes diferencias entre las distintas autonomías), incumple con la Carta Social Europea, firmada y ratificada por el Estado Español. Ésta establece que ninguna renta mínima podrá estar por debajo del umbral de la pobreza, que en España en 2019 se situaba en unos ingresos de 8.871 euros anuales en hogares de una persona (o sea 739,25 euros al mes).

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Una vez más, es a las/os de abajo a las/os que nos toca pagar los platos rotos

Por último, preocupa y defrauda que cuando el gasto público se dispara tras rescatar a empresas y la recaudación del Estado cae, los 3.000 millones que costará esta IMV vuelvan a salir de los impuestos que pagamos todas y todos, del bolsillo de la clase trabajadora. Mientras, el Banco de España exige ya un nuevo ajuste fiscal para frenar el aumento de la deuda, que pronostican crecerá por encima del 115% del PIB. Un nuevo ajuste que seguirán haciendo recaer sobre la espalda de la clase trabajadora y el pueblo más pobre.

Y no es porque no haya otra manera. Perfectamente podría financiarse, no ya este IMV sino una Renta Básica digna para quienes lo necesiten mientras dure esta crisis económica, sólo con exigir a la banca que devuelva los 65.000 millones de euros del rescate que se le hizo con dinero público en 2008. O con los 13.000 millones de desvío de beneficios empresariales que se calcula se llevan las compañías del IBEX 35 a paraísos fiscales. O con el dinero que el monarca esconde en sociedades offshore y cuentas en Suiza, o con el aumento del IRPF a las rentas más altas, que era uno de los puntos del acuerdo de este gobierno de coalición.

Desde Corriente Roja defendemos el derecho de todas las personas desempleadas o con empleos precarios a recibir el tiempo que sea necesario un ingreso equivalente al SMI que le permita vivir de forma digna sin necesidad de tener que cumplir con más requisitos de ningún tipo.

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Exigimos que esta medida sea parte de un plan de choque social o de rescate social, para que dejemos de ser la clase trabajadora y el pueblo quienes sigamos pagando su crisis.

¡Pago inmediato y urgente a los miles de trabajadores/as afectados/as por ERTEs, que llevan meses sin cobrar ningún salario!

¡Por una Renta Básica digna e inmediata a quienes no tengan un empleo digno, sin más requisitos de acceso!

¡Reparto del empleo sin reducción salarial!

¡Prohibición real de los despidos, declarando de manera retroactiva nulos todos aquellos que se hayan hecho desde que se declaró el Estado de Alarma!

¡Prohibición de ERTEs a empresas con beneficios multimillonarios!

¡Ni un sólo desahucio sin alternativa habitacional! ¡No más viviendas en manos de fondos buitres! ¡Por un parque público de viviendas en régimen de alquiler social!

¡Comedores populares! ¡Test masivos y mascarillas gratis para toda la población!

¡Expropiación de empresas y sectores estratégicos de la economía!

¡Garantía de suministros básicos para todas y todos!

¡Licencias pagadas para quienes tengan que hacerse cargo del cuidado de menores o personas dependientes!

¡No al pago de la deuda!